IX Foro sobre Derechos Humanos

Sistema Universitario Jesuita

de México, octubre 2010.

 

    
    1.- Mi agradecimiento al Sistema Universitario Jesuita de México por invitarme a participar en este Foro. El objetivo primero de la convocatoria que nos reúne aquí es el de impulsar una cultura de respeto a derechos humanos. Para alguien que no sea activista de derechos humanos o que no esté comprometido con las luchas populares, esto puede resultar una frase fácil. Será bueno aclararlo de inmediato. Se puede decir fácil, pero avanzar socialmente en una cultura de derechos humanos no es tarea sencilla. Algo se dirá en relación con el punto en esta presentación.

    El campo temático con el que se me ha invitado a intervenir es el de los megaproyectos de desarrollo y la criminalización de la protesta social. Ya Andrés Barreda avanzó unos minutos atrás una discusión valiosa y mexicana sobre la cuestionable existencia de ‘megaproyectos de desarrollo’ y es posible agregar a su presentación un alcance: el ‘desarrollo’ fue excluido del lenguaje internacional hace al menos veinte años. Hoy lo que se promueve y aplaude es el crecimiento económico. En América Latina ‘desarrollo’ sonaba, en el período post Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, a avanzar hacia el Primer Mundo industrializado y ese avance se estimaba como mejoría en la calidad de la existencia. ‘Crecimiento’ se relaciona en cambio con aumento en la producción y la productividad. El crecimiento económico es enteramente compatible con una peor distribución de la propiedad y de la riqueza, con prostitución infantil y con deterioro del hábitat natural, por decir algo. De hecho, México enseña buenas o aceptables tasas de crecimiento económico entre el 2004 y el 2007 (en los dos últimos años declina como efecto de la crisis desatada por Estados Unidos), casi un 4% promedio, pero también muestra que mexicanas y mexicanos humildes siguen saliendo de México y que la descomposición social y política del país ha llevado a que políticos de Estados Unidos lo caractericen como un Estado frustrado o fallido.

    Hablaré entonces sobre derechos humanos, ‘megaproyectos de desarrollo’ y criminalización de la protesta social. Esta última protesta es popular. En tanto protesta es también resistencia y porque es popular resulta asimismo propuesta. Mi intervención será conceptual e indicativa, aunque haré ejemplificaciones. Por razones de tiempo, los vínculos entre conceptos tendrán que hacerlos ustedes. Están más que bien dotados para hacerlo.

    2.- Quisiera iniciar mi participación en este panel con una observación de fondo sobre derechos humanos. Derechos humanos surgen en el despliegue del imaginario de las sociedades modernas. Tienen antecedentes en el Mundo Antiguo, entre ellos el cristianismo evangélico, pero derechos humanos, en tanto capacidades o fueros individuales y sectoriales cuya violación puede reclamarse en circuitos judiciales, es una producción político-cultural de las sociedades modernas. Suponen un vínculo con el Estado de derecho y con la ciudadanía. Y la lógica que los anima, no sin conflicto, es la del principio de agencia. Este principio de agencia, al que se puede entender de diversas maneras, convoca conflictos sociales.

    Lo poco que se ha señalado desea enfatizar que derechos humanos se liga con procesos sociohistóricos y que éstos son conflictivos. Por ejemplo, si se afirma un Dios todopoderoso que torna al ser humano una por-siempre creatura y criatura, entonces no es dable a este ser humano tener ‘derechos’ (autónomos) sino que el ‘principio de agencia’ (que en este caso no existe) enfatiza obligaciones (debidas moralmente a Dios y por medio de éste a otros seres humanos) y no fueros o libertades. Estas obligaciones son administradas aquí en la tierra por autoridades políticas (reyes, señores y funcionarios clericales) que se declaran y son reconocidos como representantes de la voluntad de Dios. Este (pervertido) principio de agencia entraría en conflicto, por ejemplo, con las demandas de libertad de conciencia religiosa, libertad de conciencia sin más y libertad de opinión. Estas tres últimas específicas libertades suponen un ser humano con capacidades autónomas, no una eterna creatura-criatura. Estas tres liberaciones quieren decir, por ejemplo, que los seres humanos disciernen y opinan desde sí mismos y se hacen socialmente responsables por sus discernimientos y opiniones. ‘Socialmente’ responsables quiere decir jurídicamente (política y culturalmente) responsables. Como se advierte, se da, en el ejemplo, una transferencia de poder desde reyes, señores y sacerdotes hacia los antiguos vasallos que podrían llegar a ser, si luchaban, ciudadanos y, privadamente, si así lo resuelven, creyentes religiosos. En breve: se obedece principalmente a la ley (norma positiva) e irse al Cielo ya no es una meta obligatoria. Estas transferencias de poder (de vasallo a ciudadano y de cuerpo ‘pecador’ a corporalidad privada) resultan de luchas sociales.

    Que derechos humanos se demanden y positivicen (judicialicen) mediante luchas sociales, políticas y culturales, significa que no son un dato inmediato de la existencia humana y que su vínculo con la paz, la solidaridad y la universalidad de la experiencia humana tampoco es inmediato, sino que estos últimos valores aparecen ligados también a los conflictos y a las luchas emprendidas tanto por sectores sociales como por personas que testimonian estos valores con su existencia. Lo más importante para destacar aquí, esta mañana, es que el vínculo entre derechos humanos y una educación para la paz, por ejemplo, no es evidente por sí misma, sino que debe pensarse y asumirse políticamente. Digámoslo como pregunta: ¿Pueden contener violencia derechos humanos? La respuesta es . Tanto porque suponen transferencias de poder como porque su positivización (judicialización) puede expresar relaciones sistémicas e institucionales de dominación y porque su asunción cultural (legitimación) no existe o es frágil.

    Las luchas por derechos humanos se vinculan de diversa forma, por ejemplo, con una emergente economía dineraria (Carta Magna, 1215), con la articulación capitalista de la producción (ss. XVIII-XIX), con el imperio de sexo-género articulada a esta última, y con los conflictos sociales y políticos ligados a la propiedad y los contratos que la organización capitalista de la existencia establece y que se decanta en el dominio de una razón instrumental y el alcance planetario (mundialista o globalizado) de las tecnologías que se siguen de esta racionalidad. En algunas situaciones su actor social principal es la burguesía emergente, en otras los trabajadores asalariados o las mujeres y también lo han sido las poblaciones y pueblos del Tercer Mundo. Hoy destacan, por ejemplo, los ecologistas.

    Institucionalmente derechos humanos tiene como referentes el Estado sólido de derecho y el principio universal de agencia humana y, por medio de éste, se vinculan con el régimen democrático de gobierno. El motor de derechos humanos es la demanda de transferencias de poder que devienen autotransferencias de poder social.

    Todo lo anterior es la noticia descriptiva y halagüeña, podríamos decir, sobre derechos humanos. Siguiendo el lenguaje de la conferencia anterior, es buena noticia aunque nos indica al menos tres desafíos que podrían contener esforzadas tareas: i) la dignidad humana no es un dato sino resultado de procesos en los que se debe testimoniar esta dignidad (que puede adquirir muchos rostros) y plasmarla en instituciones a las que se debe promover y defender política y culturalmente; ii) la violencia, entendida bajo su forma de autotransferencias de poder y resistencias a estas autotransferencias, está vinculada con derechos humanos: iii) derechos humanos, entendidos como fueros o capacidades de individuos y sectores (agrupaciones) humanos que pueden reclamarse en circuitos judiciales, ya que no son innatos, pueden desaparecer o ser revertidos.

    2.1.- Una mala noticia es que el imaginario de las sociedades modernas, junto con proclamar y reconocer derechos humanos inventa las no-personas: son individuos o sectores a quienes no se concede que puedan acceder plena o parcialmente a la razón instrumental, función de la propiedad privada y los contratos. Son no-personas, para John Locke, en el siglo XVII, los mendigos adultos o niños. En el siglo XIX lo son (en el sentido de que deben permanecer sometidos) los trabajadores asalariados y las mujeres, también los pueblos originarios o indígenas de América durante la conquista y colonización europeas y, hasta este día, los pobres de la ciudad y el campo en América Latina. El anatema puede extenderse a los ecologistas radicales de hoy y a todos los que se oponen al despliegue, en algún momento o circunstancia, de la acumulación global.

    En América Latina se han determinado no-personas clásicas en ciertos períodos: los comunistas, los narco-terroristas, los inmigrantes no deseados e ilegales. Si se pertenece a algunos de estos grupos, se carece de todo derecho humano. Son, en lenguaje de Quico, “chusma”. O, en términos del paramilitarismo colombiano, “desechables”. Por supuesto, las diversas ‘autoridades’, legales o de hecho, pueden ampliar los grupos de no-personas. Si los jesuitas optaran por un Dios que no interviene directamente en la historia, y que concede libertad creadora a los seres humanos para hacerla, probablemente el Vaticano declararía a los jesuitas no-personas. No-personas virtuales o efectivas son quienes con su testimonio develan el carácter antihumano (e irracional) del sistema imperante. Los contingentes industriales de reserva (desempleados) por ejemplo. O las culturas que valoran la experiencia humana como factor de un sistema productor y reproductor de Vida (Naturaleza) que pone en tensión su específica capacidad creativa (carácter de sujeto).

    3.- Voy abrumarlos con una referencia textual a Friedrich Hayek, el padre europeo de lo que los periodistas suelen llamar neoliberalismo. La cita aparece en un libro de Franz J. Hinkelammert. Dice Hayek, en entrevista de 1981, a un periodista chileno: “Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la mantención de vidas: no a la mantención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llevan al ‘cálculo de vidas’: la propiedad y el contrato”. Como escuchan, contra la acumulación de capital global (derivada de la propiedad y sus contratos con ganancia privada), nada ni nadie. Una lógica social que no puede ser replicada de ninguna manera, demanda no-personas. Podemos agradecerle a Hayek ser tan claro. Las no-personas pueden y deben ser sacrificadas en nombre de derechos humanos. No se les viola ningún derecho, sino que se confirma derechos humanos con sus asesinatos materiales o simbólicos. ‘Derechos Humanos’ puede transformarse en un “sábado que mata”.

    La segunda mala noticia es que la organización actual del mundo (hablo al menos de los dos últimos siglos), es decir la ‘sociedad mundial’ capitalista o la ‘economía del conocimiento’, tornan no factible la universalización de derechos humanos. Es decir en ella no puede materializarse el principio universal de agencia.

    Resumamos: un Dios Absoluto y Omnipotente tornaría no factibles e indeseables derechos humanos. El juicio se extiende a los aparatos clericales que administran a ese Dios. Un Estado constituido desde dominaciones sistémicas, como las ligadas a la acumulación de capital, y que potencia la reproducción de estas dominaciones e imperios, torna no factibles derechos humanos, aunque se los agite como deseables. El juicio es extensible a las constelaciones transnacionales e internacionales de poder actual. La no factibilidad de derechos humanos en el mundo actual se ‘resuelve’, por los poderes reinantes, desde el imaginario de las no-personas, es decir con la afirmación de la necesidad u obligatoriedad de las discriminaciones. Si uno se pregunta si la familia nuclear o ampliada considerada ‘tradicional’ en América Latina tiene como lógica el apoderamiento de todos sus miembros… la respuesta es no. Las familias reproducen, en su nivel, el dominio patriarcal. Por tanto, en su seno, existen, como concepto y la mayoría de las veces como resultado de prácticas, no-personas. Se las mantiene en su condición de no-personas porque se las ama.

    No resulta apropiado juzgar negativamente los patrones de comportamiento de las sociedades que carecieron de los marcos sociales y requerimientos políticos que tornaron necesarios y posibles en la historia de Europa derechos humanos. Esto vale para cuestiones como la inferioridad ‘natural’ de esclavos (Grecia) y mujeres (Israel), las discriminaciones y dominaciones estamentales de los reinos medievales y las mutilaciones o ablaciones genitales que se practican en sociedades patriarcales africanas o asiáticas, por ejemplo. En cuanto al último punto sí podrían, en cambio, discutirse desde una perspectiva de derechos humanos las extirpaciones de clítoris realizadas en Europa, como medio para “curar” la histeria y la epilepsia, durante los siglos XVIII y XIX. La razón para ello es que ya habían sido ‘proclamados’ constitucionalmente en Estados Unidos y Francia.

    4.- Los ‘megaproyectos de desarrollo’ deben ser entendidos como un nombre propio. Equivalen a tener un perro chihuahua enano, castrado por razones médicas, y llamarlo Sultán. Es decir, su nombre no tiene nada que ver con su realidad objetiva. Andrés Barreda ya mostró que México vive un proceso de destrucción y enajenación de su capacidad productiva histórica y que ahora sus principales ingresos provienen de los servicios telefónicos internacionales (aunque México no produce teléfonos) y de las remesas de emigrantes. Se agregó que el ‘desarrollo’, valorado como mejoría en la calidad de la existencia ha dado paso a la aspiración al ‘crecimiento económico’ medido por el Producto Interno Bruto o por el Producto Nacional Bruto. Por sí mismos estos indicadores no dicen nada respecto de la calidad de la existencia de la gente. Los políticos latinoamericanos de plaza pública siguen hablando a sus públicos de “desarrollo”, pero es para ganar sus adhesiones. Luego, debemos hablar de “megaproyectos para el crecimiento económico y como función de la acumulación mundial de capital”. Así quedará claro que esto no tiene nada que ver con las necesidades de las poblaciones que residen en los espacios donde esos megaproyectos intentan desplegarse.

    Se puede insertar aquí una anécdota. En la década de los noventa del siglo pasado, visitó América Central el entonces presidente Clinton. Puso su centro de actividades en Costa Rica. Como corresponde, políticos y mandatarios de toda el área y del Caribe insular llegaron a solicitar “ayuda” al gobernante del país más poderoso del mundo. Nadie consiguió un peso. Se había acabado la “ayuda para el desarrollo” (que nunca lo fue). La respuesta de Clinton fue siempre la misma para todos los codiciosos. “Se acabó la cooperación para el desarrollo. Esta es la época de los <buenos negocios compartidos>”. Como se trataba de América Central y el Caribe, menos nuevos negocios, pero más suculentos. Y ustedes saben que no cualquiera está en posición de realizar ‘buenos negocios’. Hay que estar bien situado: en el PRI o en el PAN, por ejemplo. O en el gobierno estatal, por citar dos referentes.

    Los megaproyectos son parte de estos ‘buenos negocios compartidos’. Aunque el calificativo se ha reservado para las iniciativas que buscan mejorar la fluidez y rentabilidad de la acumulación global, se podrían distinguir en estos megaproyectos dos tipos: los que enfatizan el aspecto geopolítico: el Plan Colombia, por ejemplo. En el otro frente, para nada incompatible con el primero, están los proyectos que directamente se interesan en transformar condiciones (infraestructura y poblaciones) para maximizar ganancias. Pueden resultar de la iniciativa conjunta de Estados, organismos internacionales y corporaciones, como el Plan Puebla-Panamá, cuya última reformulación es del año 2006 y que compromete oficialmente a los Estados, gobiernos y regiones de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y, en México, a los estados y territorios del sur-este: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Como advierten, desde su nombre inicial, que lo hacía terminar en Panamá, se ha desplazado hoy hasta Colombia. Podría llamarse Plan Puebla-Bogotá. El objetivo central del proyecto (que no termina de despegar) es pacificar o domesticar (el nombre educado es ‘integrar’ socialmente) el sur de México, América Central y más allá, y transformar la infraestructura de esas regiones para facilitar proyectos específicos de extracción de recursos naturales, transporte de mercancías y su comercialización internacional junto a la generación de recursos energéticos e hídricos necesarios para el plan en su conjunto y para cada proyecto específico. En breve, tornar más funcional para la acumulación mundial a los territorios y las poblaciones involucradas. No interesan especialmente, excepto para domesticarlas, las comunidades y sus gentes, su historia y cultura, ni los eventuales efectos no deseados (por no poder ser previstos por la inversión de capital) que podrían acentuar un daño irreversible para la Naturaleza del área y del planeta.

    Sintetizando otro gran megaproyecto, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica, que vincula a Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay, Argentina y Perú (comprende 300 proyectos parciales), parte de la consideración que ríos, bosques y montañas de América del Sur impiden maximizar la productividad y competitividad de la región. El megaproyecto busca entonces generar vínculos (hidrovías, gaseoductos, carreteras) que venzan estos obstáculos naturales para la fluidificación del comercio (más que todo, exportar o ‘vender’ naturaleza), fluidificación a la que se llama ‘desarrollo’. Se supone que las poblaciones de esos territorios se beneficiarían con ese ‘desarrollo’. Por supuesto, ni se las conoce, ni se las informa ni menos se las consulta sobre lo que se hará. Tampoco se les dice cómo se integrarán a los proyectos o si éstos los desplazarán o transformarán radicalmente sus expectativas laborales. Por ejemplo, si los pequeños agricultores podrán seguir siéndolo si las transformaciones favorecen e impulsan más bien la agroindustria y sus monocultivos.

    La historia mexicana no parece ser demasiado diferente al respecto. Se inician trabajos (proyectos específicos) sin informar ni consultar a la gente. Se divide a las poblaciones para tener apoyo, se inventan estudios de factibilidad ambiental, se miente tanto sobre las bondades de los proyectos como sobre la maldad y miopía de quienes se oponen a ellos. Se niega que sean solo proyectos para beneficiar a ricos y opulentos en perjuicio de los más pobres y de los trabajadores y comunidades humildes. Pero, sobre todo, las autoridades políticas y jurídicas no dan respuesta (ni escuchan ni intervienen) a quienes organizados como ciudadanos se oponen a represas, dragados o expulsiones de su territorio. Se atropellan las leyes y nadie se hace responsable. Se valora que si se inician los trabajos, aunque sea a la brava o con trucos, ellos serán ya irreversibles porque se ha invertido capital en ellos.

    La opinión de quienes adversan estos megaproyectos puede sintetizarse en la frase que sigue: “Los megaproyectos no promueven el desarrollo sostenible de la América Latina entre otros factores porque ellos no comprenden ni las necesidades ni las demandas de sus poblaciones ni tampoco de la Naturaleza”. Si campesinos e indígenas son divididos mediante trucos por quienes promueven estos megaproyectos, esto no hace mejores a esos proyectos. Cinco siglos de capitalismo dependiente latinoamericano han dado sufrimientos y muerte indigna pero no beneficios a estos campesinos e indígenas. Los megaproyectos son una renovada versión de este mismo ‘capitalismo dependiente’. Reciben publicidad de los medios comerciales, agua bendita de los aparatos clericales, complicidad de los políticos corruptos y funcionarios venales y una gran sonrisa de los ejecutivos de corporaciones, tecnócratas y banqueros. Los empobrecidos de América Latina saben que les espera cuando estos sectores se alborozan.

    No es raro o sorpresivo, por ello, que desde estos empobrecidos surja y se manifieste la protesta organizada de las comunidades. El nivel de su movilización es función del nivel de la organización de esas comunidades.

    Podría enfatizarse el criterio siguiente: en la actual fase de mundialización las necesidades de dinamizar la rotación de capital global acompañada con la tendencia a ignorar las necesidades humanas de las poblaciones genera dos grandes fenómenos: la emigración no deseada, en exceso familiar para los mexicanos, y los desplazamientos forzados. Ambos se vinculan con violaciones a derechos humanos. Los tres eventos, migración, desplazamientos y violaciones, generan resistencias y reclamos populares y ciudadanos. A estas resistencias y reclamos el sistema opone tanto una administración pública negligente o cínica como la criminalización de la protesta social y también su militarización (“legal”) y paramilitarización (ilegal). La escalada de criminalización y militarización, a la que se agrega asimismo la respuesta de ‘indiferencia’ ante los reclamos, se liga de la misma manera con la impunidad de los poderosos. Y también, por desgracia, muchas veces con la insolidaridad de los sectores populares que no se sienten directamente afectados por los proyectos.

    5.- El carácter original utópico, pero con raíces en exigencias de las relaciones sociales, de derechos humanos y su no factibilidad en las condiciones de la moderna sociedad capitalista (lo mismo podría decirse de las sociedades del socialismo histórico), facilita entender la tendencia compleja a no reconocer/aceptar la legitimidad de la protesta social ciudadana y popular (en especial la que puede alcanzar carácter antisistémico), criminalizarla tornándola ilegal, y, en el extremo, militarizarla. Se trata de una escalada desde una racionalidad (la instrumental) que se considera la más propia, y por tanto única, del ser humano, y de la concentración de poder ligada con la lógica de la acumulación de capital. Oponerse al ‘progreso’, es decir al enriquecimiento de unos pocos, se traduce por los grupos dominantes como un desafío a la especie humana. No debe permitirse que este reto se ampare en legalidad alguna. Es una provocación social y cultural que enfrenta a los individuos y a su libertad, a su capacidad corporativa y a los contratos que proporcionan a los individuos poderosos ganancias, prestigio y bienestar.

    El punto, que es político-cultural, toma una forma especial en América Latina porque ‘nuestra’ cultura, en particular la de los grupos dominantes, es principalmente oligárquica y señorial. La protesta ciudadana y popular lesiona no solo a la humanidad sino que irrita a personalidades autoritarias y sus circuitos. ¡Qué se creen esos muertos de hambre! En lugar de agradecer porque se les trae el progreso, bloquean carreteras, agitan carteles, denuncian y ¡hasta portan machetes! Se torna imprescindible prohibir y castigar sus acciones. Y para ello resulta necesario crear las condiciones sociales y administrativas que faciliten su ilegalización. Las trabas migratorias, por ejemplo. La ilegalidad selectiva de algunas drogas. El acceso y disfrute de los recursos naturales… ¡como si fueran de todos! A cercar campos y playas. A inflar sus precios. Y pasar del castigo administrativo a la sanción penal. Y si no es suficiente, represión paramilitar. Son ignorantes, son tontos, son inútiles. Con sus demandas se constituyen como el peor tipo de canallas. Antipatria. Chusma. Ateos, retan la voluntad divina que se expresa como capitalismo.

    A estos rasgos oligárquicos, racistas y señoriales específicos nuestros se agrega otro factor que es principalmente geopolítico. Estados Unidos de Norteamérica se caracteriza, gobierno tras gobierno, por militarizar los conflictos que provoca su modo de existencia. Lo ha hecho con las migraciones que no desea, pero que convoca. También con el narcotráfico, con los resultados que México dramáticamente conoce y sufre. Mañana lo hará con el daño ambiental, que Estados Unidos atribuye a los empobrecidos. Pasado mañana con el acceso a las riquezas naturales (petróleo, agua, etc.) y su posesión que ideológicamente valora como patrimonio de la humanidad, es decir de las corporaciones que protagonizan la acumulación mundial y se benefician con ella. La disposición de Estados Unidos para unilateralmente militarizar conflictos en nombre de su seguridad o la defensa de ‘la’ democracia y ‘la’ libertad debería ser enfrentada como un desafío cultural mundial. Son conflictos que exigen ser ‘resueltos’ de otra manera y multilateralmente. Por desgracia los grupos plutocráticos y tecnocráticos de América Latina, y no pocos políticos, coinciden con Estados Unidos en que los latinoamericanos somos “chusma” y no nos merecemos el lugar que ocupamos en este planeta.

    Curiosamente, como si la realidad oligárquica y señorial de América Latina fuera no un rezago sino un anticipo de lo que será el planeta mañana (“El futuro nos alcanza”), en el mundo postindustrial o desarrollado, en sus grandes centros, se perfilan hoy al menos dos fenómenos ominosos: la doctrina de guerra global preventiva contra el terrorismo (cuyos antecedentes están en el siglo XVII con John Locke) hace que públicamente políticos y militares insistan en que el carácter de esta guerra torna necesaria y legítima la tortura. Esto no se habría escuchado hace quince años. Tortura ha existido siempre en las sociedades modernas. Pero para la sensibilidad de derechos humanos, practicarla y reconocerla implicaba una vergüenza. Por ello públicamente se la negaba o se la excusaba alegando que se trataba de “excesos” de individuos. Hoy se la reconoce y legitima. Aceptan y practican la doctrina de guerra global preventiva Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia, China. En tanto los terroristas, determinados unilateralmente desde el poder, son no-personas, resulta legítimo torturar y aplastar a quienes pueden dar información sobre ellos y sus ‘madrigueras’. Y, por supuesto se hace también legítimo torturar y escarnecer públicamente a estos terroristas. Se puede recordar aquí el linchamiento ‘legal’ de Saddam Hussein. Y, entre nosotros, la aplicación de una ley contra el terrorismo a las organizaciones mapuche en Chile por defender sus tierras y rechazar las industrias forestales que vuelven a transformarlos, con sus familias, en animales acosados y amenazados de extinción.

    La guerra global preventiva contra el terrorismo tiene su correlato ‘académico’ en los centros postindustriales. Retomando las denuncias sobre ‘derechos humanos a la carta’ y ‘explosión de derechos’, se sostiene que derechos humanos deben reducirse a unos pocos: la libertad frente al abuso, la opresión y la crueldad en el marco de los considerados derechos negativos (es decir en los que el Estado no interviene, excepto por su reconocimiento). Ni una palabra sobre derechos positivos en los que la acumulación mundial sí interviene. La acumulación mundial no viola nada. Es racional y democrática. Como señalaba Hayek, ante ella nada ni nadie. Este discurso florece en Harvard, Princeton, Berkeley y va acompañado de la exaltación de autores como Isaiah Berlin. Pueden analizar parte de él en el trabajo traducido al español de Michael Ignatieff: Los derechos humanos como política e idolatría.

    Esta relación ya se ha extendido demasiado. Quiero citar un mal chiste, surgido en Argentina, para terminar estas observaciones. El mal chiste decía: “¡Qué hermoso país Argentina! Lástima que esté lleno de argentinos”. Los megaproyectos de ‘desarrollo’ permiten parafrasear hoy ese mal chiste: “¡Qué hermoso subcontinente América Latina! ¡Qué biodiversidad, cuánta riqueza natural, qué bellos bosques, cuánta agua! Lástima que esté lleno de latinoamericanos”. En este mal chiste se concentra la necesidad de nuestra denuncia, resistencia y solidaridad con nosotros mismos. Aprendamos a leerlo y resentirlo. Aprendamos a organizarnos para que este mal chiste no se haga realidad. Muchas gracias.
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    (*) Panel en la IX edición del Foro sobre Derechos Humanos del Sistema de Universidades Iberoamericanas y el ITESO (México). Participan Andrés Barreda (UNAM, Jorge Alonso (CIESAS) y H. Gallardo.
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    En esta exposición se han utilizado trabajos de M. Ignatieff: Los derechos humanos como política e idolatría, F. J. Hinkelammert: La maldición que pesa sobre la ley, U. Menzel: Tras el fracaso de las grandes teorías ¿Qué será del Tercer Mundo?, S. P. Huntington: El choque de civilizaciones, S. P. Huntington: Quienes somos: Los desafíos a la identidad nacional americana. H. Vessuri: El futuro nos alcanza: Mutaciones previsibles de la ciencia y la tecnología, J. Schiess: Integración a través de megaproyectos: amenaza y desafío para las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, H. Gallardo: Siglo XXI: Producir un mundo.
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Guadalajara, 28 de octubre, 2010,