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Preliminar

El amplio triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos1 en diciembre del año 2005, y la asunción presidencial de su principal dirigente, Evo Morales, en enero de este año, han reforzado la imagen periodística y geopolítica de un “retorno de la izquierda” en América Latina, imagen que puede ir acompañada de tesis reactivas como las que señalan que “es necesario poner orden y responsabilidad racional” en la política del área y que resulta urgente “monitorear sus democracias”. Por supuesto, la imagen de un retorno de ‘la’ izquierda es enteramente falsa, ya sea porque comprende gobiernos tan disímiles, por sus agendas locales e internacionales, como los encabezados por Lula en Brasil, Bachelet en Chile y Hugo Chávez en Venezuela, como porque se trata principal, aunque no exclusivamente, de procesos parlamentarios que, en el marco de cada país, terminan en triunfos electorales ‘de izquierda’, pero no necesariamente en triunfos político-culturales de izquierda, conquistas que deberían sostenerse, en último término, en la organización y movilización, no puramente electoral, de los sectores populares y en la constitución de poderes ‘locales’. La situación brasileña reseña bien esta última conceptuación. Aunque la administración de Lula desempeñe un rol decisivo para evitar iniciativas avasalladoras de Estados Unidos en el área (ALCA, por ejemplo), internamente administra ‘desde la izquierda’ pero sin contenido social popular significativo a un Brasil para las minorías pudientes y los conglomerados transnacionales.2

El punto anterior se relaciona con un desafío central: lo que caracteriza a las izquierdas latinoamericanas, o debería caracterizarlas, tanto si se empeñan en el trabajo parlamentario como en otro tipo de estrategias, no es solo alcanzar el poder, sino transformar su carácter. La transformación de este carácter, excluyente y vertical, o sea centrado en lógicas de dominación, tiene como referente antropológico la promesa moderna de autoconstitución de sujetos: que la gente alcance control sobre sus existencias en entornos que no determina enteramente. En este sentido, las políticas ‘de izquierda’ en América Latina no bajan desde el Estado o el Gobierno, sino que se autoconstituyen en sus formas decisivas en el seno de las tramas sociales básicas. Estado y gobierno, partidos populares y liderazgos, pueden crear condiciones para esta autoconstitución. En términos conceptuales esto permite señalar que la administración Lula no es de izquierda y que, por el momento, la experiencia bolivariana local y regional que encabeza Hugo Chávez tampoco lo sería. Ello no significa denunciar a estas administraciones y procesos como fraudes o anatematizarlos como “los peores enemigos del pueblo”. Únicamente se los describe como no siendo de izquierda, lo que no impide que puedan representar papeles positivos al interior de los sectores populares o interpelar sensibilidades ‘de izquierda’.

Interesa en estas notas enfatizar los aspectos que hacen de la experiencia boliviana encabezada por el gobierno del MAS-IPSP un posible gobierno de izquierda radical. Las notas han sido redactadas desde fuera del proceso boliviano y se resienten de ello. En el análisis político popular nada reemplaza poder sentir y acompañar el testimonio de la gente que protagoniza procesos reivindicativos radicales y de liberación y, también, la calidad del resentimiento y odio que expresan sus opositores y enemigos. En otro ángulo, la fase actual, en la conducción del gobierno, del proceso boliviano, es muy reciente y existen factores objetivos, internos e internacionales, que podrían dañar o alterar el curso que señalamos en estos apuntes. Sirvan ellos entonces solo como aliciente para una discusión en el camino de comprender lo que se juega hoy en Bolivia y América Latina.


Introducción a tres gobiernos antioligárquicos latinoamericanos

En mayo de este año en curso los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela firmaron un Tratado Comercial de los Pueblos. Los tres gobiernos tienen en común el configurar, para la visión estadounidense y de la prensa comercial, el “eje del mal” hemisférico. Este ‘eje’ congregaría las políticas irresponsables (nacionalistas o populistas) y al obsoleto ‘comunismo’ y estaría vinculado a acciones desestabilizadoras como el narcotráfico, el terrorismo y el bolivarismo. Si nos alejamos de este imagen oficial, los tres gobiernos tienen también en común el que sus políticas (exitosas o frustradas) se acompañan de un fuerte discurso antioligárquico, es decir contra las instituciones y lógicas (locales e internacionales) que discriminan y excluyen y por la articulación o integración nacional y regional. Así, por ejemplo, el Tratado Comercial de los Pueblos recién mencionado promueve la complementariedad frente a la competencia, la convivencia con la Naturaleza contra la explotación irracional de los recursos y la defensa de la propiedad social frente a la privatización externa en el marco de un enfrentamiento a las propuestas neoliberales en curso. Valora el comercio y la inversión no como fines en sí mismos (la sacralización del ‘crecimiento’ económico) sino como medios o factores para un desarrollo humano.

En América Latina, cuya dinámica social y formas de propiedad y prestigio producen empobrecidos y excluidos de todo tipo3, las políticas antioligarquicas o antineoligárquicas han constituido fenómenos inscritos o en esfuerzos de modernización sin explícito referente de clase o en procesos conducidos por un imaginario de izquierda en el sentido de una ‘actualización’ que beneficie a los sectores sociohistóricamente postergados. Los procesos de ‘modernización’ han llevado a la constitución de las nuevas oligarquías (industriales, tecnócratas, alta burocracia pública y privada, capas medias altas, medios masivos) que hoy reinan en alianza con las antiguas oligarquías (terratenientes, banqueros, comerciantes importadores, ejércitos, jerarquía eclesial) y constituyen la expresión local o ‘nacional’ del sistema imperial de dominación vigente en el hemisferio. De modo que las condiciones sociales, económicas y culturales de América Latina han hecho posible tanto un discurso antioligárquico no izquierdista y una práctica antioligárquica de izquierda.

Señalamos que los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela tienen en común un discurso antioligárquico y antineoligárquico. Este hecho no los hace, sin embargo, inmediata e igualmente ‘de izquierda’ o de izquierda radical. Conviene reparar aquí en determinados aspectos de los diversos procesos de gestación de estos gobiernos para introducirse a la distinta manera que tienen de ser antioligárquicos (que inevitablemente significa anticapitalismo dependiente) y, por tanto, a las posiciones diferenciadas que ocupan dentro de un espectro ‘de izquierdas’. El proceso revolucionario cubano se dio un gobierno nacional tras una guerra popular, fue casi inmediatamente separado del hemisferio y bloqueado por Estados Unidos y resolvió desafíos internos e internacionales aceptando su cooptación por el bloque de países socialistas históricos dominado por la Unión Soviética (mercado socialista). Su experiencia pasó entonces enteramente a inscribirse en el marco de lo que se llamó “Guerra Fría”. En este marco el gobierno cubano combinó sus posturas martianas o nacionales (cubanía) con la ortodoxia ideológica del marxismo-leninismo. La última incluye la ausencia de oposición efectiva y se expresa en un sistema político que tiende a una altísima concentración de poder. En Cuba no ha existido oposición al gobierno revolucionario por factores diversos y de distinto peso. Tempranamente hubo un masivo exilio y expulsión de grupos opulentos, profesionales y sectores confesionales. Posteriormente la Constitución cubana (1975) tornó ilegal la oposición política que se realizara fuera del Partido Comunista. La política estadounidense de financiar a los grupos opositores (incluyendo terroristas), dentro y fuera de Cuba, deslegitimó en mayor o menor medida todas las formas de oposición. Una alta centralización del poder, con al menos un ciudadano por encima de toda sospecha, y la compleja empatía derivada de una vigorosa conducción carismática, favorecieron el manejo vertical de las decisiones políticas. Finalmente, el sitio y embargo con efectos de bloqueo por parte de Estados Unidos y la permanente conspiración de su Departamento de Estado por destruir la experiencia revolucionaria y liquidar a su dirigencia contribuyeron decisivamente en la creación de una sensibilidad que hizo de los opositores, enemigos. En efecto, en Cuba se ha vivido, desde 1959 a la fecha, una guerra.

La no factibilidad de una oposición interna efectiva, cualesquiera sean los entornos que determinan esta no factibilidad, genera, en lo que aquí interesa, las condiciones para la eventualidad de una forma no tradicional de oligarquía, en su sentido lato de conducción y dominio por unos pocos, que pueden institucionalizar mecanismos de discriminación y de exclusión o reforzar algunos ya existentes, como el machismo y la pasividad ciudadanas. La forma no tradicional de esta oligarquía (que ni es plutocracia ni tampoco necesariamente el dominio de los peores) con destinatario popular es que se orienta a universalizar opciones en salud, educación, seguridad, recreación y propiedad para los sectores empobrecidos y hace de la honestidad de sus principales dirigentes un referente cultural y social. En la experiencia cubana, además, la conducción por “estos pocos” se inscribe como una experiencia de desarrollo nacional tal como se la entendió después de la Segunda Guerra Mundial bajo el enfrentamiento cara a cara de capitalismo y socialismo.

La experiencia venezolana, abierta en su fase actual por el triunfo electoral del Polo Patriótico y el Movimiento V República (fundado en 1997 por Hugo Chávez), en las elecciones de 1998 y 1999 (Constituyente), se da en el marco de un colapso completo de las organizaciones políticas tradicionales (COPEI, AD e izquierdas) y sus clientelas sociales, y por el debilitamiento y posterior naufragio de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Se trata del hundimiento del sistema político y de su reconstitución bajo un liderazgo chavista asentado en votaciones masivas. Aunque el antecedente social más lejano de la experiencia bolivariana venezolana es el ‘caracazo’ popular espontáneo y, sin paradoja, antineoliberal, de 1989 contra Carlos Andrés Pérez, el chavismo no ganó ni ha avanzado sostenido por un movimiento social articulado, sino apoyándose en la cohesión de las fuerzas armadas en ejercicio y en una multitud de espacios populares dispersos y sin mayor centralización política ni cultural. Esto, o sea la ausencia de ‘poder local’, de alguna manera ‘obliga’ a la dirección chavista a intervenir verticalmente en sus bases de apoyo social, ya sea a través de las misiones4 o por medio de prácticas clientelares más tradicionales, como en el caso de las ayudas a los trabajadores reunidos en la recientemente creada Unión Nacional de Trabajadores, o por medio de aparatos bolivarianos de ‘coordinación’ desde arriba. En términos esquemáticos, la conducción política chavista interviene en los grupos sociales para procurar ganarlos para sus objetivos o para subordinarlos a ellos. Lo acelerado del proceso, la entera descomposición previa, la claridad acerca de las metas a alcanzar (sin mayor inquietud por la eficacia de los medios), el apoyo de personal cubano, la formación militar de Hugo Chávez y su personalidad carismática son factores de este proceso de intervención. A diferencia del proceso cubano, y por su carácter institucional con separación formal de poderes, la experiencia venezolana tiene oposición interna, aunque desagregada y errática especialmente después del fracasado golpe de Estado abril del 2002. Por ello, y pese a la forma parlamentaria del proceso bolivariano, el colapso del sistema político tradicional alcanza un efecto parecido al logrado por la guerra revolucionaria cubana: la ausencia de oposición, aunque en el caso venezolano este vacío es situacional. De todas formas, el permanente esfuerzo, quizás inevitable, por incidir verticalmente en los grupos sociales populares para ganarlos para ‘la’ causa, ha conseguido acentuar la polarización venezolana en chavistas y antichavistas, polarización que tiene caracteres ideológicos y de clase pero también enseña una realidad social más compleja: la ineficacia del proceso, hasta el momento, para captar el apoyo de sectores medios de la población. Venezuela avanza así hacia una cultura de enfrentamiento (en un contexto internacional no solidario con el bolivarismo) en el marco de lo que parece un proceso politicista de modernización o actualización inclusiva aunque sin autonomía para los sectores populares. En breve, la conducción chavista del proceso carece de interlocutores tanto hacia la izquierda como hacia el centro y la derecha. Su espacio político tiende a quedar caracterizado como uno que contiene clientelas y enemigos.

Tanto la experiencia venezolana como la cubana tienen en común ser procesos politicistas (es decir que operan desde el poder estatal y gubernamental abstrayéndose, mejor o peor, de la significación radical de las tramas sociales básicas y complejas en los proyectos liberadores). El politicismo se nutre tanto de la composición estructural de las formaciones sociales modernas y capitalistas (economía política ‘natural’ y Estado ‘artificial’, consensual o consociativo) como de las ideologías que, surgidas desde esta composición estructural dicotómica o tricotómica (si se incorpora el ámbito privado familiar), hacen parecer como enteramente diferenciadas por su naturaleza las existencias particular y pública. En la primera, por ejemplo, puede reinar el egoísmo; la segunda se organiza y dirige por el ‘bien común’ o al menos por la felicidad para la mayoría. El prestigio ideológico del ámbito público (Estado, gobierno) se deriva de su racionalidad ética y del carácter universal de su dominio jurídico. En términos conceptuales, las políticas públicas deberían ser siempre racionales y alcanzar máximamente sus objetivos porque son diseñadas y ejecutadas por funcionarios que solo buscan el bienestar común. Pueden cometer errores o enfatizar disfunciones, pero se encuentran al mismo tiempo en la posición óptima para reconocerlos, criticarlos y corregirlos sin acumular innecesariamente daños. Se entiende que los ideologemas politicistas son particularmente extravagantes cuando se verbalizan y practican en formaciones sociales donde Estado y gobierno son reconocidamente patrimonialistas y clientelares (sin que sea necesario discutir su dependencia internacional y su carácter de clase y sexo-género), lo que los torna políticamente corruptos y venales. El discurso politicista “resuelve” estos últimos escándalos atribuyéndolos a individuos corruptos y venales o a situaciones ‘de excepción’ (como en los casos de terror de Estado). Aunque no es del caso tratar aquí de ampliar esta discusión, el politicismo cubano y venezolano descansa en el imaginario burgués básico y lo adereza con una filosofía de la historia en la que los últimos serán llevados a los primeros lugares, mediante el inapelable papel rector de las vanguardias, la eficiencia de la ingeniería militar o partidaria y el caudillismo carismático. El efecto también básico, ya hemos señalado, deseado o no deseado, es la configuración de un nuevo tipo de oligarquía funcionaria5 y la reaparición de las antiguas formas de corrupción y venalidad6 acompañadas con la gestación de algunas originales.

La experiencia boliviana, conducida desde la presidencia por el MAS-IPSP, se diferencia notoriamente por su gestación de las experiencias cubana y venezolana. Aunque coincide con esta última en su carácter parlamentario-institucional, sus antecedentes están en enérgicas movilizaciones sociopolíticas que, a su vez, se apoyan tanto en las experiencias de contraste histórico que caracterizan a los pueblos originarios de Bolivia: aymaras, quechuas y guaraníes, como a su más moderna experiencia de lucha obrera, campesina, especialmente la cocalera, y ciudadana. La elección de Evo Morales a la presidencia, con casi el 54% de los votos, forma parte, quizás decisiva, de un proceso en el que los sectores populares bolivianos libraron y ganaron dos batallas que bordearon lo insurreccional: la Guerra del Agua (centro en Cochabamba, 1999-2001) y la Guerra del Gas (centro en El Alto, octubre del 2003). Los nombres de estas guerras son en buena medida simbólicos respecto de la realidad popular boliviana. Se trata de batallas orientadas a la defensa y reconquista del agua decisiva para la vida y de una de sus últimas riquezas naturales amenazada por la enajenación oligárquica y capitalista: los hidrocarburos. El sistema imperial de dominación ha hecho de Bolivia una economía centralmente primaria-exportadora funcional para el capitalismo global. En Bolivia la alianza oligárquico-corporaciones transnacionales se ha llevado prácticamente todo: plata, estaño, madera, agua, zinc. Sus vecinos latinoamericanos, Chile, Brasil, Paraguay, le han despojado de territorios equivalentes a medio millón de kilómetros cuadrados. Chile, en particular, mediante una guerra de rapiña, lo privó de 158.000 km2 y de salida al mar. Vecinos, oligarcas y transnacionales han querido llevarse todo de Bolivia, excepto la población7 a la que siempre se ha despreciado interna e internacionalmente. Los ajustes estructurales exigidos por la globalización han aumentado dramáticamente el desempleo (el urbano pasó de 4.3 a 8.7 entre 1997 y el 2004) y elevado la cifra de empobrecidos y miserables al 70% de la población. Bolivia es un nombre que condensa en el límite el capitalismo dependiente latinoamericano con conducción oligárquica y ‘respaldo’ internacional: a su población mayoritaria la han despojado de todo en el mismo movimiento que se ha discriminado, invisibilizado, explotado y reprimido a su población originaria, a sus campesinos y a sus trabajadores.

La Guerra del Agua (huelgas, cortes de carreteras, enfrentamientos armados contra las tropas oficiales) fue protagonizada por indígenas, juntas vecinales, algunos sindicalistas, cocaleros, estudiantes, asociaciones de profesionales, campesinos y transportistas, sostenidos por el apoyo de la población de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y organizados en un sindicato ciudadano (Coordinadora de Defensa del Agua)8 que dieron su lucha bajo el lema “Por el Agua y por la Vida”, sentencia que condensa bien el carácter radical de su empeño. El presidente Hugo Banzer, jaqueado por los alzamientos populares, las denuncias de corrupción y su fragilidad personal, renunció en agosto del 2001. La empresa estadounidense Bechtel, que estaba en el centro del conflicto, ya que el gobierno central y el Municipio de Cochabamba le habían concedido el servicio y la distribución del agua y también los medios legales para sustraerla del control de la población y transformarla en mercancía, fue expulsada de Bolivia. En esta ocasión, y tras un período de decadencia de la resistencia popular, una acción que hería las costumbres y usos de los campesinos, de las comunidades indígenas y de la ciudadanía emergente no quedaba impune. La resistencia social y política, centrada en la Coordinadora del Defensa del Agua y de la Vida, forzó la renuncia de un presidente, expulsó a Bechtel y recuperó el agua y, con ella, alimentó para todos su esperanza de vida.

La Guerra del Gas (octubre del 2003) se generó al encadenarse la lucha de campesinas y campesinos por la liberación de uno de sus dirigentes, demanda reprimida con ferocidad por el gobierno, con otras demandas (abrogación de la ley de Seguridad Ciudadana, indemnización a los familiares de los campesinos asesinados y heridos en los enfrentamientos, medios de trabajo, salud, educación y mercados para los campesinos) y, finalmente, con el rechazo a la decisión del presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, para vender el gas boliviano a Estados Unidos exportándolo por puertos chilenos. Esta repudio avanzó desde pedir la exportación por puertos peruanos a solicitar la industrialización del gas en Bolivia (exportar con valor agregado) y, finalmente, exigir la renuncia del presidente. La batalla popular incluyó bloqueos de carreteras, huelgas, marchas, paros cívicos, detención de turistas como rehenes y enfrentamientos armados. El gobierno contestó con la militarización de El Alto (ciudad de unos 700.000 habitantes) y represión policial y militar. El MAS, incorporado de lleno a esta lucha, y otros sectores sociales, demandaron la nacionalización de los yacimientos de gas y la renuncia de Sánchez de Losada. Los diarios hablaban de una “Revolución Aymara”, y el gobierno se dispersó como resultado de la represión brutal ordenada por el Presidente. En la tercera semana de octubre, campesinos, mineros y comités ciudadanos sitiaron la casa presidencial exigiendo la renuncia del presidente. Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos y dejó su renuncia por escrito. Asume el Vicepresidente, Carlos Mesa, quien solicita una tregua para emprender la reconstrucción del país, y se compromete a llamar a un referéndum sobre la venta del gas boliviano, a modificar la Ley de Hidrocarburos y discutir el llamado a una Asamblea Constituyente. No cumplirá nada. Sitiado por las demandas populares para que se les restituya Bolivia, se ve forzado a adelantar las elecciones para diciembre del 2005. El resultado de éstas ya se sabe.

En lo que aquí interesa, la experiencia boliviana encabezada por el MAS-IPSP es centralmente parlamentaria pero posee un componente (a veces agregado, en otras diferenciado hasta la hostilidad) social, ideológico y político popular no parlamentario. Se trata aquí de una oposición popular de izquierda con recientes experiencias de organización y lucha (y otras más históricas) que el gobierno actual no puede ignorar y que difícilmente podría ser cooptada. La eventualidad de una represión de estos sectores está, en esta fase, asimismo, descartada. Esta oposición ‘de izquierda’ se ha constituido a veces contando con el accionar político de Evo Morales y en otras funcionando paralela y encontradamente con él. Aunque electoral y parlamentariamente esta oposición es irrelevante, su importancia es social y cultural lo que implica que su acción agitativa tiene capacidad de convocatoria. En los meses iniciales de la administración del MAS el ethos de esta izquierda se ha manifestado, por ejemplo, en reivindicaciones salariales y de empleo (Central Obrera de Bolivia, maestros, trabajadores de la salud), demandas impositivas (transportistas), paros cívicos (Beni), agitación minoritaria de grupos indígenas sobre su derecho a la territorialidad, bloqueos de carreteras y también exigencias de amnistía para los presos políticos

Al mismo tiempo, el gobierno del MAS-IPSP debe enfrentar una oposición de derecha (oligarquía, empresarios, transnacionales) que no tiene posibilidades de gobernar, pero que posee capacidad de bloqueo institucional debido a su representación numérica en el Senado, y que posee fuerza ideológica y capacidad específica de convocatoria con las tesis autonomistas o regionalistas que le dieron triunfos electorales en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, áreas que, combinadas, reúnen un 20% de la población boliviana. Además de su capacidad institucional y fuerza departamental (en particular Santa Cruz donde se ubican los yacimientos de gas) esta derecha es sólidamente racista y etnocéntrica, desprecia a los indígenas y estima que un ‘patán’ como Evo Morales puede ser comprado o no pasará de ser un mal pasajero. El llamado a votar simultáneamente, a inicios del mes de julio de este año, la elección de delegados a la Constituyente y las autonomías departamentales, ha constituido su primer posicionamiento en un proyecto para avanzar hacia la completa desnacionalización, vía la fragmentación económica y administrativa, de Bolivia, y debilitar hasta anular al gobierno del MAS-IPSP. Esta oposición busca asimismo ligar sus planteamientos con las luchas reivindicativas ‘de izquierda’ y puede contar con el apoyo, abierto o disimulado, del entorno internacional e, internamente, de la jerarquía católica (más del 85% de los bolivianos se reconoce católico) y los medios masivos.

Sobre el párrafo anterior conviene destacar que la cuestión de las autonomías departamentales (y nacionales) en Bolivia admite diversas lecturas. La más fuerte es la que se entronca con las reivindicaciones de los pueblos originarios y está presente en la convocatoria a la Constituyente que encabeza el gobierno del MAS. Para este enfoque, las autonomías se entienden centralmente como el reconocimiento humano y jurídico de los pueblos y naciones excluidos, su derecho a la territorialidad y a un gobierno propio en el marco de una articulación nacional multinacional y pluricultural que refuerza (para el caso de Bolivia constituye por vez primera) una soberanía popular. Autonomía de las naciones indígenas y constitución de una nación boliviana pluricultural no se entienden aquí como procesos paralelos o antagónicos. Una lectura muy distinta de las autonomías hacen los grupos de derecha, oligárquicos y neoligárquicos o ‘modernizadores’, apoyados en las prefecturas regionales de oposición (seis de un total de nueve). Inscriben su reclamo en el imaginario de la “guerra de los ricos contra los pobres” anunciada por la pareja Toffler.9 Específicamente en el caso de Santa Cruz de la Sierra se trata de enajenar al pueblo boliviano los yacimientos de gas y el entorno de negocios que ellos generan y de administrarlos en beneficio de minorías regionales y de las corporaciones transnacionales. La referencia es aquí a una ‘autonomía’ que prolonga y acentúa la descomposición histórica de Bolivia y busca sancionar jurídicamente su feudalización. Los discursos se enrarecen porque el tema de las autonomías en Bolivia: reconocimiento, respeto y acompañamiento culturales, descentralización, modernización, democratización, posee legitimidad debido a la necesidad de una profunda recomposición de su Estado que ya no puede operar más sin efectivas transferencias de poder (económico, político, cultural). El desafío es si esas transferencias de poder empoderan a ‘los de abajo’ o acentúan el dominio de ‘los de arriba’. El reto es crucial porque Bolivia contiene actualmente una crisis de dominación, trabajada por los sectores populares y en particular por las organizaciones indígenas, y sale, con el gobierno del MAS-IPSP, de una situación de ingobernabilidad. En esta crisis de de dominación (a la que se suma una crisis estructural derivada del modelo neoliberal aplicado a un capitalismo de Estado obscenamente oligárquico y dependiente) muchos de los ‘de abajo’ ya no aceptan sus situaciones de exclusión, invisibilización y miseria. Una salida de ‘gobernabilidad’ clientelar, o ‘realista’, como la de Lula en Brasil, no parece factible. Una salida hacia la derecha supone una intensa represión y, eventualmente, una (o varias) guerra o la descomposición. Por ello el rumbo, considerando el caudal electoral del MAS-IPSP, parece potenciar un camino nacional con diálogo ‘de izquierdas’, o sea popular, que recibirá un constante acoso neoligárquico. En este sentido el gobierno que encabeza Morales debe transitar desde ser la única opción de gobernabilidad actual (que es una de sus principales fuerzas) para constituirse en factor de un proceso que constituya un nuevo bloque étnico y social de poder político y cultural de modo que al menos la organización oligárquica y neoligárquica, y con ellas el neoliberalismo y la globalización antipopular, de Bolivia, carezcan históricamente de capacidad de retorno. No es asunto de hegemonía, aunque este aspecto esté contenida en el reto, sino radicalmente moral y cultural. Es decir de una tarea que no puede ser acometida verticalmente. Y que, además, no ha sido acometida nunca en América Latina. Las condiciones de Bolivia la tornan exigencia.


El socialismo alternativo del MAS

Fuera de Bolivia una agrupación que lleve como nombre Movimiento Al Socialismo evoca probablemente determinaciones ligadas con el marxismo-leninismo, la administración de la lucha de clases con fraseología obrera y conducción burocrática y la estatización parcial o completa de la propiedad privada en nombre más de la productividad del trabajo que de una apropiación social y humana de la producción en sus diversos momentos y objetivaciones. Estos últimos elementos existen complejamente en la lucha política de Bolivia, pero no determinan el planteamiento político oficial y dominante en el MAS bajo el liderazgo de Evo Morales. Por el contrario, en el inicio de su planteamiento doctrinal se encuentra la crítica y el rechazo del imaginario occidental moderno (del que es tributario el marxismo-leninismo) bajo la figura de la “cosmología de la cultura occidental”:

Se han cumplido 500 años de la presencia europea y 176 de visa (sic) republicana durante estos 500 años hemos estado dominados por la cosmología de la cultura occidental, dominación que no ha alcanzado ninguno de sus objetivos.10


En realidad, sí los ha alcanzado en tanto dominación que discrimina, explota y rebaja a las mayorías y a la Naturaleza. El mismo documento lo señala al enumerar que los 500 años de presencia europea y los 176 de vida ‘republicana’ han llevado a la pobreza al 97% de la población rural de Bolivia y al 60% de su gente urbana. Niños y niñas nacen con menos de dos kilos. El desempleo afecta a más del 30% de la fuerza laboral. Los analfabetos funcionales superan el 60% de una población que sufre enfermedades endémicas previsibles, como tuberculosis, incluido el mal de chagas padecido por dos millones de quechuas y aymaras. En el mismo proceso, las empresas extranjeras, en asocio con el colonialismo interno, se han apoderado del petróleo, del gas, de la electricidad, del agua, haciendo que los resultados de haber tomado el camino de copiar y remedar los fundamentos de la cultura occidental hayan resultado

en la extrema pobreza, en la explotación despiadada, en masacres permanentes, en conceptos racistas intolerables.


Esta historia no es cosa del pasado: es actual:

Los conceptos de globalización y economía de mercado se enmarcan en la cosmología occidental, como el viejo concepto de progreso que se desprendía del paradigma científico de la modernidad (…) El denominado siglo de las luces de occidente ha caducado y ya nos es ninguna opción para la humanidad.


Lo que se denuncia por ello no son ‘solo’ los resultados de la dominación occidental, sino la raíz o fundamento de estos resultados. El problema no es ‘solo’ político, sino cultural y moral. Una cultura como la occidental, que imagina unilateral y grotescamente que el crecimiento y la Naturaleza son infinitos, descansa en una antropología de ‘Homo Faber’, u hombre fabricante, correlato de la era de la máquina, del dominio de la máquina sobre la Naturaleza:

El paradigma mecanicista de la cultura occidental ha conducido a que el hombre sea amo y señor de la creación y que su misión es llegar a dominarla. Considera a la Naturaleza como ente sin vida y sin capacidad de autorregularse rompe con la Naturaleza para dominarla, para erigirse en su amo y señor11.


La respuesta del MAS a esta cosmovisión y antropología occidentales es directa: la recuperación política, o sea cultural, de las raíces andinas y amazónicas. Estas experiencias de vida, sus resistencias, han triunfado sobre los fundamentos de la cultura occidental. Se trata de experiencias de vida simbióticas y de total equilibrio con la Naturaleza en las que los seres humanos, comunarios o comunitarios, consciente y moralmente ‘colaboran a parir la tierra’ y a crear vida:

Para nosotros el planeta tierra tiene vida. Es inteligente y autorregulado. A este principio nuestros antepasados le han denominado Pachamama, es decir madre tierra y a ella, a la madre tierra no podemos violarla a titulo de dominarla no podemos venderla ni comprarla porque somos parte de ella y en ella criamos la vida, Pachamama quiere decir que el ser humano es con y para la tierra y es lo contrario de la cultura occidental que viven de la tierra y sobre la tierra. Para nuestra cultura la tierra es vida y por eso le rendimos nuestro tributo. Le agradecemos a la Pachamama porque es el espacio habitado por los hombres. Es nuestra protectora y cuidadora por excelencia. Es una madre que ampara a sus hijos y que les da los alimentos que necesitan para vivir (…) Este principio simbiótico del concepto Pachamama de vivir con y para la tierra, es también el principio del equilibrio con la naturaleza, que es el único camino que nos queda para preservar la vida en el planeta.


De esta raíz cultural se sigue un compromiso moral y político:

Tenemos un deber sagrado con la humanidad, el de luchar por retomar el paradigma de una sociedad simbiótica y de total equilibrio con la naturaleza, cuya mayor expresión es el concepto Pachamama. De lo contrario el industrialismo occidental continuará con su tarea de destruir la vida en el planeta tierra.

Más específicamente, esta cultura simbiótica conduce a la producción de relaciones sociales solidarias, de reciprocidad, no patriarcales, responsables y participativas (democracia igualitaria de consenso), de subordinación de lo individual a lo comunitario y cuyos referentes éticos lo contraponen, asimismo, frontalmente, al ‘realismo’ occidental:

Estamos obligados a reponer nuestros principios éticos de no robar, no mentir, no ser flojo, no violar, no matar.


Como se advierte, esta propuesta de producción y sostenimiento subjetivos de una ‘comunidad fraternal’ dibuja un camino civilizatorio alternativo al trazado por el Occidente moderno (y reproducido con variantes por las sociedades del socialismo histórico). Se trata de un imaginario forjado por quienes han resistido sociohistóricamente las diversas formas de colonialismo y sujeción modernos. Es básicamente un imaginario tercermundista o ‘desde el Sur’, donde “Sur”’ y “tercermundismo” no designan posiciones geográficas o bloques institucionales, sino prácticas y experiencias de sujeción-liberación (existentes en Nueva York, Roma o Cochabamba) a las que resulta posible poner fin con renovadas prácticas orientadas a ganar control sobre la existencia para que ella sea propia. Se trata de dar un testimonio político y ético boliviano y radicalmente humano.
Este testimonio no elude el enfrentamiento con las formas actuales que asumen las tramas sociales de sujeción-liberación en Bolivia y en el mundo. Por ello el MAS denuncia frontalmente (e intentará enfrentar con sabiduría puesto que no puede cambiar el mundo con abstractas decisiones unilaterales) la mal llamada ‘globalización’ y su principal ideología y programa en América Latina, el neoliberalismo. De aquí se derivan las
tareas centrales inmediatas del gobierno del MAS-IPSP, recogidas principalmente de las demandas populares en las guerras del agua y del gas y que se pueden esquematizar como nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente para refundar multinacional, pluricultural y socialmente el país, autonomía para los pueblos y regiones, nuevo modelo económico centrado en la reciprocidad y complementariedad, legislación contra la corrupción, venalidad e impunidad políticas y contra la desproporción en los ingresos de los funcionarios públicos, legislación sobre tierra productiva que liquide el latifundio y titule las tierras para las comunidades indígenas, sí a la producción de coca y no al narcotráfico, nuevo sistema de seguridad social, legislación para un Sistema Nacional de Educación.

Pero todas estas acciones de acción gubernamental se sustentan en el criterio político básico del MAS-IPSP que es no solo anticapitalista, anticolonial y antioligárquico, sino que busca ser un revisitamiento de un principio civilizatorio alternativo al dominante en la actualidad:

Si la economía capitalista de intercambio y acumulación, que supone también el poder de la propiedad privada, nos ha traído la extrema pobreza, no tenemos otra opción que reponer nuestros principios económicos de reciprocidad y redistribución, es decir producir desde y para la comunidad. Para ello es necesario el control vertical y transversal de los pisos ecológicos que nos permitirán crear abundancia y calidad de vida. Por un largo período de realizar un Tink'u entre la economía capitalista de intercambio y acumulación con la economía de reciprocidad y redistribución. En este marco nuestros municipios deben funcionar bajo la filosofa del Ayllu´, del Ayni, la Mink'a y la Minga en ningún caso bajo los principios de la economía de mercado capitalista.12


No se está aquí ante un planteamiento indianista de retorno al pasado, sino de testimoniar culturalmente desde la Bolivia actual un futuro posible (y exigible) para todos los seres humanos. Tampoco en estas notas se busca decir que este testimonio tendrá éxito (los enemigos son brutales y poderosos), sino de enfatizar su radicalidad popular. Testimonio organizado de lucha de aquellos a quienes el colonialismo mundial e interno convirtió en los más vulnerables, en los más invisibles, en los más despreciados. Testimonio que surge desde las entrañas para interrumpir y revertir la degradación material y espiritual radical que hasta hoy occidente y el capitalismo han producido en América Latina.


Lo que ojalá no ocurra: el posible extravío del camino

Para terminar estas notas conviene indicar sumariamente los posibles extravíos de ruta que pueden frustrar el proceso boliviano. En primer lugar aparece la tentación de la ‘nueva gobernabilidad’ con conducción ‘de izquierda’ que hemos ejemplificado con la administración de Lula en Brasil. La presencia cultural y política de los pueblos profundos, de campesinos y ciudadanía popular puede bloquear esta amenaza. En segundo lugar, la oposición de izquierdas puede ser utilizada, independientemente de su voluntad, para tornar permanente una situación de ingobernabilidad que conduzca a una salida de fuerza (interna o internacional) que abra el paso a un gobierno oligárquico y represivo que se llamará a sí mismo ‘democrático’ y que será reconocido así internacionalmente. Este escenario debe ser impedido por el gobierno del MAS con radicalidad sabia y tajante prudencia que implican reconocer y aceptar las tensiones (pero también riquezas) que le supone una oposición de izquierda. Convendrá recordar que en América Latina solo la experiencia cubana ha podido sacar ventaja de una ruptura institucional. Y las condiciones en que logró hacerlo no son las del inicio de este siglo. El último desafío político-cultural a mencionar consiste en posponer las luchas estratégicas en beneficio de logros puntuales: estratégicamente se trata de una lucha cultural y moral y los principales enemigos deben ser desde ya tendencialmente aislados y obligados a retroceder y a expiar allí donde se determinan sus reinos: iglesias, familias, formas de propiedad. Radicalidad, tenacidad, sabiduría para producir cambios sin aplastar. Por ahí se moverá el testimonio de éxito de la experiencia boliviana. Y es por su contenido popular organizado probado en la lucha que se le puede valorar, recién iniciado su trayecto, como una experiencia latinoamericana de izquierda alternativa.

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La información específica sobre Bolivia utilizó trabajos de Ángel Guerra Cabrera, Francisco Fernández Buey, Adalid Contreras Baspineiro, Mario Ronald Duran Chuquimia, Claudia López, Antonio Peredo Leigue, José Pinto, Carlos Valdez, Raúl Zibechi, textos aparecidos principalmente en ALAI.


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junio del 2006.