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Artículos en Ojo Censurado

2007. 

 

    1.- El contexto degradado

 

    La decisión, ante las trabas legislativas, de los grupos económico-políticos reinantes de llevar la aprobación o rechazo de un Tratado de “Libre” Comercio con Estados Unidos y otras economías del área a una consulta ciudadana vinculante a efectuarse en el próximo octubre, no ha contribuido, como habría sido lo deseable, a animar y renovar la cultura política de un país que resintió esta cultura en crisis ya desde la década de los noventas y que fue testigo, inicialmente indignado, de los arrestos judiciales de dos ex-presidentes y la fuga internacional de un tercero (los tres sospechosos de ingresos ilícitos conectados con perjuicios a los servicios públicos) en el comienzo de este siglo.

   La crisis de la sensibilidad política costarricense se liga al menos con los siguientes factores: el cese de los conflictos armados masivos en el área centroamericana la hizo ingresar de lleno en el terreno de la mundialización económica y social. La lógica internacional de acumulación de capital contiene exigencias que chocan frontalmente en Costa Rica, aunque no en el resto del área, con un sistema de instituciones sociales (banca, salud, seguros, comunicaciones, energía, educación) que encarece ‘artificialmente’ la fuerza laboral y bloquea la acción ‘purificadora’ del capital transnacional en el mismo proceso en que promueve, desde la década de los cincuentas del siglo pasado, protección social y servicios a la mayoría ciudadana y también, desde los setentas, constituye el botín clientelar de los “buenos negocios” entre los políticos-empresarios y las empresas locales y transnacionales.

   La década de los noventas abrió de lleno, entonces, tres tipos de conflictos hasta ese momento disimulados y para los que los ‘partidos tradicionales’, colapsados, en tanto partidos, a inicios de los noventas, carecían de respuesta ciudadana y electoral. Un grupo de conflictos surgía del enfrentamiento entre la reproducción del sistema social vigente con las exigencias del ‘libre comercio mundial’ dominado en esta área por EUA; otro, del debilitamiento de las corruptas alianzas internas que configuraban los ‘buenos negocios’ de las minorías reinantes; un tercer frente se derivaba de la degradación de los servicios sociales (y su impacto en la existencia cotidiana) y la irritación, desánimo y agresividad que ello provocaba en la población. Los actores económica y políticamente dominantes no tenían, ni tienen, ninguna estrategia integral para estos conflictos ni tampoco para cada uno de ellos por separado. Para el primero, la neoligarquía llama a “romper monopolios públicos” e imitar a Irlanda o a Nicaragua “que ya firmó el TLC”. Esperan de ello una regresiva transformación estructural que les devuelva el total control del país. Para resolver el segundo grupo de enfrentamientos, esta misma neoligarquía decidió “ejecutar” selectiva y judicialmente a algunos políticos prominentes y empresarios medianos subestimando que las instituciones, en particular las instancias judiciales, y ciertas tramas sociales, están hechas para que ellos sobrevivan. Se trata de una pelea lenta, confusa y todavía no resuelta en la cual los circuitos judiciales resultarán conmocionados y probablemente degradados. El tercer escenario se intenta resolver a la brava reanimando la Guerra Fría: quienes protestan son “comunistas”, terroristas”, “sindicalistas” (en la Costa Rica oficial esto último constituye insulto), agentes de Chávez y Castro, etc. Por supuesto, este tipo de ‘resolución’, ideológico-moral, agrava y polariza las conflictividades.

   El mal diagnóstico (previsible) de la crisis y la ausencia de propuestas para salir de ella, han cobrado ya víctimas. Las argollas ‘partidarias’ que administraban tradicionalmente el país se han deshecho o están en proceso de hacerlo. Socialcristianos y socialdemócratas (son solo nombres), o “calderonistas” y “aristas”, solo aspiran hoy a reapoderarse como pandilla de una administración pública que sirva a los negocios transnacionales. Los más avispados esperan sacar provecho propio de ello. El colapso de los partidos ideológicos ha significado el ingreso al ámbito público de grupos de presión (medios masivos y cámaras empresariales por la neoligarquía, sindicatos públicos, los únicos semitolerados, por el Estado social de derecho). La ciudadanía y la población ha mostrado su descontento e impotencia mediante la abstención electoral (que ya ha alcanzado el 40%; la cifra previa histórica era de alrededor del 20%) mientras contribuye a la degradación sistemática de la existencia, especialmente en los centros urbanos (la tasa de robos se incrementó en los últimos 15 años en un 700%, el tráfico de drogas en 280%, las agresiones en un 100%, los homicidios en un 50%, los pordioseros e informales constituyen masa en las calles, los gamberros destruyen los sitios públicos, los gobiernos han abandonado la mantención de infraestructura, el irrespeto y la violencia campean en las calles y carreteras, etc.).

   Más grave, la desconfianza e irritación, antes dirigidas contra las autoridades y ‘extranjeros’, ha comenzado a trasladarse a las instituciones políticas y al Estado de derecho. Instancias como los circuitos judiciales, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa, los Ministerios y la Presidencia, se valoran públicamente ya por sectores diversos de la población como espacios de corrupción e impunidad que siempre “favorecen a los mismos”. Un sector minoritario pero creciente de ciudadanos aceptaría un gobierno autoritario que resuelva y “mejore las cosas”. Los hermanos Arias, actualmente en el gobierno, y cuyo estilo pasa por concentrar poder operativo, no son ajenos a este requerimiento de ‘gobernabilidad’. Voces aisladas pero persistentes, desde una derecha inflamada, llaman en los medios masivos,  a “liquidar” a los malos costarricenses. El orquestado carácter parcial de estos mismos medios, y su función partidista, contribuyen, como efecto no deseado, a la deslegitimación cotidiana de instituciones y del sistema. En el otro polo, son cada vez más numerosos quienes estiman que el sistema está podrido y no tiene retorno ni salvación. Pero en este polo el desencanto no constituye factor de articulación. Imperan la desagregación, el focalizado ímpetu sin capacidad de convocatoria y la intuición fatalista de que ya no vale ocuparse de política y que es mejor ensimismarse en los asuntos propios.  O alinearse como clientela de los poderosos.

   En este contexto política y socialmente degradado, que corona un crecimiento económico sostenido por inversión transnacional sin mayor articulación local, la ciudadanía costarricense enfrenta su primer referéndum.
 

 

    2.- Elegir en tinieblas 

 

    El 7 de octubre próximo la ciudadanía costarricense participará por primera vez en su historia en un referéndum. Lo hará tomando una decisión sobre la inconveniencia o conveniencia de aprobar un Tratado de ‘Libre’ Comercio con Estados Unidos y otras economías mesoamericanas. La situación a votar no es la mejor para un primer referéndum. El pacto acordado con EUA careció de control y responsabilidad política por el lado de los costarricenses de modo que el tratado se negoció rápido y mal. La falla no recae tanto en el equipo negociador (tecnócratas soberbios culturalmente neoliberales con escasa sensibilidad social y guiados por la imagen de que el tratado forzaría a Costa Rica a competir en las “grandes ligas”), sino en quienes lo designaron (las administraciones Rodríguez y Pacheco, ambas ‘socialcristianas’) y, posteriormente, le permitieron avanzar en acuerdos (firmes, en el sentido de no cambiables, aunque debieran ser sancionados por acuerdo legislativo) para que los que no se había trabajado previamente una sensibilidad política concertada y positiva y que comprometen servicios públicos de salud, energía y comunicaciones que ha hecho de Costa Rica un país diferente.

   El TLC resultó así una bomba política en un país sin partidos ideológicos (y, con ello, sin proyecto-de-país comunicable) pero sobre el que diversos grupos de presión, empresariales, campesinos y trabajadores, por ejemplo, poseen historias y expectativas muy diferenciadas. Para los grupos empresariales más poderosos y sus tecnócratas, el TLC con Estados Unidos conlleva una imprescindible reforma del Estado (llamado actualmente Estado Social de Derecho) en el sentido de disminuir o quitar del todo los “privilegios” de que han gozado tanto la fuerza laboral del país como los productores ‘nacionales’: subsidios en educación, salud, energía, comunicaciones, convenciones colectivas, vivienda, precios políticos… vía la “apertura de los monopolios públicos” y la competitividad forzada por la desrregulación. Para ellos, es tiempo de privilegiar a los consumidores, no a los productores. Para otros  propietarios, se trata únicamente de la necesaria ‘modernización’ del país en esta fase de globalización. Habrá ganadores y perdedores, pero en el camino se arreglarán las cargas. Considerado como bloque, que no lo es, el bando del No (en el que se ubican los sectores sociales con más educación, algunos pocos empresarios, trabajadores organizados, ecologistas, las universidades públicas con alguna excepción, campesinos, indígenas, y un partido emergente: el PAC, etc.) rechaza este TLC porque estima que pequeños productores rurales y otros sectores que proporcionan la mayor parte del empleo  y del Producto Nacional Bruto no podrán competir con productos subsidiados como los estadounidenses. Del mismo modo estiman que la taimada apertura de los monopolios públicos al capital transnacional terminará por destruir, en un lapso breve, lo que resta de economía solidaria, como el sector cooperativo, en el país. Con ello se desplomaría el “modelo costarricense” que los analistas especializados suelen oponer, con mejor o peor juicio, al modelo cubano (estatista) y al modelo chileno (neoliberal).

   Ambos bandos tienen sus extremistas (ya mencionamos que algunos pocos, pero publicitados, reclaman un Pinochet costarricense que libre al país de los opositores). En el bando del No algunos, también pocos, rechazan todo TLC por capitalista, o por tratarse de una amarra con el imperialismo estadounidense o por consolidar nuevas formas burguesas de explotación y dominación.

   Pero el grueso de la ciudadanía o ignora los alcances del tratado (fue tramitado como secreto y conforma un librote poco atractivo, con secciones en inglés) o asume que quienes están a cargo saben lo que hacen. Probablemente en esto último se equivocan. Que el gobierno de los Arias no sabe estrictamente lo que apoya lo muestra su propaganda millonaria a favor del Sí (en el que comprometió sus dos primeros años de administración). La basa en dos pilares: el TLC creará muchos empleos de calidad (quienes hoy tienen un auto Hyundai pasarán a manejar un BMV, frase del presidente en ejercicio) y su administración es sobresaliente (y por ello creíble) en todos los campos, especialmente en el de la seguridad, la libertad de cultos (sic) y, recientemente, en la política salarial hacia los trabajadores públicos. Votar el Sí es votar por el Buen Gobierno que da de todoa todos. En breve, se intenta ganar apoyos (con fortísimo respaldo mediático y gasto millonario) populistamente. El bando del No carece del financiamiento que muestra el Sí. Formula también exageraciones como que el TLC supondría el final de la historia para los costarricenses, pero sus sectores más significativos han estimulado el debate, han puntualizado su oposición a este TLC, no al libre comercio, su voluntad para renegociarlo (aprovechando el descenso político de la administración Bush o la oposición interna en Estados Unidos a estos tratados) y, sobre todo, su voluntad de inscribirlo en una estrategia de desarrollo, no solo de crecimiento, para Costa Rica.

   Visto así, en esta pugna de ruidos, tinieblas, tremendismos, autobombo, compra de votos e instituciones (la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa aparecen como la más golpeadas en este último frente), rasgamiento de vestiduras, ignorancia e indiferencia, quienes han sostenido el No muestran haber ganado ya algunos puntos en un frente: los Arias parecen aceptar que este TLC será inscrito en una política de diversificación de exportaciones/importaciones que podría considerarse factor estratégico de un modelo de desarrollo propio. Luce como un logro baladí, pero en las tinieblas imperantes podría alcanzar trascendencia.

   Aunque por supuesto, si los hermanos Arias y su gobierno de secretarias ejecutivas y clientelas (que no son incompatibles), consiguen el Sí, es probable que abandonen lo que inercialmente los torpes flujos de fuerzas los han obligado a considerar.