Conversación sobre política
latinoamericana, abril 2008.
El concepto de corrupción política
En el habla diaria, y también en la producción periodística, “corrupción política” y la acción de funcionarios públicos que utilizan ilícitamente sus cargos para enriquecerse o enriquecer a otros, cuestión que en América Latina históricamente puede comprometer a presidentes de la república, magistrados del poder judicial, parlamentarios, dictadores, militares o personal de diverso rango en los ministerios, municipalidades o servicios públicos, suelen ser utilizados como sinónimos. En breve, “venalidad” y “corrupción” políticas resuenan como algo semejante o lo mismo.
Conceptual y terminológicamente, sin embargo, designan fenómenos, o situaciones, diferenciados. ‘Corrupción’ un derivado de “corromper”, hace referencia inicialmente a alterar una naturaleza, proceso, institución o persona, para echarlo a perder, viciarlo, desvaneciendo su carácter propio. Cuando algo sufre corrupción, deja de alcanzar sus fines propios. Al presentarse como lo que no es, se transforma en simulacro. La acción de corromper puede o no constituirse como delito. En Costa Rica, por ejemplo, en una referencia ‘blanda’ (pese al daño social que compromete) y esquemática, la autoridad del Ministerio de Transportes suele empeñarse en trasladar la responsabilidad por los incidentes en carreteras y calles (con indicadores de mortalidad de los más altos del mundo) unilateralmente a los conductores. Por ello busca elevar las multas por infracciones a sumas altísimas, difícilmente costeables para los ingresos medios de la población. Aunque el asunto se puede polemizar desde diversos ángulos, lo que aquí interesa destacar es que la petición de “elevar los castigos en dinero” no va acompañada de consideración alguna sobre el abandono de la acción de gobierno en la conservación y señalamiento de carreteras, en el aumento en número, calificación y remuneración de los policías de tránsito, o en legislación que proteja a los conductores tanto de otros conductores como de la inacción gubernamental, o en otras determinaciones, como la formación e información ciudadanas, que acompañan a la acción de conducir bien o mal vehículos y la nutren. Los gobiernos costarricenses sistemáticamente han renunciado a considerar los flujos de movilización de la ciudadanía, y de la infraestructura que ello requiere, como un compromiso político propio. Se trata de una ‘señal’ en un proceso de corrupción en el que el Estado, por la acción o inacción de sus autoridades, se altera negativamente, no entiende ni atiende sus funciones obligatorias y traslada su responsabilidad, sin posibilidad de respuesta, a los ciudadanos como si el asunto fuera de exclusiva competencia de ellos.
En el fenómeno de corrupción antes bosquejado no se comete ningún delito por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo ese Ministerio (y el Estado y los gobiernos pertinentes) se ha corrompido al dejar de asumir sus responsabilidades. La corrupción política aparece así como un desligamiento de las tareas que le son propias al Estado como al gobierno. No interesa en este momento de las notas que el concepto de ‘corrupción política’ puede extenderse también a la ciudadanía. Tampoco la cuestión, más conceptual, de si un Estado que se levanta sobre tramas sociales con principios sistémicos de dominación, no deviene, por constitución, inevitablemente un aparato o dispositivo con tendencia a la corrupción.
Más precisamente, la corrupción política se entiende aquí como una separación/escisión del ámbito de la política, y provocada por él, de sus raíces sociales, referente que a veces es llamado sociedad civil. En un primer momento, esta separación aparece como distanciamiento. Con posterioridad, como ruptura. La quiebra, y también el distanciamiento, son nutridos por procesos de autonomización. El ámbito político, sus instituciones, pasan a funcionar así como constituyendo su lógica por sí mismos y hacia sí mismos. En América Latina esta lógica puede ser descrita como una articulación vertical/excluyente jerarquizada de instancias de poder, que opera también horizontalmente, alimentada en ambos casos por la concesión y traspaso de privilegios (lícitos o ilícitos) entre los actores políticos: miembros de los poderes públicos, militares, alta clericalidad, medios masivos, partidos, clientelas. La existencia de ‘clientelas’ estatales y de gamonalismos de diverso tipo es una señal de la corrupción que existe en el ámbito político.
Conviene precisar una nota: en el imaginario liberal el ámbito político de la sociedad está separado y posee autonomía respecto de la sociedad civil (es el planteamiento de la razón de Estado), pero su sentido ideológico o finalidad (telos) consiste en la prosperidad de la sociedad civil. Por ello la corrupción no consiste en la mera separación de ambos ámbitos, sino en la autonomía del espacio político que encuentra, ahora, su finalidad en sí mismo y en su reproducción (autarquía).
La corrupción del ámbito político es un fenómeno propio de las formaciones sociales que desean darse un Estado de derecho y un régimen de gobierno democrático. Estrictamente, esta corrupción muestra, en la práctica, la no factibilidad de una universalización de los valores jurídicos y de la participación ciudadana cuando la lógica económica se determina por la propiedad excluyente orientada al lucro mercantil y otras dominaciones que procuran extenderse unilateralmente.
Un régimen dictatorial, sin Estado formal de derecho, no pretende la universalidad de los privilegios del ejercicio del poder o de la dominación (aunque pueda orientarse por el “bienestar”, definido por la autoridad, para la mayoría o para todos). Y sin Estado de derecho resulta ocioso hablar de régimen democrático.
Luego, la autonomización del ámbito político respecto del bienestar de la población (lo que implica que se aísla de sus necesidades, aunque pueda satisfacer algunas) es un fenómeno de las formaciones sociales capitalistas y de su no factibilidad para tornar universales e integrales sus discursos o propuestas sobre derechos humanos, participación democrática y ciudadanía efectiva.