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Revista Solidaridad

Global, Año 7, N° 15,

julio 2010.

 

    

  Honduras: del politicismo reduccionista a un enfoque político


    Cuando el 28 de junio del año 2009 fuerzas políticas locales e internacionales ejecutaron el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en Honduras, los focos políticos más inmediatos y relevantes dibujados se centraron en la continuidad de la institucionalidad política hondureña y la Carta Democrática Interamericana (promulgada por la OEA el año 2001). En el primer foco, los golpistas y sus medios periodísticos afirmaron, sin haber procedido, como correspondía, a presentar una acusación judicial, que el entonces presidente Zelaya había roto el orden jurídico básico y que su expulsión del Gobierno debía entenderse como una necesaria sucesión constitucional. Después, celebraron su éxito proclamando que habían políticamente derrotado al “comunismo”. Por supuesto tuvieron la interesada credibilidad de quienes promovieron el golpe (el Departamento de Estado de EUA, la oligarquía hondureña y su partidocracia, los aparatos clericales, la clientela funcionaria asentada en los poderes judicial y legislativo y los medios masivos comerciales) y el repudio de la Organización de Estados Americanos y de gobiernos de todo el mundo que vieron en el golpe de Estado no solo la ruptura de la institucionalidad hondureña sino también una amenaza para toda América Latina.

    Un año después del golpe los énfasis políticos han cambiado. Hoy se entiende, por parte de importantes sectores sociales hondureños, la institucionalidad hondureña de una manera distinta, y ello cambia el carácter con que se lee el golpe de Estado del 2009, y la atención se concentra en la voluntad de esos mismos sectores para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que abra paso a un Estado Social Soberano Laico y Democrático que destruya la estructura oligárquica que propició el golpe de Estado y desmantele su aparato represivo y criminal haciendo de esta manera posible políticas públicas sostenibles orientadas al progreso y bienestar del pueblo hondureño.


     Los puntos centrales del 2009, el enfoque politicista centrado en el golpe de Estado contra ‘la’ democracia hondureña, y su restitución/continuidad ligada a decisiones internacionales (OEA, EUA), han ido siendo desplazados durante el 2010 por una comprensión sociohistórica del conjunto de la historia hondureña (dominación oligárquica y sujeción paracolonial a EUA, régimen democrático aleatorio y restrictivo) y y por el reconocimiento del papel revolucionario de las fuerzas populares hondureñas en la necesaria transformación de una Honduras oligárquica y groseramente dependiente (‘falsa’ nación a la que corresponde un Estado ‘frustrado’) cuya pobreza y miseria, durante este siglo, se han movido entre el 70% y el 63%. De hecho, Honduras presenta los porcentajes más altos de pobreza y miseria en América Latina (exceptuando a Haití), y con ello una extremada mala distribución del ingreso, aspectos que han potenciado la corrupción y venalidad (“legal” e ilegal) de sus políticos y sectores empresariales. En el mismo proceso se han acentuado el hambre y la desnutrición crónicas en sectores mayoritarios de la población a los que se niega estructuralmente su posibilidad de acceso a una educación de calidad, por citar dos referentes sociales significativos.

    Específicamente el desplazamiento del eje de sentido de lo que ha ocurrido en Honduras durante el año 2010 es el paso desde una exigencia de ‘retorno’ a la institucionalidad democrática, rota por el golpe, hacia la exigencia social de una Constituyente que refunde al Estado y establezca la normativa jurídica que posibilite una sociedad hondureña inclusiva sostenida por la organización y participación de la ciudadanía y el pueblo.

     Aspectos determinados de este desplazamiento son: Manuel Zelaya ya no es visto como el presidente democrático derrocado por un golpe de Estado, sino como el agente político catalizador que pone en evidencia la corrupción sistémica de la estructuración social, política y cultural de Honduras. Su eventual retorno no se liga ya más entonces con la recuperación de una democracia que jamás existió, porque no se dio las condiciones sociales para ello, sino como el retorno de una personalidad que contribuye a dinamizar la movilización y organización populares orientadas a la creación de una nueva Honduras. Un segundo alcance remite a la ‘legitimidad’ del gobierno de Porfirio Lobo, “electo” presidente en tanto continuidad salvadora del golpe de Estado en noviembre del 2009. Lobo se autodetermina como deseoso de encabezar un gobierno de unidad nacional. Pero esta ‘unidad’ no rompe con la matriz oligárquica, neoligárquica y dependiente de Honduras, sino que la supone. Es así, ‘unidad con exclusión’ de la mayor parte de hondureños. La administración Lobo resulta de esta manera doblemente ilegítima: “restaura” falsamente la institucionalidad ‘democrática’ mediante una elección amañada y con polémica participación (menos del 50% incluso para las cifras oficiales; 25% para los observadores de oposición), y se propone como continuador sin pausa de un sistema socio-político y cultural que ha funcionado históricamente en contra de la mayoría del pueblo hondureño.

Honduras: entre el simulacro y la esperanza


    Reconocer el desplazamiento del eje político de significación de los sucesos hondureños permite asimismo determinar el carácter de los actores que procuran incidir en sus escenarios y el sentido de los escenarios mismos. Por un lado están quienes procuran mantener el panorama político en los términos que lo configuraron durante el 2009. Básicamente es la línea del gobierno de Estados Unidos, de los golpistas internos y de gobiernos latinoamericanos alineados internacionalmente o con Estados Unidos (Costa Rica, Colombia, Chile, Panamá, Perú) o presionados por los empresarios que resienten en sus negocios el aislamiento hondureño. Para estos sectores, Honduras debe ser calificado y tratado como un país democrático con un Gobierno surgido de elecciones libres y que posee las credenciales para participar de manera plena en la comunidad democrática mundial (La Nación, editorial, 4/07/2010). Su aislamiento se debe a un “pequeño pero estridente” grupo de países que no conceden legitimidad al Gobierno de Porfirio Lobo y que consiguen bloquear su reingreso a la OEA, al BID o al SICA.

    Según esta versión, el grupo “estridente”, encabezado por el gobierno de Venezuela, que ha logrado seducir al gobierno brasileño por la pretensión de Lula de obtener reconocimiento internacional (sic), ve facilitada su acción por la ambigüedad del gobierno de Obama y su carencia de una política clara hacia América Latina. Con esta falta de determinación, Obama facilitaría las “aventuras de Chávez” con el terrorismo de Irán y el armamentismo ruso. Debería asumir, en cambio, la tarea de encabezar una gran ‘alianza hemisférica’ democrática que, reintegrando a Honduras, restablezca los espacios para la democracia, la libertad y la dignidad del ser humano.

    El enfoque de este sector, que posee diferencias internas, como se advierte en sus observaciones sobre el presidente Obama, es enteramente politicista. “La” democracia, “la” libertad y “la” dignidad humana carecen de todo vínculo con la miseria, el hambre y la discriminación. Se siguen únicamente de elecciones que legitiman al gobierno, y al gobernante, que resultó electo en ellas. El gobierno de Zelaya se mostró ilegítimo por sus coqueteos con los sectores populares, su integración al ALBA y su decisión de cancelar la base militar estadounidense en territorio hondureño y, por ello, fue correcta y democráticamente removido aunque el procedimiento haya parecido a algunos grotesco o pintoresco. A grandes trazos este discurso se apoya en la doctrina del “monitoreo de las democracias latinoamericanas” propuesto por Bush Jr/Condoleezza Rice a la OEA (35ª cumbre de la Organización de Estados Americanos, Florida, 2005) y rechazada de plano en el seno de esta última.

    Conceptualmente la doctrina del “monitoreo de los regímenes democráticos latinoamericanos” se inscribe en el imaginario de los regímenes democráticos restrictivos que emergió como “salida” a las insostenibles dictaduras de Seguridad Nacional en la transición desde la década de los ochenta a la de los noventa del siglo recién pasado. Las ‘restricciones democráticas’ se aplican en primer término a la completa subordinación de las economías a la mundialización (y su ‘libre comercio’), cualesquiera sean sus alcances sociales. De esta manera ‘la’ democracia queda enteramente independizada de la producción de hambre, miseria o falta de oportunidades médicas y salud. Por ello, en el caso hondureño, Porfirio Lobo (y hasta el golpista Micheletti) resulta “democrático” y Manuel Zelaya no. La segunda condición restrictiva se aplica a las organizaciones políticas y sociales que promueven la “lucha de clases” o, más ampliamente, tesis doctrinarias “populistas” (término amplio que cubre a quienes se atribuye ignorar la absoluta ‘verdad’ del mercado global). Estos grupos no deberían acceder a los gobiernos ni menos gobernar de acuerdo a sus propósitos. Sus doctrinas y posicionamientos son ilegítimos por sí mismos. Mediante esta restricción, la administración colombiana de Álvaro Uribe (ligada a la violación sistemática de derechos humanos y al narcotráfico) resulta ‘democrática’ y la boliviana de Evo Morales o la ecuatoriana de Rafael Correa no. Pero el menos ‘democrático’ es sin duda Chávez y su proceso bolivariano. Una de las acusaciones más reiteradas para justificar la ‘sucesión constitucional’ (golpe de Estado) en Honduras, es que Zelaya era “amigo” de Chávez.

    Las ‘restricciones’ acerca de lo que es democrático y lo que no lo es se han ramificado de acuerdo a las circunstancias y, más específicamente, a los requerimientos geopolíticos. Así, del rechazo al “populismo” venezolano y de la aceptación del carácter democrático de la administración Uribe en Colombia se aterriza con facilidad en el término “narcoterrorismo”, un derivado del “narco-guerrillero” inicialmente utilizado para descalificar a los aparatos político-militares que luchan en Colombia. Desde aquí resulta también sencillo avanzar hacia el Eje del Mal Mundial encabezado actualmente por Irán y Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea) y sus ‘fundamentalismos’ (mulsulmán o socialista). El discurso de restricciones tiene su frente propositivo: contra el altermundismo, el populismo, las doctrinas fundamentalistas y el terrorismo, se debe promover y aplaudir el pragmatismo. Así, por ejemplo, cuando Lula ‘mundializa’ Brasil, es un pragmático gran estadista. Pero cuando Lula hace gestos amistosos a Irán, entonces o se transforma en un ‘enigma’ (actúa irracionalmente), no se lo comprende, o es un ambicioso populista que quiere cargos internacionales.

    Ser democrático pasa entonces por comportarse pragmáticamente. Y no serlo, por afirmarse en ‘ideologías’ o ‘doctrinas’ o ‘fundamentalismos’ que, cualesquiera sean, determinan acciones populistas que, inevitablemente, llevan a asociarse con el terrorismo y otros delitos. Este es, a trazos gruesos, el imaginario del ‘monitoreo democrático’  para América Latina que la administración Obama hereda de la administración Bush y de la que asume, sin objeciones, el “Plan Colombia” pero con reticencia y dudas (está más ocupada en su frente interno y mundial) ante la situación hondureña. Sin embargo, las dudas y vacilaciones de la administración Obama no afectan a su Departamento de Estado (Hillary Clinton) que las ‘resuelve, en términos del ‘realismo’ geopolítico, a favor de los golpistas hondureños.

    La reciente resolución de la OEA (junio del 2010) para conformar una Comisión de “alto nivel” (la componen EUA y Canadá, dos países sudamericanos, dos de Centroamérica y uno del Caribe) que deberá presentar un informe a finales de este mes de julio, puede ser asumida entonces en al menos dos escenarios encontrados: el de la hipocresía y el simulacro que clama, con Hillary Clinton, que “Ha llegado el momento en que el hemisferio debe acoger nuevamente a Honduras en la comunidad interamericana. Hemos trabajado con muchos de ustedes para ayudar a Honduras encontrar el sendero democrático” y el de la esperanza que en este mismo momento mueve a sectores significativos del pueblo hondureño (coordinado por el Frente Nacional de la Resistencia Popular) para avanzar en la creación de condiciones económico-sociales, políticas y culturales para que en Honduras, por primera vez en su historia, se puede hablar con propiedad de un régimen democrático de gobierno sostenido por un Estado de derecho que reconoce y potencia, mediante sus políticas públicas, derechos humanos.

    El informe de la Comisión “de alto nivel” puede de esta manera constituirse en un paso hacia una doble trampa: legitimar el ‘retorno’ de la democracia sin contenido social en Honduras, y reintroducir oblicuamente en el seno de la OEA la doctrina del ‘monitoreo de los regímenes democráticos’ y, con ello, avanzar en la legalización de los golpes de Estado en América Latina y el Caribe para confirmar, ideológicamente, la reducción de sus regímenes de gobierno y sensibilidad política a regímenes democráticos restrictivos. A este escenario contribuyen, por desgracia, quienes invisibilizan que el gobierno de Porfirio Lobo practica y consiente la violación sistémica de derechos humanos tanto mediante asesinatos (los más espectaculares son los de periodistas), desapariciones y torturas, como por su propósito de consolidar un Estado y una democracia oligárquicos y corruptos cuyas políticas “públicas” contribuyen a la polarización social y a la explotación y exclusión de la mayoría.

Escenario politicistas: la Comisión oficial de la Verdad y el retorno incondicional de Zelaya


    La oposición frontal entre el simulacro, la hipocresía y la esperanza políticas en la situación hondureña admite matices. Existe un enfoque que no se limita a procurar la reaceptación de Honduras en la OEA y en el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) porque ya ‘la’ democracia ha sido restaurada mediante la elección del gobierno de Porfirio Lobo, sino que advierte también que lo que se ha llamado “democracia hondureña’ ha entrado en una fase de crisis de acabamiento y que el golpe de Estado contra la administración Zelaya no es sino una señal de este agotamiento. Este planteo no resulta aceptable para los golpistas por razones obvias ni, por el momento, para el Departamento de Estado de EUA en cuanto podría poner en cuestión su doctrina del ‘monitoreo democrático’ continental y la legitimación de solo ‘democracias restrictivas’, o sea compatibles con la violación sistémica de derechos humanos, aunque formalmente se afirmen en ella derechos civiles y políticos leídos en clave comercial.

    El matiz intermedio admite también al menos dos versiones: una se expresa en el discurso con que algunos Gobiernos latinoamericanos se oponen, en el seno de la OEA, a la reincorporación de Honduras a esa instancia, como es el caso de Brasil. Su argumento es que la acción de  expulsión del presidente Zelaya no es negociable y que su restitución como presidente, o al menos su retorno incondicional, cortaría de raíz la intención de algunos de retornar a los golpes de Estado que históricamente caracterizan a América Latina. Este posicionamiento, que parece fuerte y que descansa en una interpretación fiel de la seriedad vinculante de la Carta Democrática Interamericana, no es, sin embargo, realista, y reduce el papel de Zelaya al de presidente “legítimo”. Por ello, su derrocamiento no debería quedar impune. La traba de esta posición consiste en que la OEA actual no puede hacer mucho para asegurar que el rompimiento institucional en ningún país del hemisferio sea castigado y esto ha sido puesto en evidencia entre junio del 2009 y julio del 2010. La OEA, sin la voluntad política  estadounidense, carece de capacidad para castigar los golpes de Estado. Y el retorno de Zelaya a Honduras, como ‘presidente’ o ‘sin condiciones’, no es factible porque sería juzgado por magistrados comprometidos con el golpe que lo derrocó. Ésta, al menos, es la observación que ha realizado la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (dependencia de la OEA). El fondo de la observación dice: Honduras, bajo la administración de Porfirio Lobo, no posee una institucionalidad judicial que garantice un proceso justo a Manuel Zelaya. Lo que no dice la Comisión es que Honduras nunca ha tenido un sistema judicial que garantice nada a nadie porque este aparato judicial constituye, como su ‘democracia’, un simulacro.

    El punto central, sin embargo, es que no se advierte que el nuevo papel político de Zelaya no es solo el de un presidente derrocado por un golpe de Estado sino, también y sobre todo, el de una personalidad política cuya reivindicación es una señal para una nueva Honduras. Ese papel puede jugarlo retornando a Honduras y siendo procesado por los golpistas, retornando a Honduras amnistiado (perdonado) por las “leyes” locales y las personalidades que lo derrocaron, o permaneciendo en el exilio como figura política de la necesidad de un cambio estructural en Honduras. Luego, el desafío no está en el retorno o no de Zelaya a su país, sino en el reconocimiento de la factibilidad del programa de cambios que proponen la ciudadanía y el pueblo que se organizan en Honduras para producir una nueva Constitución antioligárquica. En esta última percepción, Zelaya es un actor catalizador y eventualmente, si él lo asume, uno de los líderes del proceso popular y ciudadano.

    El posicionamiento político de Brasil y otros países en la OEA debería conducir entonces no a la ‘exigencia’ del retorno incondicional de Zelaya como presidente o no, sino al apoyo político a Zelaya por lo que representa para el pueblo y la ciudadanía progresista y democrática de Honduras. Lo intransable políticamente, en el caso de Zelaya, es que él no debe ser “sentenciado” por la antigua institucionalidad hondureña ni tampoco “perdonado” por ella, sino el que sea factor de realización de las acciones que contribuyan a crear una nueva institucionalidad que él, durante su mandato, presintió o vislumbró como necesaria. Y en esto se puede avanzar con o sin Zelaya dentro del territorio hondureño. En este sentido, el voto de la OEA debe ser en contra de la reinserción de Honduras, cualquiera sea el lugar de residencia de Manuel Zelaya. El punto puede leerse en otra clave que integra el total rechazo de los gobiernos latinoamericanos a los golpes de Estado: cero impunidad y ninguna amnistía para golpistas y criminales. Pero este planteamiento demanda otra institucionalidad hondureña. Esta nueva institucionalidad no es trabajo de la OEA sino de los hondureños mismos. Pero la mayoría de gobiernos representados en la Asamblea General de la OEA puede contribuir con los procesos que llevarían a esta meta. Sin embargo, hasta la Secretaría General de la OEA coquetea hoy abiertamente con una salida politicista de la situación hondureña, salida que, sin duda, contribuye a falsear la Carta Democrática Interamericana cuya defensa llevó a ese organismo en el 2009 a condenar el golpe.

    El segundo posicionamiento que puede considerarse intermedio entre la hipocresía y la esperanza parte del reconocimiento de que el golpe de Estado hondureño fue una señal de la descomposición institucional de ese país (K. Casas: “Honduras, un año después”). Sin embargo, esta ‘descomposición institucional’ se interpreta sesgadamente al mencionar sus factores sociales (“niveles atroces de exclusión social”) pero considerándolos como algo que las camarillas plutócratas y reinantes y sus clientelas deben y pueden superar para no excitar y convocar al ‘populismo’. En breve, es necesario transformar a Honduras para que no existan manueles zelayas ni mucho menos protagonismo popular. Y esta ‘transformación’ deben dirigirla las actuales camarillas corruptas y sus clientelas arraigadas en las instituciones estatales y clericales.


     La propuesta es, bajo muchas consideraciones (aunque con diverso signo) irreal. Primero, porque asigna a los camarillas reinantes (que consideran que han salido “exitosas” de su golpe de Estado) una voluntad política de la que no solo carecen sino que no pueden construir porque su accionar se liga con intereses particulares patrimoniales (‘legales’ e ilegales) que entran en conflicto entre sí y con toda voluntad estrictamente ‘política’ y ciudadana, o sea propuesta desde un emprendimiento colectivo tendencialmente sin exclusiones y regulada por un Estado de derecho efectivo. Lo que existe en Honduras es una ‘clase’ política delincuencial patrimonialista y venal que disfruta de su “éxito” porque se siente respaldada por sectores poderosos de Estados Unidos. “Éxito” e “impunidad” constituyen una de las claves para leer la realidad ‘política’ de América Central, en especial la hondureña.

    El punto es reconocido por el mismo proponente de la tesis que esbozamos, pero bajo una sensibilidad de ‘incógnita’, ‘misterio’ e ‘indeterminación’. Así, se señala que es la camarilla ‘política’ hondureña “… la que ha llevado al país al borde del abismo” y que esta misma camarilla ‘no ha dado evidencia alguna de estar a la altura de los retos’ en material de gobernabilidad (democracia) y equidad (inclusión) y  que su disposición para asumirlos es “improbable”. Se trataría de una camarilla (argollas pseudo partidistas, empresarios, líderes clericales,, tecnócratas, militares) suicida que muestra su carácter al negarle a la Comisión de la Verdad (mayo del 2010) instalada por la administración de Porfirio Lobo capacidad tanto para recomendar transformaciones institucionales (reforma tributaria, despolitización de la Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República y Tribunal Electoral) como para investigar con seriedad las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el gobierno de facto de Micheletti y también bajo la administración ‘electa’ de Porfirio Lobo. Y permanece en el limbo  la cuestión de la necesaria reforma constitucional o nueva Constitución. Pero, pese a todos estos señalamientos, se espera que esta misma camarilla encabece los cambios necesarios.

    Invisibilizada en esta propuesta la organización y movilización ciudadana y social autónomas (FNRP) por responder a espontaneidades ‘populistas’ (contra las que se dio el golpe de Estado), queda solo la administración de Porfirio Lobo como impulsora de las transformaciones que se valora inevitables. Pero la administración de Lobo solo ha realizado ‘gestos’ y carece de la disposición y capacidad políticas para transformar nada. Primero, asume su mandato como un retorno a la ‘normalidad’ hondureña y juzga esta ‘normalidad’ como buena. Segundo, ha asegurado la impunidad de los golpistas bajo la fórmula de una amnistía general, decretada en el momento mismo de su investidura. La amnistía se extiende a los delitos políticos de “traición a la patria, contra la forma de Gobierno, terrorismo y sedición, y los delitos comunes conexos de usurpación, delitos cometidos por particulares contra el ejercicio de los derechos constitucionales, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios”. Aunque la excusa oficial es que se trata del “principio de la reconciliación nacional, el perdón del Estado para perdonarnos todos”, se trata de una exculpación de los actores del golpe a los que se añade una exculpación de Zelaya por sus “delitos políticos”. Hemos insistido en que la cuestión hondureña ya no se mueve entre zelayistas constitucionalistas e institucionales y facciosos, sino entre una ciudadanía y población que desea una Honduras inclusiva y quienes aspiran a mantenerla como un feudo de privilegios y delitos impunes realizados desde el poder. Los actos de Lobo se inscriben en este segundo proyecto, con alteraciones cosméticas. Equivale a decirle al país, borrón y sigamos tan amigos como antes. Y, con un mensaje específico para Zelaya, “ven, reunite con nosotros y sigamos esquilmando al pueblo. No te vamos a hacer nada”. Pero en Honduras la ‘reconciliación’ nacional pasa tanto por el acabamiento de la impunidad de los poderosos como por la inclusión social y ciudadana.

    Debe insistirse, además, en que durante la administración Lobo los signos de un régimen y sensibilidad de “Seguridad Nacional”, en especial la precariedad de derechos humanos, que caracterizó al gobierno de facto de Micheletti, se han mantenido. Especialmente notorio es el asesinato de periodistas independientes. En los primeros cuatro meses de la administración Lobo fueron asesinados seis periodistas. La cifra es solo superada por los siete periodistas mexicanos asesinados en el mismo período. Que se trata de crímenes ‘oficiales’, o sea no necesariamente cometidos por actores de gobierno pero sí amparados por el aparato estatal y gubernamental, lo revela el que sus autores no aparecen por parte alguna y el que ni la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ni Reporteros Sin Fronteras (RSF), ligados a los monopolios empresariales y a los posicionamientos del Gobierno de EUA, los conceden importancia.

    Más pintorescamente, en el reciente pasado mes de junio, el presidente Lobo hizo noticia afirmando que “querían darle un golpe de Estado”. No dio detalle ninguno de la supuesta conspiración. Se trató de un esfuerzo de auto victimización burda para atraer sobre su figura el apoyo de la mayoría de hondureños que, desde su historia larga enfatizada por los sucesos del 2009, rechazan tajantemente los golpes de Estado, las dictaduras militares, los gobiernos de facto y los falsos gobiernos ‘democráticos’ de la oligarquía. El esfuerzo de auto victimización en procura de respaldo ciudadano y social de Lobo cayó en el vacío. Cualquier hondureño sabe que en Honduras no se puede dar un golpe de Estado sin el consentimiento y apoyo de la Embajada de Estados Unidos y sin el protagonismo de los militares. Es decir, el golpe se puede intentar, pero abortaría en horas.

    Los posicionamientos intermedios entre el hipócrita simulacro y la esperanza ciudadana y popular hondureña, entonces, incurren en un mismo error que los torna peligrosos y, al mismo tiempo, irreales. Los gobiernos que desde la OEA insisten en juzgar a Zelaya como un presidente víctima de un golpe de Estado y no como una personalidad cuyo accionar detonó una crisis de acabamiento del sistema político hondureño pueden caer en la trampa politicista (contenida ya en los acuerdos de Tegucigalpa/San José) de aceptar un retorno ‘incondicional’ de Zelaya como garantía de que la Carta Democrática Interamericana está vigente. No es así. El golpe de Estado en Honduras muestra que aunque exista la Carta… se darán golpes de Estado en América Latina cuando EUA, el libre comercio, las oligarquías/empresarias y sectores de las Fuerzas Armadas nativas se pongan de acuerdo. La política de golpes de Estado podrá ser desplazada solo si la OEA (o un organismo internacional semejante) adquiere una fuerza política y militar autónoma que le permita derrotar estas acciones o si existe una organización ciudadana y social popular y democrática en cada país que consiga bloquear los golpes y también convocar a una cultura de solidaridad hemisférica y mundial efectiva. Es tarea latinoamericana y de las organizaciones populares y ciudadanas trabajar para alcanzar logros en ambos frentes.

    El otro posicionamiento es también fantasioso y hace el juego, queriéndolo o no, al statu quo oligárquico e imperialista prevaleciente en Honduras al invisibilizar (o temer) la capacidad de transformación inclusiva y democrática contenida en la organización ciudadana y social popular y al depositar en las acciones de la administración de Porfirio Lobo y en la camarilla política reinante las posibilidades de salir de la crisis con un proyecto que beneficie al pueblo hondureño y se constituya en garantía de su gobernabilidad. Al descalificar la organización y movilización social y ciudadana el enfoque acierta con la necesidad de las transformaciones estructurales sustanciales, pero yerra al identificar su protagonista. No solo se equivoca de protagonista o invoca uno políticamente no factible. Desahucia al sujeto popular y ciudadano, único al que puede interesarle una democratización efectiva, social y ciudadana, atribuyéndole proclividad hacia una tentación “populista”. Haciendo esto, el análisis se autoinscribe en el imaginario de las ‘democracias restrictivas’ y del monitoreo democrático hemisférico.

El difícil camino para un horizonte de lucha y esperanza


    Se ha insistido en este trabajo en que el golpe de Estado de junio del 2009 en Honduras creó las condiciones para un proceso de movilización y organización ciudadanas que no solo repudia el golpe, sino que principalmente se propone avanzar en la creación de las condiciones políticas que, por la vía de una nueva Constitución e institucionalidad, potencie una Honduras inclusiva y democrática.

    Por supuesto se trata de un proceso político que combina diversos actores sociales y ciudadanos y que encuentra su desafío más inmediato en lograr su articulación constructiva. En esto se empeña el Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP). Su propuesta es clara y puede entenderse en sus líneas básicas cuando se atiende su discernimiento respecto del papel del gobierno de Zelaya. Señala el FNRP que la administración Zelaya (2005-2009) se inscribió en una aguda crisis social no factible de manejar por un bipartidismo moribundo (liberales y nacionales) que era tensionado por un movimiento popular en ascenso y un nuevo escenario latinoamericano signado por el fracaso social y ciudadano de las experiencias neoliberales y la emergencia de gobiernos que impulsaban profundos cambios socio-económicos, políticos y culturales. En este marco, Zelaya asumió un compromiso social que lo enfrentó a una oligarquía hondureña parasitaria, corrupta y criminal, impune en sus crímenes e impúdica en sus privilegios. Este compromiso social, con inevitables repercusiones nacionales en la situación hondureña, se tradujo inicialmente en reformas económicas que buscaban fortalecer la producción y demanda internas y frenar las privatizaciones de los últimos servicios y recursos públicos en manos del Estado. Geopolíticamente este esfuerzo nacional de la administración Zelaya se tradujo en su intención, negociada con el gobierno de EUA, de transformar la base militar estadounidense de Soto Cano (Palmerola) en un aeropuerto civil que reemplazara al obsoleto y peligroso aeropuerto de Tegucigalpa (Toncontín), proyecto que se pensó realizar con fondos venezolanos (ALBA y Petrocaribe) ante la dificultad de conseguir otro financiamiento internacional. En el mismo plano, Zelaya buscó ampliar el espectro de relaciones internacionales de Honduras manteniendo vínculos cordiales tanto con EUA como con Cuba o Venezuela. Este perfil de acercamiento a los sectores hondureños históricamente preteridos y una política internacional que entendía que la Guerra Fría se había extinguido a inicios de la década de los noventa, más la intuición de que la construcción de un país-nación requería de una nueva Constitución que potenciara su modernización, fueron los factores que exasperaron al amplio espectro de intereses de los grupos conservadores hondureños y precipitaron el golpe. Los golpistas no imaginaron que los posicionamientos de Manuel Zelaya y su derrocamiento tuvieran como resultado una sostenida y amplia movilización social popular y ciudadana que el FNRP busca articular para establecerlo como factor determinante de la política hondureña.

    Por el momento, puesto que el FNRP entiende que la etapa actual de su proceso tiene como meta la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente integrada por diputados que surjan desde las etnias, obreros, afro descendientes, pobladores, mujeres, campesinos, profesionales, jóvenes y ciudadanía progresista y democrática, asamblea que eche las bases para un Estado Social Soberano, Laico y Democrático, la propuesta inmediata mínima de una fuerza política modernizadora (que para Honduras debe leerse como “revolucionaria”) pasa por la acción de una Comisión de Verdad que esclarezca las responsabilidades de las violaciones sistemáticas de derechos humanos desde el golpe del 28 de junio del 2009, ponga a los responsables en los circuitos judiciales para su juzgamiento y castigo y ordene la reparación de los daños causados a las víctimas y sus familiares, cuando corresponda. Este punto no sería factible si no se procede a reconstruir el sistema institucional de justicia eliminando de él la influencia de las argollas partidarias con vistas a configurar un Estado sólido de derecho. En ese mismo movimiento reconfigurador deberá atenderse la recomposición profesional de los aparatos militares y policiales.

    Para el FNRP el Estado de derecho tiene su contraparte en una población y ciudadanía a la que se le reconocen derechos humanos básicos: libre expresión, asociación y movilización. Estos derechos elementales se asientan en un nuevo pacto social distributivo que detenga y haga retroceder el proceso de concentración del ingreso y potencie oportunidades de movilización social ascendente. Este ‘nuevo’ Honduras requiere de una Asamblea Nacional Constituyente gestada desde la diversidad de los sectores populares, históricamente excluidos y desagregados, y sus necesidades y horizontes de esperanza.

    La nueva Constitución debe fijar el marco para que los medios masivos, actualmente al servicio de la desinformación y propaganda ‘partidocrática’ expresen y refuercen un pluralismo que hoy niegan al ser correas de transmisión de camarillas de poder que se han apoderado del Estado y del Gobierno y lo utilizan para beneficiar sus intereses particulares. Desconcentrar y desmonopolizar el espacio radioeléctrico resulta una acción decisiva para alcanzar este propósito inscrito en la necesidad de una población y ciudadanía hondureña informada, deliberativa y democráticamente organizada e incidente.

    En política exterior, el FNRP propone la tarea hemisférica y mundial de avanzar en la consecución de relaciones internacionales que potencien institucionalmente capacidades para mediar con efectividad en conflictos como el hondureño entendido este último en su sentido histórico: dependencia, dominación interna oligárquico-clerical, ausencia de emprendimiento nacional inclusivo, golpe de Estado.

    En breve, la movilización popular y ciudadana hondureña mira no solo su propia crisis social y político-cultural, sino que se propone tareas de largo aliento que incidan en la realidad hemisférica de modo de evitar en ella una regresión autoritaria gestada tanto por la conflictividad interna o local como por las crisis en el mundo de la acumulación y del trabajo generados por la mundialización en curso y sus contradicciones.

    No es menudo programa para una esperanza social y humana activada en su etapa actual por un golpe de Estado en la región centroamericana.
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    En este trabajo se utilizaron materiales de La Nación (periódico) “El caso de Honduras” (editorial, 4/07/2010), San José de Costa Rica), Kevin Casas: “Honduras, un año después”, Lídice Valenzuela: “Asesinatos y resistencia popular”, Frente de Resistencia Nacional Popular: “Manifiesto Político” (20/06/2010) y Joaquín Mejía y Víctor Fernández (cooordinadores): “El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de Derechos Humanos”.