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Editado en OJO CENSURADO, N°3, enero 2006

 

Por designar un fenómeno social, la ‘mala hora’ se dice de diversas maneras. Puede querer significar el momento del desenlace fatal e inesperado para alguien o algunos, pero también el proceso de acumulación de sucesos y fuerzas que llevan a ese desenlace o, asimismo, el punto desde el que ya no se puede aspirar a un retorno en la ruta hacia el desastre. Desde hace años Costa Rica anuncia en época navideña y de anual transición del calendario su tragedia social futura. No es solo que el espíritu de un nacimiento liberador, que contiene, aunque sea míticamente, un llamado a construir humanidad, haya sido desplazado por el consumo instantáneo, chusco e insolidario, frenético y alcohólico, de las capas urbanas medias, sino que las autoridades emplean el período para decretar furtivamente alzas que castigan a los más pobres, acentuar su hipocresía y descaro y abandonar todo emprendimiento social procurando consolidar lujurias. Por supuesto, existen familias y personas para quienes todo el año es Navidad (en el sentido de procurar cuidar de sí para tener mejores relacionamientos), pero son tan escasas y dispersas que no tienen peso estadístico y parecen, pese a su voluntad, condenadas a la extinción.

Costa Rica es un país del que en el exterior se tienen imágenes que no corresponden con su realidad: no existe sensibilidad ambiental, la cultura política no es democrática, la población (en especial la urbana) no es educada y la paz social se entiende cada vez más por la violencia impune de los poderosos contra los vulnerables desagregados (mujeres, niños, ancianos, trabajadores) y la indiferencia de las capas medias.

Este año 2007 se inició con un brusco aviso de descomposición. La asamblea legislativa (dominada por yes men, secretarias ejecutivas y apetencias privadas) culminó un proceso de veto sistemático contra la postulación de Francisco Dall’Anese, actual Fiscal General, para ocupar un cargo de magistrado en una Sala de la Corte Suprema de Justicia. A Dall’Anese lo vetaron los ‘partidos’ tradicionales, clientelistas y venales, y uno emergente. El bloqueado fiscal es una figura notoria por haber tratado, sin mucho éxito pero espectacularmente, de indagar y acusar en los tribunales a tres expresidentes implicados en fraudes de transnacionales y un gobierno extranjero y por haber llevado a esos mismos tribunales a un religioso sostenido hasta el último momento por la autoridad clerical. Al cura se le acusó como promotor del asesinato de un periodista-empresario.

Dall’Anese se hizo notorio más por su actitud que por sus logros. Un Fiscal General intentando que la burla de la ley por parte de personalidades ‘por encima de toda sospecha’ reciba castigo jurídico es un bicho raro e indeseable en Costa Rica. Se trata de una actitud que desafía y compromete no solo a los fiscales generales precedentes sino al Poder Judicial en su conjunto y con ello al sistema político. Un rasgo del carácter aleatorio del Estado de derecho costarricense, y con ello de su inexistencia, es la concentración de poder en sus argollas empresarial-políticas con su inevitable corolario de sujeción o ausencia de independencia del poder judicial. A la cabeza del Ministerio Público, el temple de Dall’Anese despertó no sólo ira entre los políticos mercantiles sino también zozobra en los circuitos judiciales. El Presidente de la Corte Suprema declaró a la prensa que los juicios contra los expresidentes constituían “una brasa que tiene el Ministerio Público en la mano”, fuego que ‘terminará lesionando al Poder Judicial’ (OJO, Año V, N° 106). El funcionario no se interesa por el Estado de Derecho sino por la seguridad de la parcelita que le dejan administrar.

Igualmente son peculiares o ingenuas las declaraciones del elegido, tal vez un juez honesto porque el reto no está en los individuos sino en la institucionalidad, por la Asamblea que vetó a Dall’Anese. Identificándose apartidista enfatiza que “… sé que cuento con la confianza de muchos señores y señoras diputadas; mis puertas van a estar abiertas en mi despacho para cualquier diputado o diputada de cualquier fracción y para el país” (LN: 9/01/07). El juez ni siquiera advierte que a su oficina no deberían llegar nunca “diputados” (individuos con poder) sino ‘ciudadanos’, o sea personas con derechos. Y lo mismo vale para empresarios u obreros. No discierne las diferencias porque en efecto a los despachos de los jueces locales llegan diputados y empresarios (trabajadores sencillos no) que no toleran ser ‘simples’ ciudadanos.

Dall’Anese también hizo lo suyo en la generación de este mal momento en que la minoría neoligárquica grita al pequeño país que no quiere francotiradores imprevisibles como jueces. No debió presentar su candidatura a una magistratura porque cualquiera fuese el resultado de su gestión resultaría derrotado. Lo fue de la peor manera: bloqueado y repudiado. El daño principal lo recibe una población que ni siquiera se da por enterada de que su institucionalidad democrática descansa en un sistema clientelar que distribuye privilegios bajo la antigua fórmula del “hoy por mí, mañana por ti”. En la peor hora del año que se inicia, el cínico desahucio ‘parlamentario’ a la postulación de Dall’Anese ni siquiera provocó un resoplido de indignación social.