Universidad, Nº 1793,

febrero 2009.


    Dicho está que la “nueva” Ley del Tránsito es omisa respecto del deber de las autoridades con las condiciones materiales en que se da el flujo de vehículos y personas en el país. Si hubiera sanciones duras para ellas (trabajo social, multas y prohibición de ocupar cargos públicos), entonces la ley no sería unilateral y podrían darse logros mejores y estables. También se señaló que la ley transfiere poderes a policías del tránsito escasamente institucionales (rasgo del país, no solo de ellos) lo que potencia desafíos de corrupción que quizás superen los problemas que la legislación busca resolver.

   ¿Y el otro bando, el de los conductores? La ley es también flaca porque estima (o así la ha traducido su publicidad) que el principal, si no único, problema del tránsito son los conductores ebrios. No se discute que se trate de un delito grave. Lo cuestionable es no advertir que el manejo irresponsable, no solo de choferes borrachos, es expresión de una muy débil sensibilidad ciudadana cuyo eje es la desconsideración (que puede llegar a ser criminal) por los espacios públicos y las normas más básicas de la convivencia social.

   En breve, el país no se ha dado una cultura ciudadana republicana. Los ciudadanos políticos se duelen amargamente de la legislación que permitió elegirlos o la ignoran, los ciudadanos empresarios evaden impuestos, el poder judicial dormita o ronca, los legisladores (y sus ciudadanos asesores) ni siquiera leen las leyes que promulgan… y un porcentaje estadísticamente significativo de conductores (la ‘ciudadana’ Unimer aún no los cuantifica) se brinca señales (donde existen y funcionan y no se las han robado o destruido), excede velocidades máximas y mínimas, maneja irritado, furioso, ilegal o legalmente drogado, agrede a los otros ciudadanos conductores y, en especial, desprecia a los ciudadanos humildes, peatones y ciclistas, a quienes juzga “perdedores”. En su imaginario los desearía muertos porque obstruyen Su Paso así como los ciudadanos opositores obstruyen (por idiotez, maldad, envidia, pobreza espiritual, etc.) la acción de Gobierno o los ciudadanos trabajadores sindicalizados impiden a los empresarios hacer dinero, mucho dinero, Todo el Dinero. Un porcentaje estadísticamente significativo de anticiudadanos no son todos los ciudadanos, pero afecta a quienquiera transite por espacios públicos o se estacione en ellos.

   Una sicóloga estima que las multas fuertes favorecerán la sensibilidad de niños y niñas respecto del derecho ajeno a caminar, andar en bicicleta o manejar libremente (?) por las calles del país (LN: 05/02/09). Ojalá sea así, aunque poco probable. Si se tratara únicamente de borrachos, tal vez. Pero se trata de anticiudadanos a quienes la ley resulta intolerable porque lo obliga a considerar y respetar al “otro”, cuestión no practicada ni siquiera por los ciudadanos obispos de Costa Rica. Con esta cultura política lo presumible es la agudización del enojo y la hostilidad y una nueva vuelta de tuerca a la degradación social.