Universidad, N° 1958,

agosto del 2012.

 

      Si, con independencia de detalles, algún mérito tiene la administración Chinchilla, ha sido el mostrar que se ha llegado al final de un camino y que ya no es factible transitar por él. Excepto, claro, que se tenga el empeño de abrir una trocha fangosa y fingir que el pestilente lodo no afecta a nadie y que retozar en la fetidez es seña de felicidad. ‘Topar con cerca’ es mala noticia para quienes desean creer que, en el 2014, ida Laura y arribado Rodrigo, Johnny o el hijo dilecto de la señora Olsen, las cosas irán mejor. No. Empeorarán.

   Que es el final del camino lo muestra, por ejemplo, la opinión de un comentarista de planta del periódico La Nación S.A. Obviamente, no es ni inmigrante ni “comunista”. Es un costarricense situado en el espectro amplio de lo políticamente correcto (es decir, de lo que muchos costarricenses desean oír). El hombre demanda “desaparecer al MOPT”. Esto quiere decir: prescindir de la planilla y liquidar la personería jurídica. Razón de fondo: no es imaginable “que tanta ineficacia y podredumbre sean rescatables” (J. Vargas Cullel, LN, 12/07/2012). Descripción: “Demasiadas tortas, demasiado frecuentes y durante demasiado tiempo (…) ¿De qué sirve mantener una planilla de miles de empleados que rinden tan malos resultados? ¿Por qué seguir alimentando una chupona red de empresas contratistas privadas que hacen fiesta con los recursos públicos porque, en la práctica, son de ellos? ¿Por qué permitir que los gremios de transportistas, los regulados, dicten las decisiones en materia de transporte?”. Vargas se exaspera. Y con razón plena. Estima que si no se liquida el MOPT actual, Costa Rica empeña su futuro.

   Otro testimonio, para nada ‘comunista’. Habla la recién instalada Contralora General de la República, Marta Acosta. Le preguntan si se ha incrementado el nivel de corrupción pública. Acosta contesta que ella percibe que sí. Lo asocia con que “están fallando los valores de la gente, están fallando los valores de la empresa privada que es contratada por el Estado (…) Entre los funcionarios públicos, hay muchísima gente honesta, e igual entre los empresarios, pero también hay muchos funcionarios y empresarios corruptos”. Y cierra: “Si un jefe es tolerante con la corrupción, la gente lo que dice es <Si puede él, podemos todos>” (LN: 22/07/2012).

   La Contralora se refiere no solo al MOPT, sino a las relaciones entre funcionarios del Estado y empresarios privados. Su enfoque es más amplio y determinado que el del crispado Vargas y añade el teorema de la corrupción ‘desde los jefes’, cuestión que genera corrupción en cascada y contiene una sólida convocatoria a la venalidad.

   Vargas tampoco se pregunta cómo es que Costa Rica incubó a este MOPT infumable. El MOPT central es un emprendimiento enorme, con unos 4.000 trabajadores sin considerar sus instancias descentralizadas. Sólo en la primera embestida trochiana, los alí babaes ubicados en su aparato se tragaron 2.500 millones de colones cortesía del Fondo Nacional de Emergencias. Por el momento no pudieron echar mano a otros 16.500 millones. No se miden aquí destrucción ambiental ni otros ingresos.

    Por enorme, por manejar cuentas multimillonarias y por sus objetivos, el MOPT se divide en especialidades: Control de Maquinaria y Equipos, Infraestructura, Ferrocarriles, por ejemplo. Pero estas ramas, inevitables, se transformaron paulatinamente, vía el clientelismo y el amiguismo, en feudos. La feudalización de la institución, su burocratización ‘técnica’, la torna lugar áspero para los honestos, los capaces, los probados. De la feudalización, ella misma señal de corrupción, a la corrupción y de la corrupción a la venalidad, en tiempo tradicional, o sea oligárquico, se dan proximidades. Pero en época neoliberal, las proximidades devienen porosas micras. Los abuelos decían: “Ni la madera de canto aguanta esa carga”. La Contralora es parca: fallan los valores de la gente.

   Así, no es cuestión de eficiencia, aunque también se trate de ella. Nuclearmente se está ante un fenómeno extendido y feroz de desagregación y feudalización de las instituciones públicas: corrupción derivada del clientelismo y amiguismo en época neoliberal. Y de la impunidad.

    Como advierte Acosta: hay que poner atención a la designación de los jefes y a la dinámica interna de las instituciones. De ellas se sigue tanto la honestidad como la corrupción. El país debería decidir el nuevo camino. Excepto que desee que inéditas  o usuales “trochas” le estallen una y otra vez en la cara.
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