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Costa Rica, 10

de diciembre, 2009.

 

     El “caso hondureño”, un golpe de Estado promovido por políticos-empresarios, aparatos clericales, instituciones políticas locales y una línea del Departamento de Estado de EUA, y materializado por militares, se inscribe como continuidad de la política interna y de la geopolítica hemisférica del siglo XX. El esquema es sencillo: un gobierno latinoamericano constitucional, pero que se considera hostil a la acumulación global y a sus monopolios (con sus diversos enclaves locales) y que quizás alienta alguna forma de movilización y organización de los sectores populares, es liquidado mediante la acción concertada de los poderes militar, político-económico, clerical y mediático. El caso más publicitado en la segunda mitad del siglo XX es el chileno, condensado en la muerte de Salvador Allende y la conformación de una dictadura empresarial-militar extendida por 17 años y que fue forzada a dar paso a un régimen de gobierno ‘democrático restrictivo’ que prolonga el “estilo de existencia” y juridicidad propios del posicionamiento chileno tanto en el sistema de la mundialización como en la geopolítica encabezada por EUA en el hemisferio.

    Por supuesto el ‘caso hondureño’ del 2009 no es un calco de la experiencia chilena de los setenta. La historia no se repite precisamente porque de alguna manera se aprende de ella. Y las situaciones también son diferentes. En Honduras, por ejemplo, el golpe no se extiende como un régimen de Seguridad Nacional encabezado nominalmente por militares. Se utiliza a los militares nativos como brazo armado del capitalismo global y de sus socios locales. Lo común es el golpe de Estado, la utilización de la fuerza, el aplastamiento del ‘enemigo’, el desprecio por derechos humanos, el injerencismo. Lo nuevo es la explícita concertación de actores e instituciones locales e internacionales, el cínico protagonismo empresarial y clerical, la manipulación mediática. También fue nueva (aunque había sido anunciada por las amenazas de golpe en Bolivia y Paraguay) la solidaridad de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y de la OEA con la institucionalidad hondureña y su representante, el depuesto presidente Zelaya. Constante es asimismo la resistencia de sectores populares, mejor o peor organizados, y su neutralización o derrota. Por desgracia, reaparece con fuerza el punto de la impunidad de los golpistas, tanto locales (militares, políticos y empresarios, iglesias) como internacionales, e incluso su exaltación.

    El éxito del golpe de Estado en Honduras, es una derrota para la OEA y su Carta Democrática Interamericana, un aviso para los gobiernos latinoamericanos de que la interrupción institucional, más o menos sangrienta, se llevará a cabo en todos los lugares que reúnan las condiciones determinadas por las fuerzas golpistas y una amenaza directa para quienes adhieren o coquetean con experiencias que buscan la integración de gobiernos y pueblos latinoamericanos (como el bolivarismo o Unasur) o levantan discursos que promueven un mejor trato y una mayor cuota para la fuerza de trabajo urbana y rural en la distribución de la riqueza socialmente producida. Ni hablar de quienes aspiran que trabajadores y ciudadanos se organicen y expresen independientemente desde sus necesidades sentidas.

    Interesa en este artículo destacar cómo la situación hondureña fue acompañada y coreada por un discurso mediático que, en lo central, repite un único guión escrito, sin duda, por sectores del Gobierno de EUA. El momento es el de las elecciones de finales de noviembre que, en la perspectiva oligárquica e imperial, ‘resuelven’ y legitiman el golpe de Estado. Días antes de esta elección Jorge G. Castañeda, en algún momento Ministro de Relaciones Exteriores de México, sostiene, en artículo que titula “Elecciones en Honduras: la equivocación de quienes se sumaron a Chávez”, los siguientes puntos de vista:

     a) las elecciones ponen término al “teatro hondureño” y ya no pudo mantenerse la unidad hemisférica en torno a la crisis;

     b) la administración Obama avala la legitimidad de las elecciones hondureñas;

     c) Zelaya ya podrá salir de su “guarida brasileña en Tegucigalpa”;

     d) que un gobierno ilegítimo (Micheletti) no pueda realizar elecciones legítimas es conceptualmente absurda e históricamente falsa”;

     e) EUA, Brasil, México, Chile no debieron comprar el “boleto conceptual de Chávez, los cubanos, Zelaya y el ALBA”.

    De esta esquemática reseña conviene destacar: el desprecio por la realidad latinoamericana y la Carta Democrática de la OEA. El supremo desdén por Zelaya a quien se ridiculiza. Zelaya era una “carta” de Chávez y los cubanos. Su derrota es una derrota de Chávez y los cubanos. Y la advertencia: los gobiernos latinoamericanos no deben comprar las “cartas” de Chávez y los cubanos.

    Conviene, puesto que Castañeda se considera a sí mismo un ‘intelectual’, señalar que su tesis de que un gobierno ilegítimo (Micheletti) sí puede organizar elecciones legítimas supone o una fingida ignorancia y mala fe o ausencia completa de información sobre lo que se habla. Por ejemplo, la transición desde la dictadura encabezada por Augusto Pinochet en Chile a un régimen democrático restrictivo de gobierno, en 1990, tuvo como antecedente la derrota y aislamiento políticos de la dictadura. Las elecciones hondureñas de este noviembre, en cambio, fueron enteramente controladas por los golpistas: no se permitió oposición y ésta no aceptó participar. Sólo se podía votar por candidatos golpistas. Pero el punto central es que tanto en Brasil como Chile, mencionados por Castañeda, la transición va precedida de derrotas políticas (locales y en el mismo Estados Unidos) de los golpistas o dictadores. Nada que ver con el caso hondureño.

    Dos días después del triunfo golpista en las ‘elecciones’ escribe el Director  del Centro de Estudios Latinoamericanos del Hudson Institute de Washington, Jaime Daremblum, de nacimiento costarricense:

     a) se votó masivamente (calcula la participación en un 60%) y la jornada fue pacífica; el candidato derrotado admitió su derrota. De aquí sigue que debería respetarse “la voluntad electoral, libremente expresada, del pueblo hondureño”;

     b) el éxito electoral será rechazado por Hugo Chávez y sus marionetas: Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa y otros que han sido comprados por los petrodólares venezolanos;

     c) Insulza, a la cabeza de la OEA, ha andado por el mismo camino que los anteriores;

     d) Brasil debe abandonar su amistad con Irán y tomar en serio sus obligaciones diplomáticas;

     e) las elecciones de noviembre fueron convocadas por Zelaya ‘antes de perder el poder’, no por Micheletti; dicho esto, reitera el argumento de Castañeda: es absurdo que nunca se pueda transitar desde gobiernos de facto a un gobierno democrático debido a la falta de legitimación del antecedente;

    f) se debe reconocer al nuevo gobierno de Honduras porque éste representa “la voz del pueblo hondureño” y se la debe respetar.

    La coincidencia con el texto pre-elecciones de Castañeda es casi total: rechazo y desprecio por la OEA y los gobiernos latinoamericanos; llamado de advertencia a Brasil; el enemigo a derrotar es Chávez y sus ‘marionetas’; entera legitimación del proceso electoral hondureño. Exigencia de reconocimiento del nuevo gobierno democrático de Honduras (Pepe” Lobo). Una diferencia es que Daremblum no acepta que existió un golpe de Estado en Honduras. Por eso alega que las elecciones fueron un proceso institucional abierto por Zelaya y que no se interrumpe porque éste hubiera perdido el poder. Que nunca existió golpe de Estado en Honduras es tesis central de los golpistas.

    En total sintonía con el artículo de Daremblum, el periódico La Nación, principal medio impreso de Costa Rica, editorializa el mismo día que Honduras, con las elecciones, despejó el camino para que el país “retorne a la legalidad democrática”. Por ello debe reconocerse como legítimo el triunfo de Porfirio Lobo y la legalidad democrática de su mandato a iniciarse en enero del 2010. Las elecciones fueron más concurridas que las que decidieron el triunfo de Zelaya cuatro años atrás. Los golpistas estimaron los votantes en un 60% del padrón. Sin ánimo de ironía enfatiza que “nadie disputa el resultado”. Se congratula porque los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica reconozcan los resultados de la elección democrática. Indica asimismo que se trata de la única opción realista. Critica a Brasil porque aceptó el fraude de la elección de Mahmoud Ahmadineyad en Irán y rechaza la elección de Lobo en Honduras (argumento de O. Arias, presidente de Costa Rica). Esto, en lo que interesa. Eso sí, como Castañeda, acepta que en Honduras se dio un golpe de Estado.

    Si se mira CNN, el guión es el mismo. Las elecciones, contra toda evidencia, fueron democráticas, altamente concurridas, libres, reconocer a Porfirio Lobo es la única salida realista, Zelaya, y el golpe, son historia. La aparente discrepancia entre quienes reconocen que hubo un golpe de Estado y quienes no lo aceptan se disuelve porque en uno y otro caso reclaman la impunidad para los golpistas. Que es exactamente lo que pretendía evitar la Carta Democrática Interamericana. Esto quiere decir que los Gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica renuncian en la práctica a esa carta al reconocer la legitimidad del proceso electoral hondureño. Generan con su posición un conflicto grave en el seno de la OEA que, de resolverse a su favor, abre las puertas a los golpes de Estado auspiciados por Estados Unidos. Ningún otro Estado posee en el hemisferio la capacidad y voluntad militar para asumir exitosamente un golpe de Estado. Hasta aquí el alcance de la campaña mediática para legitimar lo que los gobiernos latinoamericanos ingenuamente imaginaron  ya no sería legitimable.

    Como corolario, otro asunto grave. Si la hegemonía estadounidense en el hemisferio, con su inseparable vínculo con los grupos oligárquicos nativos, retoma su rostro militar (en realidad, nunca lo ha abandonado), corresponde a los gobiernos de América Latina re-configurar sus procesos democráticos apoyándolos en una fuerza militar latinoamericana capaz de disuadir y enfrentar a los sectores y fuerzas golpistas. Estados Unidos es un imperio en declinación. Su necesidad de consolidar un estricto control sobre América Latina (recursos naturales, fuerza de trabajo, consumidores de chatarra, nichos mercantiles) se hará más imperiosa en esta fase de despliegue de la mundialización. La violencia de las oligarquías estará también más flor de piel en tanto disminuye su acceso a ‘buenos negocios’ y aumentan la irritación e incertidumbre sociales.

    Corresponde entonces desahuciar la tesis geopolítica de “América para los americanos” (Doctrina Monroe, 1823) y su Corolario Roosevelt (1904). Este desahucio comprende al menos tres escenarios: una política especial hacia los aparatos armados latinoamericanos, con la finalidad de apartarlos de su dependencia de Estados Unidos y de su fácil cooptación reaccionaria por sectores oligárquicos y clericales. En el mismo movimiento, los gobiernos latinoamericanos deberían crear milicias ciudadanas y populares que pudieran resistir inicialmente un golpe de Estado mientras entran en acción  fuerzas militares regionales encargadas de castigar a los golpistas tanto militares como empresariales, políticos y clericales. América Latina no puede (ni quiere) declarar la guerra a Estados Unidos, pero debe darse los medios políticos y militares internos para que Estados Unidos asista al fracaso rotundo de sus acciones injerencistas. Un segundo escenario ha de ser el avanzar hacia las alianzas político-militares con todos los Estados e instancias internacionales que deseen colaborar con la defensa armada de los Estados latinoamericanos contra agresiones oligárquico-estadounidenses. Si ello precipita la liquidación de la OEA actual, en buena hora. Unasur puede ser un buen comienzo para una defensa regional e internacional del derecho de los pueblos latinoamericanos a su autodeterminación y para avanzar hacia una cultura mundial  de no agresión. Insistamos: los pueblos latinoamericanos no desean la guerra. Tampoco sus gobiernos legítimos. Pero ello no significa permanecer inermes ante la agresión monopólica, oligárquica y reaccionaria de los poderes en la región. Inerme quedó el pueblo de Honduras ante el golpe de Estado. Su experiencia no debe repetirse. Contra la agresión golpista, América Latina debe contar con cohesión interna y respaldo militar e institucional internacional. Un tercer escenario debe al menos comenzar a discutirse: América Latina es área desnuclearizada. Una primera cuestión es exigir la desnuclearización de todos los Estados, comenzando por los que han probado su voluntad agresiva y han utilizado contra poblaciones indefensas armamentos de destrucción masiva. Si esta política humanizadora no tiene éxito, los Estados de América Latina deben considerar rigurosamente la posibilidad, aliados con otras potencias, de una respuesta masiva a los agresores y depredadores de sus territorios, recursos y poblaciones.
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10/12/09