Jorge Woodbridge, ingeniero, no es un desconocido en la política costarricense. Entre sus desempeños en la función pública figura haber sido asesor en Competitividad y Mejora Regulatoria con rango de Ministro en la segunda y última administración de los hermanos Arias (2006-2010). Tenía su espacio en Zapote y, por acción u omisión, fue responsable del siguiente fenómeno narrado en un estudio insospechable (Costa Rica: empleo y política salarial del sector público) de la Academia de Centroamérica del 2014: “El acelerado aumento de los salarios de los empleados públicos se debe a la aplicación de la política del percentil 50 entre el 2007 y el 2010, que consistió en equiparar los salarios de los profesionales del Gobierno Central con el percentil 50 de los salarios del Sector Público Autónomo no Financiero. Además, instituciones del resto del sector público decidieron a su vez aumentar el salario de sus empleados para mantener la brecha con respecto a los salarios de los funcionarios del Gobierno Central. Como consecuencia de las tendencias descritas, en promedio los burócratas ganan más que quienes laboran en el sector privado. Además, el diferencial entre unos y otros se ha ido ensanchando en el tiempo. El ingreso mensual promedio del Gobierno Central y del resto del sector público más que duplicó el ingreso promedio mensual del sector privado en el 2013. A su vez, el ingreso mensual promedio de la ocupación principal ha crecido de forma más acelerada para los empleados del Gobierno Central y del resto del sector público. Ello ha incrementado el diferencial entre los ingresos de los empleados que laboran en el sector público y el privado” (p. 12 del Informe; en la referencia solo he omitido las indicaciones sobre gráficos que, en este artículo, no resultan pertinentes. El original puede verse en Internet PV-02-14d-.pdf Adobe Reader). La acción del gobierno de los hermanos Arias ha sido llamada efecto “bola de nieve” o “pecado original”. De este pecado original participó el entonces Ministro Jorge Woodbridge. El estudio resulta ‘insospechable’ porque la Academia Centroamericana se ubica a la derecha de la derecha. En su momento el único político que comentó el “pecado original” fue Rodrigo Arias quien adujo que nadie, lo que incluye a su entonces Ministro Woodbridge, les informó sobre los posibles alcances de sus decisiones.
Bueno. Woodbridge pasó de Ministro a ser un colaborador persistente en La Nación S. A. Artículos extendidos. Tras un tiempo de silencio, retornó hace unos días. Uno de los rasgos de los artículos de Woodbridge es la simpleza de sus juicios. Inicia el artículo que comentaremos (“Cambio obligado”, La Nación S.A. 08/07/2020) de la siguiente manera: “Por la falta de disciplina sanitaria y otras causas se desató la transmisión comunitaria y está en peligro nuestra limitada capacidad hospitalaria”. La única causa que identifica (falta de disciplina sanitaria) obliga “a volver al confinamiento, lo cual se traduce en más cierre de empresas, desempleo, pobreza y desigualdad”. En realidad, en todo el planeta (y Costa Rica está en él) el esfuerzo por sostener o reanimar unilateralmente la economía (o sea los negocios) para que el daño económico y social de la pandemia sea menor ha tenido como resultado un crecimiento de infectados. Un caso especial es Suecia. Deseando no afectar su economía políticos y especialistas suecos resolvieron no adoptar aislamiento alguno para la población y permitir que los negocios funcionaran como siempre. El curso de los hechos castigó estas decisiones: desempleo para un 9% de la población activa y caída del PIB en un 10%. Salud de la población y economía se relacionan (en parte por eso existe la CCSS), pero cuando de pandemias se trata la salud condiciona la economía. Ignorarlo tiene alcances negativos. Este juicio resulta más válido si la información sobre el comportamiento de la enfermedad es insuficiente. No conocer bien al enemigo acarrea derrotas dicen los estrategas. Además, las derrotas suelen estar precedidas de sorpresas. Como el “pecado original” de la administración Arias mencionado en el inicio.
Con la actual pandemia los reveses se siguen de no poder anticipar las acciones del enemigo y de carecer de vacuna contra él. Puede concurrir, además, un grado de ignorancia respecto a las fuerzas y debilidades propias. Las autoridades costarricenses descubrieron las ‘cuarterías’ capitalinas en junio de este año e intentaron docilizarlas con la policía. ‘Descubrir’ no es sinónimo de ‘conocer’. Es dudoso que se pueda controlar con la policía a quienes residen en cuarterías. Son poblaciones que se dan su propia cultura y en ella obedecer a la policía o a la autoridad política no es un referente. Así, hay que entrarles no para salvarlos o para que contribuyan a la salvación nuestra sino para convencerlos que salvarse hace parte de su interés. Complicado. La sociedad costarricense condena a sectores de su población nativa e inmigrada con pocas o ninguna esperanza. Que estos costarricenses mueran es de alguna manera, no obligatoriamente, motivo de fiesta. Sociedades que producen personas sin esperanzas no pueden después exigirles a estas personas solidaridad comunitaria. No es que no la puedan dar. Podrían pensarlo. Pero exigir que la den gratis (a ellos que nunca han recibido nada) se acerca a lo obsceno. Un adorador del mercado como Woodbridge tendría que comprenderlo. ¿No repetía Eduardo Lizano, un gurú local, viniera o no al caso: “No hay desayuno gratis”? El dicho es pobre, pero aquí vale.
En fin, vamos a lo que desmelena a Woodbridge. La pandemia en Costa Rica sobrepasa a quienes se encargó controlarla y lo racional es reposicionar la salud de la población primero y, sin abandonarla, mantener la economía supeditada a la sobrevivencia. Pero Woodbridge tiene otro juicio. Es portador de La Solución Final. Se desentiende de la salud, la imagina recuperada y plena, y va a lo que le excita: “…hacer un Estado más pequeño y eficiente. Son 304 mil empleados públicos y sus insostenibles pluses lo que asfixia las finanzas públicas y lleva al gobierno en un gesto de irresponsabilidad a endeudarse”. Olvidó su corresponsabilidad en el pecado original. Ni la serpiente bíblica hizo eso. Y ahora, ¿la eficiencia de un Estado depende de su tamaño? ¿Un Estado mínimo o pitufo será más eficiente? ¿Los hospitales y clínicas privadas del país habrían dado la batalla que ha dado la actual autoridad pública (y cientos de heroicos funcionarios) contra la pandemia? La educación pública no da la talla en Costa Rica, pero su desempeño negativo proviene de la autoridad política y de la formación de sus cuadros docentes y de la débil participación que tiene la ciudadanía (bajo la forma de padres y familias) en sus planes y programas. ¿Habrá que cerrarla o refundarla? Una educación pública de calidad sería más cara. Pero también más eficaz (por ello, en términos de impacto social, considerablemente más económica aunque su gasto/inversión fuese más alto). ¿Va privatizar el país la policía o policías? Resulta casi letal dejarla en manos privadas. Podría pasar enteramente a manos del crimen organizado. Esa gente sabe hacer negocio y la policía sería selectivamente competente y al mismo tiempo ferozmente corrupta. Hoy la policía es numéricamente insuficiente y no tiene peso en la educación ciudadana de la población. Hay que aumentar en mucho su número e invertir más y mejor en ella. La inversión estatal en policía le sienta muy bien a la empresa privada. Y mejor a las pymes. Y todavía mejor a la ciudadanía. De modo que el tamaño del Estado (y la inversión en él) interesa menos que su efectividad en relación con la vida de la población. Un Estado enorme puede resultar un Estado fallido. Pero un Estado que hace crecer a su ciudadanía privada y pública asegurándole oportunidades de existencia, un Estado efectivo, no clientelar ni patrimonial, ha de darse un tamaño que asegure su eficacia. No será grande ni chico, sino eficaz. Un ingeniero debía entenderlo. La eficacia estatal impedirá que obras públicas asignadas a empresas privadas terminen costando el 30 o 50 0 60% más de lo que contempló su asignación en la licitación pública respectiva. A un Estado pequeño esta corrupción público-privada puede asaltarlo con mayor facilidad que a uno que se dé el tamaño apropiado para ser eficaz. Un Estado enorme puede resultar patrimonial. Pero también puede alcanzar la misma calidad uno pequeño. Luego, legislación, policía y poder judicial deben tener el tamaño que les permitan ser eficaces. Igual la salud pública. Igual la educación pública. Igual el transporte público. Igual la instancia pública que se ocupe de inversión en infraestructura. Y la responsable de que no se eluda ni elusione impuestos. Y la encargada de vigilar la oportunidad y eficacia de la inversión pública. No del gasto. El sector público invierte en su ciudadanía y destina parte de esa inversión a las relaciones internacionales. Si del Estado se trata, hablamos de inversión. No de “gasto”. Su costo en salarios ha de medirse por su eficacia a corto, mediano y largo plazo. Para una ciudadanía responsable con el Estado no se juega. Los latinoamericanos normalmente no nos interesamos por esto.
El esquemático ideario de un colaborador del ‘pecado original’ como J. Woodbrigde torna paralelos inversión pública y ganancia privada y privilegia a la segunda unilateralmente sobre la primera. Además, imagina un “paraíso” privado una vez superada la pandemia. Señor Woodbridge: primero hay que superarla. E inmediatamente después hay que restablecerse. Requerimos Estado para ello. Llevada al límite, la separación privado//público tiende a deprimir la inversión pública en beneficio de la ganancia privada con un consiguiente detrimento para la ciudadanía. Es la situación chilena actual y la de otros. Las disfuncionalidades ciudadanas (la corrupción privada y pública constituyen formas de ella) pueden evitarse si se evita la corrupción pública. Si esto ocurre, inversión pública e inversión privada se complementan. Y todos más felices y con horizonte de prosperidad. El solo mercado con sus codicias tenaces no puede dibujar ese horizonte. Tampoco puede hacerlo sola una inversión estatal con salarios que no premian la eficacia. De aquí que el tema contemporáneo sea el de extinguir la corrupción estatal y evitar y castigar duramente toda corrupción. Así se fortalece la economía (una vez que toda pandemia haya sido superada) por el lado de la demanda y el cumplimiento de los contratos. El tamaño del Estado será el que convenga más a esta ecuación. Un ingeniero tendría que saberlo. Es central para su profesión.
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Graciela, Enrique (Costa Rica).- Deseamos esté usted bien. Hemos leído y reflexionado sus dos últimos textos sobre la pandemia. Siempre quedamos agradecidos con sus observaciones. Estamos, desde varias instituciones, peleando sin dinero, sin recursos, sin personal suficiente; pero, lo peor, es que estamos peleando a lo interno de la misma institución con quienes toman decisiones que favorecen a los pocos: los Woodbridge de su texto. Quizá después de la pandemia, no exista la Universidad que conocí, ni el país que conocí. Al menos siempre nos quedan sus textos que refuerzan las ganas de seguir de seguir luchando a contrapelo. Gracias.