Universidad N°1869,

septiembre 2010.

 

        No deja de ser curiosa, incluso para un país del Tercer Mundo, la reacción inicial de algunos funcionarios públicos locales al conocer el fallo de mayoría de la Sala IV que anuló, por ilegales, un acuerdo de una asamblea de trabajadores para ceder a un concesionario privado los muelles de Limón y Moín y la instalación de una directiva sindical que promovió esa entrega. Además, la Sala IV reinstaló a la anterior dirigencia, opuesta al carácter de esta concesión y al procedimiento con que se procedió a su remoción. La presidenta Chinchilla habló de “golpe al proceso” y “una piedra más en el camino”. El flamante Ministro de Obras Públicas, F. Jiménez, fue más contundente al calificar el fallo como “la bofetada más grande a quienes queremos y creemos que este país debe avanzar en beneficio de las mayorías”.
 
   Son opiniones extrañas porque tanto la presidenta como el Ministro son funcionarios públicos y juraron respetar el ordenamiento jurídico del país. De no hacerlo, la Patria y Dios se lo reclamarían. La Sala IV dice que el procedimiento fue ilegal y por tanto resulta inaceptable y nulo en un Estado de derecho. Visto así, saca más que pone una piedra en el camino. Y un funcionario que se siente abofeteado porque se le pide cumpla con la ley, aunque no le agrade, es un potencial suicida al anteponer sus creencias y querencias al sistema legal. Al sacar la piedra del camino, la Sala IV indica a los ciudadanos, el sendero correcto. Los ciudadanos, aunque sean Ministros (o por serlo) deberían no solo respetar el fallo, sino agradecerlo.

   Junto con agradecer, tendrían que impugnar a quienes urdieron las ilegalidades ya que ellos son los principales responsables del fallo de la Sala IV. Si estos actores hubieran actuado de acuerdo a la ley, la Sala lo habría reconocido y la concesión seguiría su camino. La opinión pública sabe quienes impulsaron la concesión y, con ello, las ilegalidades a las que los llevó su deseo: el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias (es de suponer que su hermano, Óscar, estaba enterado), el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Marcos Vargas, el ahora crispado Francisco Jiménez, entonces presidente de Japdeva y, en funciones de sancionar la ilegalidad, el ex Ministro del Trabajo Álvaro González y otros funcionarios de esa dependencia. Ellos pintaron como “legal” lo abiertamente ilegal. Todos conforman, en realidad, “la roca en el camino” a la que hizo mención Chinchilla. Deberían responder por sus acciones y omisiones ante cortes competentes. Si son hoy funcionarios públicos, tendrían, por pudor, que renunciar a sus cargos. Una presidenta firme, los renunciaría. Curiosamente, la gran prensa comercial no los menciona. Parecen gozar de la capa invisibilizadora concedida a Harry Potter. Son los inobservables. O los impunibles.

    A propósito de gran prensa, La Nación S.A. se dio maña para observar con bizca atención lo ocurrido. Uno de sus opinionistas fijos se refirió a la resolución de la Sala IV ligando a los dirigentes sindicales repuestos en sus cargos con el narcotráfico en Limón: “Las fuerzas del narco, presentes en sectores estratégicos  del Estado y de la sociedad, redoblarán ahora sus recursos para sembrar la confusión y obstruir todo intento de ordenamiento y progreso en Limón” (LN: En vela, 27/08/10). Ni una palabra sobre quienes procedieron ilegalmente. Y un corte oblicuo a los magistrados que votaron por hacer cumplir las leyes: ‘narco (…) presente en sectores estratégico del Estado’. ¿La Sala IV? Y otro directo, que liga su sentencia con un humus vital que contiene “corrupción, desnutrición o endeblez del Estado de derecho, ingobernabilidad, ineficiencia, bobería, paranoia ideológica e indiferencia”. Ni sílaba sobre quienes se brincaron la legislación.

   El mismo día el editorial del diario enfatiza la debilidad de los dirigentes sindicales repuestos (‘defensores de tesis derrotadas’, etc.) y su ilegitimidad como interlocutores del Gobierno. No interesa que sean los dirigentes sindicales legales. Debe hablarse con los ilegales que se prestaron (o vendieron o arrendaron o actuaron ilegalmente de buena fe, vaya a saber el OIJ o la DIS) al juego y al dinero de los conspiradores. Otra vez, ni un hálito sobre quienes utilizaron el camino torcido. Ni una palabra sobre los responsables impunibles.

    Pintoresco, puesto que se trata de un lugar del Tercer Mundo. Obsceno, si se tratara de un país en serio.