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Enciclopedia Latinoamericana de 

Derechos humanos, Brasil, agosto 2010.

 

     Terror y terrorismo en política

 

 

     La primera cautela que debe hacerse desde América Latina cuando se habla de “terrorismo” es diferenciarlo de “terror de Estado”. Por supuesto existe una relación entre ellos, pero el terrorismo es una respuesta al terror de Estado. Si se lo quiere, se trata de un tipo de defensa, y también de propuesta, contra un régimen político, o contra las situaciones (económicas, sociales, culturales) que este régimen genera o, como señal, contra las personalidades que figuran como responsables de las políticas públicas que motivan las acciones terroristas. En el límite, estas acciones comprometen a población civil cuya única responsabilidad en el terror de Estado es no reaccionar política y culturalmente contra él. Una forma degradada de terrorismo es la acción que destruye personas principalmente porque son vulnerables, es decir están “al alcance” de la capacidad operativa de la organización terrorista. Si la población no experimenta el dominio estatal como “terror”, las acciones terroristas (asesinatos individuales de policías, por ejemplo) tienden a aislar políticamente a los actores que practican el terrorismo.
 
    La cautela recién realizada, entre ‘terror de Estado’ y ‘terrorismo’, es necesaria, pero, como se verá más adelante,  insuficiente.

    Que el terror de Estado sea referente del “terrorismo” indica al menos dos situaciones. Primero, que la constelación de poder reinante no tolera oposición, excepto la que ella misma genera y controla, bajo ninguna de sus formas: política, económico-social o cultural. Se trata o de un sistema o de un régimen que se propone, o ideológicamente o en la práctica, sin alternativa. Segundo, que la réplica terrorista, en último término, busca neutralizar y hacer retroceder la política de terror de Estado para instalar legítimamente a nuevos actores, o actores emergentes, que den otro carácter a los escenarios de una existencia política a la que desean configurada por la pareja aliado/opositor. El terrorismo, así, no se vincula directamente, y por ejemplo, con la guerra y/o violencia revolucionarias. Estas últimas buscan derrotar política, cultural y militarmente a su enemigo y construir, desde esta victoria, otro sistema social. El terrorismo, en cambio, podría ser herramienta para buscar consolidarse como opción parlamentaria dentro de un régimen político al que no se quiere destruir sino reformar. Una guerra revolucionaria aspira a cambiar el sistema. El terrorismo, a derribar o a hacer retroceder o amedrentar a un gobierno que utiliza el terror de Estado y no permite oposición efectiva.

    En América Latina está muy extendido el estereotipo que identifica a la tradición ‘marxista’,  de lucha política con ‘terrorismo’. Se trata de un error. En Marx-Engels la violencia revolucionaria se vincula con el levantamiento del proletariado organizado. Asociaron el terrorismo, en cambio, con acciones singulares e inorgánicas (violencia ‘espontánea’) al que sus actores y promotores atribuían el ‘mágico impacto’ de potenciar la lucha revolucionaria. Marx y Engels oponían, de este modo, violencia organizada de los trabajadores con violencia espontánea inorgánica. Esta oposición fue uno de los factores que los llevó a denunciar y procurar la expulsión de sectores anarquistas en la Asociación Internacional de Trabajadores (1864-1876). Lenin tiene una posición semejante: rechazó las acciones terroristas porque éstas no contribuían a la organización del proletariado sino más bien a la represión y muerte de luchadores revolucionarios. El terrorismo, entendido también por él como acción aislada, era de esta manera una estrategia de derrota, no de victoria. Lo atribuyó a la sensibilidad de grupos medios de la población o a intelectuales, enemigos de la organizada lucha revolucionaria de los trabajadores.

    En América Latina, quienes resienten al Che Guevara utilizan textos fragmentarios (como su Mensaje a la Tricontinental, por ejemplo) para presentarlo como una bestia terrorista. Pero la sensibilidad de Guevara es enteramente otra. El mismo Mensaje… se inscribe en lo que él considera la realidad de la agresión armada imperialista y el espíritu que debe sostener a los destacamentos populares que lo resisten o pasan a la ofensiva en su contra en África, Asia y América. No existe mención alguna a acciones aisladas, sino a la guerra revolucionaria antiimperialista. Y si se lo quiere recordar en sus textos básicos, como la entrevista El socialismo y el hombre en Cuba, se encuentra su tesis de que “que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”. Se trata del amor a los pueblos para que ellos crezcan desde sí mismos tensionando “las causas más sagradas” con sus “pequeñas dosis de cariño” allí donde el ser humano común lo ejercita. No se trata de infundir temor en la población, sino de trabajar para que quiera crecer humanamente luchando por sus causas en el día a día. La emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (México, 1994), uno de cuyos antecedentes es el pensamiento y la práctica guevarista, valora su levantamiento, casi desarmado, como factor catalizador de las energías de la sociedad y del pueblo mexicano, en contra de todo elemento que lo amedrente. No existe en la acción de este Ejército zapatista ninguna rasgo que permita considerarlo ‘terrorista’.  

     
     Un sistema social que utiliza el terror de Estado como una de sus herramientas básicas y permanentes para la reproducción de su poder y poderes excita y convoca las acciones y organizaciones terroristas ya bajo su presencia material ya bajo su posibilidad virtual. Los sistemas de imperio abiertos en América Latina en las décadas del sesenta y setenta del siglo XX, y conocidos como dictaduras de Seguridad Nacional (las experiencias  de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay son las más mencionadas), convocaban acciones de oposición ciudadana y político-militares y también acciones terroristas. El final de esas dictaduras empresarial-militares, al entrar la década de los noventa, se debió principalmente a su desgaste, a las tramas socio-políticas de oposición y a situaciones geopolíticas. Sin embargo, de su acabamiento no surgieron nuevos sistemas sociales sino otros semejantes pero que ya no hicieron del abierto terror de Estado ni de la guerra sucia una herramienta de reproducción del ‘orden’. Las dictaduras de Seguridad Nacional violaron sistemáticamente derechos humanos. La mayor parte de estas violaciones quedaron impunes cuando las dictaduras fueron reemplazadas por regímenes democráticos, o sea electos, restrictivos.


     El Diccionario de la Real Academia Española determina el vocablo ‘terrorismo’ mediante tres ingresos: “Dominación por el terror”, que, según se ha visto, puede aplicarse indistintamente al terror de Estado y a las acciones reactivas de los grupos que lo combaten. “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, en el que tanto las acciones políticas terroristas como el terror de Estado pierden sentido (así, un “asesino en serie” podría calificar como ‘terrorista’), y “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos”. Este último ingreso tiene un marcado carácter ideológico ya que criminaliza la “protesta “terrorista” sin más, y posiciona al sistema social como “orden” al que el terrorismo introduce una alarma/temor o aprensión que no existiría sin él. De esta forma la violencia eventual del sistema político o de su régimen de gobierno queda legitimada. Las entradas que ofrece el diccionario resultan así o insuficientes o inadecuadas para el análisis social. Reiteran, en cambio, un tópico: el terrorismo busca infundir miedo en la población para alcanzar sus objetivos.


     Pero lo que puede resultar insuficiente para el análisis socio-político podría ser utilizado como una plataforma para justificar la necesidad y legitimidad del terror de Estado. Así, Jorge Rafael Videla, Jefe del Ejército Argentino (1975-78) y presidente de Argentina (1976-1981) tras un golpe de Estado, describió así lo que él entendía por ‘terrorismo’: “Un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. Se trata de una caracterización del terrorismo desde un poder prospectivo y ejecutivo que se considera a sí mismo absoluto y para el cual, por definición, no existen derechos humanos.

 

    Guerra global preventiva contra el terrorismo

 

     Recién iniciado el siglo XXI el término “terrorismo” adquirió un renovado (aunque también ‘tradicional’) sentido en el marco de una ‘guerra global preventiva contra el terrorismo’ determinada por el presidente de Estados Unidos, G. Bush Jr., tras el ataque con aviones comerciales piloteados por suicidas en la ciudad de Nueva York y contra el edificio del Pentágono en Arlington, Virginia. Bajo esta doctrina, un Estado poderoso determina como “terrorista” a cualquier lugar, grupo humano, individuo o Estado del planeta, y procede a aniquilarlo, o al menos intenta hacerlo. Carece de importancia que el grupo, individuo o Estado haya realizado acción de ataque alguno. La fórmula ‘guerra global preventiva’ comprende la sospecha de la intención del ‘otro’ de atacar en algún momento, el cobijar grupos considerados terroristas o el temor de que podría protegerlos. La resolución de quién y qué es terrorista la toma unilateralmente la potencia agresora. Los medios para aniquilar el terrorismo carecen de límites. Para conseguir información sobre el terrorismo se puede acosar, torturar, asesinar incluso a niños y ancianos. Para ‘golpearlo’ y restarle apoyo se puede bombardear población civil, ejecutarla sumariamente o destruir su economía.  El apresado como ‘terrorista’ no posee derechos, puede ser retenido indefinidamente en cárceles especiales o secretas sin cargos específicos y es objeto asimismo de cualquier tipo de tortura individual o grupal realizada por sus captores o sus animales. El terrorista es alguien a quien se ha determinado como no-persona.


     Una no-persona o ‘terrorista’ resultó en la práctica muy bien descrita por una jueza argentina en 1978 al negarse a investigar y eventualmente devolver a sus abuelas y abuelos a los hijos de organizaciones político-militares que lucharon contra la dictadura de Seguridad Nacional en ese país y fueron asesinados o desaparecidos o muertos en combate. Localizados, sus niños fueron traficados e implantados en otras familias. Argumentó la jueza: “Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”. De esta manera, las abuelas/abuelos quedaban desprovistos de todo derecho sobre sus nietos. Eran culpables de haber criado “terroristas/asesinos” que habían recibido su merecido como no-personas y ellos, los abuelos, por contacto, resultaban asimismo no-personas. La resolución de la jueza fue sin embargo inconsistente. Para ser coherente con su planteamiento “jurídico” debió ordenar que a las abuelas y abuelos se les encarcelara, torturara y asesinara o ‘desapareciera’ puesto que la condición de no-persona es integral. Queda asimismo en suspenso la tesis de que descendientes de no-personas pudieran portar virtualidades de no-personas que tornaran imposible su crianza por “familias humanas”, o sea ‘decentes’. Desde luego, la jueza reservó el calificativo de ‘asesinos’ solo para quienes ella desprecia y odia.

    La dictadura empresarial-militar chilena, más flexible que la jueza argentina, clasificó a sus opositores ideológicos (no necesariamente armados militarmente) como recuperables y no- recuperables. Los últimos eran no-personas. Sin embargo ambos grupos podían ser objeto de torturas.


     Han adherido explícitamente a esta doctrina de ‘guerra global preventiva contra el terrorismo’, con su referencia explícita o implícita a las no-personas, entre 48 y 55 Estados (casi un 25% de los que están en Naciones Unidas) muchos de lo cuales no tiene capacidad ninguna para ejecutarla pero desean congraciarse con Estados Unidos. Dentro de los militarmente poderosos está el Reino Unido y quizás Australia. Fuera de la coalición multinacional que invadió Irak, Rusia y China practican la doctrina en sus áreas de imperio y también Francia se ha declarado partidaria de utilizarla. Algunos países africanos podrían servirse de ella para masacrar etnias o grupos hostiles en su área y algo semejante podría ocurrir en Europa Central y entre India y Pakistán. Por supuesto el gobierno israelí la utiliza indiscriminadamente contra la población palestina y la extiende a quienes buscan aliviar sus sufrimientos. Considera a estos últimos “servidores de Irán”, Estado al que se valora como uno de los focos del “Eje del Mal”.  La guerra global preventiva contra el terrorismo ha servido para excitar, asimismo, la hostilidad entre culturas sintetizada en un lema por el estadounidense Samuel P. Huntington: The West against the Rest (The Coming Clash of Civilizations). Incluso Colombia, en América Latina, podría acentuar su actoría en la guerra global preventiva contra el terrorismo tanto en sus escenarios internos (para este país se ha inventado la expresión “narcoterrorista”) y exteriores (Venezuela y Ecuador principalmente) en la medida que la administración Uribe (Colombia), el Departamento de Estado (EUA) y CNN acusan una y otra vez a estos países limítrofes de ser “santuarios” del narcoterrorismo y al primero de promover la penetración de Irán en el hemisferio.

    Importante es también enfatizar que las acciones que se siguen de la guerra global contra el terrorismo se ubican fuera del marco de Naciones Unidas. La expresión misma “coalición multinacional” determina esa situación. En lo que va del siglo, la figura omnipresente del ‘terrorista’ es una de las señales que muestran el retroceso de las relaciones geopolíticas a inicios del siglo XX,  cuando no existía Naciones Unidas. Vuelve a imperar sin disfraz el deseo de control planetario de los grupos y naciones más poderosos (económica y militarmente) y  la gran diferencia con el inicio del siglo pasado es que hoy existen arsenales de armas nucleares, químicas y biológicas, además de las ‘convencionales’, capaces de exterminar la vida humana en el planeta en nombre del exterminio de los individuos y grupos valorados como no-personas. Sin ironía es, al mismo tiempo, una fase especial del rango planetario del comercio internacional.
 
    El punto anterior tiene un alcance conceptual directo para derechos humanos. Acompañando las tesis doctrinales e ideológicas sobre la necesidad y legitimidad de la guerra global preventiva contra el terrorismo y sus corolarios reaparecen posiciones ‘académicas’ que se refieren a la "excesiva demanda de derechos humanos” y su eventual judicialización en instancias como la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Vuelve a hablarse de una proliferación o “explosión” de derechos humanos, de derechos humanos “a la carta”, y a postularlos y promover estos derechos simplificadamente como pocos y centrados en los individuos. En esta perspectiva se asume la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) como un retorno a la tradición europea de derecho natural, retorno que debe ser interpretado como la restauración de un principio de agencia que entregaría a los “individuos el coraje cívico para rebelarse cuando el Estado les ordenara hacer el mal” (M. Ignatieff: Los derechos humanos como política e idolatría, p.31). Simplificado doctrinalmente el ‘principio de agencia’ solo operaría como defensa de la libertad individual frente al abuso, la opresión y la crueldad estatales. En esta versión se olvida enteramente que la libertad individual es una producción histórico-social, no un dato ‘natural’. Y que no considerarla así implica la operación conceptual e ideológica de invisibilizar, por ejemplo, que los imperios de sexo-género, la relación salarial y el hambre y exclusión económica, son resultado de prácticas e instituciones que abusan, oprimen y resultan crueles para quienes sufren estas dominaciones. El imperio de sexo-género viola el principio de agencia de las mujeres en tanto tales. La relación salarial liquida en América Latina la libertad e individualidad  (autonomía) de la mayoría de trabajadores y les impide alcanzar su pleno status como personas. Hambre, exclusión y edad transforman a los latinoamericanos en “desechables”, término paramilitar colombiano utilizado para identificar a quienes se debe eliminar para que existan el bien la verdad y la belleza.

    Mirado el terrorismo desde los frentes de la guerra global contra el terrorismo, del desplome de la geopolítica que protagonizaba, o debió protagonizar, Naciones Unidas, y de los discursos y prácticas que limitan derechos humanos a los poderosos y sus corporaciones, y eliminan la comprensión de las matrices e instituciones sociales que los tornan posibles y efectivos para todos, se trata de un mal período tanto para el principio de agencia como para las políticas públicas que deben crear las condiciones para que este principio se vuelva universalmente material. Dicho en sencillo, la existencia de poblaciones que no producen con eficiencia mercantil ni consumen con opulencia puede valorarse (así se valoran ya en muchos sitios) como terrorismo pasivo. “¡Qué hermoso lugar es América Latina y qué potencial…. Lástima que esté lleno de latinoamericanos!” “¡Qué espectacular y maravilloso foco de biodiversidad es la Amazonía! Naturalmente no puede ser administrada por paisillos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Se la debe declarar Patrimonio de la Humanidad”. Como apuntaba el general Videla, también es ‘terrorista’ quien, con su existencia, inhibe la plenitud de los ‘grandes negocios’ inspirados por la civilización cristiana y occidental.

 

    Terrorismo y naturalización de los conflictos

 

     Aunque atentados contra los gobernantes y políticos poderosos inicuos, o que son juzgados como tales, y su contraparte, el dominio despótico sobre las poblaciones gobernadas a las que se sujeciona mediante una combinación de violencia administrativa armada y sacerdotal, seguramente han existido desde que se acentuaron las divisiones sociales dentro de los colectivos humanos (de aquí las figuras del tiranicidio, reprobada por Tomás de Aquino pero legitimada por Thomas Jefferson, y el magnicidio, pero también la esclavitud, el colonialismo, la explotación, las masacres y los aparatos sacerdotales con su articulación de temor y seguridad), es en el marco de las formaciones sociales modernas que se propuso una teoría/doctrina secular acerca de la legitimidad del terror de Estado (o de su poder unilateral y, en la práctica, irrestricto) cuyos noticias pueden encontrarse en Thomas Hobbes (1588-1679) para el cual la paz social, o sea un ámbito donde los seres humanos pueden gozar de su vida y riquezas, se constituye mediante la acción represiva y legal del Estado (Leviatán).
 
    La primera elaboración acabada de este posicionamiento acerca del legítimo terror de Estado se encuentra en el también inglés John Locke (1632-1704) quien, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, combina una teoría sobre el trabajo individual como fuente de toda riqueza y propiedad legítimas (economía política) con una visión política que entiende al Estado y Gobierno (Sociedad Civil, en su vocabulario) como el resultado de un contrato por el cual se defiende, incluso con la pena de muerte, la propiedad privada y el atesoramiento de bienes, a los que entrega el rango de ‘derechos naturales’. En el mismo movimiento, Locke ofrece una teoría de la racionalidad humana fundada en la propiedad/apropiación privadas, teoría que torna irracionales, y con ello tendencialmente no-humanas, las acciones sociales y políticas autónomas (subversivas, en realidad) de los no-propietarios si ellos cuestionan, aunque sea en sus sentimientos, el status propietarista de la sociedad. Aunque no conoció a los obreros modernos, Locke habría estimado que sus demandas lesionando la propiedad serían suficiente provocación como para justificar su más dura represión, incluyendo la cárcel y la muerte. Esto porque, violando la ley natural, se habrían puesto en un “estado de guerra” (declarado la guerra) ante los poderes legítimos: el gobierno representativo derivado del contrato entre propietarios y el Estado constituido desde la legítima, por natural, propiedad privada y su atesoramiento. Locke califica a estos eventuales “alzados” contra la naturaleza humana civilizada y sus instituciones políticas (para él son los mendigos, abundantes en su época, a quienes califica de holgazanes que desean vivir del trabajo de otros) como semejantes a un lobo o a un león cuyo odio y violencia faculta, a quienquiera tenga la capacidad, para darle muerte. Hoy día diríamos que ese ‘lobo’ o ‘león’ comete un delito de lesa humanidad que, juicio o simulacro de juicio mediante, permitiría condenarlo a muerte. La figura empleada por el autor inglés para justificar estos eventos es que la no- persona, o sea el individuo que atenta contra la propiedad, ha desatado un “estado de guerra”. Escribe: “ … it being reasonable and just, I should have a right to destroy that which threatens me with destruction: for, by the fundamental law of nature, man being to be preserved as much as possible, when all cannot be preserved, the safety of the innocent is to be preferred: and one may destroy a man who makes war upon him, or has discovered an enmity to his being, for the same reason that he may kill a wolf or a lion; because such men are not under the ties of the common law of reason, have no other rule, but that of force and violence, and so may be treated as beasts of prey, those dangerous and noxious creatures, that will be sure to destroy him whenever he falls into their power” (The Second Treatise of Civil Government, Cap. III, # 16).


     En medio párrafo, Locke ha enunciado derechos humanos propietaristas y ‘naturales’, o sea excluyentes, y la pérdida de la condición humana, el carácter de no-personas, de quienes atentan contra ellos y su racionalidad. Al devenir bestias irracionales y violentas, el poder civilizado puede destruirlos para evitar ser destruido por ellos. Este es el fundamento ‘teórico’ de la guerra global preventiva contra el terrorismo enunciada tres siglos más tarde por el presidente Bush. La cuestión sugiere que el terror de Estado, contra toda apariencia, acompaña virtual o materialmente toda la historia política de las sociedades modernas tanto en sus versiones capitalistas como socialistas, por citar gruesamente sus formas más representativas. No debe olvidarse que John Locke es conocido en Occidente como autor antecedente o significativo en los campos de derechos humanos,  régimen democrático de gobierno, origen contractual de las obligaciones sociales y de la civilidad, las objeciones de conciencia y el derecho a la insurrección contra una autoridad despótica. Su pensamiento básico, sin embargo, revela un despotismo o, dicho con un vocabulario más actual, una tendencia totalitaria en el imaginario moderno, tendencia que posee sus raíces en el medioevo.

    A esta tendencia totalitaria (pensamiento único, sociedad sin alternativa, ‘final’ de la Historia, dictaduras abiertas, saturación de las subjetividades por el mercado, sociedad unidimensional, clash of civilizations, integración forzosa de nacionalidades) responde principalmente el terrorismo moderno y por ello en él también puede encontrarse, junto a acciones aisladas antisistémicas, reivindicaciones nacionalistas y autonómicas como las que la jurisprudencia española considera terroristas (País Vasco y Libertad: ETA; los miembros de ETA valoran sus acciones como ‘lucha armada’) o las de los independentistas de Chechenia. Esta tendencia sistémica y su variedad de situaciones no resulta incompatible, sin embargo, con el hecho de que Estados poderosos utilicen agentes terroristas para desestabilizar procesos políticos que consideran hostiles. Es más, algunos de estos ‘agentes terroristas’ han sido elevados por los medios masivos de entretenimiento al status de “héroes” modernos. Es el caso de James Bond, un agente secreto (clandestino, ilegal, conspirativo) que lleva a cabo acciones de sabotaje y terrorismo en territorios que no están declaradamente en guerra con el Reino Unido. No se considera usualmente a Bond un terrorista porque sirve a los intereses occidentales o del Mundo Libre. James Bond también permite ejemplificar el carácter internacional del terrorismo y del terror de Estado actuales, fenómeno inherente a la lógica de una acumulación capitalista mundial y al rango de sus tecnologías de punta.

 

    Terrorismo en América Latina

 

     Una derivación de la doctrina de guerra global contra el terrorismo ha sido la acentuación de la utilización ideológica del término para designar y anatematizar a quienes se desea destruir o amedrentar. De esta manera las acciones “terroristas” son siempre las protagonizadas por “los otros” o los adversarios. Parecidas acciones destructivas o criminales orientadas a provocar temor en la población o a publicitar la existencia de una oposición a determinados regímenes considerados inapropiados, pueden ser calificadas como “justas” o invisibilizadas por quienes las promueven. Los medios masivos y las agencias de prensa, normalmente en poder de empresarios “democráticos”, o alineados con las propuestas políticas de los gobiernos estadounidenses, como es el caso de CNN, han prácticamente vaciado de sentido objetivo el término. Así, por ejemplo, el Departamento de Estado de EUA publica periódicamente su evaluación del terrorismo en América Latina y Canadá. El documento es una sección de uno más amplio, mundial, que reseña la mucha o poca cooperación que la geopolítica de Estados Unidos recibe por parte de los Estados del planeta. Su texto combina tanto hechos como posibilidades de acción terrorista entendida de manera tan lata como para que quepan dentro de ella alianzas con el delito organizado y las rutas utilizadas por migrantes no deseados. Un párrafo típico es el siguiente: “… la región no está de ningún modo exenta de ser explotada por grupos que la utilizarían para procurar refugio, financiamiento, documentos de viaje ilegales o acceso a Estados Unidos por rutas, establecidas desde hace tiempo, para el contrabando de narcóticos y de migrantes indocumentados”.

    El informe estadounidense usual suele centrarse en la desigual aunque siempre débil capacidad de los Estados latinoamericanos para actualizar legislación antiterrorista, su falta de experiencia, medios y capacidad operativa en este campo, pero elogia la buena voluntad que muestran estos Estados para mejorar sus controles fronterizos y financieros con el fin de al menos entorpecer las actividades terroristas en sus territorios.


     Se señala asimismo sumariamente la situación por países, exaltando a los Estados aliados de EUA y mostrándose crítico con aquellos que se distancian retórica o efectivamente de su geopolítica. Se dirá de Colombia, por ejemplo, que siguió sufriendo el embate terrorista de las FARC y otros grupos narcoterroristas que amenazan con sus acciones a la población civil. Se destacará igualmente el éxito del Gobierno en su lucha contra el narcoterrorismo y la erradicación de cultivos de coca y amapolas que serían fuentes de financiamiento de los narcoterroristas. La victoria militar del gobierno parecería estar en el horizonte. No habrá ninguna palabra sobre violación de derechos humanos por parte de los aparatos gubernamentales y paramilitares ni tampoco sobre los desplazamientos forzados de población ni menos sobra la factura que impone la economía a los derechos humanos de la población. En el caso de Argentina (que forma parte de la especial Zona de la Triple Frontera, con Brasil y Paraguay y la directa intervención de Estados Unidos) se mencionará el progreso de las investigaciones por la explosión en la Embajada de Israel (1992, 29 personas muertas) y la más cruenta en la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994) que causó 86 muertos. En ambos casos se implica a funcionarios iraníes y libaneses vinculados con Hezbollah (para EUA grupo terrorista libanés-chiíta). Al referirse a Venezuela, remarcará su falta de voluntad para cooperar en la campaña internacional contra el terrorismo, la ausencia de legislación local contra este fenómeno, aunque ese Estado firmó la Convención Interamericana contra el Terrorismo (OEA, 2002-2003), la afinidad del gobierno venezolano con las organizaciones político-militares colombianas (FARC y ELN) y el uso de su territorio como refugio y como base para sus operaciones. Sugerirá además que da apoyo material a estos grupos insurgentes. Repetirá rumores de prensa sobre la presencia de operativos radicales islámicos en la venezolana Isla Margarita.


     Si se trata de Cuba, se la incluirá dentro de los cuatro (o más, según el año del Informe) Estados que patrocinan el terrorismo en el mundo. Los otros serían Sudán, Siria e Irán. Los “Estados patrocinadores” colaborarían como refugio/hospital, proveedores de fondos, armas, documentos y materiales a los grupos terroristas. Corea del Norte ha sido excluido en los últimos años de esta lista.

    Por supuesto, EUA no se incluye a sí mismo en el listado, pese a que parece abiertamente involucrado en el que fue el más luctuoso ataque terrorista en el continente hasta los atentados en Argentina y los posteriores en Nueva York: 73 personas que viajaban en un vuelo de Cubana de Aviación (Barbados-Jamaica-Cuba, 1976) murieron al estallar dos bombas colocadas por agentes anticastristas en el aparato. Nadie sobrevivió. Los agentes fueron preparados por los servicios de espionaje estadounidenses y dos de ellos, juzgados por su participación en el hecho, residen hoy cómodamente en Estados Unidos. Uno de ellos se jactó públicamente en The New York Times de haber organizado una serie de atentados con bombas en hoteles de La Habana. El otro declaró que “Todos los aviones de Castro son aviones de guerra” y por ello debían ser considerados objetivos militares.


     Aunque el caso del avión cubano es monstruoso tanto por su ejecución como por la impunidad de sus autores y de quienes los han protegido, es también innegable que los gobiernos de Estados Unidos y sus corporaciones han tenido participación en un sinnúmero de acciones de desestabilización económico-política en América Latina, perturbaciones que han llevado a golpes de Estado que, a su vez, han supuesto ejecuciones sumarias y otras violaciones de derechos humanos elementales, como el ejercicio de la tortura, el cierre de las libertades de tránsito y expresión, cárceles secretas, masacres, desplazamientos forzados, que transitan con fluidez desde el terror de Estado hasta un terrorismo pro-sistema ligado con la constitución de grupos paramilitares, bandas de ejecución civiles o unidades militares clandestinas que llevan a cabo una guerra sucia y que en ocasiones se vincula también con el crimen organizado y los delincuentes comunes.

    Esta lábil tarea de desestabilización recorre un trayecto que, en la historia reciente, contiene los golpes militares contra los gobiernos guatemalteco (Arbenz, 1954) y  argentino (Perón, 1955), la decisión de realizar “acciones encubiertas” contra el proceso cubano (administración Eisenhower, 1960) que incluían el asesinato de Fidel Castro, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje contra la economía. Las acciones culminaron con una fracasada invasión a Cuba en 1961. Estados Unidos se desquitó del fiasco organizando un golpe de Estado en Ecuador. Entre 1964 y 1976 Estados Unidos colabora y financia los golpes de Estado que inaugurarán las dictaduras de Seguridad Nacional en América Latina (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina). En el mismo período invade República Dominicana (1965), asesora al ejército guatemalteco en una campaña contrainsurgente (el Departamento de Estado, en documento desclasificado, reconoce que “… para matar a unos cientos de guerrilleros habrá que matar a unos 10.000 campesinos”. Este tipo de operaciones se llama “quitarle el agua al pez”). Resuelve también el asesinato de Ernesto Guevara (Bolivia, 1967) y genera en Uruguay los primeros “Escuadrones de la Muerte” (1968), grupos paramilitares que se especializan en la “guerra sucia” (asesinatos, desapariciones, sabotaje, tortura).

    En la década de los ochenta, la administración Reagan, sorprendida y alarmada por la constitución de un régimen popular en Nicaragua, interviene en el área centroamericana impulsando una Guerra de Baja Intensidad que supone sostener al Ejército de El Salvador y fortalecer sus Escuadrones de la Muerte. 35 mil civiles son muertos en ese país entre 1978 y 1981, entre ellos el arzobispo Óscar Arnulfo Romero (1980) cuyas denuncias habían atraído la atención internacional sobre las violaciones a derechos humanos. El escándalo provocado por la violación tortura y asesinato de cuatro monjas estadounidenses (1980) por sicarios de los militares hace que Estados Unidos suspenda la ayuda “de guerra” a El Salvador ¡por un mes!


     La Guerra de Baja Intensidad, financiada por el gobierno de Estados Unidos en el área centroamericana dejó, en sus frentes más “duros”, El Salvador y Nicaragua, alrededor de 120.000 muertos. A la cifra se le puede sumar la de víctimas mortales, principalmente en sectores rurales, que produjo la específica guerra interna de exterminio que se realizaba en Guatemala: 200.000 muertos.  El territorio de Honduras sirvió de base para la intervención estadounidense y Costa Rica puso su parte en la guerra publicitaria y psicológica contra Nicaragua, sirviendo como área de descanso para el personal militar estadounidense y prestándose para el tráfico ilegal de armas que propició el conflicto.

    Precisamente uno de los aspectos de este tráfico de armas permite introducirse a la complejidad que supone intentar conceptualizar desde América Latina la práctica del ‘terrorismo’. Durante la guerra en América Central estalló en Estados Unidos el ‘escándalo Irangate' (1985-86) o, como se lo llamó en Centroamérica, “Irán-Contra”. En lo básico, consistió en el que gobierno de Estados Unidos vendió armas a Irán (quien libraba una guerra con Irak) para financiar parcialmente a la “contra” que luchaba en Nicaragua contra el gobierno sandinista. Para disimular el negocio utilizó a la banca suiza. Vender armas a Irak y financiar la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua estaba prohibido por el Senado de Estados Unidos. La guerra de los “contras” era ‘total’ lo que quiere decir que utilizaba todos los elementos que pudieran causar el completo aplastamiento del enemigo. “Todos los elementos” incluía acciones terroristas. Esto quiere decir que un Estado procedía clandestina, ilegal e internacionalmente para financiar acciones terroristas y atizar un conflicto al que se hacía aparecer como una guerra civil. La situación suponía violar el Derecho internacional y su muy desprestigiado Derecho de guerra,  el Derecho Internacional Humanitario, las regulaciones financieras internacionales y tipificaba además el delito de terrorismo. Contenía, de esta manera terror de Estado, ilegalidad local e internacional, terrorismo y delictividad combinados en un solo paquete o combo con eje geopolítico. La práctica de la violencia total que comprende la guerra sucia torna insuficiente la distinción entre terror de Estado y terrorismo.


     La cuestión puede ilustrarse refiriendo el “Manual del Combatiente por la Libertad” suministrado por la Agencia Central de Inteligencia (espionaje) estadounidense a los militantes de la “contra” en Nicaragua. Contenía instrucciones sobre cómo asesinar, volar depósitos de petróleo, destruir vehículos, escuelas, depósitos de víveres, alcantarillado y sistemas de agua potable, provocar el pánico en la población civil, secuestrar civiles, crear mártires para la causa, seleccionar blancos (personalidades a eliminar) y contratar para su ejecución a profesionales del crimen. Todas éstas constituyen acciones terroristas, pero programadas oficialmente por un Estado que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y para ser ejecutadas por nativos de Nicaragua en contra del Estado/gobierno de su país (que era el resultado de una elección y que se aprestaba a poner en juego su gobierno en un nuevo evento electoral) y al que no se podía acusar de utilizar el terror de Estado. De hecho, de lo que se le acusaba era de ser “comunista” y un “peón de la URSS”. No se trata, como se advierte, de relaciones internacionales sin más, sino de geopolítica de una potencia mundial contra una economía pequeña, desangrada y contra su población. Se trata de terrorismo para que esa pequeña nación y su población “aprendan” que no debe sublevarse y que debe retornar a un redil que no los favorece pero que resulta inevitable. Terrorismo en gran escala no para terminar dialogando, sino para retornar a un ‘orden’ antiguo. Un terrorismo restaurador. Se trata y no se trata de terror de Estado porque las acciones no se orientan ni contra la población ni contra la ciudadanía propias. En estas condiciones los conceptos de terror de Estado, terrorismo y delincuencialidad deben ser revisitados.

    Abreviando: en 1983 EUA invade la isla de Granada a ‘petición’ de la Organización de Estados del Caribe Oriental para poner ‘orden’ tras la deposición y asesinato del dirigente nacionalista M. Bishop. Errores de ‘información’ llevan al bombardeo de un hospital y, posteriormente, al descubrimiento de una fosa común en que se encontraron cien cadáveres de granadinos asesinados por los “comunistas”. El hallazgo resultó enteramente falso. La invasión terrorista de EUA no fue respaldada ni siquiera por el Reino Unido (M. Thatcher).

    En 1989 EUA invade Panamá. Al menos tres mil bajas civiles mediante bombardeos terroristas. En el año 2000 EUA transforma el “Plan Colombia para la Paz”, imaginado como un esfuerzo para avanzar en el desarrollo, en una alianza para combatir, junto al gobierno de Colombia, a la insurgencia y al narcotráfico. Se llamará “Plan Colombia”. El gobierno colombiano es el que tiene el mejor record en violación de derechos humanos del hemisferio. El “Plan Colombia” será asumido como elemento de la Guerra Global Preventiva contra el Terrorismo. Hoy se utiliza para desestabilizar a Ecuador y Venezuela, como base para la penetración militar estable de Estados Unidos en Sudamérica y para militarizar la lucha contra el narcotráfico en América Central. En el 2002, Estados Unidos apoya y financia el golpe de Estado fallido en Venezuela. El 2009 apoya y sostiene el golpe de Estado en Honduras. Este último golpe de Estado abre una fase de intensa violación de derechos humanos y ciudadanos en el país centroamericano. De derechos económicos, sociales y culturales se habla poco en este país. Mucho menos se los reconoce.

    Lo anterior es solo una apretada sinopsis de cómo un Estado practica el terrorismo y queda impune. La historia muestra que no existe otro poder unilateral en el hemisferio más que el de Estados Unidos. Y esta potencia ha utilizado este poder, en innumerables ocasiones, de una manera terrorista. Al mismo tiempo ha quedado impune. La impunidad comprende a su Estado, a sus políticos instigadores y a los militares o civiles ejecutores. Por supuesto sus acciones no podrían haberse llevado a cabo sin el apoyo de sectores nativos, usualmente oligárquicos. Tradicionalmente también han quedado impunes. Pese a su comportamiento terrorista, Estados Unidos se erige en juez de los gobiernos del área en materia de régimen democrático y respeto a derechos humanos. Por consecuencia, también de su institucionalidad estatal. Al parecer, nada en el hemisferio, o en el planeta, puede detener su arrogancia e impunidad ni la de sus asociados locales.

    De esto se sigue que América Latina ha padecido una geopolítica y una política que se traman para sostener una cultura (sensibilidad) que combina el terror de Estado con el terrorismo, el delito organizado y el común. Además de que sectores significativos de la población padecen como víctimas directas esta penuria, los actores de estas violaciones, atropellos y crímenes suelen quedar impunes. En apariencia las acciones se ejecutan contra no-personas, pero esta categoría no parece tener, en América Latina, límites precisos.

    Un último ejemplo que amplía la reflexión. En estos días finales de agosto del 2010 un grupo mexicano de narcotraficantes, Los Zetas, masacró a 72 “indocumentados” (procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Brasil y Ecuador) en un rancho de Tamaulipas. Los “indocumentados” son emigrantes ilegales hacia Estados Unidos, altamente vulnerables en su paso por México. Los Zetas son ex-militares de de élite que, de combatir el narcotráfico pasaron a ser uno de sus brazos armados. Los “indocumentados” son gente humilde que no encuentra oportunidades laborales en su país de origen. Tampoco encontraron en su momento oportunidades de educación ni salud. No son deseados en su destino meta ni tampoco lo fueron en sus países. Son “producidos” como pobres y miserables y tratados, como se advierte por la masacre de Tamaulipas, como no-personas. Se los aniquiló porque se negaron a trabajar para los narcotraficantes, Como si fueran ganado ajeno, su negativa excitó la furia de Los Zetas.

    ¿Constituirá terror de Estado el salvoconducto, bajo la forma de políticas públicas, para que la economía de El Salvador, Honduras, Guatemala, Brasil y Ecuador produzca pobres y miserables (un tipo de no-personas) que, obligados a migrar, provocan furia y masacre, un acto terrorista? ¿A quiénes apodera y a quienes infunde miedo la masacre? Al menos no causa miedo a los Estados recién mencionados. Tal vez algunos de sus funcionarios estimen que los empodera para seguir produciendo “indocumentados” puesto que los crímenes se cometen ‘fuera de su jurisdicción’. Por su parte, quienes han militarizado el desafío del narcotráfico tienden a militarizar asimismo, legal e ilegalmente, el tránsito de “indocumentados”. Al militarizar el narcotráfico, un gran negocio, militarizan también por fuerza a los carteles de la droga. La corrupción de militares de élite (diseñados para matar) parece inevitable. Los caminos de la droga son compartidos por los “indocumentados”. Por eso se produce su secuestro en México, un delito común. Pero las políticas públicas, tanto de Estados Unidos como de México y El Salvador, Honduras, Guatemala, Brasil y Ecuador concurren en dar oportunidad tanto para la consumación del delito como para el acto terrorista. Se trata de políticas públicas corruptas y muchas veces también venales (cuando los políticos, altos funcionarios y burócratas pactan con el crimen organizado. De hecho, Los Zetas poseen ‘socios’ en la policía, migración, etc.). ¿Un Estado frustrado lo es solo porque no controla a su población o también porque tendencialmente su economía promueve el terror de Estado al producir pobres y miserables que deben emigrar? ¿O porque políticamente militariza el desafío del narcotráfico y lo transforma en una escalada de terror propio de una guerra perdida desde su inicio? ¿O es un Estado moderno frustrado porque ha producido una sensibilidad cultural que invisibiliza a las no-personas al menos hasta que son asesinadas? Desempleo sistémico, pobreza, desamparo, “indocumentados”, muertos de Tamaulipas o muertas de Ciudad Juárez constituyen complejos desafíos de derechos humanos. Se trata de cuestiones de derechos humanos. Que por ser básicos, y cuando no se cumplen ni jurídica ni culturalmente para millones mientras quienes los violan quedan impunes (se liquidará a algunos Zetas, pero el sector no morirá porque el narcotráfico es un buen negocio y las políticas públicas lo fortalecen), cuestionan radicalmente una visión simplista de lo que hoy es y significa Estado de derecho, terror de Estado, terrorismo, relaciones internacionales y derechos humanos.

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    Intercambio:

    SM (Costa Rica).- Su propuesta es que Estado de derecho, terror de Estado y terrorismo deben ser repensados. ¿Por qué exactamente? No me queda claro con su referencia a la masacre ejecutada por los Zetas.

    HG.- Bueno, la presentación se inicia con una distinción, nada original, por cierto, entre terror de Estado y terrorismo. Es una distinción que facilita pensar la violencia social. Luego el tema es la violencia social. Y uno de sus aspectos es la afirmación que carecemos de la sensibilidad cultural (cultura política) hacia derechos humanos. De esta manera reaccionamos estereotipadamente hacia ellos y afirmamos con tranquilidad la existencia de un Estado de derecho que solo por excepción realiza prácticas de terror de Estado y que no incurre nunca en terrorismo. Y también, en el otro frente, está la situación en que producimos, mediante políticas públicas o su omisión, “vulnerables” que convocan violaciones por su status social, cultural y humano. Y que muchas de las acciones que se cometen contra estos “vulnerables” deberían estar tipificadas como delitos. A eso hay que sumarle la trama de relaciones internacionales y nacionales. Estos son los factores básicos del argumento.

    Se puede ejemplificar con una situación que ha sido difundida por la prensa también respecto de Los Zetas, ese aparato delincuencial mexicano. Marisolina, llama esta prensa a la mujer salvadoreña que protagoniza la situación. La raptaron como indocumentada en Veracruz y solicitaron por ella 3.000 dólares como rescate. Por supuesto ningún entorno de Marisolina en El Salvador o en Estados Unidos, donde se dirigía, puede pagar esa suma. Marisolina es un tipo casi extremo de vulnerable. Mujer rural, joven, ‘indocumentada’, trashumante, pobre. Si hubiera tenido más edad la habrían ejecutado. Pero la retuvieron en cambio como cocinera y, después, en un cargo de mayor confianza: lavandera. Era de mayor confianza porque debía lavar la ropa del encargado de matar, destazar y quemar a los indocumentados que no pagaban. Era ropa llena de sangre, pedazos de carne y olía a hollín, cuenta Marisolina. Pues, Marisolina, después de tres meses, logró escapar. La vieron tan poca cosa que imaginaron no lo haría. La situación termina cuando Marisolina fue acusada por la Procuraduría de la República mexicana de pertenecer a Los Zetas. Es decir de víctima, pasó a indiciada. El argumento de la Procuraduría era que resultaba inverosímil que no la hubiesen matado.

    Tenemos aquí que el mercado tal como se expresa en El Salvador, mercado que es parte de políticas públicas, obliga a Marisolina emigrar. La produce como “indocumentada” porque otros Estados, específicamente el mexicano y el estadounidense no desean que las marisolinas se instalen en sus territorios. No son los únicos. Hacia el sur, Costa Rica también viene endureciendo su política migratoria, especialmente contra los centroamericanos. Pero hay más, como los Estados del Norte han militarizado la lucha contra el narcotráfico, Marisolina queda en medio de una guerra entre Zetas y militares mexicanos y estadounidenses (más los grupos paramilitares de ambos países). Y cuando huye, cae en poder de los funcionarios que administran la ley en México. Es cómplice de Los Zetas porque convivió con ellos y no resulta creíble su historia de que fue raptada, no pagó y no fue asesinada. Viva, Marisolina es una no-persona. Su cadáver la habría transformado en sujeto de derecho para la Procuraduría de México. Como se ve, se trata de muchas violencias, algunas amparadas en la legislación positiva y sus instituciones. Y otras facilitadas por la existencia o inexistencia de políticas públicas que concurren a potenciar ‘leyes del mercado’ que producen empobrecidos, vulnerables y no-personas.


     Si lo vemos desde el ángulo de violación de derechos humanos lo que se sostiene es que la pobreza y miseria extrema de muchos latinoamericanos, y sus migraciones, es asunto de derechos humanos y que los Estados deberían responder por ello. Y que un derecho como el libre tránsito debería estar firmemente cautelado y protegido en especial para los más vulnerables, como Marisolina. No hacerlo podría apreciarse como terror de Estado contra esos vulnerables. Por aquí viene el argumento y creo que ustedes tienen suficientes elementos para proseguirlo y para repensar las formas de la violencia social y cómo ‘naturalizamos’ esa violencia porque no vemos ni sentimos la existencia desde el ángulo en que la padecen los sectores vulnerables. Ahora, la eficacia de derechos humanos hay que medirla desde ellos.

    BP (México).- ¿Al hablar de “terror de Estado” no resulta inevitable referirse a Robespierre y a la espiral de violencia que desató y que lo condujo a ser ejecutado?

    HG.- En las referencias se hace mención a un texto que selecciona intervenciones de Robespierre (1758-1794). Pero no es por el estereotipo que lo identifica como el principal actor del Comité de Salvación Pública (1793), sino más bien porque Robespierre y los jacobinos que lo acompañaban no tenían el poder efectivo en esa sociedad francesa que estaba naciendo. Ocupaban cargos políticos importantes e imaginaron que podían construir una nueva sociedad (que no era nueva tampoco porque su referencia estaba en el mundo antiguo) desde ellos. Se trató de un error politicista. Lo que ellos hacen no es terror de Estado, en sentido estricto, porque éste último, el Estado, no estaba constituido y por ello las medidas de Robespierre (su política de amigos/enemigos) son una expresión defensiva y precaria de un proyecto político que carecía de base material. No se parece en nada, excepto por la adopción de la pareja amigo/enemigo, a la Guerra global preventiva contra el terrorismo de George Bush II. Robespierre tiene la capacidad de reconocer enemigos, pero no de constituirlos excepto imaginariamente. Puede ordenar matar a muchos de estos ‘enemigos’, pero no logrará aplastarlos. Y eso porque su capacidad para reconocer enemigos es muy limitada y también lo es su capacidad para ejecutarlos. Robespierre no advierte que lo que está naciendo e imponiéndose es la sociedad burguesa y que su proyecto de una república virtuosa era incompatible con los poderes y lógicas de esa sociedad burguesa. Su ‘terror’ expresa la necesidad de defender la virtud de una república que no había nacido y que no llegaría a nacer nunca. Robespierre ve solo enemigos políticos, como los legitimistas o la acción de los expatriados franceses en Inglaterra y Alemania, la amenaza del ejército austríaco, las disidencias jacobinas, los girondinos, los diputados del Pantano, etc. La prueba más evidente de ello es que las medidas económicas de la política de Robespierre se orientaron a tratar de impedir la escasez y la hambruna en la ciudad de París. Se trató de “enderezar” la economía con legislación, pero sin tocar efectivamente la propiedad. Por ejemplo, se confisca propiedad pero porque pertenece a los “enemigos del pueblo”, no por ser propiedad privada.


     En síntesis el Terror Jacobino, es una medida defensiva de un poder que intentaba constituirse y que fracasó. Desde ese punto de vista se aparece más a acciones “terroristas” (muchas veces arbitrarias) tomadas desde puestos político-administrativos que a ‘terror de Estado’. Este último tiene o puede alcanzar legitimidad cultural, la población puede considerarlo necesario y aplaudirlo que es lo que ocurre en este siglo XXI donde los poderes consiguen con cierta facilidad su ‘naturalización’. No es la situación de Robespierre. En su texto La sagrada familia, Marx señala que el trabajo político de Robespierre se tradujo en el botín político de Napoleón Bonaparte. Cita a este último diciendo: “Con mis prefectos, mis gendarmes y mis curas, puedo hacer de Francia lo que me antoje” (La sagrada familia; # Batalla crítica contra la revolución francesa). Robespierre tuvo pocos prefectos, sus gendarmes y soldados estaban divididos y los curas escasearon. Y Napoleón se equivocó. Al querer administrar políticamente y para sí las fuerzas burguesas, terminó también derrotado.


     En suma, que el concepto de ‘terror de Estado’ solo tiene sentido cuando se trata de acciones proactivas, o sea de Estados constituidos y que ejercen un poder constituyente, es decir para que las cosas ocurran en lo que valoran, con acierto o sin él, en su beneficio. El ‘terror jacobino’ devino, en el corto plazo, en cambio, en su propia aniquilación. 

 

    
    LV (México).- Existe un factor que estimo no se ha mencionado en esto de la vulnerabilidad. Esta mujer humilde salvadoreña, Marisolina, es tratada como si fuera de una ‘raza’ inferior’. Creo que eso es también parte de las agresiones que recibe y de que se la trate como no-persona.

    HG.- Las ‘razas’ humanas son variaciones biológicas que se producen dentro de la especie determinadas tanto por el hábitat como por su cruce genético. Esto es efectivo. Pero estimar que estas variaciones suponen que algunas ‘razas’ son inferiores o superiores a otras, lo que se llama ‘racismo’, es una desviación insostenible a partir  del dato y concepto biológico. Sin embargo, el racismo existe y es sostenido incluso con argumentos ‘científicos’ hasta esta transición entre siglos. El racismo es una ideología que se ejerce desde posiciones de poderío, como el sexismo.En esta sentido la vulnerabilidad de Marisolina puede contener elementos racistas.

    Es sabido que el desprecio por los “espaldas mojadas”, gente “de color” y “grasientos” que suele expresarse en Estados Unidos por quienes vienen desde México tiene una vertiente racista. Un libro de Huntington, Quienes somos: Los desafíos a la identidad Nacional, es susceptible de leerse en clave xenofóbica, etnocéntrica, racista y geopolítica. Algunos valores culturales mexicanos (catolicismo, por ejemplo) resultarían incompatibles con el ‘sueño americano’, cuya producción sería anglo-protestante. Para Huntington, los americanos ‘verdaderos’ deben soñar en inglés. La cuestión geopolítica también aparece. Los mexicanos serían los únicos que podrían reclamar legítimamente parte del territorio estadounidense. Entonces, tienen capacidad de dividir a Estados Unidos. El argumento ‘racista’, como se advierte, no está suficientemente perfilado. La discriminación es más bien étnica (cultural) y geopolítica. Pero esto no es obstáculo para que se lo pueda leer en términos racistas.

    El factor racista sin duda está presente en la situación de Marisolina. Los ‘gringos’ son racistas respecto de los mexicanos y Los Zetas son racistas respecto de los mesoamericanos y de los “indocumentados”. Los Zetas eliminan a los machos inferiores que no cooperan (una manera de mostrar que en cierta manera les temen), pero conservan a algunas hembras porque ellas no pueden hacerles daño y además pueden proporcionarles servicios sexuales y no sexuales. Para Los Zetas los 'indocumentados' son una raza. Pero esto nos confirma que el racismo es una ideología de imperio. Se comporta como racista quien puede llevar a otro hasta la muerte o la esclavitud porque está en una situación de imperio que le permite dominar absolutamente a otro por su color, etnia o sexo. No viene nunca solo entonces el racismo. Y el color a veces no significa mucho.

    La reciente legislación del Estado de Arizona, que sigue en discusión en los circuitos judiciales, y que permite discriminar a los inmigrantes o a quienes lo parezcan (determina como delito estatal la permanencia irregular en el país y faculta a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier sospechoso de estar en esa condición) tiene un efecto terrorista entre los inmigrantes incluso legales que temen que la determinación legislativa y la acción de los aparatos de seguridad podría tener un fuerte contenido racista, especialmente contra los mexicanos y contra quienes “lo parezcan”. Ser mexicano o ‘latino’ podría legalmente traer abusos e inseguridad ahora en Arizona, luego en Carolina del Sur y después en otros Estados. Esto vuelve a mostrarnos cómo una mayoría con poder puede practicar la violencia en el día a día contra sectores minoritarios o sin poder y, bajo ciertas circunstancias, falta de empleo, temor racial, etc., transformar esa violencia en instrumento legal. Es decir, un tipo de terror de Estado. En este caso, poner trabas a la regularización de inmigrantes y declararlos delincuentes porque no se regularizan. Y, como posibilidad, acentuar los abusos legales y culturales (étnicos) contra todos los inmigrantes. Obviamente se trata de violaciones a derechos humanos realizados con cobertura ‘jurídica’ y que pueden tener éxito porque no existe una cultura de derechos humanos en las poblaciones actuales. Solo los resentimos cuando se nos pone en peligro directamente. Pero no los hemos integrado a nuestro día a día de modo que despierte masiva indignación su violación contra cualquiera: Marisolina, los “indocumentados”, Los Zetas, los inmigrantes no deseados en Europa, los musulmanes, nuestras poblaciones originarias o los trabajadores a quienes se niega la remuneración legal o el empleo.


    
    EL (Chile).- Me sirvió el artículo. Eché de menos algún párrafo acerca del problema en Chile y los mapuches, se les ha aplicado la Ley Antiterrorista y están hace tiempo en huelga de hambre, peligrando sus vidas, obviamente  para  dar a conocer el antiguo conflicto en la Araucanía, el tremendo poder feudal de los terratenientes, etc. Se sabe poco, los diarios no informan, excepto las quemas de camiones y terrenos de los "terroristas mapuches " ..... ¿Y las deudas históricas, sus derechos humanos, sus muertes, amedrentamientos, desapariciones?

    HG.- Gracias por comunicarse y por el señalamiento. Pensé que en Chile nadie leía este sitio. Suelen estar en otras cosas. Una explicación, no una excusa: el texto base que usted leyó responde al formato e intención comunicativa determinados por los editores de una Enciclopedia. Ello supone seleccionar el material y, también, podarlo. Pero en este espacio y gracias a su intervención podemos tocar otras situaciones, como la que afecta al pueblo mapuche en Chile.

    Lo primero que habría que decir es que Chile ha sido siempre y es un país/sociedad fuertemente clasista y racista. Lo primero explica en parte que fuera, durante el siglo pasado, el país de América Latina donde los trabajadores se organizaron con mayor fuerza y donde las organizaciones partidarias de clase tuvieron las votaciones más altas del subcontinente. También explica que Chile sea un país de masacres. Que Chile sea racista es, en parte, pintoresco. Su población es muy mayoritariamente mestiza (alrededor del 90%) y con notorio contenido indígena. Los españoles que conquistaron el área y la colonizaron eran también obviamente mestizos y el sector de población chilena que tal vez escape de estos mestizajes son grupos endogámicos como los judíos y algunos grupos de europeos. Esta realidad biológica, sin embargo, queda sobredeterminada por el carácter clasista y oligárquico señorial dominante. De esta manera el racismo chileno se aplica a la “chusma”, a los “rotos”, a las capas medias (“roto metido a gente” se les dice), a los mendigos y, por supuesto y sobre todo, a los indígenas, en especial a los mapuche que son los más conocidos y también los más combativos.

    De hecho la llamada “pacificación de la Araucanía” no la hicieron los españoles, sino los políticos y militares chilenos en el siglo XIX. Orientó esta "pacificación"una sensibilidad como la que condensa este párrafo: “Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas (Argentina) o como los araucanos no es mas que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización...” (El Mercurio (diario), 24/05/1859, itálicas nuestras). Como se advierte, los mapuche eran no-personas. Horda de fieras que sólo podían existir sujecionadas. Si no se dejaban sujetar, debían ser destruidas. Las autoridades chilenas llevan siglo y tres cuartos en esta destrucción que ha incluido la guerra abierta, el robo de tierras, su relegación en tierras sin valor económico, la alcoholización, la miseria, el hambre, la discriminación, el oprobio.

    Por supuesto los chilenos “decentes” con las excepciones del caso, miran para otro lado. El asunto no es con ellos. Es frecuente escuchar a un diputado (normalmente un abogado) exclamar “¡Pero qué reclaman estos indios! ¡Si son chilenos!”. Los chilenos, además de clasistas y racistas, somos hipócritas o cara dura.

    La guerra abierta contra los indígenas en el siglo XIX, o sea en su “etapa chilena” se prolonga casi veinte años (1862-1881). Derrotados los mapuche, se los desagregó en “reducciones” que eran como islas separadas por las tierras de las que se les expulsó y que se entregaron a propietarios inmigrantes europeos y chilenos. El Estado chileno despojó a los mapuche del 93% de lo que ellos consideraban sus tierras. La finalidad era que murieran de tristeza, miseria, alcohol, indiferencia. A la voluntad genocida se agregó un designio etnocida. En la etapa estatal ‘indigenista’, durante la primera parte del siglo XX, se dispuso para los mapuche “Juzgados de Indios” donde ellos no podían ser actores de sus reclamos o defensas sino que los ‘representaba’ un abogado chileno. Estamos hablando de un extenso territorio que se abre a unos 650 kilómetros al sur de Santiago.

    Hostilizados como no-personas algunos mapuche se cambiaron los apellidos y ‘domaron’ sus cabellos para no parecer indios. Un buen número se esparció por las ciudades mimetizándose entre los chilenos o manteniendo (los menos) su cultura mapuche. Hoy cuesta saber cuántos de ellos habitan en Chile. La cifra más citada es del 10% de la población total. El censo de inicios de este siglo los redujo a menos del 5% pero muchos indígenas niegan serlo para evitar las diversas formas de discriminación.


    Desde la década de los noventa del siglo pasado ha existido una renovación de la lucha mapuche. Pelean por tierra, autonomía, reconocimiento de la legitimidad de su cultura y acompañamiento. Quieren ser primero mapuche (es lo que son culturalmente) y también ciudadanos chilenos. O sea no ser discriminados por ninguna ley. Sus reclamos actuales (contra las empresas madereras, contra los latifundistas, por su dignidad y propiedades) han sido considerados por las autoridades chilenas como delitos tipificados por una Ley contra el Terrorismo dictada durante la dictadura empresarial-militar que encabezó Augusto Pinochet. La Constitución chilena de 1980 en su artículo 9 determina al terrorismo como sustancialmente contrario a los derechos humanos e inhabilita a los responsables de estos delitos para ejercer cargos públicos, ejercer como periodista o empresario de medios o en funciones de educador, tampoco pueden ser dirigentes de organización alguna y decreta que los delitos no podrán ser considerados políticos sino comunes y no podrán ser indultados excepto por el cambio de una pena de muerte a una de presidio perpetuo.

    La Ley Contra el Terrorismo (Ley N° 18.314 de 1984, modificada por Ley N° 19.241 del 28/08/1993)  fue cambiada, algunos estiman que para peor, por la administración “democrática” de P. Alwyn en 1993. No ha sido derogada por ninguno de los Gobiernos ‘socialistas’ de la Concertación y es la que las autoridades aplican a las diversas formas de resistencia mapuche. Contiene las posibilidades de retener presos por largo tiempo a los acusados sin presentar un caso contra ellos, no permite la excarcelación, duplica o triplica las penas por delitos semejantes pero de otros códigos, faculta testigos sin rostro y que no son identificados en las actas judiciales. Cualquier acusado se sentiría en desamparo jurídico en estas condiciones. Con mayor razón un mapuche cuyos adversarios son latifundistas poderosos, corporaciones madereras, un cuerpo de funcionarios judiciales y carcelarios que los desprecia, políticos que se mofan de ellos y un sistema institucional que los discrimina. Aunque el gobierno de Chile ha recibido múltiples pedidos internacionales para que no se aplique la Ley contra el Terrorismo contra la resistencia y protesta social mapuche (porque es obvio que no cometen actos terroristas) los funcionarios judiciales y militares (éstos últimos también pueden apresar mapuches) han optado por ese ley porque su amplitud, por ejemplo, permite descabezar, encarcelamiento mediante, a quienes se supone líderes de un movimiento articulado que ni siquiera existe. Los grupos indígenas carecen de un aparato único que coordine sus acciones o de un frente que represente legítimamente sus problemas. Pero la Ley contra el Terrorismo permite apresar personalidades y líderes que podrían no tener ninguna vinculación con los hechos por los que se les acusa.

     Los mapuche, en ausencia de casi toda protección legal, han reiteradamente recurrido a huelgas de hambre para evidenciar la injusticia de su persecución y situaciones y la justicia de sus reivindicaciones. Pero estas huelgas no impactan a los chilenos que los siguen viendo y tratando como no-personas en tanto indígenas y como ciudadanos de quinta o de ninguna categoría.

    La situación mapuche en Chile vuelve a mostrar agudamente cómo las formaciones sociales latinoamericanas producen no-personas incluso confinándolas en ghetos rurales (lo que se podría valorar como terror de Estado) y cuando estas poblaciones reclaman o resisten las 'autoridades' tipifican su protesta social y cultural legítima como acciones terroristas, tipificación que tiene como principal objetivo amedrentar al sector social que protesta, desagregarlo y, en el caso chileno, presentarlo a una prejuiciada opinión pública  como compuesto por delincuentes comunes aunque especialmente peligrosos. En la situación de enfrentamiento entre mapuches y chilenos se ligan así terror de Estado, racismo, etnocentrismo, violencia institucional y una cultura de repulsión/indiferencia hacia quienes por ser distintos, valorados por el chileno como “insignificantes” o “inferiores”, la violencia, abusos, discriminaciones e impunidad resultan ‘naturales’.

 

     
    VC (Costa Rica).- Su propuesta de que la producción económico-social de pobres y miserables sea entendida como una cuestión de derechos humanos, ¿no se afirma en el posicionamiento que ha sido criticado o denunciado como “explosión de derechos” o “derechos a la carta”? ¿No debe hacerse más bien cada uno responsable por sus rendimientos?

    HG.- Mi opinión es que hay muchos asuntos comprometidos en el punto que usted toca, incluyendo estereotipos e imaginarios que bloquean el pensamiento. Por ejemplo, si el funcionamiento del mercado se sigue o liga (o no lo hace) de políticas públicas y, con ello, si la organización y jerarquización de la actividad económica de una sociedad es o no un asunto político. Mi criterio es que la organización de la propiedad y de las diversas formas de apropiación se siguen (por acción u omisión) de políticas públicas. No son ‘naturales’. Condensan y expresan determinadas correlaciones de fuerzas sociales. Hay que realizar aquí otro alcance: una política económica, como la que determina la propiedad y la apropiación, no es sólo económica. Es también cultural. Esto quiere decir que se traduce en una sensibilidad e imaginarios que o refuerzan o resisten tanto a esas políticas públicas como a las instituciones y lógicas económicas. Esto debe entenderse como que existe una sensibilidad dominante (y de dominación) que provoca irritaciones sociales, resistencias, porque esa sensibilidad procura extenderse/imponerse a todos, pero algunos sectores e individuos no pueden sino sentirla como de ‘algunos’ y, más, como no de ellos, porque los perjudica y violenta sistemáticamente. Es la situación de los mapuche, que hemos mencionado antes. Pero es también la de las mujeres, en tanto sexo-género, por citar otro referente. Este es un aspecto de la cuestión. Se resume diciendo que la organización económica básica de una sociedad (y todas sus tramas sociales) contiene factores políticos. No es ‘natural’.

    El segundo aspecto a enfatizar es que derechos humanos está ligado con un compromiso político y cultural que recluta a todos los individuos y sectores que dicen adscribirse y beneficiarse de ellos o con ellos. Derechos humanos se llaman así porque se pretenden universales, contienen el reconocimiento de la universalidad de la experiencia humana. Que esta universalidad no haya sido reconocida y proclamada hasta 1948 y su asunción jurídica más generalizada no se haya producido sino en 1966, no afecta al concepto, aunque sí explica en parte que no tenga el alcance cultural que querríamos tuviese. Si el referente común de derechos humanos es la universalidad de la experiencia humana, entonces el eje de significación de ellos es tanto el principio de no discriminación como el principio de agencia. El primero remite a que nadie debería ser tratado como “inferior” o no-persona por poner de manifiesto su humanidad con caracteres propios y específicos. Si es que existe Bin Laden, con las determinaciones que le entrega Occidente, por ejemplo, y se le captura, debe reconocérsele el debido proceso. No basta con decir que “todo el mundo lo reconoce como un terrorista criminal” y lincharlo. Tampoco de exculparlo porque es un ser humano. Como cualquier ser humano, se le debe un debido proceso. Este debido proceso no se sigue de que Bin Laden tenga un fuero especial. Es como cualquier ser humano y un gran número de Estados ha acordado que todos los individuos de la especie tienen derecho a un juicio por sus delitos eventuales. Bin Laden no es criminal mientras no se pruebe su culpabilidad mediante un procedimiento jurídico previamente fijado. Matarlo sin más, porque está indefenso, por ejemplo, debería acarrear responsabilidades legales y las penas previstas por la ley. Quisiera que se advirtiese que aquí no existe ninguna concesión al Derecho natural o a la ‘dignidad humana’ o a ‘hacerle justicia’ a Bin Laden. Los acuerdos contenidos en los Pactos internacionales sobre derechos humanos deben ser entendidos como procedimientos operativos sobre los que existe un consenso amplio. Este consenso (que es político-cultural) puede desaparecer. Pero un Estado o grupo no puede esfumarlo unilateralmente. O mejor, sí puede, pero no debería hacerlo. Si lo hace es porque juzga que su comportamiento no tendrá castigo jurídico (que puede ser militar, económico u otros siempre que tengan contenido material). Saliéndonos de Bin Laden, lo que señala el principio de no-discriminación es que ningún miembro de la especie, haga lo que haga, es un león o un lobo salvaje o una no-persona. Es un ser humano que puede o no cometer delitos, contravenciones, etc.

    Ahora, una lectura del principio de agencia que no se afirme en ningún tipo de derecho natural dice que todas las instituciones sociales deben tendencialmente apoderar la libertad y la responsabilidad humanas. Si se es libre, se es responsable por lo que se elige y hace. Si se trata de instituciones, como la familia o la propiedad, entonces se está hablando de entes cuyas lógicas de funcionamiento se siguen, en las sociedades modernas, de políticas públicas o de su ausencia. Esto quiere decir que las lógicas que nutren a la institución familiar están determinadas también por políticas públicas. No son resultado solo de interacciones entre individuos que viven bajo un mismo techo. Ahora, corresponde a las políticas públicas asegurarse de que la lógica de una institución como la familiar apodere el principio de agencia y, además, bloquee prácticas discriminatorias en su seno. Esto quiere decir, por ejemplo, que las políticas públicas deben potenciar la erradicación del sexismo en la vida familiar. De hecho no debería darse el sexismo, como tendencia, en ninguna institución social, no solo en la familia. Esto sería así si existiese una cultura de derechos humanos como se ha acordado internacionalmente que debería existir. Como o no la hay del todo o es débil, pues no ocurre. Pero debería. Y en sus Pactos Internacionales los Estados se han comprometido a que exista. La cuestión del compromiso no pasa por una firma sino por la materialización de políticas públicas que contribuyan a configurar una nueva sensibilidad cultural.

    Como se advierte, desde este punto de vista, aquí muy someramente bosquejado, en las sociedades de después de los Pactos… y acuerdos subsiguientes, el tema de la “explosión de derechos humanos” o “derechos humanos a la carta” no existe, es un falso problema. Los Estados han venido acordando tornar universales los principios de no discriminación y de agencia. Si este acuerdo va en serio, deberían estar empeñándose en que familia, régimen económico, régimen político, cultura y existencia cotidiana materialicen estos conceptos/valores. Si se lo ve así, entonces la miseria y la pobreza son asunto de derechos humanos sin necesidad de sentir ni resentir ‘explosión’ alguna. Pasaríamos de ver ‘como si fuese natural’ que existiesen miserables y niños que mueren de hambre a aquilatar como ‘natural’ que nadie dejara de tener acceso a las capacidades que permiten satisfacer necesidades básicas, personales o familiares. En un mundo que pacta derechos humanos universales, la miseria o la prostitución infantil y juvenil, tan corriente en América Latina, son señales de que no estamos cumpliendo nuestros compromisos. Y no me refiero a resolver estos desafíos de un día para otro, sino de avanzar hacia verlos como desafíos de derechos humanos.

    Por sí mismos, derechos humanos no constituyen panacea alguna. Tienen que materializarse en políticas públicas que reconstituyan instituciones (sus lógicas) que hoy nos parecen ‘naturales’ o que poseen un carácter que sus defensores afirman torna innecesaria o peligrosa la intervención política (por ejemplo, debería dejarse en paz a la “mano invisible” del mercado. Lo que ocurre es que esa mano genera guerras y no-personas, entonces no se la puede dejar en paz.). La intervención política no es mera intervención de un gobierno, de un Estado o de partidos, sino de fuerzas sociales que se han comprometido con los principios de no discriminación y de agencia y que buscan tornarlos efectivos y prolongarlos como una manera básica y universal de estar en el mundo.

    No se trata por tanto de una “explosión de derechos humanos que conmueve al mundo”, sino de un mundo organizado desde el respeto a derechos humanos. En él no puede darse ninguna “explosión” de derechos, o sea de capacidades y fueros humanos, porque estos derechos constituyen el sentido del orden del mundo. Obviamente podemos preguntarnos qué fuerzas e instituciones, ideologías y doctrinas, nos bloquean  para que este último mundo se haga realidad o nos parezca tan lejano y no factible.

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