N° 1731, septiembre 2007.
El jueves 13 de septiembre el gobierno de los hermanos Arias da muestras de su voluntad de echar tierra al desatino mayúsculo de Casas/Sánchez. Su Consejo de Gobierno notifica al país la separación temporal de Casas en el Ministerio de Planificación. Su Vicepresidencia de la República parece quedar congelada. Rodrigo Arias declara: “Sus funciones (las de Casas como Vicepresidente) son muy pocas (…) hace lo que el Presidente estima que haga. Así es que (…) no tendría ninguna función específica”. En la Asamblea Legislativa yes men y secretarias ejecutivas aristas no dan quórum para evitar que se continúe discutiendo la burrada que enseñó uno de los rostros verdaderos del Sí. Los diputados se declaran “enfermos”, aunque no de asco, o trabajando por ‘la causa’. Alerta roja para la ciudadanía y el país.
Sin embargo, quedan asuntos pendientes. El correo de la infamia, según reconocen el Presidente del país y su hermano, Ministro de la Presidencia, fue leído por ellos y no contestado. Tras el escándalo, agregan: “No lo compartimos”. Pero el memorando, de seis páginas, cuya extensión y redacción no da muestras de ninguna emoción pasajera (quizás fue mejorado por la correctora de estilo del millón de dólares), contiene textos que hieren la investidura del Presidente y de su hermano. ¿Se puede exigir al mandatario, y por escrito, que pierda todo pudor? “No hay que tener pudor alguno en meterle miedo a la gente”, redactan Casas/Sánchez. ¿No constituye esto una afrenta para las posiciones institucionales del Presidente y de su hermano y también para su dignidad personal? ¿No amerita la agresión una réplica, un enérgico Stop, una sanción inmediata? La declarada no-respuesta de los hermanos Arias parece revelar que este peculiar trato les resulta usual. No los inquieta ni se sienten ofendidos.
Y si este estilo procaz, brutal, se utiliza cómodamente en memorando público, ¿qué se les arrojará en las conversaciones privadas, cara a cara, al Presidente y su Ministro de la Presidencia? ¿Cómo se escarnecerá en ellas ciudadanos e instituciones democráticas?
Otrosí: ¿no se instiga a un delito al Presidente y a su hermano cuando se le pide chantajear a los alcaldes “liberacionistas” con cero transferencia de fondos públicos si no ganan en su cantón el 7 de octubre? ¿Pueden el Presidente y su hermano aceptar que se les plantee este reclamo? ¿Qué poder poseen Casas/Sánchez (y quizás cuántos otros que no incurren en el error de enviar correos) para rebajar así a los Arias? ¿Así de atrevidos ‘pensaban’ los 1000 de la propaganda?
El asunto, por dignidad, exigía un enérgico rechazo. Una llamada de atención. Una señal de decoro en el ejercicio de la función pública.
Fue un error dar la callada por respuesta. Si se calló, solo queda ahora a los principales dirigentes del país presionar con transparencia y donde corresponda la salida de los desfachatados. Su investidura nacional, más allá de las personas, se los exige.