RÉGIMEN DEMOCRÁTICO
La afinidad entre las lógicas de las instituciones capitalistas (propiedad/ privada y mercado) y las instituciones democráticas (Estado de derecho y ciudadanía universal) ha sido cuestionada no solo por autores anticapitalistas, sino por analistas del Primer Mundo nada sospechosos de renegar de su liberalismo. Referimos dos, por razones de espacio. R. Dahl (Yale University) señala que el mercado determina consumidores que dependen de un ingreso que el mismo mercado distribuye de manera diferenciada, de manera que los sujetos no pueden ser iguales en el plano político. Un mercado político democrático demanda algo distinto a empresas privadas orientadas al mercado. Más joven, M. Ignatieff (Harvard University), es también más brusco: el principio de agencia no atiende realidades socioeconómicas. Quiere decir que no existe vínculo entre producción y apropiación socioeconómica y derechos políticos ciudadanos.
Si primermundistas “célebres” piensan así de las instituciones del capitalismo “bueno” (gerencial/empresarial), es de imaginar cómo les irá a las del capitalismo “peor”, o sea al oligárquico materializado en América Latina. El asunto se resuelve en el punto de partida porque entre nosotros el Estado de derecho es una polémica, no un dato. Sin Estado de derecho no hay régimen democrático aunque el Espíritu Santo decida llamarlo así. El debate no remite a la concurrencia entre capitalismo y régimen democrático, sino entre capitalismo oligárquico y Estado de derecho. Desde luego, no concilian.
Un régimen capitalista oligárquico no puede avanzar hacia un principio de agencia integral y universal precisamente porque su lógica económico-social es abiertamente discriminatoria. Produce vulnerables y no-personas (en el límite, “desechables”) y también ‘ciudadanos’ por encima de toda sospecha: en Colombia, políticos del sistema, obispos y cardenales, jefes militares, sicarios y otras bandas que incluyen capos mafiosos y grandes propietarios. No existiendo Estado de derecho, la falsa ciudadanía se descompone en grupos de presión, clientelas, públicos, vulnerables y desechables. La liquidación no jurídica de los miembros de los últimos grupos no acarrea responsabilidades. Bajo ciertas condiciones concede “prestigio” y dinero. Se vió recién con los 2.6 millones de dólares, que el Estado entregó al grupo que asesinó a un jefe de las FARC, Iván Ríos, y a su pareja. El dinero se concedió tras "consultas jurídicas”. Estados Unidos podría agregar 5 millones de dólares a estos criminales. Ambos Estados dicen así que no son instancias de derecho sino aparatos de poder sin límites. Ninguna novedad para los colombianos.
En un sistema de este tipo la letra jurídica es eso, signos sin relación positiva con la realidad. Simulacro que admite incluso la Constitución perfecta o casi (Colombia, 1991). Al no vincularse con las tramas efectivas de poder, puede adquirir un carácter surrealista, de sarcasmo, o de política-ficción. El simulacro exige de los funcionarios un riguroso ejercicio de hipocresía. En la medida que más se transgreden normas y procedimientos, más alto se grita su observancia.
¿Qué ocurre cuando no-personas, como Iván Ríos y su pareja, desechables, clientelas y públicos atemorizados, quieren darse un gobierno propio para cambiar en algo, o en todo, sus condiciones de existencia? El sistema liquida a los dirigentes del movimiento y a algunos extras. Fue lo hecho en Colombia con la Unión Patriótica. Para este sistema gobierna Uribe. A él responde la institucionalidad colombiana. Contra esta realidad es que algunos, ojalá fueran muchos más, resisten.
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En este artículo se utilizaron referencias de trabajos de Robertr A. Dahl (La democracia y sus críticos), Michael Ignatieff (Los derechos humanos como política e idolatría) y del cable de AP.