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Alai, Ecuador,

julio 2009.

 

     Referentes básicos

    Honduras es un país centroamericano fronterizo con El Salvador, Nicaragua y Guate-mala. Su población, más del 40% rural, es algo inferior a los 8 millones de habitantes. Es una de las tres sociedades más pobres de América Latina y el Caribe. Los otros son Haití y Nicaragua. El ingreso per cápita hondureño es de 2.793 dólares, pero propiedad e ingreso están muy mal distribuidos (coeficiente de Gini de 0.568, quinto puesto entre los más inequitativos de América Latina). Casi un 60% de los habitantes está por debajo de la línea de pobreza y un 36.2% por debajo de la línea de pobreza extrema. Recientemente, en los años 2005-06, Honduras consiguió ser admitido en la iniciativa para los países pobres muy endeudados (FMI/Banco Mundial) y cumplió con los requisitos para acceder a los beneficios de la Iniciativa Multilate-ral de Alivio de la Carga de la Deuda. Forman también parte de este grupo, de los países latinoamericanos, Nicaragua y Bolivia. Acceder a los beneficios de la Iniciativa implica quedar sujecionado a las políticas económicas de las instituciones internacionales que la administran.

    Las diversas formas de poder social en Honduras tienen su eje interno en unas 13 familias opulentas en relación con las cuales se mueven, con diferentes matices, las instituciones del Estado, los ‘poderes’ judicial y legislativo, los principales medios masivos, la jerarquía clerical y hoy, de nuevo, las Fuerzas Armadas. Se trata de un régimen señorial, oligárquico y ‘cristiano’ (cuyo otro eje es la inversión extranjera y el flujo económico internacional) que se presenta como un Estado de derecho y realiza periódicamente, desde inicios de la década de los ochenta (legislativas en 1980, presidenciales en 1981), elecciones que se valoran, y su población saluda, “democráticas”. Honduras es una de las ‘democracias’ implantadas por Estados Unidos en América Central en la década de los ochenta en su esfuerzo por aislar y debilitar los impactos de la revolución popular sandinista en Nicaragua y el progreso de la lucha revolucionaria armada en El Salvador. Por supuesto su vida social y política nada tiene que con igualdad ante la ley (Estado de derecho), igualdad de participación e igualdad de riqueza que, como tendencias, podrían considerarse básicas para un régimen de gobierno democrático o para una sociedad democrática.

    Con independencia de su carácter oligárquico, ‘cristiano’ y su tradición dictatorial, aunque vinculada a estos factores, la sensibilidad política de los grupos dominantes en Honduras sería cómica si no fuese por sus efectos sociales dramáticos. En los años 80 del siglo recién pasado se cultivó la idea de pasar a ser un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, tal como Puerto Rico. Como la ocurrencia no prosperó en el país que debía aceptar el regalo (administración Reagan), en los noventa se abrazó, por los “partidos” Nacional y Liberal (son solo nombres para apetitos) el modelo neoliberal, lo que inevitablemente concentró aun más la riqueza y aumentó el empobrecimiento de los sectores vulnerables al mismo tiempo que enflaquecía a sectores medios. El esquema ‘tecnócrata’ (es solo otro nombre) tuvo sin embargo un logro: abolió, hacia la mitad de la década de los noventa, el servicio militar obligatorio y buscó reestructurar las Fuerzas Armadas para que dejaran de ser un sector relativamente autónomo de clase y se refuncionalizaran como el “brazo armado” del poder oligárquico. Por supuesto, esto no las hace más profesionales, pero les quita capacidad para disputar los buenos negocios o apoderarse de ellos. Las reformas en la institucionalidad militar culminaron en 1998 con una cláusula constitucional que hace que el Presidente hondureño sea el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Los militares que hace unos días (28 de junio) asaltaron y capturaron al Presidente en ejercicio de su país, para luego expulsarlo de Honduras, “no podían hacerlo” (en términos normativos) porque éste era, en una institución de mando vertical, su máximo jefe. Solo podrían haber actuado así si él (el Presidente Zelaya) se los hubiese ordenado. O si deseaban romper la institucionalidad. Situación que, en efecto, produjeron.

    La economía hondureña es una economía muy abierta centrada en la exportación de productos agrícolas y manufacturas. Esto la torna extraordinariamente vulnerable no solo a una crisis recesiva global (o estadounidense), sino a presiones económicas determinadas por razones políticas, como la suspensión de giros que ya ha resuelto el Banco Mundial debido al golpe militar y empresarial. De hecho, si los países centroamericanos, Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, resolvieran cortar todo tráfico con Honduras, excepto ayuda humanitaria, tanto la economía como los aparatos militares hondureños se desquiciarían aceleradamente. Honduras es extraordinariamente sensible a su entorno internacional y carece de la capaci-dad para crear escenarios alternativos si éste se torna abiertamente hostil. El capital extranjero (Zonas Francas) aposentado en su territorio sería incluso un potencial aliado de un bloqueo (o huiría) debido a la disparidad de fuerzas en pugna.

    Pese a su historia de dominio oligárquico y transnacional, y también en parte a causa de él, la población hondureña ha resistido la explotación y la exclusión con organización social y movilizaciones de lucha. Desde 1964, y pese a que la organización sindical ha sido considerada “subversiva”, existe una Confederación de Trabajadores de Honduras, afiliada a la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT), que coexiste con una Central General de Trabajadores, la Federación Unitaria de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras y la Federación Independiente de Trabajadores. También existen organizaciones en el trabajo agrario: el Frente Nacional de Campesinos de Honduras, el Sindicato de Trabajadores de la “Tela Railroad Company” (alias hondureño de la United Brands) y el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula que, con los trabajadores organizados de la Tela Railroad, enfrentan los vaivenes de la producción bananera. El Movimiento Cooperativo (jurídica y constitucionalmente forjado entre 1921 y 1987) se ha dado una Confederación Hondureña de Cooperativas (1971) que se orienta actualmente a entregar respuestas locales a los desafíos globales.

    Los grupos sindicalistas (Bloque Popular), activistas de Derechos Humanos, periodis-tas, taxistas, escritores y artistas, maestros y profesores, y el Frente Nacional de Resistencia Popular y Vía Campesina Honduras, han destacado en la resistencia inicial interna al gobierno empresarial/militar encabezado por Roberto Micheletti. Las organizaciones campesinas han preparado, además, marchas hacia las ciudades para reforzar esta protesta. Lo hacen, como muchos otros ciudadanos y trabajadores, no por ser “gente del presidente Zelaya o partidarios liberales”, sino, como enfatiza un dirigente de la Vía Campesina hondureña, porque ven en su presidencia un factor que les permitiría derrotar el modelo neoliberal. Señalan que Zelaya ha detenido el proceso de privatizaciòn de activos públicos hondureños, como la energía eléctrica, los puertos y el sistema de salud y, más importante, se ha pronunciado a favor de un régimen democrático que potencie la participación ciudadana y social de la población en las determinaciones políticas. El último punto contiene potencialmente una profunda transformación de la institucionalidad oligárquica del país.

    Sobre esta situación, el insospechable Banco Mundial, reseñando favorablemente el programa original del presidente Zelaya, lo puntualizó de la siguiente forma: crecimiento económico con equidad; gobernabilidad vía la modernización del Estado y la participación ciu-dadana; protección ambiental y gestión de riesgos (Honduras es un país boscoso y por su territorio pasan huracanes), y desarrollo del capital humano (educación, salud). A la reseña del Banco Mundial habría que agregar que, poniéndose a tono con la sensibilidad gestada princi-palmente por el proceso venezolano en este siglo, a la participación ciudadana se la articuló con la participación social. El gran “defecto” de Zelaya para los diversos grupos tradicionales (nacionales, liberales, jerarquías clericales, magistrados, aparatos armados, medios masivos, parlamentarios, y, probablemente la embajada de Estados Unidos en Honduras, que, en este caso, no representa a la administración Obama) es que asume que el necesario proceso de “moderniza-ción” del país debe incluir la participación social y ciudadana de la mayoría de su población. Inclusión social y ciudadana universal. Los posicionamientos respecto de este punto antioligárquico (que no es ni socialista, ni anticonstitucional, ni una chifladura, ni un intento de entronizar una dictadura) condujo al enfrentamiento que culminó con un golpe de Estado. El punto de la “cuarta urna”, en la que la ciudadanía podría pronunciarse sobre la necesidad de convocar a una eventual nueva Constitución es, visto aisladamente, un detalle en procesos más amplios.

    No se trata, por tanto, de la opción “bolivariana” o “chavista”  de Zelaya, o de la amistad y admiración que manifiesta hacia el proceso cubano por su carácter nacional/inclusivo, sino que su propuesta desafía el eje local del statu quo hondureño: la dominación oligárquica, por definición excluyente, aderezada en este último período con ‘tecnocráticas’ prácticas neolibera-les en las que ‘el’ mercado determina ‘ganadores’ y ‘perdedores’. Zelaya estima que bajo este modelo Honduras no llegará nunca a ser competitivo. Y tal vez valora que estar en la presidencia le permitirá ocupar un lugar preferencial en el nuevo modelo. Esto abre, sin duda, un crispado frente (de intereses y personalidades) al interior de la oligarquía.

    El problema que enfrenta el presidente Zelaya es que no ha realizado el trabajo socio-político que le permitiría avanzar en su idea modernizadora. Por eso los trabajadores orga-nizados, probablemente una minoría, lo defienden, pero no le tienen especial confianza ni estima. Algo parecido ocurre con otros sectores populares que “huelen” que una dictadura empresarial-militar encabezada por Micheletti u otro es mucho peor para sus intereses que el gobierno ‘democrático’ de Zelaya. Un sector de la población hondureña está asimismo contra los golpistas porque defiende ‘la’ democracia. Pero si, mágicamente, los golpistas mejoraran las condiciones de existencia, esta ciudadanía respaldaría con entusiasmo su mandato. Esta tibia y ambigua relación entre sectores sociales populares, el presidente Zelaya y las instituciones democráticas puede tener alcances negativos para la resolución de la actual pugna. Sin embargo la violenta represión contra los opositores y manifestantes, y la directa arremetida contra derechos humanos (tránsito, expresión, derecho a la información, por ejemplo) podría acercar y fortalecer el carácter de movimiento social popular de estos actores. Por supuesto, los golpistas carecen de todo interés (y, por sus intereses inmediatos, también de factibilidad) para realizar las acciones que podrían al menos paliar, si  no mejorar, las actuales condiciones de existencia de los hondu-reños.

    Cuestiones específicas

    Esta sección del trabajo se limita a examinar, desde el panorama anterior, algunos aspectos que parecen relevantes para una comprensión política más básica de la realidad latinoamericana a partir de la actual situación hondureña. No se les ha dado ningún orden especial y no interesa tanto la específica forma que asumen en Honduras sino el utilizarlos como material referencial de apoyo en relación con las actuales sensibilidades políticas en América Latina.

    1.- Declaraciones grandielocuentes y procesos reales

    El gobierno golpista que encabeza Micheletti ha reiterado, en los primeros días de su ejercicio (junio/julio), al menos tres declaraciones ostentosas y que provienen de su imaginario señorial y oligárquico: en la primera ha revelado que su Fiscalía General prepara un “abultado expediente”, encargado a 15 fiscales al mando del Fiscal General, para acusar de 18 delitos a Manuel Zelaya si éste retorna a Honduras. La acusación justificaría su detención. Los delitos incluyen “traición a la patria” y “abuso de poder”, pero, por el momento, no se incorpora narco-tráfico.

    Los cargos detallados por el Fiscal General en sus declaraciones a la prensa son preci-samente los que atraen la sensibilidad oligárquica (con independencia de sus rasgos jurídicos). Para el imaginario oligárquico, “la patria” consiste básicamente en sus propiedades, intereses, familia y, eventualmente, “su” Dios. Desde este fuero interno puede extender ‘la’ patria a ami-gos, socios y a quienes le resulten útiles o simpáticos. Como función de este imaginario pre-moderno (únicamente una indicación, no una valoración) quienes afecten sus intereses, propie-dad, familia, Dios resultan antipatria. Las relaciones sociales para el imaginario oligárquico se determinan desde intereses y fueros personales y eso incluye una apreciación negativa sobre la juridicidad (porque ella ‘obliga’ desde fuera (o sin considerar) de los rangos (privilegios) per-sonales y también ‘a todos’ por igual o sea universalmente) y lo vincula también positivamente con una ‘religiosidad’ que no lo compromete socialmente y que le permite llegar individual-mente a un ‘Cielo’ más allá de este mundo en tanto ‘alma buena’ y litúrgicamente cumplidora. La declaración de Micheletti sobre el “voluminoso expediente” legal (jurídicamente monstruo-so) permite así introducir la consideración sobre el carácter antidemocrático de la sensibilidad oligárquica básica (que aflora hasta con grosería en situaciones de crisis), puesto que las institu-ciones democráticas descansan en las instituciones y lógicas de un Estado de derecho y, tam-bién, en la complementación ‘sobrenatural’ que a este rechazo de las instituciones y lógicas democráticas ofrecen las iglesias espiritualizadas y personalizadas, como la católica y muchas protestantes. La cuestión introduce a la complejidad y fortaleza subjetiva del pegamento que constituye y favorece la reproducción del ethos oligárquico (señorial, autoritario, clerical-‘cristiano’, en el límite despótico) en las sociedades de América Latina.

    El punto no permite leer, por tanto, las acciones políticas del golpe como expresión de la ‘ignorancia’ o ‘grosería’ (catrachada) de los actuales grupos golpistas hondureños (ignorancia y grosería que sí existen), sino que apunta a los complejos caracteres de la cultura oligárquica latinoamericana y puede rastrearse, con sus matices específicos, en toda el área.

    Un corolario: este Fiscal General hondureño que dispone de 15 acuciosos fiscalitos para preparar no un expediente judicial sino un “abultado expediente”, igual de obeso podría prepa-rarlo para mostrar el patriotismo de Zelaya y su compromiso con las instituciones democráticas, si alguien se lo encargara/mandara. El personaje es un funcionario autoadscrito personal y socialmente a la lógica oligárquica, carente de autoestima, y que obtiene estima precisamente de los cargos que se le dan y de los encargos que se le hacen. Preparar un expediente contra un ex o actual Presidente rebasa sus sueños. Lo entusiasma. Lo que se desea enfatizar aquí es que la oligarquía no está materialmente sola cuando actúa o golpea. Tiene peso ‘cultural’. Atrae y convoca a otros sectores sociales, capas medias, funcionarios, sectores populares, aunque, como es obvio, por razones diversas que deben estudiarse en cada situación. No es ninguna paradoja que la oligarquía no esté políticamente sola ni siquiera cuando comete grandes crímenes. Posee un “encanto”, aunque nada discreto, entre diversos sectores sociales, encanto que se deri-va del seno de una generalizada cultura señorial y espiritualizada. Sus crímenes, por tanto, no expresan “excesos” individuales o de instituciones como las Fuerzas Armadas. Son acciones sistémicas, lo sepan o no sus protagonistas.

    Un breve corolario del corolario anterior es que el “abultado expediente” no incluye a esta fecha ninguna acusación de narcotráfico, aunque sí el enriquecimiento ilícito. Una acusa-ción de narcotráfico podría crear un nuevo frente de guerra. El tráfico ilegal de drogas tiene aliados internos poderosos (y a veces asociados) en todos los países centroamericanos ya que éstos son utilizados como “corredores” y “bodegas” para la droga destinada principalmente a Estados Unidos. En menor medida estos países constituyen mercados. Pero el nuevo frente de guerra podría alcanzar el corazón político mismo de los golpistas: congresistas, magistrados, Fuerzas Armadas, medios masivos, aparato financiero. Y en este frente, las traiciones, errores y “soplos” se cancelan con la muerte. Como se advierte, los golpistas consiguen también discernir cuando se trata de sus intereses. El enriquecimiento ilícito, en cambio, es la forma ‘jurídica’ que contiene el odio y la voluntad de destruir a un miembro de la oligarquía que ha “traicionado” personal y socialmente a su sector de clase. Al igual que en un círculo mafioso, se trata de ‘ajusticiar’ al traidor.

    La segunda declaración altisonante de los golpistas es que a Honduras  no le importan ni interesan ni afectan las presiones internacionales ni las declaraciones de organismos “extranjeros”. Honduras puede solita. Pareciera una locura. Pero tiene su racionalidad. Es la carta “nacionalista” que todos los latinoamericanos conocemos (puesto que se utiliza cada vez que conviene) y que, en situaciones de crisis, apela a una ‘nación’ que no existe puesto que nunca se ha intentado política y culturalmente construirla como un emprendimiento colectivo común (el esfuerzo más persistente, tal vez, se ha producido en Cuba). “¡Si se puede!” “¡Somos independientes!” “Si nos unimos conseguiremos el desarrollo”, etc. son lemas antiguos y renovados en el subhemisferio. La apelación a la ‘unidad de la Patria’ ante las amenazas de ‘los otros’ funciona como convocador ideológico que apela a signos externos, mágicos o vacíos, ante la desoladora realidad social excluyente: la Madre Patria, la selección de fútbol, la bandera, la canción nacional, el desprestigio de los vecinos, las Fuerzas Armadas, el boxeador campeón, el American Idol de Sony. Es un discurso ideológico que desafía a los sentidos más inmediatos puesto que la vestimenta o físico de Micheletti o Ricardo Martinelli (nuevo presidente de Panamá, en estos días), o también de Zelaya, sus estilos de vida, y, en general las fisonomías y actitudes de todas las ‘autoridades’ de estos países, difiere sustancialmente de los aspectos, vocabularios y estilos de sobrevivencia o malamuerte de muchos de sus cautivos ciudadanos. Martinelli y Mi-cheletti o Zelaya parecen lo que son: oligarcas. Si no lo fueran, se disfrazarían de tales, como el diligente Fiscal General que sirve a los golpistas o los “periodistas” que los avivan.

    Pero ahí está el valor ideológico de la carta ‘nacional’. Conmueve y agita precisamente porque no existe. Manosea la esperanza.

    El tercer discurso ostentoso expuesto por los golpistas es la mención de que solo serían sacados del Gobierno mediante una guerra en la que resultasen derrotados. Se subentiende que los agresores serían los socios del ALBA, en este caso, Nicaragua y Venezuela. Pero el interlocutor interno son las Fuerzas Armadas locales. Por supuesto, éstas no sirven para una guerra moderna. Tienen capacidad de muerte ante civiles desarmados o con poca organización. No son efectivas, en cambio, ni siquiera contra una insurgencia política y militarmente bien planta-da. Pero el imaginario eleva a estas Fuerzas Armadas a símbolo heroico de la resistencia de ‘la’ nación. Este discurso complementa y cierra el recurso a la carta ‘nacional’. Localmente remite a la ‘historia patria’ y al papel de los militares en ella. Internacionalmente es un guiño a Esta-dos Unidos. Honduras podría ser un sitio clave, como en la década de los ochenta, para detener y derrotar al Imperio del Mal. Si la administración Bush se hubiera prolongado hasta el 2010, tal vez los golpistas hondureños hubieran tenido alguna probabilidad. Con la administración Obama, por el momento, no parece factible.

    El planteamiento anterior contiene un corolario. Es probable que los golpistas hayan tenido el apoyo de algunos funcionarios de la embajada estadounidense en Tegucigalpa. La administración Obama ha reposicionado la política exterior de EUA, pero ha sido lenta (y algunos aspectos de la tarea están, tal vez, fuera de su alcance) para realizar los cambios requeridos por el nuevo enfoque en las embajadas específicas. En ellas hay, además, funcionarios del Departamento de Estado y de instituciones de espionaje cuya línea puede no coincidir, al menos durante algún tiempo, con la del Ejecutivo de su país. En Honduras está instalada, además, una base militar estadounidense, la de Soto Cano, de dudosa legalidad. Por ello resulta obligatorio que al menos algunos funcionarios hayan estado informados del detalle de la conspiración contra Zelaya. Es asimismo dudoso que los golpistas hondureños se hayan comprometido en su acción sin haber tenido algunas señales de apoyo de la embajada estadounidense. De hecho es el apoyo/rechazo/ambigüedad (que sería políticamente una forma de sostén) estadounidense lo único que internacionalmente les interesa. Si ese Gobierno dice sí, no hay ningún problema. Si dice no y actúa en consecuencia, tampoco hay nada que hacer. Es el dueño del área. Los demás son comparsas. Por supuesto, esta apreciación podría contener errores. Uno, por ejemplo, es que Estados Unidos resuelva, pese a ser el dueño geopolítico de la región, actuar como si fuera uno más en un bloque. Por esto el interés golpista en la reiteración del discurso que sugie-re como agresores militares y geopolíticos a los países del Eje del Mal. Una división interna o, mejor, varias, podría paralizar y tornar del todo ineficaz a la OEA. Por ello, los guiños a Estados Unidos seguirán produciéndose.

    Hasta aquí los discursos estentóreos de la racionalidad hondureño-golpista. Interesa ahora destacar, aunque sea solo por mencionarlos, algo de lo que efectivamente hace.


    En relación tanto con los procedimientos jurídicos como con la idea/valor de la nación hondureña, los golpistas materializan un estado de excepción con toque de queda. Ambos factores, que suponen acción militar y policial, permiten desagregar y reprimir a los opositores y, especialmente atemorizar a la población para que no sea ‘ganada’ por el “enemigo”. El estado de excepción se utiliza para silenciar a los medios no favorables o censurarlos mediante el control militar, y también para suspender derechos fundamentales (libre circulación, asociación y reunión, apresar, apremiar y torturar sin orden judicial, en el caso hondureño). El toque de queda deja a la población inerme ante ejecuciones sumarias extrajudiciales, estimula las ‘desapariciones’ y los Escuadrones militares y paramilitares de la Muerte. Pero su función básica es acentuar en la población su experiencia de total desamparo ante el poder.

    Aunque tanto el estado de excepción como el toque de queda parecen estar en conflicto con los mensajes ‘nacionales’, para la sensibilidad y el discurso oligárquicos esto no es así. Aunque en el caso hondureño no se lo reconoce, los golpistas actúan desde el siguiente posicionamiento: lo que vive el país es una guerra que enfrenta a amigos contra enemigos en una disputa por el control de Honduras. Los “amigos”: militares y empresarios, políticos, iglesias, etc., son nacional/patriotas y se pliegan a las acciones del aparato militar, las excitan y aplauden. Este aparato militar es el principal depositario (o único) de los valores patrios (dan su vida por ellos, según el imaginario). Los otros, los ‘zelayistas’, chavistas, “extranjeros”, son antiHonduras y antipatriotas, quieren el control sobre el país para dividirlo y destruirlo en función de sus intereses mezquinos. En el esquema maniqueo de virtuosos y malvados no existe cabida para argumentos, reservas o terceras posiciones. En una guerra, se está o no se está.

    La idea de que los “buenos” ganarán la guerra exige tener los poderes sobrehumanos o celestiales con uno. Aquí también el vínculo entre militares/represión/guerra/muerte y las iglesias espiritualizadas/valores absolutos/humildad/salvación en el más allá, muestra su carác-ter necesario. La suerte de Honduras la resolverá en último término Dios. El agua bendita di-solverá todos los crímenes (“acciones santas”, en realidad, puesto que destruyen el Mal) y bo-rrará todas las sangres. Liquidada toda oposición, Honduras, saldrá “purificada” y “bendecida”. Este imaginario ‘religioso’ no es exclusividad hondureña. Se utiliza en cada país latinoamericano donde los poderes económico/sociales y político/culturales deciden reprimir masivamente a sectores de la población porque sus intereses y posiciones sociales, y con ello el sistema de inequidad, parecen estar en peligro.

    Este punto señala hacia una realidad no siempre señalada ni menos enfatizada en los análisis sobre América Latina: el ‘orden’ latinoamericano ha contenido siempre la posibilidad de una guerra interna. Hoy, de varias. En este sentido, su civilidad no existe. También caracteriza a los golpistas como oligárquico/empresariales, militares y ‘religiosos’. El aroma ‘religioso’ concurre en todos los golpes políticos en América Latina al igual que en la reproducción ‘armoniosa’ del sistema. A diferencia de la guerra abierta, es una desgastante presencia continua.