Universidad, N° 1960,

Agosto 2012.

 

     
        En términos puramente conceptuales ‘Estado laico’ es un nombre que proviene del universo clerical. El Estado moderno no es laico, es únicamente Estado. Republicano o de derecho,  si se le quiere adjetivar. La cuestión varía si se la piensa en la historia del Estado moderno, es decir republicano. ‘Laico’ aquí hace referencia a su carácter de entera independencia respecto de cualquier organización y confesión religiosa. Si lo religioso designa un vínculo entre lo natural (lo cultural) y lo sobrenatural, el Estado es independiente de cualquier adscripción a este vínculo. Se ocupa solo de lo socio-histórico. No es ni confesional ni clerical. Ni cristiano ni católico, por ejemplo.

   Curiosamente, el Diccionario de la Real Academia Española acuña para “laico”, en primer lugar, no la independencia del vínculo natural/sobrenatural, que sería lo propio, sino un alcance más restringido: “Que no tiene órdenes clericales”. Aquí laico es sinónimo de lego: quien no sabe con propiedad porque no lo inspira el Espíritu Santo. Es versión católica para nombrar la distancia, insuperable, entre quien sabe, el ‘ordenado’, o sea el sacerdote, y quien no sabe sino con tutela, es decir el laico.

   Históricamente el Estado moderno se valoró ‘laico’  porque los poderes confesionales y clericales y los de los nobles eran un estorbo decisivo para su tarea: crear un orden nacional para su pueblo (ciudadanía). El vínculo entre lo natural y lo sobrenatural, que versa sobre ‘lo’ humano y no sobre el ciudadano, puede tornarse un suprapoder social ya por sus posibilidades transnacionales (caso del aparato clerical católico) ya porque opera internalizando en las subjetividades sentimientos de ‘deber ser’ asociados con sentimientos ‘positivos’, obligación, por ejemplo, o negativos, pecado y culpa. El Estado moderno, en versión edulcorada, busca que la gente actúe apegada a la ley. La licitud (legitimidad) se liga con legislación positiva. Digamos: se puede robar y matar, o discriminar a los pobres, indígenas y mujeres, siempre que la legislación lo permita. El concepto de ‘responsabilidad’ desplaza la noción de ‘culpa’.

    En un Estado “laico” cabe cualquier tipo de sentires y prácticas religiosas que no infrinjan las leyes. Más importante, la “salvación” no resulta vinculante para nadie. Son factibles iglesias que no busquen la salvación siempre y cuando para llegar a sus liturgias sus miembros no traspasen, con sus vehículos, las leyes del tránsito. Y otras leyes. Para el Estado no existen fieles, sino ciudadanos. Y las iglesias que se reclaman “santas” carecen de privilegios, porque para el Estado no lo son. Son instituciones apegadas a la ley o desapegadas de ella. En el concepto, los privilegios están fuera de la ley. En la práctica, puede ocurrir otra cosa. Estados neoligárquicos y clientelares, como los latinoamericanos, establecen privilegios ‘de acuerdo a la ley’.

   El vinculo más conflictivo entre iglesias y Estado se relaciona con su papel en la configuración de identificaciones e identidades sociales. El Estado desea individuos ciudadanos. Las iglesias, individuos fieles. El Estado moderno “remedió” esto haciendo de las iglesias aparatos clericales, o sea poniéndolas a su servicio. Se trata, sin embargo, de un campo social de lucha. En América Latina el catolicismo disputa con éxito al Estado la fidelidad identitaria de la población. O fieles o subjetividades de ciudadanos nacionales. Exagerando, se podría decir que a mayor fidelidad, menor ciudadanía. La conservadora Costa Rica es buen ejemplo de esto.

    Se podría pensar que una incompatibilidad entre fidelidad al aparato católico y ciudadanía no es necesaria. Pero el catolicismo exige obediencia absoluta. El Estado moderno, al menos en el discurso, demanda ciudadanía efectiva, es decir libre/responsable. Luego, sí existe una pugna. En América Latina el punto se oculta porque el catolicismo no configura iglesia, sino que funciona como aparato clerical, o sea subordinada al Estado. Para que Estado y jerarquía católica pudieran cooperarse positivamente, la última tendría que convertirse a la fe de Jesús de Nazaret. Y el Estado reconsiderarse desde una crítica de su economía política. Ninguno de estos vuelcos está en agenda. Esto quiere decir que si en Costa Rica Estado y jerarquía católica ‘conversan’, la gente de a pie tiene que encomendarse a la sencilla Negrita rural o quemar sus cédulas de identidad. Estas acciones no resolverán nada, pero los espíritus anidarán, al menos por instantes, algo de alivio.
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