Universidad Omega, N° 77,
agosto 2018.
 
   El periódico La Nación S.A había relativamente abandonado su maña de hacer Photoshop en su portada y páginas interiores con la finalidad de sumar agua a sus molinos. Pero el sábado 3 de agosto retornó a su truco. En primera plana destacó a un enérgico (podría juzgarse amenazante) obispo de Tilarán-Liberia que, brazo en alto y dedos de la mano derecha autoritarios, apoya su sentencia: “Iglesia reclama su ‘derecho inviolable’ a meterse en política”. A su izquierda, aislado en el que suponemos palco oficial, un algo divertido presidente de la República observa al orador. En la página interior 6, en foto grande y el mismo titular ya señalado, el obispo Manuel Eugenio Salazar, ahora de frente y mirando por encima de sus lentes, aparece reclamando el mismo ‘derecho’. En foto pequeña y casi de carnet el presidente Alvarado dice que el vigor del obispo Salazar ha de ser entendido como un “llamado al diálogo y a la convivencia”…y que “el monopolio de la discusión (sic)” “no lo tienen los extremos o los extremistas”. O sea, no escuchó la provocación del  obispo o no la entendió y, además, una ‘discusión’ monopolizada por un actor o actores no califica de discusión. En la jornada eclesial de celebración de la Virgen de los Ángeles solo puede hablar el cura designado por la Conferencia Episcopal. Diálogo no existe ninguno.

   Una de las fallas del obispo Salazar es que mintió abiertamente al menos una vez. Repitió la farsa institucional católica respecto a que la institución no discrimina a los homosexuales y lesbianas. Y que los respeta. “¿A una persona sexualmente diversa, quién soy yo para juzgarla?”. El obispo no ha leído su Catecismo. O al menos no ha leído los numerales 2357 al 2359. O tal vez no sepa leer. Sobre los homosexuales declara este Catecismo (levantando brazo y mano igual que el obispo Salazar) “son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso”. Líneas antes dictaminó este Catecismo: “Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”. Si el obispo Salazar respeta a los homosexuales debe o irse a otra iglesia o fajarse para  cambiar el criterio actual de su institución. Pero Salazar sabe que miente. La institución católica respeta a los homosexuales siempre que no practiquen. O sea que no homosexualeen. Dice el catecismo: “Las personas homosexuales están llamados a la castidad”.  Si no practican su homosexualidad, ‘pueden acercarse a la perfección cristiana’. Jocoso, excepto para los homosexuales. Quizás por esto el Presidente Alvarado observa divertido en su fotoshop al obispo Pinocho.

   Lo anterior es un detalle. El destacado central del discurso del obispo Salazar es su reclamo de un ‘derecho inviolable de la institución católica a meterse en política’. Habría que discutir más fino. Los católicos (obispos y otros ordenados y laicos) son ciudadanos costarricenses. Como tales no tienen impedimento alguno para intervenir en política. La iglesia católica es en cambio una institución. Y no  cualquiera. Reclama ser la única iglesia revelada. Es decir por ella habla Dios. No existe ninguna manera de probar que esto es verdadero y tampoco de probar que es falso. Cuando sectores neopentecostales quisieron mostrarse como expresión del Santo Espíritu “hablando en lenguas” en las pasadas elecciones del 2018 hicieron el ridículo. A la “única iglesia revelada” del planeta y a las que reclaman “hablar en lenguas” las afecta el Artículo 28 de la Constitución de Costa Rica “Nadie  puede  ser  inquietado  ni  perseguido  por  la  manifestación  de  sus  opiniones  ni  por  acto  alguno que no infrinja la ley.  Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.  No  se  podrá,  sin  embargo,  hacer  en  forma  alguna  propaganda  política  por  clérigos  o  seglares  invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”. La última parte se la comió en la última elección nacional el TSE. Pero el aborto terapéutico y la homosexualidad por sí mismos no constituyen delito. La práctica homosexual es legal. Y el aborto terapéutico, igual que el matrimonio homosexual compromete al Estado con convenios internacionales que ha aceptado. Apedrear una reunión internacional de lesbianas en el país (ocurrió en algún momento y las autoridades no tomaron medida alguna contra el instigador) es delito.

   El punto conceptual es claro: mientras las “metidas en política” de cualquiera iglesia y fieles se apeguen a la ley, resultan legítimas. Si no lo hacen, pueden pasar a ser contravenciones o delitos e, investigación previa, sus fechores, pueden ir, si es del caso, a presidio. Como cualquier ciudadano. Se sigue de la legislación costarricense. Y el punto tiene un corolario: ninguna iglesia puede alegar acciones porque así se lo ha exigido Dios. Dios no es ciudadano costarricense que se sepa. Y la legislación es clara: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” Si la legislación legaliza el matrimonio y la familia homosexuales y el aborto terapéutico y la fecundación in vitro, no hay nada que discutir. Por supuesto se puede dar la batalla para cancelar esa legislación. Pero quienes la protagonizan no pueden apelar a al deseo de Dios para sostener sus reclamos. De esta manera el obispo Manuel Eugenio Salazar puede ir bajando la mano y el tono. Nadie en Costa Rica cuestiona derechos de iglesia alguna,  por extravagantes que sean. Pero tampoco puede la ciudadanía permitir que en nombre de Dios se destruyan derechos de los costarricenses. Estos últimos tienen libertad para creer o no en dioses.

____________________________________
 
Conversación
 

Marta, Paula.- Recién terminábamos de leer un editorial de La Nación “Religión y política”  (8 de agosto/19) y alguien nos envió el suyo. ¿Se dio alguna relación?

HG.- No. Yo escribí el mío el mismo 3 de  agosto, pero no lo subí al sitio sino días después porque tuve contratiempos de salud. El editorial de La Nación S.A. comienza refiriéndose a las declaraciones del presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (cobija al 85% de las iglesias protestantes),  Rigoberto Vega, quien  pide a los pastores abstenerse de la política electoral. Está leyendo correctamente la legislación costarricense, según he señalado, cuestión que el obispo Salazar no menciona y deja en la penumbra. La política electoral es parte de la política y el mensaje de Salazar, según el editorial, resulta confuso. Toqué el asunto señalando que un creyente religioso es un ciudadano y que su voto puede tener inspiración religiosa, pero que su referencia es también ciudadana y desde ese punto de vista debe aspirar a lo que cree es mejor para los costarricenses y la sociedad. La confusión proviene aquí de que en la Edad Media y durante la Colonia Ibérica el “bien común” era la salvación (de las almas: todos la tenían) y ahora es el beneficio para el mayor número de ciudadanos y, si es factible, para todos, o sea para su convivencia. Entonces, si ustedes separan la salvación de las almas, un tema religioso, y metafísico, del tema ciudadano, el bienestar social de la mayoría o de todos, mediante la justicia social, aunque los campos pueden conectarse, algunos problemas se aclaran. El eje de la salvación pasa por el contraeje del pecado (Satanás) y el eje del bienestar para la mayoría, o de todos, pasa por su contraeje que es la injusticia social que puede materializarse mediante la discriminación de los homosexuales o la explotación de la fuerza de trabajo o la sujeción  de las mujeres. Para la iglesia católica la justicia social puede pasar por discriminaciones (los homosexuales, por ejemplo) y la salvación también es incompatible con el empleo de anticonceptivos. El deseo de Dios es que el matrimonio pase centralmente por engendrar hijos y criarlos. El punto es complejo y pasa en parte por considerar que el reino de Dios (la máxima justicia) debe avisarse o anunciarse aquí en la tierra.

Marta, Paula, Luis (Costa Rica).- El editorial de La Nación dice que el obispo Salazar determinó a la iglesia (católica) como todos los creyentes y la política como el esfuerzo  para construir el bien común.

HG.- Conozco el texto del discurso de Salazar solo por las citas del periódico que podrían no hacerle justicia, pero lo que ustedes refieren contiene un lenguaje difuso. La iglesia católica no es la única iglesia ni en Costa Rica ni en el mundo y aunque lo fuera no es “todos los creyentes religiosos” de la misma manera. No es lo mismo ser religioso ordenado que laico ni religioso varón que religiosa mujer ni obispo que cura. La institución se presenta altamente jerarquizada y donde manda capitán no manda marinero. Si un obispo se enfrenta al poder del Papa terminará derrotado o renunciando. La relación sacerdotes-laicos en términos de poder en la institución favorece a los primeros. La institución católica determina a las mujeres y a los niños y jóvenes como inferiores y presenta esta realidad como ‘natural’. ‘Natural’ quiere decir aquí la voluntad de Dios. Tal vez esto no lo desee un sector de la iglesia católica, pero es la realidad. Ahora, si la iglesia católica contiene internamente estas discriminaciones, resulta complejo imaginarla insertándose en la realidad social como factor de bien común excepto que este “bien’ pase por sujeciones (o sea dependencias permanentes) naturales.

Marta, Paula, Luis.- El editorial de La Nación dice que el papa Francisco respalda un Estado laico y que los Estados confesionales terminan mal.  Y que estima que “una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar”. ¿Le parece que ésta es la situación de Costa Rica?

HG.- Se trata de una declaración hecha a una revista francesa en el 2016 y tiene su complejidad porque dice lo que dice  pero también sostiene el derecho de cada persona a mostrar en público su adhesión religiosa. Es el tema de la “objeción de conciencia” como derecho ciudadano incluso de funcionarios públicos, como maestros. ¿Qué prevalece? ¿La decisión estatal de compartir afectividad humana y sexualidad con los adolescentes que terminan su Liceo en Costa Rica o la fe religiosa de una profesora o profesor que estima que esas materias resultan propias de las familias y de los padres? Las decisiones estatales provienen de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y del Ejecutivo. La objeción de conciencia proviene de un ciudadano que la toma por razones personales en las que puede o no tener peso una creencia religiosa. Mi opinión personal es que la objeción de conciencia vale en un Estado de derecho que tiene en alta estima la libertad ciudadana, pero que esa objeción debe apoyarse en una decisión judicial, no puede ser solo un evento individual. La racionalidad que impera es la ciudadana, pero el derecho individual se sostiene. El profesor o profesora, resuelto el caso, es declarado apegado a derecho o no apegado a él. Los caprichos de cada ciudadano no hacen legalidad. Lo que hace la legalidad son los poderes públicos que respetan, en este caso, la objeción de conciencia por motivos religiosos fundados y no sanciona el docente, sino que pide nombrar a otro docente para esa función. Ahora, en esta descripción no calza Costa Rica. Aquí la 'objeción de conciencia' se manifiesta como huelga, grito, insulto, descalificación absoluta. Introducir esa materia en el último año de Liceo es obra de Satán. Ahora, estimo que las opiniones del Papa no van por ese camino. Se insertan en un Estado que respeta las convicciones de todos sus ciudadanos apegadas a derecho. Creo esto es civilizado. Supone un Estado de derecho sólido. No es la realidad de América Latina. Esto incluye a Costa Rica. Ya hemos visto que la Constitución prohíbe “…hacer  en  forma  alguna  propaganda  política  por  clérigos  o  seglares  invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas” (Art. 28), pero en las elecciones participan abiertamente partidos que se llaman “cristianos” (Partido Unidad Social Cristiana, por ejemplo) y el Tribunal Supremo Electoral lo  ignora. Un Estado de derecho tiene que tomarse en serio porque de él dependen los valores de convivencia ciudadana. Convivencia de diversos. Creo que el papa Francisco habla en este último sentido. Que el Estado de derecho estimule y proteja la convivencia de diversos. Es un deseo, no la realidad de América Latina (hoy tampoco lo es la mundial). Los fundamentalismos de distinto tipo (empezando por el económico) aspiran a ser La Ley.

Marta, Paula, Luis, Sergio.- El editorial de La Nación también se refiere a Benedicto XVI y a sus opiniones sobre la laicidad del Estado. Este papa habría hablado de una “sana” laicidad. ¿En qué consistiría?

HG.- Puedo referirlo desde su primera encíclica, Deus caritas est (2005). Básicamente es la idea de un Estado que no puede imponer la religión, pero que tiene que resguardar la libertad de conciencia religiosa y, con ello, ser garantía tanto de la libertad como de la paz entre los creyentes e instituciones de las distintas religiones y, añado, de la expresión política legítima de ellas. Para ello, en opinión de Benedicto XVI, la racionalidad del Estado, por sociohistórica imperfecta, ha de purificarse mediante la espiritualidad (o espiritualidades) religiosa para alcanzar la justicia. El entonces papa estima que en este encuentro de ‘purificación’ se halla el enlace de política justa y fe religiosa (cristiana-católica, en este caso), pero  a mi juicio la dificultad aquí es que la fe religiosa situada, no como concepto, no es independiente o ajena a las relaciones de poder que están en toda experiencia humana. Y, en lo que conocemos de esta experiencia, estas relaciones tienden a ser sistémicamente asimétricas. Ya hemos señalado que la institución católica es muy autoritaria y centralizada y no se advierte en ella en este aspecto ninguna tendencia al cambio. Dentro de este autoritarismo pierden espacio (en nombre del ‘amor’) mujeres, laicos, jóvenes y todos los sectores sociales que deben ser ‘recuperados’ o evangelizados. El autoritarismo religioso en términos políticos se acerca o se expresa como teocratismo. Así la idea inicial, la de la purificación de la política estatal por medio de la fe religiosa, es clara y buena, pero su realización pasa por una crítica política de la institución o instituciones religiosas. Esta crítica implica éticas de emancipación sociohistóricas que no chocan, por ejemplo, con la idea de projimidad. No estimo la opinión de Benedicto XVI sea un caso de serpiente que se muerde la cola, pero sí plantea una situación difícil de resolver si las iglesias no aceptan su humana fragilidad socio-histórica y su relatividad cultural en las sociedades actuales y en toda época.

Adrián, Eduardo (Costa Rica).- Estimamos que en los que ustedes discuten, en nuestra opinión, con cierta frivolidad autocomplaciente, hay otra voces. La iglesia evangélica, hace ya algunos años entendió que involucrarse en política no es pecado. Más bien, lo ideal es que sean los hombres llenos y las mujeres llenas del Espíritu Santo, temerosas y temerosas de Dios y con vocación de servicio público quienes gobiernen las naciones. Con ellos y ellas se beneficiará especialmente a los pobres. En ellas  y ellos y como fruto de la inspiración del Espíritu Santo es que se encuentra el liderazgo ciudadano.

HG.- Es una opinión con poca sustentación histórica. Los regímenes políticamente en manos de personalidades religiosas, normalmente varones, a su juicio colmados de “Espíritu Santo”, o sentimientos parecidos, han generado teocracias en que se sofoca las libertades individuales o se las niega (tal el caso de las mujeres en regímenes musulmanes) o regímenes de cristiandad como el catolicismo de la Edad Media o la Colonia latinoamericana. Hay una frase de un político inglés conservador del siglo XIX: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” (Lord Acton) que expresa bien esta situación. Cuando se tiene la convicción de que Dios determina el poder de uno, el ser humano deviene monstruo. Moisés mandó asesinar a quienes disputaron su poder. Dios (¿?) calló ante esta acción. La idea de contrapesos a todo poder, al de los gobernantes, al de los machos, al de los adultos, al de los religiosos, al de los opulentos, al de las transnacionales, al de Dios, etcétera, parece no perfecta pero menos riesgosa. Los regímenes democráticos y republicanos admiten mejoras impulsadas por mayorías complejas aunque circunstancialmente articuladas. El monopolio de dioses contiene el infierno o la mediocridad en esta tierra. Con los desafíos actuales (migraciones, colapso ambiental, por citar dos) no sería adecuado adoptar este monopolio. Hay un micro ejemplo reciente de esta corrupción en Costa Rica. Una “iglesia de los ricos” (Generación 3:16), derivada directamente del evangelio de Juan (“Un único Dios, amoroso y justo, pendiente de Su Creación. Jesucristo como el único Salvador, Dios hecho hombre que vino a dar Su vida en rescate por el ser humano. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, quien transforma y da vida al creyente. La Biblia como la Palabra inspirada de Dios, sola fuente de revelación y guía. La Salvación por gracia, a través del arrepentimiento y de aceptar por fe el perdón y la vida nueva que Dios ofrece. La Iglesia como un cuerpo activo, dotado por Dios para servir, formado por quienes han experimentado la conversión y guiado por sus pastores. La Predicación del Evangelio como tarea fundamental. El hacer Discípulos como nuestra gran comisión y la manera de ganar al mundo para Cristo”) tiene a su principal “pastor” en la cárcel acusado de abusos sexuales y se revela que la iglesia tenía como receta ordenar a los padres maltratar físicamente a los niños para “disciplinarlos”. Por fortuna contra este poder semioculto (iglesia sin templos) existen poderes públicos ciudadanos capaces de determinar delitos, investigarlos y, si corresponde, no dejarlos impunes. El mítico Moisés no los tenía. Por supuesto no es Dios el culpable y castigable sino los individuos que afirman representarlo en esta tierra. Ahora, una única iglesia, estrictamente “de prójimos”, entiendo no ha existido nunca. Pablo de Tarso reclama esto en 1 Corintios 1, pero también él remaba, muy humanamente, para su santo molino.
_______________________