Observaciones a Le Monde diplomatique,
mayo 2008.
Antecedentes.
Le Monde diplomatique, en su edición colombiana de marzo del 2008, reprodujo una ponencia de Ruy Mauro Marini a un seminario convocado por el Sistema Universitario Mundial “Democracia y paz en América Latina”, en noviembre de 1985 (1). Se realizan aquí algunas observaciones a su trabajo puesto que algunos de los planteamientos de Marini, a 23 años de la puesta en circulación de este análisis, no han sido significativamente discutidos ni políticamente asumidos y hoy se los reproduce como ‘visionarios’. Utilizaremos el texto de Marini en la versión que de él aparece en el sitio web que a su memoria dedicó la Universidad Nacional Autónoma de México.
Una primera aproximación discutirá los párrafos centrales de la presentación de su ponencia (recortada por razones editoriales en la versión de Le Monde diplomatique). Ello permitirá una segunda sección más temática.
I
El texto completo de Marini comentado en esta sección es el siguiente:
“Nunca como hoy la cuestión de la democracia ocupó lugar tan destacado en las luchas políticas y sociales de América Latina y en la reflexión que sobre ellas se ejerce. Ello se debe, sin duda, a la dura experiencia del periodo de autoritarismo y represión del que la región apenas comienza a salir. Pero se debe también a que, tal como se presenta entre nosotros, la idea de democracia involucra contenidos, se anexa conceptos y apunta a significados que trascienden su definición corriente.
Está, primero, la soberanía. En América Latina, hablar de democracia implica, como supuesto necesario, plantear el tema de su capacidad para autodeterminarse, es decir, de fijarse sus metas en libertad, atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos. Es, pues, evocar el tema de la dependencia en que se encuentra la región en el plano del capitalismo internacional, y conduce, por ello mismo, a entender la lucha por la democracia en tanto que lucha de liberación nacional.
Viene, después, la justicia social. Porque, en América Latina, el concepto de democracia está expresado hoy, en la conciencia de los pueblos y en el discurso de sus dirigentes, la atención a las necesidades más urgentes, la superación de las condiciones de superexplotación y miseria en que viven los trabajadores, la edificación de una sociedad que, al basarse en el respeto a la voluntad de la mayoría haga de los intereses de ésta el criterio prioritario de acción. En esta perspectiva, la lucha por la democracia es la lucha contra la dominación y explotación de los muchos por unos cuantos, es la lucha por un orden social tendiente a la justicia y a la igualdad, es en suma —allí donde se vuelve más definida— la lucha por el socialismo, importando poco los calificativos que a él se adhieran o los plazos que se establezcan para su consecución.
Al examinar, pues, el movimiento y las tendencias de los procesos de democratización que están en curso en América Latina, me veo obligado a considerar esos elementos referenciales y a moverme en un marco que, a primera vista, parece exceder con mucho el tema de este trabajo. Ello se compensa por el hecho de que me enfrento a una limitación ineludible: al tomar como objeto de análisis a América Latina, renuncio necesariamente a captar toda la riqueza y singularidad de los distintos procesos nacionales, que sólo de manera parcial son reductibles a un esquema global de interpretación y que, en casos extremos, escapan totalmente a él. Es por esto que las luchas democráticas que se libran en los países de Centroamérica caben mucho menos aquí que los que se desarrollan en el Cono Sur, y que la democracia revolucionaria nicaragüense queda totalmente fuera de mis preocupaciones.
Una advertencia final: al emplear términos como democratización o redemocratización, no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre lo que ocurre en la región y ni de lejos pretendo que estén encaminados a hacer realidad la idea de democracia a que me he referido. Aludo simplemente al cambio de gobiernos militares por gobiernos civiles y a la puesta en marcha de mecanismos destinados a crear o restablecer instituciones estatales representativas.”
El primer párrafo hace referencia a una cuestión de oportunidad y un énfasis. La observación sobre oportunidad destaca que “la cuestión de la democracia” tiene en 1985 un lugar destacado debido a que las dictaduras de Seguridad Nacional (iniciadas en 1964), que fueron dictaduras empresarial-militares, están abandonando el escenario abierto de la política. Sobre esto Marini esboza ya una valoración discutible al hacer coincidir este abandono de la escena política abierta de dictaduras autoritarias y represivas (no importa aquí si su caracterización es la más correcta o suficiente) con una salida del “período de autoritarismo y represión”.
La asociación e identificación anterior es arbitraria. Su indicación, entendida correctamente, indica que instituciones estatales y de gobierno autoritarios y represivos (terror de Estado estructural, desapariciones, tortura, etc.) comienzan a hacer abandono de la escena política abierta, pero ello no implica una salida de “el” período de autoritarismo y represión. Ello porque autoritarismo y represión, es decir las formas anticiudadanas y antipopulares de violencia estatal y gubernamental, pueden decirse de formas diversas; en breve, el cese de la tortura sistemática, selectiva y arbitraria, acompañada de impunidad, por ejemplo, no implica el final o salida del autoritarismo y represión. Estos últimos caracteres pueden darse bajo formas civiles, ‘constitucionales’ y ‘democráticas’ del régimen político. De hecho, otros autores, en el mismo período en que escribe Marini, designaron las nuevas instituciones, por diversos motivos, como “democraturas”, “democracias de Baja Intensidad”, “democracias de Seguridad Nacional” o regímenes de instituciones democráticas restrictivas. Lo que describe Marini es la finalización de un tipo o período de autoritarismo y represión y el ingreso a otra fase que también contiene y articula diversas formas de autoritarismo y represión.
El desafío conceptual que sostiene esta observación es que la cuestión de “la” democracia es un asunto literario (de discurso ideológico o analítico), no político. En términos políticos, ‘democracia’ apunta hacia una lógica de las instituciones de un régimen de gobierno (asentado en una Estado sólido de derecho, aunque ‘sólido’ sea aquí redundante). No se trata de una cuestión terminológica, sino de criterio de ingreso analítico al objeto de discusión. Él puede ampliarse así: la aseveración anterior sobre la institucionalidad inherente a un régimen de gobierno democrático puede ser entendida bajo un sesgo politicista. En realidad la lógica democrática (que nutre instituciones) debe ser asimismo asumida como operando o siendo deseada, y construida, en los planos familiares, económico-sociales y culturales. Pero tampoco se trata aquí de ‘la’ democracia, sino de una lógica o espiritualidad específica que anima a las instituciones de esos planos, las reconstituye y les confiere un nuevo sentido. Sin embargo en este trabajo no utilizaremos esta forma de entender más amplia, y correctamente, la lógica democrática.
El segundo aspecto del párrafo de Marini señala que, en América Latina, la idea de ‘democracia’ involucra contenidos, se anexa conceptos (sic) y apunta significados que trascienden su definición corriente (sic). La noción de “la idea de democracia” es susceptible de una crítica semejante a la ya introducida más arriba. Pero, regalándola, aunque posee su especificidad en esta formulación, el concepto/valor democrático remite en las sociedades modernas, por definición, a un Estado de derecho. Con ello, a la noción/realización de una ciudadanía. Y, en ambos casos, a las condiciones de producción y ejercicio de tal ‘Estado de derecho’ y tal ‘ciudadanía’. Estos conceptos/realidades prácticas, por supuesto, no “trascienden” el concepto/valor democrático, si ‘trascender’ quiere decir que lo llevan más allá de él, sino que le dan significado (s) o sentido (s), es decir son determinantes de su carácter.
Marini no indica exactamente hacia estas cuestiones, pero al parecer las roza. Establece nexos referenciales con los conceptos/prácticas de soberanía y justicia social y, a través de su lectura de ellos, con referencias a la liberación nacional y al socialismo, cualesquiera sean los nombres con que se designe esto último. El problema es que rozar la cuestión del Estado con una apelación a una soberanía abstracta (por indeterminada) y manosear la cuestión de la discriminación/explotación mediante la noción de “justicia social” (también abstracta por indeterminada) no puede sino acabar deformando hasta invisibilizar las cuestiones de una liberación nacional y de la transformación (revolución) socialista, especialmente en lo que se refiere a sus protagonistas y al carácter de su lucha/movimiento. Esta cuestión se discutirá más ampliamente en la segunda sección.
La cuestión de la soberanía, que modernamente apunta directamente al Estado (legislación, fuerza, efectividad, legitimidad de sus aparatos), es resuelta ideológicamente por Marini, en este apartado, con una referencia a la autodeterminación. Entiende la última como una capacidad de fijarse metas en libertad “atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos”. La descripción es enteramente abstracta y básicamente reemplaza un término por otro sin explicar su alcance para una institucionalidad democrática. Por ejemplo, ¿cómo, es decir mediante qué procedimientos, se conocerán las ‘exigencias de los pueblos’? ¿Qué ocurre si “los pueblos” son agregados de minorías diversas y con distintos niveles de conflicto entre sí?” ¿Cuáles de sus exigencias serán “priorizadas”? Ni siquiera se trata aquí de la tensión entre mayoría (ciudadana) y minoría (ciudadana), sino de sociedades fracturadas por diversas dominaciones que bloquean o tornan no factible la experiencia de ‘soberanía’. Esto es evidente hoy en la disputa boliviana por las autonomías, cuestión sin duda no conocida en vida por Marini, pero virtualmente presente durante toda la existencia “independiente” de América Latina y que, en este período de transición entre siglos, tomó la forma inicial del alzamiento zapatista (Chiapas, México) en 1994.
La cuestión de la soberanía es modernamente la cuestión del carácter del poder político y de las condiciones institucionales para su eficacia (paz o integración interna, capacidad de guerra contra otros Estados o grupos). ¿Cómo afecta al carácter del poder de Estado la situación de fractura múltiple (y desintegración o integración no nacional de identidades) de las sociedades latinoamericanas? ¿No se avanza por este camino conceptual hacia una comprensión de lo que articula a las dictaduras de Seguridad Nacional con la nueva fase latinoamericana en la que Marini escribe se ‘ha salido’ o ‘se está saliendo’ del autoritarismo y la represión?
Pero Marini no está interesado en comprender ni explicar el desafío. Lo que le interesa es hablar de libertad y autodeterminación, de las que América Latina carece, para “evocar” el tema de la dependencia que, dentro del capitalismo mundial, estructura a las formaciones sociales latinoamericanas. “La” democracia resulta de esta manera inseparable de la lucha por la ‘liberación nacional’. Se trata de una propuesta ideológica que enfrenta la ‘pequeña’ dificultad de que las mayorías (compuestas aquí por minorías agregadas para valorar así) ciudadanas latinoamericanas pudieran no desear la liberación nacional, y ni siquiera la integración nacional, en especial si estos procesos tienen carácter popular. En este caso la contienda ideológica pasa por superar el imaginario que desvincula en términos absolutos la existencia de instituciones democráticas (no de ‘la’ democracia) con la integración nacional, ideología que, previamente ha establecido que existe esa nacionalidad y que el sistema (capitalista dependiente, pero también católico, patriarcal, etnocéntrico y racista, por decir algo) la provee, reproduce y fortalece. Marini lleva toda la razón al indicar que el proceso por instituciones democráticas es una lucha, o varias, ligada, tal vez, con una lucha por la liberación nacional, pero la pierde enteramente al invisibilizar las dificultades (internas e internacionales) de estas luchas mediante la palabra “dependencia”, como si ella designase un valor negativo semejante para todas las diversificadas experiencias de existencia latinoamericanas. Cuando se habla/piensa de esta manera, se está construyendo un nicho sectario en que quizás “brillen” las ideas tanto como la incapacidad de incidencia política. Se llega a este punto oponiendo abstracta y metafísicamente términos: autodeterminación contra dependencia. El “análisis” deviene así puramente agitativo. O sea, deja de tener carácter de análisis. Dejamos de lado el punto de que toda la región (y sus poblaciones) se verían afectadas igualmente por ‘la’ dependencia. Esto ya no es ni siquiera agitativo. Es desenfreno verbal.
Después de la ‘soberanía’, o sea del no tratado punto sobre el carácter del Estado en América Latina, resuelta con frases sobre la autodeterminación y la dependencia abstractas, Marini añade a ‘la’ democracia la cuestión de la justicia social. Atribuye por igual a la conciencia de los pueblos y al discurso de los dirigentes, en 1985, centrar la atención en las necesidades más urgentes, la superación de las condiciones de superexplotación y miseria que sufren los trabajadores y, de nuevo, en la edificación de una sociedad que, basada en el respeto a la voluntad de la mayoría, haga del respeto a esta voluntad el criterio principal de acción. Ahora la lucha por ‘la’ democracia resulta ser la lucha por el socialismo entendido como superación de la explotación de los más por unos cuantos y con referencia a un horizonte (no se precisa el tiempo) por una sociedad justa e igualitaria.
En primer lugar, en 1985, nutridos de diversa manera por la sensibilidad de Seguridad Nacional, muchos sectores populares aspiraban a la sobrevivencia y reintegración sin terror extremo, y las ‘dirigencias’ (en Brasil, Chile, Uruguay, México, etc.) pactaban concertaciones sin participación popular, acuerdos que preparaban su abrazo al Consenso de Washington. Se dan situaciones diversas, en América Central, en especial en El Salvador, o en el Caribe insular (Haití), pero ni siquiera en ellas se propone ni una lucha nacional (más bien se expresan tendencias fraccionales desagregadoras con realidad u horizonte de guerra civil) ni una clara intención de avanzar hacia una sociedad “más justa”, esta última una clara petición ideológica.
La agitación por la “justicia” social posee un antecedente metafísico en las doctrinas de Derecho natural antiguo y moderno (iusnaturalismo). Hacen allí referencia o a un orden debido del mundo o cosmos al que los seres humanos deben sujetarse, o a una naturaleza humana pre-social cuya racionalidad es universalmente vinculante aunque provoque sufrimiento, discriminación o reificación. Desde esta base, y en América Latina, el discurso sobre “justicia social” aparece penetrado por los criterios del magisterio social de la jerarquía católica el que combina la apología del statu quo y la recomendación de humildad ante él con posibilidades reivindicacionistas, el salario justo, por ejemplo, y denuncias literarias de un “capitalismo salvaje” al que no acompaña ninguna acción precisa. Es en estas condiciones básicas, más agregaciones ‘humanistas’, de diverso tipo, no desde imaginarios obreros o populares, que se expresa el ideologema de la justicia social.
En las sociedades secularizadas con principios de dominación lo ‘justo’ es lo apropiado para la reproducción del sistema. Los sistemas sociales no son ni justos ni injustos (una apreciación ideológica) sino que expresan correlaciones de fuerzas sociales plasmadas en instituciones que son eficaces o ineficaces en el logro de sus metas específicas y en la más amplia de reproducción sin fisura del sistema. Aquí el “salario justo”, por ejemplo, no se mide porque asegure las necesidades básicas del asalariado y le permita un ahorro pequeño (que, probablemente, engrosará el circuito del capital financiero sin rendir réditos significativos al trabajador), como suele señalar el planteamiento doctrinal católico, sino por su contribución a la tasa de ganancia derivada de la oferta/demanda de la fuerza de trabajo (no de las personas obreras) en el marco de un determinado despliegue de las fuerzas productivas y de las necesidades políticas de reproducción del sistema. En la situación latinoamericana, el nivel más bajo de los salarios (prácticamente de malmorir) y su plasticidad en términos de desocupación-subocupación es enteramente funcional a la reproducción del capitalismo dependiente y a su función en la acumulación capitalista global. De hecho, constituye un acicate para que otros salarios, menos malos, o buenos en condiciones determinadas, y la estabilidad laboral, sean valorados por los trabajadores como un factor de adhesión al capitalismo, dependiente o no. Luego, en un sistema capitalista, los salarios pésimos (y las condiciones de trabajo que pueden suponer) son “justos”. Y también lo son los menos malos y los altos salarios. Son “justos” en cuanto contribuyen con la lógica de la acumulación y su reproducción cultural-política. ‘Justos’ se traduce aquí como eficaces o funcionales. Y también como “lo debido”. En las condiciones latinoamericanas muchos niveles salariales y condiciones de trabajo pueden ser ineficaces o disfuncionales y por ello van acompañados, estos salarios disfuncionales, con la represión abierta contra la organización de la fuerza de trabajo, con sistemas complementarios (el solidarismo, por ejemplo), con ideologizaciones de inspiración patronal o religioso, y, en situaciones de crisis, con la material represión policial y militar o, incluso, con el golpe de Estado.
De aquí que la “justicia social” sea un nombre erróneo, por ideológico, de la construcción de relaciones sociales, económico-sociales y de todo tipo, que descansen en el reconocimiento de las diversas posiciones sociales (división social y técnica del trabajo, sexualidad, generación, origen étnico, etc.) como plenamente humanas, lo que bloquea el que las personas o sectores ubicados en ellos sean vistos y tratados como objetos. Este deseo/horizonte no constituye una proclama ideológica, sino que expresa la necesidad de construir fuerzas sociales e instituciones (y un sistema/proceso) que tornen factible y vinculante, por legítimo, a este sistema no discriminatorio.
El tratamiento ideológico de la cuestión de la “justicia” va asociado con la reivindicación por la igualdad. La “igualdad” no es un valor de la experiencia humana porque ésta (y las instituciones que ella produce en relación con principios de dominación)) posee una capacidad genética de diferenciación inevitable. La burguesía europea proclamó el valor de la igualdad ciudadana, que no es lo mismo que la igualdad social y humana. Esta burguesía tuvo claro que su dominio exige desigualdades y acepta la no discriminación por la diferencia solo cuando no daña la acumulación de capital (en el sufragio ciudadano, por ejemplo, dentro de ciertos parámetros, o en la relación de compra-venta donde los consumidores pueden tener cualquier facha siempre que paguen).
Sin embargo, otras ‘desigualdades’, que también implican discriminaciones derivadas de la diferencia o diversidad, son aceptadas y consideradas ‘naturales’ bajo el dominio de la acumulación de capital. Tal, por ejemplo, las diferencias de sexo-género bajo dominio patriarcal, que contienen la discriminación contra las mujeres, contra las opciones sexuales diversas a una reductiva heterosexualidad y, más ampliamente, contra niños, jóvenes y ancianos y contra la Naturaleza. Estas discriminaciones son estructurales y sistémicas. En otro ángulo, también se promueve la diferencia entre gobernantes y gobernados, aunque ésta se considera situacional y funcional y, por ello, ‘natural’, por propia, al sistema jerarquizado de mando. Estas referencias solo ilustran que la experiencia humana de “igualdad”, y su reclamo, es ideológica y no factible, ya se trate de la organización capitalista de la formación social, ya se trate de algún otro orden que se reclame ‘justo’.
En realidad, el criterio de “igualdad” de la experiencia humana, y de los individuos, debe ser leído en términos negativos: contiene la tesis de que nadie debe ser discriminado, o sea tratado como objeto, por su diferencia o diferencias. En la lectura burguesa esto se resuelve con la igualdad ciudadana (inexistente en América Latina). Ningún ciudadano debe ser discriminado en sus capacidades y responsabilidades. Un obrero o asalariado sí puede ser discriminado, una mujer puede serlo, un indígena también. Pero solo en su condición de indígenas, mujeres o asalariados. No en su condición de ‘ciudadanos’. El truco ideológico es aquí obvio y no vamos a comentarlo. Se añadirá únicamente que esta igualación ciudadana, de inspiración burguesa, o no existe en América Latina o es una polémica más que un dato. En la región abundan los ciudadanos y sectores sociales “por encima de toda sospecha”. Pero ésta es una discusión aparte.
La tesis socialista (de inspiración clasista) no es por la “igualdad”, ya hemos señalado que por no factible, sino la de la no discriminación por la diferencia o peculiaridad. Para no discriminar ‘desiguales’ es que se demanda un Derecho casuístico y también retribuciones o apropiaciones de acuerdo a las necesidades y capacidades, no igualitarias. La igualdad de acceso a las oportunidades educativas, sanitarias o de expresión, por ejemplo, hacen referencia a que nadie podrá ser institucionalmente discriminado por su origen étnico, sexo o talento individual en la escuela, de que nadie dejará de ser atendido en su salud porque su enfermedad es costosa “en exceso”, y de que a nadie se le censurará, bloqueará o castigará, o se le desprestigiará, por disentir y buscar el debate de opiniones y de ideas en ningún campo de la experiencia humana. El criterio universal de no discriminación, en su versión socialista de clase, tiene una versión positiva que es el libre juego de las facultades creadoras de los diversos que componen una sociedad en tanto emprendimiento colectivo. Se vincula, por lo tanto, con autonomía, libertad y felicidad personales y sociales. Como se advierte, una temática muy distinta a la propuesta por el de una sociedad ‘justa’ y de ‘iguales’, que propone el texto de Marini.
El último párrafo textual contiene posicionamientos metodológicos con los que es posible estar plenamente de acuerdo: se habla de procesos de democratización, no, como más arriba, de ‘la’ democracia (se trata de planos distintos de lo real social) y de tendencias en estos procesos. También, del carácter abstracto, puramente indicativo, del nombre propio ‘América Latina’, lo que impide extraer “recetas” o aplicaciones del discurso a experiencias singulares. No es clara, sin embargo, la explicación mediante la que se privilegia al Cono Sur tanto respecto de América Central como de México (cuyo movimiento ciudadano preparaba ya la primera etapa de la democratización, hoy frustrada, en ese país). Y la indicación del proceso nicaragüense como una “democracia revolucionaria”, en un texto que se quiere analítico, es sin duda desafortunada, al igual que el giro lingüístico con que lo despacha Marini: “… queda totalmente fuera de mis preocupaciones”.
Todavía una cuestión más pintoresca. Marini cierra esta primera sección de su ponencia con una fórmula que busca señalar lo que está entendiendo por procesos de democratización. Escribe “…Aludo simplemente al cambio de gobiernos militares por gobiernos civiles y a la puesta en marcha de mecanismos destinados a crear o restablecer instituciones estatales representativas”. El problema es representativas de qué o de quienes y para quienes.
II
1.- Esquema, no análisis
El segundo apartado de este trabajo se ocupa de algunas cuestiones temáticas ubicadas en el cuerpo central de la ponencia de Marini. Cuando parezca oportuno mostraremos el vínculo existente entre sus criterios de ingreso, examinados someramente más arriba, y sus entendimientos básicos.
Marini comienza su exposición con una descripción esquemática, marcadamente politicista, de lo que podría entenderse como economía política mundial y su expresión en América Latina. No utiliza, en texto de 1985, ni el término periodístico “globalización” ni el más técnico de “mundialización capitalista”, sino el más tradicional de “imperialismo”. La trama de procesos no se entiende por sus vínculos y transformaciones globales sino básicamente por la acción de un actor central, Estados Unidos, y el efecto de su proyecto/programa en América Latina. No se trata en su conjunto de un análisis sino más bien de un esquema. Pareciera como si la comprensión teórica de lo que está ocurriendo o ‘se está haciendo ocurrir’ ya se hubiera producido y correspondiera simplemente aplicarla, tal como en los sesentas, a los procesos presentes en el área.
El carácter esquemático de la presentación, o sea no analítico, lleva, en el límite, a su unilateralidad ‘causal’. Así, por ejemplo, los procesos de democratización, que en el período tienen al menos, ignorando a México, dos núcleos diferenciados (uno en América del Sur y otro en América Central y el Caribe insular) son resueltos inicialmente como si todos ellos correspondiesen causalmente a la decisión de un superpoder, el gobierno de Estados Unidos: “La redemocratización latinoamericana se enmarca en la ofensiva desatada por Estados Unidos para, a la vez que enfrenta la crisis internacional, reestructurar en provecho propio la economía capitalista mundial.”. En realidad los procesos de democratización que, en algunos casos, corresponden a la instalación, por parte de Estados Unidos, de gobiernos civiles para poder desplegar una Guerra de Baja Intensidad (América Central), en otros a evitar, por parte del mismo actor, la constitución de una fuerza revolucionaria (Haití) y, en el Cono Sur, a movilizaciones locales, no nacionales, de diversa fuente, carácter y fuerza, de sectores sociales, partidistas y no partidistas, en ocasiones centrados en errores de la dictadura (Argentina) o en otras en reivindicaciones ciudadanas, democráticas y de derechos humanos mínimas, poseen, como todos los procesos políticos, variedad de actores (polifónicos, si se quiere) y no son nunca el resultado activo//pasivo de una conspiración de un único actor superdotado. Puede recordarse al respecto que la política de la administración Reagan para escalar una intervención militar regional en América Central colapsó en la década de los ochenta y que la ‘salida’ negociada de los conflictos se produjo, sin beneficio popular que no fuese el final de las guerras, mediante un trabajo de equipo de los débiles, por oligárquicos, y dependientes gobiernos centroamericanos y su acuerdo en Esquipulas (Esquipulas II, 1987). Tanto las tendencias de la lógica económica dominante como el juego de fuerzas (incluso entre las más disímiles), que es matriz de la política, se resuelven en situaciones complejas y diferenciadas que no pueden ser determinadas apropiadamente mediante esquemas. Esto no excluye que el factor ‘acción del gobierno de Estados Unidos’ sea un elemento del análisis. La cuestión no es puramente epistémica, o de estilo, sino centralmente política. Y decisiva para los sectores populares.
2.- Mundialización, tecnologías de punta y regímenes democráticos
Sumariamente, la sección que Marini titula “El imperialismo y la reconversión” describe un esfuerzo cíclico de Estados Unidos por restablecer las bases de una división internacional del trabajo que permita la circulación plena de mercancías y capitales. No se da ninguna indicación precisa del papel de las tecnologías de punta que podrían recaracterizar este ‘eterno retorno’ imperial. El efecto en América Latina es el de inducir una reconversión productiva centrada en el libre flujo del capital, la reducción de la incidencia estatal (“intervencionismo”, escribe Marini) para establecer un modelo orientado hacia el fomento de exportaciones que haga de América Latina una región “más estrechamente integrada a la economía mundial”. Al obviar el papel de las tecnologías de punta en este proceso (que no es nunca el tradicional ‘mismo de siempre’), Marini desvanece que el modelo arraiga coactivamente a la fuerza de trabajo (lo que precipita migraciones no deseadas masivas) a la vez que enfatiza su desagregación, y recaracteriza la incidencia estatal previo ‘saneamiento’ del Estado (estabilidad macroeconómica, privatización de activos públicos). Ambos aspectos poseen alcances para los sectores populares.
El modelo, según Marini, operaría con diverso alcance en el subcontinente. La desindustrialización sería más drástica en economías “pequeñas” o “medianas”, como la chilena o la uruguaya, y más atenuada en economías “grandes” como Brasil y México.
Si se tomara como hipótesis un criterio distinto al de Marini, la situación podría ser descrita de esta manera: la mundialización de la forma mercancía vehiculada por las tecnologías de punta (informática, ingeniería genética) exige una economía global que reintegra no países y circuitos locales (financieros, productivos) sino que puntos de inversión/acción privilegiada para el capital personalizado en grandes corporaciones con tendencia al monopolio u oligopolio. No es que América Latina sea mejor integrada al mercado mundial, sino que este mercado global penetra América Latina o la invade. El proceso no descansa en ventajas comparativas sino en la producción fluida y desagregada de ventajas competitivas producidas por la acción del capital (de esta descripción se podría excluir, quizás, Brasil) que subordina unilateralmente a la fuerza de trabajo. Lo que interesa destacar de este otro enfoque es que Argentina, Chile o Uruguay “desaparecen” para la acción del capital (y con ellos sus poblaciones ‘nacionales’) y se transforman en opciones/puntos para inversiones privilegiadas. La cuestión supone un reanudamiento de las corporaciones transnacionales con las minorías que configuran a las ‘clases’ gobernantes en América Latina y, desde ellos, con los intereses económicos que median o representan. Mediante este reposicionamiento es que se tornan funcionales las instituciones de los regímenes democráticos restrictivos que se establecen según las realidades políticas de cada país (continuidad del terror de Estado en Colombia, constitución neoliberal en Chile, aspiraciones ciudadanas y régimen bipartidista en México, separación de Stroessner en Paraguay, etc.). Los regímenes democráticos restrictivos descansan en un simulacro de Estado de derecho (con su correlato de ciudadanía simulada), en el juego de partidos ómnibus y ‘pragmáticos’ o coaliciones orientadas hacia elecciones sin alternativa (no se sabe quién ganará pero es seguro qué personificaciones sociales ganarán siempre y cuáles perderán siempre), en la desmovilización social (vía el desafío de la sobrevivencia, el multiempleo, el endeudamiento, el ensimismamiento, la informalidad, la desagregación tecnológica, el desplazamiento, el desempleo, etc. que se agregan a las derrotas previas sufridas por los sectores sociales populares organizados y las refuerzan) tornada compatible con la movilización electoral. Sea falso o verdadero este enfoque, diverso al de Marini, perfila otros desafíos, posicionamientos y tareas para los sectores populares. Al mismo tiempo, esta perspectiva permea mas íntimamente el planteamiento popular de la ‘cuestión democrática’. El enfoque puede ser falso, o incompleto, pero tiene ventajas en términos políticos.
Para Marini, en cambio, el precio de la reconversión, como él la visibiliza, tiene un efecto de “masas”: “Para las masas, el precio de la reconversión es la agravación de la superexplotación del trabajo y la generalización del desempleo, cualquiera que sea su forma, como resultado de la destrucción de parte del capital social aunada a la rápida elevación de los niveles tecnológicos actuales”. Ahora, en la hipótesis crítica alternativa cuando la tendencia económica dominante (la mundialización de la forma mercancía vehiculizada por tecnologías de punta) transforma la región en opciones/puntos de inversión privilegiada, tienden a desaparecer asimismo las “masas” tradicionales (si es que alguna vez existieron). Para no parecer lúgubres, aparecen ahora bajo la forma polifónica de movimientos y movilizaciones sociales que, bajo ciertas condiciones, se pueden considerar ‘populares’. Este es uno de los “efectos” políticos del cambio de perspectiva.