Universidad, N° 1902,

junio 2011.

    
   La configuración de un Directorio de la Asamblea Legislativa que no coincide con el Poder Ejecutivo no debería resultar traumática en un régimen democrático efectivo. Tampoco lo afecta negativamente si el régimen democrático es presidencialista. En los regímenes democráticos, de cualquier tipo, los diputados opositores no son enemigos del Gobierno, sino parte institucional y electa de la ciudadanía con las competencias político-administrativas que la legislación les confiere. Lo que exige un cuerpo legislativo dirigido por “opositores” es mayor trabajo político por parte de las otras autoridades con el objetivo de promover escenarios que, al menos, faciliten dos logros: diálogo para conseguir legislación de calidad y acercamientos entre los diversos partidos con la finalidad de establecer una plataforma de proyectos de largo alcance que materialicen requerimientos básicos para un proyecto-de-nación. La re-edificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo.

    Si la presencia de opositores con competencias políticas y administrativas, lejos de amenazar con ingobernabilidad, demanda más trabajo político de calidad, ello debería potenciar la gobernabilidad de un régimen democrático. Un trabajo político de calidad aleja entrampamientos y envenenamientos mutuos. Por supuesto, si la tradición reinante consiste no en trabajar políticamente sino en usar el sector público en beneficio de clientelas (electorales y no electorales) y de uno mismo, caen dificultades. No cualquiera sostiene un comportamiento político “de argolla clientelar con mandato” si grupos opositores alcanzan capacidad de control y ejecución y lo ejercen. Pero argollas, clientelismo y patrimonialismo son factores de gobernabilidad precaria (no de ingobernabilidad, que es un fenómeno diverso); la presencia de opositores en los escenarios políticos no lo es.

   Dicho lo anterior, salta a la vista que el resultado del primero de mayo exige la existencia de partidos políticos efectivos y de personalidades en ellos que no se crean “superiores” porque obtuvieron muchos (o algunos) sufragios. Un político es más que sus votos eventuales. El político tiene como horizonte alcanzar estatura de estadista. Nadie debería alegar que su carrera de estadista se ve apocada porque sus opositores alcanzan posiciones que obligan a negociar ideas y proyectos. Por supuesto, en Costa Rica los partidos son flojos o están muertos hace rato y las ‘personalidades’ que resaltan (entre una espesa mediocridad) lo son como efecto de una prensa también vulgar (en amores y odios) o por su griterío autoritario que la gente traduce como “don de mando”. Es normal que una ciudadanía conservadora estime que el país requiere retornar al “orden”. No percibe que el rechazado “desorden” actual es resultado de su antiguo “orden” y que este orden contuvo, y sigue conteniendo, su pasividad civil. Como la rana en la olla que se calienta lentamente hasta cocinarla, una laxa ciudadanía costarricense nutrió con su ausencia y clientelismo la configuración de un ethos que hoy la asfixia al abrir de par en par las puertas para su centroamericanización. La inepta gris debilidad de la administración Chinchilla es resultado de una cocción de al menos tres décadas. Su origen está, quizás, mucho antes.

    En lo que a las organizaciones toca, el evento del primero de mayo enseña que el que se hace llamar Partido Liberación Nacional muestra sin pudor que se compone de diversas “argollas” internas orientadas todas a ganar elecciones para conseguir beneficios particulares. Ninguna idea. Su “secreto” está en la maña de los procedimientos y en la complicidad de otros sectores. El PLN, en tanto partido, murió hace mucho. Es un gato que ya ni siquiera caza ratones. Gana elecciones (tal vez gane las del 2014), pero no sabe qué hacer políticamente con sus triunfos. Mucho menos asume sus derrotas. El segundo grupo electoral, el PAC, insiste en no hacer el trabajo interno que le permitiría, desde su propuesta básica de un país de medianos y pequeños productores y sin patrimonialismo estatal ni gubernamental  (es decir sin corrupción y venalidad impunes: la banalizada cuestión de las “galletitas”), desplazar al fallecido PLN refundando una experiencia conservadora con interpelación social. El Movimiento Libertario, tercero en preferencias, se mantiene secuestrado por el personalismo aventurero. La audacia personal debilitó su perfil de rechazo doctrinario al patrimonialismo estatal y gubernamental, cuestión que podría aproximarlo al PAC en una cruzada de saneamiento. Otros acercamientos partidarios son de política-ficción.

    Dos ásperas tareas de fondo: lograr que el PLN reconozca su muerte y que sus sectores decentes (tipos decentes hay en cualquier lugar) lo rehagan. Pero quien debe apagar el fuego que liquidará a la rana es la ciudadanía con raíz social. Si esta ciudadanía sigue nadando en la tibieza de un líquido criminal, el país terminará como bocadillo en la mesa de una mundialización voraz. ¿No lo está ya?
   
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