En OJO Censurado, N° 14,

abril del 2008. 

 

       En 48 horas se despejó oficialmente, a la latinoamericana, la curiosa situación de un Ministro de Seguridad que ni renuncia ni lo renuncian pero que abandona su cargo para “no politizar el asunto”. El ‘asunto’ era su reiterada denuncia, de que las FARC, una estructura insurgente colombiana, en connivencia con políticos locales, había montado en Costa Rica un dispositivo que manejaba todo el narcotráfico del país. El Ministro era Fernando Berrocal, abogado, alguna vez miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, funcionario medio/alto de lo que todavía se hace llamar Partido Liberación Nacional, el más votado del país. Por sus declaraciones que, aunque sin nombrarlos, apuntaban a autoridades de Inmigración y a su antecesor en el cargo de ministro, Berrocal había sido llamado para una consulta por la Asamblea Legislativa a realizarse el lunes 31 de marzo.

   No llegó porque “aunque no renunció ni lo renunciaron”, dejó su cargo el domingo previo. Pese a que seguía siendo ciudadano, valoró que “ya no tenía la responsabilidad de declarar”. Muy costarricense.

   El lunes comenzaron a caerle las malas noticias. La ambigüedad de su salida comenzó ser desdibujada por declaraciones de uno de los Arias, no el que preside, pero casi, que declaró que el Gobierno (o sea él y su hermano) no compartía las declaraciones del ex-Ministro. Es decir, lo despidieron. Y entre ese lunes y el martes los Arias pidieron al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que les certificara que no existía ningún político costarricense (se refieren a ‘personalidades’, a los egregios, a los ‘puros’ e ‘insospechables’) involucrado en el negocio denunciado por Berrocal. El broche final lo puso el miércoles el periódico ‘oficial’ del gobierno: un editorial que reprochó al Ministro haber faltado a la discreción y a la prudencia. De paso, salpicó a los Arias por no haber sido claros en sus razones para cesar a Berrocal, por no señalar la inexactitud e inconveniencia de las declaraciones de éste, y por no ser directos en sus  presentaciones ante la prensa. Hasta el día anterior, el periódico asignaba metafísicamente la ‘conspiración’ a una ‘izquierda local’ en la que incluía a todos quienes le disgustan. El editorial dio el mérito de haber ‘salvado’ el ‘asunto’ a la carta de Uribe.

   En realidad, la carta de Uribe, solicitada por los Arias, no tiene características redentoras. Solo dice que “los computadores” del liquidado vocero de las FARC, Raúl Reyes, no contienen, por el momento, documentos que permitan ligar líderes políticos de Costa Rica con las FARC. Indica asimismo, “computadores” aparte, que otro dirigente de las FARC estableció en Costa Rica el año 2005 un “núcleo de apoyo” con colombianos residentes. No da el número. Berrocal mencionó una estructura de 2.000 individuos. Algo extensa para ‘grupo de apoyo’. Los Arias saludaron la carta como proveniente de un mandatario de “cuya seriedad nadie duda”.  Bueno, al menos el presidente de Ecuador lo hace. El liquidado política y humanamente fue Berrocal.

   Para los Arias operarse de Berrocal y “probar” que no existían vínculos entre las FARC, trasiego internacional de drogas y su comercialización con connivencia ‘política’ local, cuestiones no necesariamente idénticas, era decisivo porque el escándalo sin duda habría recaído sobre las administraciones ‘socialcristianas’ de Rodríguez y Pacheco (1998-2006) y estas buenas almas, ya heridas por otros gruesos escándalos, aportan 5 votos para la aprobación del TLC y la maduración de la ‘modernización’ neoligárquica del país. Por lo tanto, si existía algo, había que limpiar urgente y todo. Uribe les hace un favor y, de paso, los amenaza u ofrece servicios con su “hasta ahora”. Nada impide que pasado mañana aparezcan las “pruebas” o “indicios” hoy inexistentes para usarse en la destrucción de políticos, grupos o individuos quienes se podría considerar opositores, hostiles o negativos en un sentido lato.

   La línea de la “cacería de brujas” era la que había adoptado La Nación S.A.,  el periódico de los Arias, y de la que se desdijo con el editorial del miércoles 2 de abril. Pero ya la había recogido el Movimiento Libertario (un grupo de derecha, mezcla de oportunistas y fundamentalistas del mercado). Su jefe parlamentario, un señor Barrantes, acuerpó caerles a “sindicalistas, catedráticos, universitarios y comités patrióticos” (el dogma incluye decirlos y escribirlos con minúscula para evidenciar el desprecio que debe provocar su maldad). Por el momento, esto es anécdota.

   Quien perdió todo fue Berrocal. Sus patrones no lo despidieron a patadas porque la hipocresía local no lo permite. Tampoco lo sacaron por puerta de oro porque podría significar torcer votos. Lo peor es que Berrocal venía desde hace tiempo proclamando que existía una conspiración para asesinarlo (la atribuía al narco, a su vez enteramente controlado por las FARC. Como se vio, nunca aportó prueba alguna). Pero ahora su reclamo lo pone en peligro efectivo. Asesinarlo y atribuir el crimen a las FARC podría ser más que una tentación, una invitación irresistible. Parafraseando a los generales colombianos: “con su boca, Berrocal se ha transformado en objetivo militar”. Desde aquí le deseamos larga y fructífera/dichosa vida. Pero alguien debería darle protección efectiva.