En Universidad, N° 1747,
febrero 2008.
El trámite de la agenda de implementación del TLC ha precipitado, otra vez, el encono del estilo político que ha caracterizado a la administración de los hermanos Arias y a su prensa oficial, en particular “La Nación S.A.”, acompañada esta vez de publicidad masiva que, por lo menos los domingos y en Canal 7, no da los nombres de quienes la programan ni, mucho menos, exhibe a la ciudadanía cómo se financia. Esta propaganda, como en los peores momentos del proceso de referéndum, se muestra torva, falsa, manipuladora y ofensiva. En cuanto al estilo político, le queda perfecta la expresión “barbarie” por su rusticidad catequística. Aquí no existen preguntas ni realidades nuevas. Las cosas deben ser, y fieramente, como lo estipula su dogma.
Los elementos dogmáticos son, como toca a la barbarie, simples. Todos los males de la existencia política se deben a Otón Solís y al PAC (LN: “Obligados a una prórroga”, 2/02/08), es decir a la existencia de oposición parlamentaria. Cuando el ansia se exacerba, porque las cosas no caminan como el dogma prescribe, se amplía el universo de la maldad sustancial: “La cuestión social no se resuelve con la retórica populista e ideológica, o con las proclamas patrióticas henchidas de prejuicios y de ataques contra la empresa (capitalista) (…) Esta deformación mental, alimentada en escuelas, colegios y universidades, ajena a la realidad a la realidad económica y social del país (…) es lo que aún estamos viviendo” (LN: “Angustia de empresarios y trabajadores”, 9/02/08). Considerar mentalmente aberrados o monstruosos a instituciones y sectores significativos de la ciudadanía costarricense (que, además, no calzan con las características que se les atribuyen) suena excesivo, especialmente si se considera que se trata de un colectivo variopinto. Sin embargo, ahí está el estilo.
Si uno se aleja de la barbarie del dogma, advierte lo siguiente. En los Estados de derecho con régimen de gobierno democrático la oposición parlamentaria (y también la social) es legal y legítima. Si no es legal, debe denunciarse su actuación en las instancias judiciales pertinentes. Si carece de legitimidad ciudadana, esa oposición será castigada en las elecciones siguientes. La oposición también posee un mandato cívico. Ser minoría circunstancial no anula ese mandato.
Si no se participa de la barbarie, también se aprecia que la administración Arias manejó sin tino su relación con el principal grupo de oposición, el Partido de Acción Ciudadana. El realismo político, después de una elección estrechísima, aconsejaba abrir un espacio sincero de diálogo y negociación. Se optó por las doctrinas del “águila” y del “para eso tenemos mandato”. Se las ha sostenido casi dos años. Se prefirió contar con votos interesados en la Asamblea antes que lograr un frente político que contemplara un Tratado de Libre Comercio con caracteres nacionales y sociales surgidos de un debate.
Hoy, los votos interesados chantajean. A los errores iniciales se les reitera y enfatiza con la grosera descalificación total. La oposición sintetiza: “Nos tratan como la lepra”. Pero los enfermos de cuidado parecen ser otros.