Universidad, N° 1789,

enero 2009.

 

   La transición entre años vio surgir una Nueva Ley de Tránsito que dejó de ser ya una ocurrencia de la Ministra de Obras Públicas y Transportes para ser norma vinculante para conductores de vehículos y peatones debido a que los diputados aprobaron la nueva legislación. Esto no le quita el carácter de ocurrencia, pero le confiere un sello de obligatoriedad.

   La nueva ley contiene, a la vista, regulaciones poco o nada pensadas. La violación de la norma sobre sillas de seguridad para niños de hasta 12 años (comprensible, aunque el origen de la idea es polemizable) significa la suspensión de la licencia por dos años. Luce excesivo, ya que la multa (una de dos sanciones) supera los 200.000 colones. Lo absurdo es que taxis y buses de transporte público no quedan obligados a proteger a los niños. Sería de difícil cumplimiento, poco práctico y, sobre todo, “mal negocio”. Pero el “buen negocio” no puede prevalecer sobre la seguridad infantil, si esto último es lo que se busca cuidar. Por eso la nueva ley sigue teniendo “ocurrencias”. No es del caso detallarlas.

   Lo malo de la nueva ley no es lo que dice sino lo que omite. En lo básico, la responsabilidad del Estado y otras dependencias (municipales, por ejemplo) en la fluidez ordenada y no peligrosa del tránsito de personas, vehículos y mercancías dentro del territorio. La nueva ley es unilateral. Carga toda la responsabilidad sobre los ciudadanos. Nada se dice (en esta ley u en otra)  de las obligaciones de las autoridades para mantener carreteras y calles, señalizaciones, guías, aceras (se multa a peatones en un país que mayoritariamente carece de aceras). Toda esta negligencia estatal (que incluye la corrupción y venalidad) debería estar  regulada y sancionada llevando incluso a los funcionarios que reiteradamente incumplan con sus deberes (tal vez ebrios de poder impune) a la cárcel. Los procesos judiciales deberían ser expeditos y estar bajo supervisión de la ciudadanía organizada (peatones y conductores) para que no se escape ningún sinvergüenza. Jueces ordinarios podrían no dar la talla en un país clientelar. Y, desde luego, los resarcimientos económicos, probada la responsabilidad de los funcionarios en accidentes con víctimas humanas y daños materiales, deberían ser millonarios. Proporcionales al dolor causado a las familias, al país, y a la negligencia o pereza culpables de las autoridades involucradas.

   El castigo a los conductores temerarios o ebrios, si son empleados de empresas, debe extenderse también a éstas especialmente en los resarcimientos por daños, muertes o incapacidades. Son responsables por contratar personal no calificado o por descuido que potencia comportamientos delictivos. Los choferes, casi siempre mal pagados, carecen de bienes para responder por su comportamiento delictivo.

   Los ciudadanos con fuero legal (diputados, por ejemplo) deberían perderlo de inmediato en caso de violaciones a la ley que ocasionaran daños materiales o víctimas. También aquí la ciudadanía debe supervisar. Ningún ciudadano debe estar por encima de toda sospecha.

   Todo lo anterior es detalle. Lo peor de la nueva ley es que no valoró la cultura política del país. Pero de esto, lo más serio, se hablará en un próximo comentario.