URIBE Y LAS FARC-EP (1)
La ejecución del Plan ‘Patriota’ marca el acceso de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia (2002). El plan identifica a las FARC como “amenaza terrorista” negándole protagonismo en una guerra civil. La postura de Uribe se sigue de motivos personales (su padre murió al resistir un secuestro ejecutado por la insurgencia) y de su voluntad oligárquica de “pacificar” el país, tarea pendiente desde el reparto de Colombia entre sus propietarios en 1958 (Frente Nacional). Las FARC existen como ejército revolucionario desde 1964, pero su origen está en las guerrillas liberal-comunistas que resistieron a La Violencia desatada a fines de los cuarenta.
El Plan 'Patriota' se inscribe en la doctrina de guerra global preventiva contra el terrorismo, de G. Bush y, más singularmente, en su idea de acosar y abortar el proyecto bolivariano liderado por el gobierno venezolano. EUA tildó primero como narcoguerrilla a las FARC y, ahora, como narcoterrorista. Uribe asume estos conceptos, también el Plan Puebla-Bogotá y un TLC con Estados Unidos y se transforma en su principal socio en el área
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Hacer de las FARC-EP un grupo terrorista y proponer su exterminio por cualquier medio, borrando derechos humanos, fronteras y soberanías, no es compartido en América Latina por países como Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, y ha sido cuestionado incluso por Amnistía Internacional, organización que enfrentó en enero de este año a Uribe señalándole que, en lugar de enredarse en debatir sobre cómo calificar a las FARC “…el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando derechos humanos y la legislación humanitaria internacional”.
En efecto, si bien el mote de “terrorista” para las FARC es disputable, no hay duda de que su accionar de guerra, al igual, sin ser idéntica, que la del Estado colombiano y la de los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia), incluye violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario que protege a los civiles no beligerantes. En particular es duro el empleo de minas unipersonales (contra la acción de tropas aerotransportadas) y su alcance para la población infantil y civil en zonas rurales y limítrofes.
Es polémico el vínculo de las FARC con el tráfico de drogas. Se sabe que su política consiste en cobrar un impuesto (“gramaje”) a los productores y comercializadores, pero es dudoso que, como estructura político-militar, se ocupe del tráfico para financiarse. Además, ni el gobierno de EUA ni la oligarquía colombiana son fiscales legítimos en este tema. Lo emplean desde su poder para criminalizar al enemigo.
Las FARC (6 ó 18 mil efectivos, según quien estime) no se muestran hoy como alternativa de poder en Colombia. Han perdido incidencia en las grandes ciudades y muestran flacuras ante un acoso militar nutrido por tecnología yanqui. Pese a ello, Uribe no ganará el fondo de la guerra en que se empeña porque su Plan 'Patriota' ataca efectos e invisibiliza causas. Si estas FARC-EP son aplastadas, asunto por verse, el pueblo colombiano seguirá resistiendo, con otros ciudadanos y otras formas de lucha, pero con la misma voluntad de hacer de Colombia un emprendimiento colectivo desde todos los colombianos de buena fe y para ellos.
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(1) El Nombre completo actual de las FARC es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.