Imprimir
Universidad Omega,
Nº 102, Octubre 2020
 

 
  Como debería ser nítido para quienquiera siga, y sufra, los acontecimientos ligados a una combinación de la crisis contenida en la existencia de un déficit fiscal insostenible con la pandemia del actual coronavirus (2020), han sido asumidos por un sector de los grupos dominantes (en economía y política), el más romo, como el momento propicio para hacer de Costa Rica un territorio/país igual o más cercano a la realidad de los otros países centroamericanos (realidad que puede extenderse al extremo sur mexicano). Su pregón es simple: todos los males del país se siguen de los salarios y pensiones del sector público (privilegiado tras la guerra civil del 48), o sea de un Estado obeso e ineficiente que impide que la empresa privada construya la riqueza y prosperidad de todos mediante sus iniciativas político-económicas. El mensaje/deseo de este grupo puede calar en segmentos más amplios de la población (la mayor parte de ella ignora las condiciones reales de la existencia de la mayoría en Centroamérica y en gran parte del Caribe) porque casi todos los ciudadanos han sufrido, o se han enterado, de una o muchas de las deficiencias serias del servicio público. El MOPT, por ejemplo, inicia carreteras esperadas por años, pero comienza su tarea sin saber dónde empiezan ni dónde terminan esas rutas y tampoco sus ingenieros realizan estudios serios de suelos en un área montañosa y donde suele llover tropicalmente. También el país puede mostrar al turista el puente más caro del mundo: el de La Platina. La inversión en educación (medida internacionalmente por las pruebas PISA a las que se concede tanto valor, o más, como el pueblo judío a Moisés) coloca al país en el tercio de los más débiles (alrededor del puesto 50; participan algo más de 70 países) del mundo. Habrá que recordar, sin embargo, que la escuela formal es uno de los factores que inciden en la preparación de las nuevas generaciones: otros factores son la familia, el barrio (s) y la sociedad. Y, desde luego, la actitud de las personas. Los resultados PISA indican que Costa Rica difícilmente se identifica con Pura Vida. No resulta extraño entonces que su gente se coma el cuento respecto a que la empresa privada produce libertad (puede darse y puede no darse, pero no lo primero en las periferias) y que todo mal proviene del Estado.

   Un ejemplo de lo anterior: desde hace ya rato, y en Costa Rica, el Estado y el Gobierno solo “gastan”. Es el discurso de todos los días en prensa y televisión. Estado y Gobierno jamás invierten (en salud pública, por ejemplo, o en áreas verdes, o en …). Solo “gastan”. Y ‘gastar’ se pronuncia “derrochar”. Por lo tanto, hay que entrarle a ese gasto. El bramido asnal impide reparar en que el “derroche” podría corregirse y resolverse con ‘eficiencia’. Por supuesto, para eso habría que invertir (en el inicio) algo más en el desempeño público. Y evitar que conduzca a suculentos ingresos privados (el esfuerzo, no sus resultados). Los excelentes frutos no se siguen de los buenos deseos (aunque ellos puedan influir), sino del despliegue responsable de competencias. Pero de esto casi nadie desea ocuparse en Costa Rica. Se prefiere, entre escupitajos, rebuznar “¡gasto!”.

   A la maña semántica puede añadirse un falseamiento informado o desinformado. Un abogado (entiendo prestigioso) dice y escribe que “El artículo 6 del Convenio 98 de la OIT excluye expresamente de las convenciones colectivas a los trabajadores públicos con estas palabras: <El presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos (sic). ¡Más claro no canta un gallo!” (La Nación S.A. “Convenciones colectivas y empleo público son incompatibles”, 13/10/2020). Por desgracia el abogado cita aquí un gallo tartamudo o afónico o ciego. El art. 6 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo efectivamente dice: “Artículo 6. El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”. Pero la OIT entiende aquí por “funcionarios públicos” a aquellos ligados con responsabilidades en la administración del Estado no a los trabajadores organizados en sindicatos del sector público. Maestras y limpiadores de carreteras, por ejemplo. Como se advierte, el acreditado abogado corta la frase y hace desaparecer funcionarios públicos con responsabilidades “en la administración del Estado”. Normalmente estos funcionarios hacen parte del sector patronal. Los trabajadores del sector público se constituyen, para la OIT, como una parte distinta del Estado con el que se relacionan como un “patrón”.  Esto, porque son trabajadores asalariados. Los funcionarios con responsabilidades en la administración del Estado también reciben salario, pero están del lado del patrón. Si cambian de bando, pierden el rabo. Por lo tanto, las Convenciones Colectivas para los trabajadores públicos, de acuerdo con la OIT, son legítimas. Hacen parte de sus derechos humanos. Y también son legítimos y parte de estos derechos los sindicatos del sector público. Para efectos de los trabajadores públicos el Estado es, a la vez, patrón y condición de legalidad. Así es como canta su canción este gallo.

   Por supuesto, uno puede estar en contra de las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público. Pero en tiempos de conjunción de crisis conviene no inventar cuentos y cantos de gallo porque se estime acarrean agua hacia los molinos propios. Hágase, dígase y practíquese con criterio lo que es mejor para el país. Con esfuerzo sincero, tropiezos, y algo de fortuna, podría quizás haber horizonte nacional para todos. Así, gallinas, pollitos y gallos cantarían limpio.
_______________________________________