ESTADO DE DERECHO
Aunque inscrito en el imaginario antiguo de las leyes naturales sustanciales, es Platón, haciendo hablar a Sócrates, quien estipula la regla básica de un Estado de derecho: es un orden en que las leyes o se cumplen o se cambian de acuerdo a derecho (Critón, 50d/52b). Las sociedades modernas añadirán que quienes tienen la capacidad de cambiarlas son los ciudadanos (una figura universal, por generalizada, con excepciones) siguiendo los procedimientos constitucionales. Las leyes, pues, o se obedecen o grupos de ciudadanos las transforman tras haber convencido a quienes corresponda, de que su cambio es útil para la convivencia.
El Estado de derecho resulta así central para un régimen democrático de gobierno en al menos dos sentidos: determina el carácter y los procedimientos que rigen la participación electoral y las responsabilidades de los representantes, y potencia la participación ciudadana más acá y más allá del sufragio apoderando inclinación y facultades para que las leyes que se juzgan impropias sean rectificadas, si es necesario radicalmente.
La violencia armada colombiana tiene su inicio más reciente en la matanza que lanzaron grupos conservadores contra sectores liberales a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado. La necesidad de sobrevivir llevó a los liberales a una rebelión, el Bogotazo, prolongada por guerrillas. El suceso desencadenante fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, dirigente liberal, en 1948. La violencia incluyó crímenes selectivos y masivos contra todos los sectores que el dominio oligárquico producía como vulnerables: pobres de la ciudad y del campo, trabajadores, indígenas, estudiantes. En Colombia las leyes no son para todos ni los ciudadanos pueden cambiarlas. Aunque se trate de ciudadanos “decentes”, como Gaitán.
La gestación de la emergencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y otras organizaciones político-militares, está en esa realidad. Pero las FARC avanzaron un compromiso con el presidente Belisario Betancourt en 1985 y crearon la Unión Patriótica para participar en elecciones y, como quería Platón, cambiar ciudadanamente las leyes impropias del orden capitalista oligárquico. Este orden, ahora de liberales, conservadores, jerarquía clerical, medios masivos, narcos, militares y paramilitares, asesinó a los cuadros y dirigentes de la Unión Patriótica. La cifra puede llegar a 5.000. Se aprovechó de ultimar sindicalistas. Con todos, unos 12.000 liquidados en los últimos 10 años. Un dicho colombiano condensa: “Es más fácil y muere menos gente si montas una guerrilla que si montas un sindicato”. Los crímenes en su mayoría permanecen impunes. Los familiares de los asesinados (también se les acosa y mata, al igual que a sus abogados) presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta lo aceptó a regañadientes en 1997. Sigue en estudio. La impunidad se mantiene.
El presidente Uribe encabeza hoy este inexistente Estado de derecho regido por liquidadores y sufrido por liquidables y ‘adaptados’. Califican como liquidables todos quienes querrían para Colombia (de diversa forma, algunas seguro equivocadas), un Estado de derecho, ciudadanía y un régimen de gobierno democrático.