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Universidad Omega,
N° 84, marzo del 2020.

    

   Leo en una de las “Cartas a la columna” del periódico La Nación S.A que un vecino de Santo Domingo de Heredia se lamenta por el allanamiento de la Casa Presidencial del recién pasado 28 de febrero. En lo pertinente dice: “El prestigio alcanzado en el mundo por nuestro presidente y, con ello, se verá nublado por este acontecimiento”. El allanamiento se produjo el 28 y la carta aparece el 1° de marzo. La Nación S.A. publica la carta del ciudadano menos de dos días después del hecho. Inusual. Y uno de esos días es sábado. Es normal que los periódicos utilicen la sección de “Cartas…” de sus lectores para ampliar y asentar sus puntos de vista editoriales. Nada grave, aunque puede pensarse que roza o ingresa al ámbito de las “fake news”. Ahora, el allanamiento de la Casa Presidencial y de otros recintos públicos y privados de los implicados en el funcionamiento de una ilegal Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAI) no podía evitarse porque existían denuncias judiciales (entre ellas una de Juan Diego Castro y otra de una representante del Movimiento CiudadanoCR, la abogada Gloria Navas) y la investigación debía cumplirse. Además se tornaron públicos ciertos “ruidos” entre las dependencias estatales por el funcionamiento (con o sin decreto) de la UPAI. Ahora, que esa intervención se hiciera de una u otra forma era decisión de la Fiscalía General de la República. Cualquiera que fuese la intención de esta Fiscalía, su elección no salió bien y en eso tiene razón el vecino de Santo Domingo de Heredia. Con el ‘escándalo’ levantado ya la UPAI estaba muerta, no haría más daño (si es que lo hacía) y el Presidente había reculado en su decisión de darle forma jurídica mediante un decreto (lo anuló). Obviamente el allanamiento no era brincable, pero se tenía la posibilidad de hacerlo con enérgica discreción. No fue tal. Fallaron las ideas y falló la coordinación entre el Ministerio Público y el OIJ. El OIJ, vía su principal jerarca, informó inicialmente que había asignado a la operación 250 funcionarios. Como el presidente Alvarado también el jerarca del OIJ reculó y reconoció luego solo 45 oficiales. Dio una explicación poco creíble para su “error”: confundió los allanamientos con otra operación. ¡Hombre! Confundir el allanamiento de Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y los domicilios de funcionarios destacados de la administración política vigente con otro asunto resulta impropio de alguien con su responsabilidad. Cualquier día confunde “prófugos” con “náufragos” y las emprende a tiros con los segundos. Este funcionario debía renunciar a su cargo, aunque fuese una renuncia con elástico. Lo peor es que las redes y el boca-oreja habían ya transformado sus 250 en 5000 o más. Parecía grotesco, pero esa era una de las cifras escuchadas.


   Lo de las cifras es un detalle y ya pasó (el Director del OIJ no aclaró qué operación requería de los 250 efectivos iniciales y los “periodistas” tampoco le preguntaron. Por las mañanas algunas personas no terminan de despertar). Lo que todavía atraganta es que los efectivos policiales que allanaron la Casa Presidencial portaban chalecos antibalas (imagino que el protocolo puede exigirlo en ciertos casos) y al menos una foto periodística muestra a una de las policías con pistolón de reglamento. ¿Qué esperaban encontrar los policías en Casa Presidencial? ¿Matones criminales? ¿Sirenas del mar que, como se sabe, lo llevan a uno a perder la cabeza y hay que silenciarlas a tiros? Lo peor es que el allanamiento era “compadre hablado”. El señor Presidente había tirado la toalla y había preparado al menos la Casa Presidencial para la requisa. Resistencia no iba a darse. Fugas por los tejados tampoco. ¿A qué entonces los chalecos antibalas y  los pistolones? Lo más peligroso para los 25 funcionarios encargados de la operación era el tránsito matutino y la risa histérica de algún funcionario. Faltó criterio. Y la torpeza comprometió a la Fiscala de Hierro y a los cinco magistrados de la Sala Tercera que escolar y disciplinadamente asistieron al levantamiento de una eventual prueba de delitos. ¿Se imaginan si a un policía nervioso (no todos los días se asalta Zapote; lo normal es esperar 4 años) se le escapa un tiro y hiere o mata a un magistrado? ¡Achará UPAI!


   El asunto de fondo es aún más escandaloso. La legislación costarricense comprende datos personales de acceso irrestricto (son los contenidos en bases de datos públicas como las que maneja el TSE, por ejemplo), datos de acceso restringido (que solo interesan al titular o a la administración pública, los ingresos de cada quien, por ejemplo) y datos sensibles (este tercer grupo remite al fuero íntimo de la persona: origen racial, opiniones y opciones políticas, convicciones religiosas, vida y orientación sexual, etc.). Las tres clases de datos suponen el consentimiento de las personas y ellas dan este consentimiento, de forma más inercial o más voluntaria, porque se supone la información brindada resultará en su beneficio. Ahora, los sistemas modernos para conseguir información pueden ignorar el consentimiento de las personas. El celular, la participación en redes, el correo electrónico, cualquier compra pueden entregar información que se utiliza no para beneficio de los ciudadanos. Los costarricenses han sido informados que una buena parte de estafas se realizan desde los presidios por delincuentes que “capturan”, “compran” o acceden a información que les sirve para delitos. Pero también las empresas, vía Internet, “espían” a las personas para inducirlas a consumir algo que puede beneficiar o no beneficiar a los individuos. Medio centenar de policías del país se interesó por los datos de la familia de Keylor Navas cuando éste fue contratado por el Real Madrid. Descubiertos, algunos explicaron querer cooperar con su seguridad. En breve, con la mundialización (Internet de las cosas) todos pueden ser, o resultan ser, donantes de información sin su consentimiento. Esta realidad dura no impide que la obligación de contar con el asentimiento del averiguado desaparezca como un requerimiento apropiado para todas las personas. Pero los datos “sensibles” sobre las gentes hoy están abiertos a todos los que deseen obtenerlos y tengan los medios para hacerlo. Nada puede impedirlo. Ni siquiera los 5000 oficiales que habría utilizado el OIJ para allanar la Casa Presidencial.

Conversación

Paula, Sebastián (Costa Rica).- ¿Cómo es eso de que se pueda filtrar y obtener información nuestra, y de todos los ciudadanos sin consentimiento nuestro?

HG.- El asunto tiene al menos dos frentes uno de los cuales ha resultado escandaloso porque reveló la existencia de una red de agencias estatales (EUA, Francia, Inglaterra, por ejemplo) para espiar mediante sus agencias de “inteligencia” y “seguridad” a los habitantes del planeta. Las tecnologías actuales para descubrir y levantar información lo permiten. Este frente debía conocerse por casi todos porque se liga con las revelaciones de un agente de seguridad nacional de EUA, Edward Snowden (n. 1983), hace ya 7 años. Snowden ha sido desde entonces perseguido internacionalmente por EUA, país donde podría ser condenado incluso a la pena de muerte o a “suicidarse” en prisión. La excusa para obtener información que los costarricenses estiman ‘sensibles’ es aquí alcanzar la paz y la seguridad mundiales. En relación con estos objetivos no existen derechos humanos. La excusa es la misma que dieron los agentes policiales que se interesaron por la familia de Keylor Navas. Querían ponerla a salvo de los “malos”. Para EUA, los ‘malos’ son quienes protegen a Snowden, o sea a quien defiende las libertades personales. No recuerdo que el gobierno de Costa Rica se haya manifestado a favor de Snowden o le haya ofrecido asilo. Muchos otros países, incluido Ecuador, lo han hecho. El segundo frente tiene que ver con los mercados (Mercado Mundial=Mercado Total). Aquí el asunto se relaciona con qué compran o desean comprar las diversas clientelas que dinamizamos los mercados de todo tipo de bienes (comida, bebida, vivienda, vestido, etc.) como parte inevitable de la existencia. Con Internet se puede levantar y clasificar todo tipo de información de cada quien aunque solo utilice la Red por la facilidad del correo o porque participa en redes. Haga la prueba de contactar un hotel de playa y cuando vuelva a abrir su correo tendrá una avalancha de mensajes de hoteles y de  ofertas conexas. Con la Internet de las cosas (relojes, celulares, implantes, ropa, etcétera) la información se multiplica lo quiera usted o lo rechace. Y la Big Data facilita establecer sectores de consumidores y sus hábitos de consumo. Aunque la tendencia actual es a desplazar fuerza humana de trabajo por maquinarias (robótica), los consumidores (de todos los niveles) resultan necesarios. Entonces se pugna por conocer a estos consumidores, por obtener información acerca de ellos. Así desde hace ya décadas surgió el mercado para jóvenes y luego para niños y ahora para travestis, etc., que se articularon con otros mercados ya establecidos. Un niño de seis años ya no le  dice a su abuela “¡Quiero esto!” sino “Abuela, cómprame esto”. El deseo por un objeto es mediado por la voluntad de comprar. Es el sistema. Y este sistema requiere toda la información sensible que se pueda conseguir de los individuos/consumidores. Tendencialmente, nadie se salva de Yahoo, Bing o Google y las decenas de buscadores competidores. Todos ellos aspiran a conseguir información diferenciada para que usted compre. Es su negocio. Un ejemplo lumpen: con seguridad ustedes se admiran de la habilidad de los reos de las cárceles costarricenses (y sus amigos afuera del presidio) para internar celulares al recinto de su reclusión. Gatos, aves, objetos, prótesis falsas, todo sirve. Todo vale. Están los reos, además de presos, al día. Quien se informa bien y al día hace negocio aunque esté preso. Es la existencia que nos tocó. Carece de exterior. Es La Cárcel o The Matrix. Ninguna de ellas se interesa por su libertad. El frente de la propiedad privada con sus mercados y consumidores también requiere información acerca de datos que la legislación costarricense valora “sensibles”. Si se ve así, el escándalo actual resulta inapropiado o desinformado. Excepto si se desea exista una legislación que requiere ponerse al día para proveer mejores, por seguras, existencias para todos. Lo último quizás no sea sino un “sueño” en el sentido de quimera.

Sebastián.- Me queda la impresión que usted resta importancia a la conformación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que están en la raíz del escándalo. Mi amiga Paula difiere de este criterio mío.

HG.- Me inclino  por la posición de su amiga. El problema con esa Unidad es que la Casa Presidencial intenta legalizarla con un decreto que contiene errores jurídicos. Quienes firmaron ese decreto o no lo leyeron del todo o los especialistas en Derecho Constitucional que debían asesorarlos acerca de la legalidad del mismo fallaron. Entonces mi posición dice que la ‘información sensible’ de las personas resulta impunemente violada porque tanto la geopolítica vigente como la dinámica de los mercados requiere esa información para reproducir poderes constitutivos de la realidad actual. Pero se pudo redactar un decreto que formalmente no contuviera errores. Es la tarea de los asesores en Casa Presidencial. O estaban de vacaciones pagadas o duermen en su horario de trabajo y nadie descuenta esas horas de salario. Los jerarcas políticos (Trump, Carlos Alvarado, Víctor Morales, etcétera) dependen de asesores con experiencia, discernidores y eficaces. Si no los tienen (o los ignoran) el resultado es el allanamiento de la Casa Presidencial con sus alcances negativos. Lo único positivo de este “escándalo” es que tal vez en lo que sigue no se repitan fallas básicas que después se explican con una variante del discursito “…queríamos proteger a la familia de nuestro ídolo Keylor”.

Paula.- En su edición de hoy, martes 3  de marzo, el periódico La Nación nos da la razón a usted y a mí. El Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, admitió, en su comparecencia a la Asamblea Legislativa, que no existió una lectura suya apropiada del texto del decreto que instituía jurídicamente a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Dijo, según el matutino: “De mi parte, hubo una omisión de lectura, pausada y reposada”.

HG.- También leí esa declaración, hace unos minutos. El Ministro reconoce haber leído a la carrera el decreto. No debería hacerlo, pero se entiende, tiene mucho trabajo. Quienes han de  leer con conocimiento y calma perspicacia informada un eventual decreto son los asesores jurídicos. Para que Ministro y Presidente no fallen ellos deben sugerir la redacción apropiada para la vigencia de una UPAD. El presidente elogia la idea que sostiene la UPAD, pero retiró el decreto. Muchos observan a este gobierno con la voluntad de sumarle defectos y malograr su mandato. No se trata de tener razón, como en este caso, sino de agitar errores y atribuirlos a una conspiración. Pero, como se dijo antes, los datos llamados localmente “sensibles” no pueden hoy ser protegidos. Las últimas estridencias de su carrera política las dio Otto Guevara publicando altos salarios de profesores universitarios. Los exponía así, a ellos y sus familias, a los ataques del hampa. Guevara remaba a favor de la corriente  (cercenar salarios y pensiones del sector público) y entonces nadie consideró que sus acciones lesionaran “datos sensibles”. Lo que sostiene el actual ruido acerca de la UPAD son el triunfo presidencial de Alvarado Quesada en la elección pasada y ganar simpatías vía un tipo de populismo para la próxima dentro de dos años. Si usted además lee mal lo que firma, brincándose responsabilidades, ahí viene el escándalo. Pero el tema exige otras lecturas. Una de ellas es la de la oposición en la Asamblea Legislativa. Un sector siembra que se dio una conspiración contra la ciudadanía y, por fuerza, contra el Estado de derecho. Algo cosecha. Me parece normal, por politiquera. La politiquería se genera porque los partidos en realidad no existen como tales, viven día con día, sus integrantes no estudian, no debaten internamente ni con otros grupos. En fin. Viven del escándalo y de resentimientos. Nadie se acuerda ya de un gobierno de Unidad Nacional. Solo hay ellos, el presidente y su peluquero, y nosotros, hoy unidos más o menos, mañana se verá. El asunto es políticamente tan precario que se hace signo de un horizonte con desastre. Ojalá me equivoque en todo.

Ismael (Costa Rica).-Un gusto volver a leerle. Su columna toca puntos jurídicos importantes sobre los que me gustaría pronunciarme. Para empezar, el protocolo obliga a agentes a portar chaleco y su arma de reglamento. En lo personal considero que es correcto que lo hayan portado, la seguridad e integridad de estos funcionarios debe resguardarse con todas las medidas, inclusive en un lugar en el que difícilmente podían verse en peligro o con la mínima oposición (Muchas veces agentes de la PCD y la SERT se han tenido que bajar su pasamontañas para tranquilizar a niños y personas afectadas por el shock que les significa una actuación de estas. Esto demuestra que son personas son sensibilidad). Queda sobre la mesa que cada vez contemos con cuerpos policiales más formados en derechos humanos y que comprendan que estos no juegan solo para quien delinque. Otro punto, el tema de datos personales es un tema que debería legislarse por ley y no por decreto. Sobre la palestra también está el tema de sujetos privados como Facebook y que generan dinero con los mismos. Al CEO lo llevaron a declarar al senado estadounidense, se generó el escándalo de Cambridge Analytica, etc. Pero cuando lo realiza un sujeto de derecho público es mucho más tangible realizar una defensa de los mismos. No considero que el tema de la UPAD sea baladí, con esto tampoco digo que usted lo vea así, pues gobernar por decreto es un signo de autoritarismo para saltarse el debate parlamentario, a lo que también hay que sumarle la torpeza inexplicable de parte de quienes firmaron y sus asesores. Este es un riesgo tangible y no creo que solo sea algo conspirativo.

HG.- Gracias por sus comentarios. Estimo coincidimos en lo central del enfoque. Me intereso en dos precisiones. No estimo para nada que el tema de la UPAD sea algo baladí. Lo que cuesta creer es que se le haya dado ese tratamiento en Casa Presidencial. Incluye el decreto. Lleva a pensar que lo mejor del presidente actual es su corte de pelo. Bien por el peluquero. Y tampoco pienso que la reacción de la Asamblea Legislativa obedezca a una conspiración. Estimo que tiene mucho de politiquería. Se resiente el segundo triunfo del PAC y se apunta a la elección presidencial y legislativa próxima.  Al menos algunos hacen eso. Lo grueso de su error se deriva de que el PAC (como partido) no existe. Nunca se trabajó por constituirlo y básicamente se desagrega en sectores que no se tragan entre sí. Sus dos triunfos se derivan por factores circunstanciales diversos. En el último, el inesperado tercer lugar del candidato de Liberación en la primera vuelta y el temor a la agresividad (que muchos consideraron populachera) de los neocarismáticos. Se adversa a un PAC políticamente inexistente. Y no se trabaja por una mejor articulación constructiva de la ciudadanía. El costo para el régimen democrático resulta enorme.

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