OTRO INGRESO A LA CONCEPCION SOCIOHISTÓRICA DE DERECHOS HUMANOS

1.- Indicaba Gutmann en su presentación al libro “Los derechos humanos como política e idolatría” que un régimen de derechos humanos nos señala “que debemos tolerar a las personas poco razonables, mientras no supongan un peligro para otros”. Sin embargo, la racionalidad se predica siempre de una acción situada. El sujeto que lleva a cabo su ‘acción racional’ puede estimarla tal, pero otros que se presienten o resultan afectados por ella pueden ver en esa acción un peligro. En Costa Rica hoy, por ejemplo, esta situación se experimenta porque su Corte Plena no objeta el actual plan fiscal si no toca ‘inconstitucionalmente’ “…los beneficios y salarios del Poder judicial” (La Nación, editorial, 17/10/2018). Si desde su propia racionalidad, que no coincide con el criterio racional del periódico, la Sala Constitucional acepta la racionalidad de esta Corte Plena, el proyecto de ley (plan fiscal) “se vendrá al suelo”. Entraron en juego tres racionalidades. Para la del periódico, el efecto de la caída del plan fiscal “…resonará en el mercado financiero local e internacional, con fuerte impacto sobre las tasas de interés y el crecimiento económico. Habrá nuevas presiones sobre el tipo de cambio y el Banco Central se verá obligado a decidir hasta dónde lo defiende a costa de las reservas. El gobierno no tardará en sufrir apremiante escasez de recursos y la inflación asomará su rostro despiadado”. Se dan peligros para otros. El periódico añade: “Sufrirán más –y primero— los pobres. Ni están organizados, como los sindicatos de la Corte, ni tienen poder, como los magistrados”. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia ya declaró que a su instancia “…no le corresponde luchar contra la pobreza”. El editorialista replica que, al parecer “A la Corte Plena le corresponde preservar salarios y pensiones de lujo con el cuento de que en eso está el secreto de la independencia judicial y, por tanto, de la democracia. Mentira (…) El peligro para la democracia no está en las políticas de personal de la Corte, sino en su desprestigio a manos de la corrupción, la indiferencia frente a la precaria situación del país y el destino de sus ciudadanos, especialmente los más necesitados”. Obviamente no se trata de ‘la’ democracia sino del régimen democrático costarricense.

1.1.- Dos actores costarricenses (podrían llegar a ser tres), ambos con poder, chocan a partir de un hecho objetivo pero socialmente producido (es decir, sobre el cual también existe responsabilidad humana): un plan fiscal que intenta salvar una crisis financiera gubernamental que se extendería, de no ser resuelto, a una crisis económica, social y política. La concurrencia de estas crisis (que poseen planos internos y también internacionales) podría dañar severamente el ethos (sensibilidad de seguridad y esperanza, confianza) que se atribuye a los costarricenses. Se trata de un peligro mayor generado por el choque en el que se enfrentan, al menos inmediatamente, dos racionalidades. Una de ellas argumenta que la ‘racionalidad del otro bando’ es, o resulta, falsa y mentirosa. El otro bando, por el momento, calla. Puede callar porque tiene el poder tanto para hablar/decidir en este momento como para callar/decidir.

1.1.1.- Los sindicatos del país mostraron (tal vez siguen mostrando al día de hoy) que carecen del poder para hablar/decidir. Su silencio también mostraría su impotencia relativa. Tal vez no pueden hacer daño sin hacerse daño a sí mismos. El periódico estima que lo mismo le ocurriría a la Corte Plena.

2.- El giro de lenguaje “personas poco razonables” de Gutmann muestra que, al ponerse en situación, enseña su debilidad política al chocar con el ejercicio de poderes sociales que ejercen su racionalidad poniendo “en peligro” a otros. Para Gutmann, que piensa tal vez en individuos y no en instituciones, se trata del límite de la tolerancia y el respeto en la sociedad o sociedades humanas. Podría desvanecerse este límite, por ejemplo, si se estima que el interés de los más (mayorías) está por encima del interés de los menos (minorías). O que el interés de los más fuertes se impone el interés de los producidos como los más débiles. Ambos criterios coinciden en ser políticos. Las racionalidades no se predican de sujetos o individuos autónomos, sino de relacionamientos sociales que pueden generar racionalidades mutuamente excluyentes, complementarias (integrables), suplementarias (añadibles) o paralelas (que carecen de puntos de encuentro). Esta realidad compleja (socialmente no existe una única racionalidad en política) es uno de los ingresos que permite caracterizar a derechos humanos como socio-históricos y no inmediatamente universalizables (con su declaración o reconocimiento jurídico, por ejemplo). Derechos humanos, desde su nacimiento, llevan el sello de su conflictividad política. La aumentan si se deducen de una naturaleza humana (esencia: razón, propiedad, individualidad, por ejemplo) inexistente en situación. Si se plantea e impone una naturaleza humana, se hegemoniza una determinada perspectiva que tal vez no admite considerar o tolerar la racionalidad inherente a derechos humanos que otros estiman necesarios y legítimos. En un ejemplo curioso, la libertad de conciencia desatiende que la subjetividad permitida y aplaudida a un empleador y a su fuerza económico-política, empresario que contrata obreros u obreras con fuerza social menor a la de él y rara vez aplaudida o reconocida con agrado (el empleador, por ejemplo, exige papel de antecedentes a quien le solicita empleo; el que busca empleo ni siquiera intenta exigir papel de antecedentes a quien podría emplearlo). Derechos humanos (generalizados o universales) se ven cuestionados ocasional o sistémicamente por las determinaciones relativamente rígidas (finalmente una sola ‘racionalidad’ que juzga y se impone a todas las otras ‘racionalidades’), generadas en una matriz común pero conflictiva. Derechos humanos no se predican desde los individuos, sino desde las sociedades, con sus conflictos e integraciones relativas, como totalidad.
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