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Editado en OJO CENSURADO, N° 1,Octubre del 2006

 

Este octubre tuvieron lugar las primeras manifestaciones masivas de la ciudadanía costarricense que estima que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue mal negociado y que disolverá la tradición de solidaridad social (principalmente estatal) que caracteriza al país desde la mitad del siglo pasado. Esta ciudadanía pide, por tanto, que el texto del pacto sea retirado de la Asamblea Legislativa (donde parece existir una mayoría dispuesta a aprobarlo incluso sin leerlo) y que se conozca y apruebe en cambio una agenda de desarrollo nacional mediante la que Costa Rica se torne competitiva desde sus garantías sociales y no a costa de perderlas. La concurrencia a las manifestaciones fue plural y masiva sin que el número de manifestantes haya podido considerarse excepcional.

El saldo de las marchas sigue inscribiéndose, sin embargo, en un proceso básicamente negativo. Costa Rica carece actualmente de voluntad y experiencia en diálogo, acuerdos y negociación política. La sensibilidad de su autista minoría regente proclama que quien tiene mayoría institucional se lleva todo. Y siempre son “ellos”. Uno de los vicepresidentes de la administración Arias, Kevin Casas le llama a eso “tener mandato” (OJO, N° 100, 05/06) Cuando “se tiene mandato” se hace lo que da la gana. El correlato social de tener mandato se resume en la desafortunada frase del principal dirigente moderno costarricense, Figueres Ferrer: “Pueblo domesticado”. Se tiene mandato porque, aparte de berrear, la ciudadanía no hará nada. Que la frase de Figueres fue dudosa lo probó él mismo cuando se encargó de alzar en armas a los costarricenses en una Guerra Civil (1948), conflicto del que salió el país actual, con sus virtudes y defectos.

Uno de estos defectos es que su ‘cultura’ política no contempla el diálogo social ni la negociación. Fueron reemplazados por tratos y pactos entre ‘personalidades’ (en ocasiones muy mediocres) y grupos de presión. Por ello la práctica política costarricense se materializa mediante una dinámica mafiosa, clientelista, patrimonial y saturada de descalificaciones o adhesiones personales. No se puede aceptar a quienes emergen para criticar las instituciones vigentes o denunciarlos porque habría que incorporarlos a “los negocios” públicos y privados. El resultado es que la escena política se satura de simulacros y ‘concertaciones’ que no conducen a nada porque quienes “tienen mandato” económico y político ya resolvieron en otros círculos lo que harán.

Las marchas de protesta, multitudinarias, agudizan el clima anterior. El Gobierno numera a los manifestantes como “cientos” y la prensa comercial, diarios y televisión, la manosean y chamuscan. La Nación S.A., el principal medio escrito, sin ninguna tentación de veracidad, la describe como marcha “de sindicalistas”. En Costa Rica, un país encendidamente anticomunista, “sindicalista” resuena como ‘burócratas’, ‘flojos’, ‘privilegiados’, culpables de todos los males del país (por las convenciones colectivas de los trabajadores públicos) y antipatriotas. El mismo periódico elaboró la fábula de que la oposición al Tratado, en la que concurren expresidentes, como Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge, y el Partido de Acción Ciudadana, segunda fuerza electoral, es el resultado de una conjura antipatriótica manejada desde Cuba (LN: 19/10/06). El grosero y peludo disparate es repetido con altavoces y escupido indiscriminadamente para enlodar toda oposición.

La cultura del “tengo mandato” es la versión costarricense de una neoligarquía latinoamericana que, siempre sin argumentos, se aferra a sus codicias y status para reproducirse como sector dirigente y consolidar apetencias. En Costa Rica, el TLC en disputa, por ejemplo, fue pactado sin control ciudadano, los hermanos Arias se negaron a discutirlo en campaña electoral alegando no querer politizarlo y ahora “con mandato” lo imponen mediante trucos institucionales, repitiendo abstracciones (el pacto sería la solución para un desempleo oficial que es el más bajo de América Latina, por ejemplo), descalificando truculentamente a los opositores, amenazando y también aprestándose a reprimir. Califican a sus acciones como “democráticas”, “racionales” y “diálogo”. Su contumacia obliga a la ciudadanía a salir a la calle. Y, de repente, a insubordinarse. Con esto la gente no cumple sino el mandato moderno acerca de que el poder público no es únicamente legal (o sea formal) sino también legítimo (es decir orientado al bienestar, si no de todos, al menos de la mayoría). Como la neoligarquía no puede ser ‘liberal’, mencionarle ‘legitimidad’ la lleva a reaccionar con altanería, trucos, insultos y violencia. La proximidad de los “buenos negocios” la ensordece-enceguece y le impide olfatear los tufillos de su propia descomposición y la irritación ciudadana. Se trata de una insensibilidad suicida. Revienta en México, en Venezuela, en Bolivia. Podría explotar en la “domesticada” Costa Rica. Y la explosión no podrá sino atribuirse a las acciones y omisiones del Eje de la Perversidad y el Mal latinoamericanos que es el nombre a la moda de la neoligarquía tarada y criminalmente entreguista.