OJO Censurado, N° 15,

Universidad de Costa Rica,

noviembre 2008.

 

  

      10 de noviembre, 2008


    Gobiernos electos no deseados y Consenso de Washington

    En la transición entre siglos, la compleja realidad designada por el nombre propio ‘América Latina’ contiene dos procesos de rango amplio y vinculados pero de diverso signo: el llamado Consenso de Washington (1989-1997), que implicó un relativo acuerdo de los gobiernos del subcontinente para consolidar, como zona fragmentaria, una apertura al capital global y a la hegemonía estadounidense en la región, y una contraparte: su debilitamiento principalmente por la aparición de regímenes de gobierno ciudadanamente electos y “no deseados”, esto último desde la perspectiva de ese consenso.

    Los gobiernos ‘no deseados’ son los de Venezuela (1999-2000), Bolivia (2005-2009) y Ecuador (2006-2008) y, más recientemente, el de Paraguay  (2008). Con significativas diversidades entre ellos (población, historia, riquezas naturales, luchas y organización social popular, etc.) estos gobiernos se interesan en el carácter nacional de sus economías y en las necesidades básicas de sus poblaciones y constituyen una tendencia (más que un polo) o contratendencia no aislacionista pero que busca medios de articulación regional que no estén supeditados al ‘orden’ financiero internacional ni a la voluntad o inercia geopolítica hegemónica de Estados Unidos (ALCA, guerra global preventiva contra el terrorismo, etc.).

    La progresiva debilidad de la administración Bush, en el marco de una política negligente y torpe hacia América Latina, culminada con el desastre republicano en las elecciones del 2008, y un crecimiento económico sostenido derivado de las necesidades de economías emergentes, como la de China, favorecen a esta segunda tendencia a la que se podría agregar, con reservas, el gobierno de Nicaragua. La continuidad de la experiencia cubana, esta vez inscrita en un proceso de recalificación de su dirección política ligado a la enfermedad y retiro de Fidel Castro, agrega densidad al proceso que, por su orientación popular, se auguraba “desaparecida” durante la década de los noventa. Sin embargo, la orientación y las prácticas del ‘Consenso de Washington’ se mantienen en una mayoría de países (Chile, México, Perú, Colombia, América Central, por ejemplo), pese al fracaso de los regímenes democráticos restrictivos para resolver las deudas sociales y políticas y avanzar hacia una modernización incluyente. La sensibilidad y el mensaje implícito y explícito ‘consensualista’, que pierde fuerza a medida que avanza el siglo, es que no resulta factible ningún otro proyecto. El derrumbe de la administración Bush a finales del 2008, y el desempeño de una administración demócrata en EUA, podría impactar esta sensibilidad.

    Ideológicamente, los grupos dominantes y sus medios tienden a descalificar a los gobiernos no deseados y emergentes como “populistas”, “neopopulistas”, o como eje de un indeseable “retorno de la izquierda” en América Latina y el Caribe. En esta ‘izquierda’ imaginaria figurarían otros gobiernos y países como Chile, Argentina, Uruguay Brasil, un eventual gobierno del Frente Farabundo Martí en El Salvador, la amenaza de una izquierda electoral en México y la administración de Nicaragua. Por supuesto, si resulta aventurado agrupar en un solo bloque a los gobiernos y experiencias considerados “populistas”, conferir una única etiqueta a experiencias tan disímiles como las que reuniría este “retorno de la izquierda” puede considerarse despropósito publicitario o frivolidad.

    Pese a ello, el uso de las etiquetas (‘populismo’, ‘izquierda’) indica asimismo el retorno de las ideologías al ámbito político, cuestión que se consideraba ‘superada’ por el pragmatismo (fingido o efectivo) trazado por el Consenso de Washington. En efecto, además de los anatemas ligados al ‘populismo’, y a los excesos del “retorno de las izquierdas”, surgen temas como “el socialismo del Siglo XXI” y también desafíos sobre el carácter y alcance de las instituciones del régimen democrático de gobierno.

    El último punto, que es el que interesa en esta bitácora, puede anunciarse esquemáticamente de la siguiente forma. En la fase de predominio, que se creyó irreversible, del “Consenso de Washington”, ‘la’ democracia, que suplantaba ideológicamente a la cuestión más material de las instituciones propias de un régimen democrático de gobierno, y su lógica, estaba asegurada por el proceso electoral en el que se designaba a un presidente civil que administraba la reforma del Estado (para tornarlo más funcional a las necesidades de la acumulación corporativa global) y, con altibajos, se ocupaba de la ‘deuda en derechos humanos’ (magnificada por el terror de Estado de las dictaduras  empresarial-militares de Seguridad Nacional) y de asegurar la continuidad de estas instituciones democráticas restrictivas centradas en el reemplazo del trabajo político efectivo (con la población y la ciudadanía y desde ellas) por una mezcla de politicismo y reality show (traspaso de la acción política al juego mediático: venta de imágenes) y determinación de la participación ciudadana y social como juego de opiniones diversas sin relación con ninguna conflictividad material objetiva. El campo político que albergaba a las instituciones de los regímenes democráticos restrictivos esfumaba las necesidades efectivas de la población y las conflictividades económico-sociales, políticas y culturales operando como si un asentimiento sobre todos los aspectos básicos de la existencia social estuviera ya previsto y la existencia política se orientara, aunque con disfunciones, hacia su realización. La cuestión democrática y política estaba ya resuelta y establecida por un imaginario y un pensamiento únicos.


    En este contexto, explotaron las victorias electorales de sectores ciudadanos y sociales emergentes en Venezuela, Bolivia, Ecuador y, más recientemente, en Paraguay. Uno de los alcances, para nada despreciable, de esta serie y conjunto de explosiones esel proceso de de articulación regional que llevó a la constitución de una Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR, 2004-2008...).

 

12 de noviembre, 2008


   Populismos, neopopulismos y retorno de la izquierda

    En el análisis político la expresión ‘populismo’ no es exactamente precisa y se la considera, más que una categoría, un síntoma o síndrome. Suele hacer referencia a una movilización inducida de sectores sociales, mayoritarios o significativos, a los que un determinado sistema de dominación (el oligárquico, por ejemplo) no ha permitido la participación política como actor o agente (fuerza social) en un período de reacomodo de la orientación económica básica del conjunto de la sociedad (transición o crisis). Estos sectores, queridos o temidos, constituyen el pueblo. Este pueblo, organizado y movilizado, se orienta hacia una reconfiguración o del carácter del poder o al reemplazo de las personalidades tradicionales en funciones de dirección. ‘Pueblo’ puede ser entendido como masas preteridas a las que interpela un liderazgo político generado en sectores secundarios o situacionalmente relegados (por la lógica política vigente) de las Fuerzas Armadas, el clero, grupos medios o intelectuales.

    En América Latina este tipo de populismo se ubica en los países/economías significativas de la región: Argentina, Brasil, México, pero tuvo manifestaciones en otro países como Colombia (Rojas Pinilla) y Perú (aprismo, MNR). Su momento más publicitado es el de las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado. De los reconocidos como ‘populismos’ en las economías/sociedades más importantes de América Latina (Argentina, Brasil, México) el de mayor resonancia es el justicialismo o peronismo argentino cuya fase inicial se encuentra entre 1945 y 1955.

    Los ‘populismos’ del subcontinente pueden ser considerados una de las expresiones de la izquierda latinoamericana, debido a su convocatoria nacional-populista a la que fueron hostiles, además de las fuerzas conservadoras y reaccionarias tradicionales, los sectores ‘de izquierda’ determinada por el eje de la lucha de clases. Los regímenes populistas, sin embargo, coinciden con las organizaciones clasistas, aunque por diversas razones, en el bajo valor que asignan, al menos en el corto plazo, a las lógicas e instituciones democráticas ‘burguesas’ (para América Latina, oligárquicas), formales u occidentales.

    La expresión ‘neopopulismo’ es utilizada hoy, por tanto, como un anatema que recuerda un pasado o autoritario o dictatorial, no democrático, centrado en líderes carismáticos (y corruptos) que movilizan ‘masas’ y hacen de las calles un escenario político habitual en detrimento de los escenarios y valores democráticos procedimentales (Estado de derecho) que se supone cultivan los grandes empresarios y terratenientes y sus partidos, la ciudadanía de los sectores medios, la burocracia estatal, la jerarquía clerical, los principales medios masivos y Estados Unidos. El anatema ‘neopopulismo’ convoca asimismo el fracaso económico-político y el ‘espejismo’ social que serían resultado de esos populismos carismáticos que, en su búsqueda de una integración nacional, quisieron torcer la dinámica de los mercados libres y bloquearon el crecimiento económico derivado de la inversión extranjera directa y el principio con carácter absoluto de la agencia empresarial o señorial sujeta a la acumulación privada.

    Con independencia de los criterios anteriores, los populismos fueron parte de la izquierda latinoamericana en un momento ‘desarrollista’ del subcontinente, es decir cuando resultaba factible imaginar un capitalismo nacional y regional latinoamericano. La cuestión de la ‘identidad’ era resuelta de esta manera por la adscripción a una moderna nacionalidad imaginaria, sin mayor contenido social determinado: la argentina, la colombiana o la brasileña. Se era buen o mal argentino según se estuviera cerca o lejos, por ejemplo, de Perón y se fuese hostil a la oligarquía tradicional y a quienes amenazaban la independencia nacional (imperialismo).

    En tanto los ‘populismos nacionales’ del siglo XX se inscribían en la dinámica y tensión entre un liderazgo carismático y las masas o sectores que lo seguían y sostenían (esquema que se reproducía en los diversos niveles sociales como adhesión al partido o a los dirigentes que encarnaban en ese espacio al líder), su lógica política desplazaba tanto el protagonismo popular (sujetos sociales, poder local) como el principio liberal (individual) de agencia. De esta manera, derechos humanos y la institucionalidad formal democrática quedaban sujecionados o condicionados al proyecto de ‘integración nacional’ en el marco de una industrialización modernizante empujada por el liderazgo carismático y sus gentes.

    Los procesos anatematizados hoy como ‘neopopulistas’, parecen diferir, en cambio, tanto sobre el protagonismo popular (se polemiza sobre él y se lo incorpora a las Cartas Constitucionales) como sobre el principio de agencia, éste transformado por su crítica social.

    Al menos por ello, estos ‘neopopulismos’ (que no podrían ser hoy políticamente ‘desarrollistas’), no forman parte de ningún ‘retorno’ de la izquierda tradicional. Si fuera del caso discutirlo en esos términos, serían más bien expresión, abierta o embrionaria, de una nueva izquierda una de cuyas tareas es darse vigor leyendo críticamente su pasado.

    Es a este pasado (reciente y también más histórico) que rinden tributo, muchas veces inevitable, sus formas actuales de conducción personalizada. Pero hoy podrían avisar otra cosa.

 

13 de noviembre, 2008


    Existencia democrática y dirigentes excepcionales

    La cuestión del Gran Personaje o personalidad en la historia y en los procesos políticos (normalmente bajo su sesgo politicista) se sigue tanto de cuestiones culturales, la del dominio señorial, por ejemplo, acarreado por la conquista española, como del imaginario politicista moderno que asigna a la institucionalidad política y a los personeros que la encarnan el ser factores decisivos de La Historia de las ‘grandes naciones’ (Winston Churchill y el Reino Unido, por ejemplo), o de las historias menos altisonantes de las sociedades de la periferia. Así, expresiones como “administración Bush” o “gobierno de Álvaro Uribe” no suelen ser designaciones de un mandato con temporalidad específica, sino una corporización o de grandes males o de maravillosas hazañas de estos individuos que ‘hacen’ la historia. La cuestión vale en forma semejante para una expresión como ‘la dictadura de Fidel Castro’. En todos los casos son invisibilizadas las condiciones sociohistóricas, población incluida, que hacen posible y dan carácter  a los mandatos de G. Bush, A. Uribe o Fidel Castro.

    Visto conceptualmente, los individuos excepcionales se generan en matrices sociales específicas y personifican en ellas el sentido o sentidos de emprendimientos colectivos que pueden ser sociales, nacionales o determinados por alguna otra singularidad (campesina, étnica, religiosa, ciudadana, cultural, etc.). ‘Personificar’ quiere decir al menos que les dan un rostro y figura y se transforman o devienen sus símbolos admirados/odiados. El campo de esta proyección simbólica es el político, pero la incidencia de las grandes figuras excede con mucho esta especificidad para transformarse en una sensibilidad social que puede pasar a formar parte, temporal o más permanentemente, de una cultura. El fenómeno no es exclusivo del campo de la política o de América Latina. Baste recordar a Elvis Presley o al cuerpo de baile del soviético Bolshoi.

    El desafío de las ‘personalidades excepcionales’ es si ellas pueden o no encabezar regímenes democráticos de gobierno. La respuesta, como en muchos asuntos donde se involucran seres humanos, es “depende”. De las menciones anteriores, sociohistóricas, nadie disputa públicamente el carácter democrático de Winston Churchill ni del Reino Unido. La administración Bush es calificada por algunos como fascista. El gobierno de Álvaro Uribe es con mucha frecuencia acusado de violar y encubrir violaciones de derechos humanos (esto lo tornaría polémico en relación con un régimen democrático procedimental) y una mayoría de sectores medios urbanos latinoamericanos consideraría al régimen cubano como una déspota dictadura. Todos estos regímenes, sin embargo, descansan en una Constitución (imperio de la ley), cada uno de esos dirigentes fue electo de acuerdo normativas legales y todos tuvieron o tienen que disputar la renovación de sus cargos en nuevas elecciones.

    De modo que ni el respaldo de una Constitución ni los torneos electorales garantizan que un régimen de gobierno tenga carácter democrático. Pero tampoco está sentenciado que una personalidad excepcional (un líder) esté, en tanto tal, reñido con un régimen democrático. Conviene enfatizar los dos puntos y su corolario: ni el sostén procedimental de una legislación ni un proceso electoral determinan por sí mismas, aunque sean condiciones necesarias, el carácter democrático de un gobierno. Lo que conceptualmente lo hace democrático, en cambio, es la orientación del Estado, administrado por el gobierno y manejado por una burocracia, para promover condiciones que conduzcan a que en la población, sin exclusiones, impere el principio de agencia, es decir de autonomía responsable en el marco de una vigorosa sensibilidad cultural de autogobierno. Esta sensibilidad exige un Estado democrático que trabaje constantemente en la promoción y revisión de las condiciones económico-sociales para que el principio de agencia sea encarnado universalmente. Esto cuestiona, por ejemplo, el carácter de un ‘capitalismo’ oligárquico con su funcional Estado patrimonial y clientelar (corrupto y venal) y burocráticamente disfuncional (los funcionarios suelen estimarse ‘dueños’), como es el existente y dominante en América Latina. En términos prácticos u operativos, la lógica del régimen democrático exige que ningún ciudadano (y los funcionarios públicos lo son) pueda instalarse por encima de la ley y que ésta esté para servir a los ciudadanos.

    Los llamados, por quienes preferirían que no existieran, “neopopulismos” latinoamericanos, suelen concentrar sus ataques contra las personalidades e ideologías que dirigen esos procesos y contra las amenazas a la propiedad capitalista (oligárquica, en realidad) que advierten en su programas o acciones de de gobierno. El ‘neopopulismo’ para estos ataques es portador de ideas fracasadas y violador de derechos humanos. Pero su reclamo se afirma en posiciones privilegiadas, excluyentes y, por ello, radicalmente conflictivas y no universalizables. Es decir, en las condiciones latinoamericanas la pretensión que anatematiza a los regímenes emergentes escudándose en valores democráticos y en derechos humanos resulta en realidad expresión histórica de una tradición cultural y programa político sólidamente antidemocrático y sistemático violador de derechos y de su posibilidad (realidad oculta en ocasiones por elecciones periódicas y en otras brutalmente mostrada por el terror de Estado y la crueldad social), posicionamiento que no puede sino enrarecer las sensibilidades políticas latinoamericanas con desconfianzas, rencores y odios, patentizados como simulacros, derrotas y frustraciones. De hecho estos factores y fenómenos han alimentado permanentemente la cultura política en América Latina.

    Esta indicación sobre las responsabilidades conservadoras en las guerras internas (no necesariamente militares) que constituyen parte del campo de lo político en el subcontinente no exime, sin embargo, a los emergentes gobiernos ‘no deseados’ como inmediata o espontáneamente democráticos. Únicamente muestra la complejidad de las transformaciones que deben gestar y transitar y enfatiza el papel de los caracteres democráticos (principio de agencia, sensibilidad socio-ciudadana de emprendimiento colectivo) que deben sostener y animar sus políticas. Nada particularmente sencillo de realizar, en especial si se inscribe en los actuales procesos de globalización reificante y en la voluntad hegemónica de una superpotencia hemisférica, EUA, que no estimula valores democráticos en el continente y más bien enjuicia a estos procesos emergentes como ‘enemigos’ de sus capacidades de imperio.    
 

14 de noviembre, 2008


    Régimen democrático y el color del cristal con que se mira
   
    En la ‘gran política’ latinoamericana de comienzos de siglo vienen enfrentándose dos posiciones respecto del valor de lo democrático en los regímenes de gobierno. Como continuidad corregida del Consenso de Washington, se deja de considerar ‘democráticos’  a los gobiernos en tanto provienen solo de elecciones ciudadanas. Es la posición de Estados Unidos. Se trata, por supuesto, de un posicionamiento con escaso valor conceptual. Si triunfa un candidato no deseado, como López Obrador (México), entonces es sospechoso (entre otras cosas de querer una economía que atienda primariamente las necesidades de los mexicanos más vulnerables) y se le realizan nuevas exigencias y acosos. Si triunfa muy ajustada y polémicamente en el mismo México, Felipe Calderón, entonces su triunfo se celebra como una prueba del vigor del proceso democrático mexicano. En estos días de noviembre, la oposición nicaragüense (Partido Liberal Constitucionalista) denuncia un “gigantesco fraude” en elecciones municipales que perdieron por unos cinco puntos y exige, organizando marchas de protesta, anular los resultados y volver a votar. Con independencia de la solidez del fundamento de su reclamo, si la situación fuera la de un sandinismo oficialista estrechamente derrotado y exigiendo una revisión y conteo manual de los votos, sus adversarios tildarían estas peticiones como ‘absurdas’, propias de ‘antidemócratas’ y ‘malos perdedores’. Como provienen del PLC, entonces la gran prensa comercial las exalta, publicita y legitima, aunque desde ellas se pueda avanzar hacia una quiebra de la institucionalidad.

    Las nuevas condiciones dispuestas por el Departamento de Estado bajo la administración Bush para que un gobierno latinoamericano electo se considere ‘democrático’ se centran en exigencias para plegarse a las determinaciones que EUA establece en su inmediata área de influencia (adhesión práctica a la guerra global preventiva contra el terrorismo, militarización de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, o apertura a la inversión directa corporativa) y que valora necesarias para su seguridad en este momento económico y geopolítico. Estas exigencias cuentan con respaldo mediático (CNN y medios del Sistema Interamericano de Prensa) y se extienden a presiones ideológicas para que se respete propiedades y derechos a la ‘oposición democrática’  con que banqueros, corporaciones, jerarquías clericales, medios masivos y sectores medios urbanos mestizos o blancos resisten una eventual pérdida de privilegios y aspiran a reconquistar gobierno y Estado para utilizarlo para sus fines particulares. Se trata de una guerra desde apetencias históricamente para nada democráticas como ha quedado patente en las diversas formas de violencia reactiva agitadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sobre los regímenes emergentes, además, se ejerce una permanente vigilancia “por sospechas”. No se trata, para sus enemigos y opositores, tanto de lo que hagan, sino de lo que son o podrían llegar a ser: alternativa de poder.

    Este punto se deletrea así: los gobiernos emergentes y no deseados intentarían conceptualmente constituirse como esfuerzos por construir alternativas de poder social que generan su propia legalidad para avanzar hacia autotransferencias de capacidades que produzcan y sostengan una cultura de autogobierno. Vistos como experiencia-tipo, los regímenes emergentes no deseados han seguido una específica ruta institucional: triunfo electoral amplio, llamado a elaborar una nueva Constitución con carácter articulador e inclusivo, y consolidación de la acción de gobierno mediante nuevas elecciones.

    La disputa se concentra en parte en el carácter de los nuevos sujetos sociales (apoderamiento popular), en el procedimiento utilizado (desahucio de la antigua Constitución) y en las posibilidades alternativas que ofrece la nueva legalidad. Los medios, sin embargo, publicitan estas experiencias centrando el rechazo sobre los dirigentes notorios: Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa   (y si se lo desea, el matrimonio Ortega-Murillo en Nicaragua), acusándolos de concentrar poder.


   En realidad, y dejando de lado Nicaragua, el enfrentamiento se produce entre fuerzas sociales que pueden ser descritas como una antigua concentración de poder, heredera de la Colonia española y que se apoderó del éxito de las guerras anticoloniales pero no buscó la integración nacional ni deseó nunca la universalidad social del principio de agencia, y un renovado proceso para construir una nueva y diversa concentración de poder que aspiraría al menos a integrar ‘la nación’ (el “México donde tengan cabida todos los mexicanos”, en la versión inicial zapatista (1994)), lo que implica una diversa distribución de la propiedad, la riqueza y el prestigio social y, también otra cultura política, con fuerte contenido ciudadano. Este sería el programa mínimo. El máximo, generar las condiciones para un permanente y revolucionario autogobierno popular regionalmente articulado. Este último fenómeno no se parecería a nada de lo políticamente producido hasta ahora en América Latina.

    La mala noticia (tal vez no para todos), es que este tipo de enfrentamientos, entre bloques o concentraciones de poder, no poseen usualmente como arena o cauce las instituciones democráticas. Más bien estas instituciones (mejores o peores) se siguen de los resultados de estos enfrentamientos.

    Lo anterior es una forma suave de decir que lo que se disputa bajo la apariencia y reclamos democráticos en Bolivia, Ecuador (en Paraguay, quizás) y Venezuela, es, en realidad, una guerra por el poder y su carácter.
 

  

15 de noviembre, 2008


    Identidades existenciales y cultura política democrática

    La potencia para proponer objetivos propios y darse las capacidades y herramientas para alcanzarlos y comunicarlos legítimamente (o sea obteniendo al   menos aprobación, o también admiración o respeto/temor) es una aproximación a la noción de ‘poder’. El poder por tanto se manifiesta mediante prácticas relacionales, o vínculos, al interior de procesos sociales decantados en instituciones. No es una cosa que se tenga, sino algo que se pone de manifiesto en el seno de tramas sociales e instituciones determinadas. ‘Poner de manifiesto’ significa que el actor agente entrega carácter (el suyo) al proceso en que interviene, se lo apropia y lo comunica desde sí mismo como testimonio de su capacidad (efecto de demostración). La potencia del poder se muestra y demuestra.

    En la existencia social se dan diversas expresiones de poder (económico, familiar, social, político, cultural, ideológico, libidinal) que pueden llegar a  constituirse como sistema. Si la formación social contiene estructuralmente lógicas de imperio (propiedad privada excluyente, patriarcado, idolatría, adultocentrismo, etnocentrismo, etc.) decantadas en instituciones y en un aparato estatal que las constituye y reproduce, entonces el sistema de poder deviene sistema de dominación. En un sistema de dominación ‘ejercer el poder’ implica negar esa capacidad a otros. La negación puede ser total o parcial. En ambos casos contiene el posicionamiento y tratamiento de esos ‘otros’ como objetos totales o parciales.

    Así ocurre en la relación salarial, donde el trabajo humano es objetivado como mercancía separada del trabajador. O en la relación machista donde la mujer aparece como objeto de deseo y violencia. O en la relación generacional (parental/filial) donde los hijos aparecen bajo la forma de siempre-dependientes. O en el vínculo mestizo ciudadano-indígena pezuña de chancho. O en la relación citadino-rural. Quienes sufren la dominación (o sea son dispuestos prácticamente como objetos) no pueden dar su carácter, excepto como dependientes, a los procesos en que concurren o de los que se les separa. Por ello funcionan mediante identificaciones inerciales, provistas por las prácticas de poder/dominación. Las identificaciones inerciales son dispuestas como ‘lugares sociales’ en las formaciones sociales con principios de dominación. De aquí que no sea inevitable sentirse ‘dependiente’, ‘inferior’, ‘objeto’ o ‘empobrecido’ porque no se consigue dar carácter propio a los procesos en que se interviene. La dominación se establece como algo ‘natural’, como un orden apropiado de estar en el mundo y serlo, como internalización de una identificación inercial inducida. La inferioridad social es una forma de impotencia socialmente producida. Un empobrecido es alguien a quien se ha privado de capacidad para significar desde sí mismo como sujeto. Un ‘impotente’, es decir alguien que se (es forzado) comporta como tal.

    El pueblo social se constituye mediante prácticas sociohistóricas de empobrecimiento. Ocupa lugares sociales (económicos, libidinales, ciudadanos, o sea jurídicos, ideológicos, etc.) en los que debe asumir materialmente identificaciones inerciales que aseguran la reproducción de sus impotencias y, con ello, su exposición a la violencia de los poderosos.

    Un régimen de autogobierno, o sea democrático, no puede conceptualmente articular poderosos e impotentes, ni darse instituciones estructuralmente asimétricas movidas por lógicas de imperio que producen lugares sociales desde los que se da carácter a los procesos (y se los significa) que coexisten con lugares propios de objetos que tienden a la insignificancia humana. En el antiguo mundo ateniense un criterio de autogobierno básico fue el rechazo normativo (jurídico) a la posibilidad de tratar a un igual como objeto (igualdad de los ciudadanos ante la ley). El rechazo se traducía positivamente en la igualdad de los ciudadanos para desempeñar todas las funciones públicas. Estos posicionamientos políticos los llevaron a imaginar (y disputar) al menos la factibilidad de una necesaria igualdad económica. Por supuesto, todo esto entre los varones libres. Los atenienses reconocían, aunque patriarcal y esclavistamente, la exigencia de la no discriminación inherente al autogobierno y, con ello, el de no poder tratar al libre/diverso como objeto.

    Transitar por un esfuerzo propio desde la condición de objeto a la de sujeto significante (productor de sentido y de comunicación) en situaciones sociales determinadas, constituye básicamente la cuestión de la identidad humana y social. Es una cuestión existencial y política de competencia de los empobrecidos en tanto se expresan como sectores y movimientos sociales. La necesidad del agrupamiento y organización social para los empobrecidos que desean darse identidad (humana), o producirla para ofrecerla como testimonio a otros, no resulta de un capricho socializante. El esfuerzo no puede ser individual (aunque sí debe ser personal) no solo por razones de incidencia sino porque debe interpelar a otros, convocarlos al emprendimiento colectivo de producir humanidad situada o situacional. Los seres humanos carecen de otra opción. El reto está en el carácter de las cosas tal como se presentan/constituyen en las formaciones sociales con principios de dominación.

    El criterio del autogobierno, o gobierno democrático, cuando se lo estima desde las necesidades de los empobrecidos (es decir desde los producidos como insignificantes) muestra que no se reduce a una reducida especificidad politicista, sino que su carácter político remite a la cuestión de las identidades existenciales (sociales y ciudadanas). El gobierno democrático no es factible en ausencia de un proceso de producción de una cultura política democrática.

 

 

16 de noviembre, 2008


    Régimen democrático y principio de agencia

    Cuando Bruce Ackerman, profesor en Yale, reclama una ‘renta de participación’ de 80.000 dólares para cada joven estadounidense (él escribe ‘norteamericano’) que, llegando a la mayoría de edad se hace ciudadano,  acompaña su propuesta con un argumento interesante: los chicos no eligen a sus padres y por ello “su punto de partida económico como individuos libres no debería depender exclusivamente (sic) del éxito o el fracaso de sus padres en el mercado”. Agrega que como ningún joven ha contribuido todavía a crear la riqueza vigente, su condición de ciudadano igual le da derecho a reclamar una porción justa de esta riqueza.

    La propuesta de Ackerman es una aplicación del principio de agencia en su versión liberal, la más extendida. Los individuos tienen derechos ciudadanos iguales (ciudadanía equitativa), pero no suertes o existencias iguales. Éstas últimas se siguen de decisiones propias de su libertad.

    El punto admite un tratamiento más sistémico que el individual-formal que propone Ackerman. Puede encontrarse, por ejemplo, en R. Dahl, el politólogo estadounidense que más ha hecho por socializar el uso de “poliarquía” para pensar adecuadamente el moderno régimen democrático de gobierno. Su enfoque es más sistémico porque diferencia tanto el tratamiento que reciben el individuo/ciudadano y el individuo-económico en las formaciones sociales capitalistas (EUA, digamos) como el que el ámbito político y el ámbito económico de esas formaciones sociales se conforman como mundos diferenciados o apartes. Anotemos aquí, solo como ilustración, que para Dahl el mundo político está determinado por el Estado-nacional. La economía capitalista, en cambio, es más ‘difusamente’ (cree él) global. En otro ángulo, la libertad del ciudadano es la de autodeterminación. La del productor-consumidor económico la necesidad de elegir (racionalmente) en el mercado. Las diferenciaciones y vínculos entre las determinaciones y lógicas de estos ‘dos’ mundos, hacen de su enfoque algo sistémico (lo que Ackerman rehúye aunque forma parte de su argumento sobre el igual derecho ciudadano de los jóvenes) y no casos puramente individuales.

    Ahora, la conclusión de Dahl es que la existencia de relaciones inevitables entre estos dos mundos, el económico y el político, disemina “las primeras semillas de la discordia entre la democracia y el capitalismo”. El argumento es sencillo: si por la lógica del mercado los recursos de las personas no están distribuidos en forma equitativa, ¿cómo podrían ser los ciudadanos iguales en el plano político? La experiencia latinoamericana es clara: en efecto: no pueden. Y al no poder comportarse como iguales, excepto en asuntos formales, el gobierno no resulta autogobierno, sino el imperio de algunos sobre otros.

    Un profesor estadounidense ve y admite lo que otro profesor estadounidense no quiere o puede ver ni admitir: que el principio de agencia, básico para el autogobierno democrático o poliárquico, no puede ser resuelto con una donación económica con aparente efecto emparejador. Que, en realidad, el principio de agencia resulta de una decantación cultural, o sea sociohistórica, y que por ello debe existir, materialmente, desde el inicio de los emprendimientos colectivos bajo la forma de una sensibilidad cultural democrática en el conjunto de las tramas sociales. Como tal, alimenta todas las lógicas institucionales. Se trata de un siempre-proceso, no de algo acabado.

    Este efecto cultural no es espontáneo, se sigue de luchas políticas. Y específicamente de las que encabezan y dirigen los grupos preteridos. A ellos no se les puede dar: necesitan, por razones de identidad existencial y humana, y en lo que nos interesa, ciudadana, autotransferirse poderes. Conceptualmente y para América Latina se trata de luchas populares.

 

 

17 de noviembre, 2008


   Autogobierno y movimientos sociales: apuesta y esperanza

    Si la existencia democrática contiene como una de sus expresiones el autogobierno, vía un Estado de derecho y teniendo como hábitat una cultura cívica que potencie asumir  la existencia ciudadana y social como continuidad funcional y también como conflictividad discutida y eventuales fracturas negociadas, pareciera evidente que las sociedades iberoamericanas no han encontrado el camino efectivo para este autogobierno posible.

    Los factores que se combinan para producir este resultado son variados y de diverso origen. Una cultura señorial entraba o anula el universal carácter vinculante de las normas jurídicas y favorece un estilo prerrogativo que estimula a los ciudadanos “por encima de toda sospecha”, la generación de clientelas, los amafiamientos sectoriales del Estado, gobierno y grupos de presión empresariales y no empresariales, el personalismo en los acercamientos y distanciamientos políticos, y el estilo de “pa’eso tengo mandato” coronados con boato por prestigios falsos e impunidad. Presidencialismo, legislativos sumisos o rebeldes pero siempre confusos o intencionadamente torpes, burocracias no entrenadas, discontinuas y dispersas, con tendencia al error, al favoritismo personal y clientelar, hábiles para crear enclaves de corrupción, mañosas, jerarquizadas no por mérito sino de acuerdo a su vínculo con los “superiores” políticos, y que no son interpeladas con rigor por los circuitos judiciales o contralores porque éstos son también débiles, burocratizados y, excepto sus más altos jerarcas, mal pagados.

    Los neoliberales de la región llaman “mercantilista” a este Estado. Los politólogos, en su mayoría, lo consideran una apuesta no realizada, una tarea y un desafío, no un dato. En el mejor de los casos, una polémica. Los pueblos originarios, en Bolivia o Guatemala o México o Chile o Ecuador, por ejemplo, después de siglos, le niegan legitimidad. Tienen razones poderosas. Pero tampoco le concede legitimidad el ciudadano empresario que evade impuestos, el gamberro que destruye los espacios públicos y las señales del tránsito, los desharrapados que roban cable eléctrico o tapas de alcantarillado para subsistir, los travestis callejeros acosados y violados por la policía, los desamparados y expulsados emigrantes, o el ciudadano de a pie que sabe que los aparatos públicos, incluyendo los circuitos judiciales, no están hechos para él o lo desdeñan. En algunos países, el ‘exitoso’ Chile, por ejemplo, los estudiantes de Liceo ni siquiera le reconocen a este Estado voluntad y capacidad para ofertarles curricularmente experiencias de aprendizaje que les faciliten acelerar como empleados la dinámica de acumulación de capital global. Van a la huelga y son rechazados y reprimidos.

    No es únicamente una cuestión de disfuncionalidad o penuria estatal. Su base es una sociedad civil fracturada, enfrentada y a la vez enclaustrada en numerosos cursos paralelos, carente de razones para confiar en los muy variados ‘otros’ con los que no se puede producir emprendimiento colectivo, nación ni humanidad. La sensibilidad es de recelo, odio y guerra. Los referentes ‘patrióticos’ son espejismos frívolos: selecciones de fútbol, canciones, animadores de televisión, mises Universos. Cuando las capas medias quieren admirar a alguien o algo miran hacia afuera o hacia un pasado borroso cuyos sentidos posibles ignoran. El ethos fragmentario contiene por doquier y diversamente el sentimiento de haber perdido algo valioso para siempre, aunque no se sepa bien en qué consistía. La gente busca su felicidad encuevándose, como ratas.

    La cultura señorial es función de subsistemas de propiedad excluyente y cruel, de sociabilidades extraviadas y familias fragmentarias, de experiencias de vida sin continuidad, de actores políticos chatos, de juridicidades importadas sin crítica, de una clericalidad enfermiza y floja pero tenaz en su monopolio de la culpa y el pecado que trafican el principio de agencia por una férrea sujeción o pomposo/arrogante o temerosa que lleva al cielo. Y están los ejércitos, entrenados, salvajes. Y los descocados partidos pintorescos, enfrentándose a gritos, sin estudio, sin trabajo efectivo, simulando ocuparse en ‘salvar una patria’ cuyas bases nunca se han buscado ni producido. La falta de estudio y diagnóstico se resuelve con ‘personalidades’ hipócritas, desarraigadas, que reemplazan su vacío y angurria con frases y corbatas. Y otra vez el desapego y la crueldad.

    En esta superficie (¿estructura?) resultan inevitables las explosiones sociales, las rebeldías, las movilizaciones sectoriales populares, los amagos o realidades de organización en los frentes de trabajo, cerca del hogar y la escuela, en la población, en el frente rural y campesino, en los vínculos y círculos más lejanos del centro clerical, en las fraternidades infantiles o juveniles de los más desheredados. Los empeños de un y otro artista. Y también el esfuerzo por avanzar hacia movimientos sociales populares que, salvándose a sí mismos, contribuyan a mover a otros para conseguir la salvación de todos. El sentimiento es de naufragio. Pero los naufragios alientan desesperanzas y esperanzas. Abandonos y empeños arduos.

    Tratándose de movimientos sociales populares, la cuestión democrática, la de la lógica del autogobierno, de la autonomía, de la participación, de la oferta para crecer desde sí mismo, resulta conceptualmente indisputable porque se liga con el rechazo de las identificaciones inerciales y la producción procesual de una mismidad que se pueda ofrecer dignamente a otros. Los movimientos sociales populares, lo sepan o no, constituyen una propuesta de comunicación, de enlace. En su lucha (que hace violencia porque la combate) el movimiento social de mujeres, de campesinos sin tierra, de jóvenes y estudiantes, de desempleados, por derechos humanos específicos, de pueblos originarios y profundos, genera (y descubre) nuevas sensibilidades hacia las tramas sociales, nuevas espiritualidades, otra forma de vivirse y de ofrecerse: una nueva y emergente sociedad civil que no reposa en el tráfico mercantil ni en la norma jurídica sino en la autonomía, la organización, la fraternidad y la entrega. Transferirse capacidades para cuidar bien de sí y servir. Servir sirviendo. Un diverso ethos sociohistórico. El ignorado por nunca radicalmente emprendido. Y por nunca emprendido, el dudoso, al que se apuesta sin certeza por aquello de los errores y desagregaciones propias, de la fiereza enemiga, de los contextos internacionales que nunca, o casi, resultan favorables. No solo llegamos tarde y en mala forma para articular naciones y sociabilidades. También para testimoniar creíblemente humanidad.

    Sin embargo, la humanidad, su oferta, está ahí. Temblorosa en los niños “huachos”, austera en la comunidad indígena, con ojos brillantes en los jóvenes y estudiantes, tenaz en el esfuerzo continuo de las mujeres populares, épico y dulce en los trabajadores organizados y heroico en los desempleados, en sus artes trashumantes. Tantos.

    Que, sin embargo, no han podido ni sabido crear una nueva cultura tras quinientos y más años de irritación y resistencia.

    Hoy se les ve a estos movimientos, con sus heridas y flaquezas y vítores, en Los Sin Tierra brasileños, en las gentes de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, en alguna piedra volcánica ardiente que sostiene a Cuba. A diferencia del siglo XX esta vez no parecen caminar del todo solos. Si se les mira y no se les agrede ya se les acompaña. No son realidades, sino mayormente apuesta y esperanza. Peculiarmente, de la fuerza continua de estos movimientos y desempeños, de su testimonio depurado dependen la cultura democrática, el vínculo civil, el Estado tensamente democrático, las políticas públicas generadas y administradas desde las gentes, el poder local (autonomía), la extinción de los ejércitos, el reposicionamiento o refundación de las iglesias, el autogobierno.

    El autogobierno deshace las falseadas polémicas simuladas entre instituciones participativas y representativas, entre ideologías del individuo y del colectivo. Y, sobre todo destruye el politicismo. El autogobierno hace de la experiencia política una necesaria experiencia cultural. Es decir, de humanización. Y de esta experiencia cultural autónoma y responsable, una institucionalidad política. Es, si se los permite, la palabra de los movimientos sociales populares que resultan tanto de una historia como de múltiples fuentes de deseo, frustraciones, programas incumplidos, sueños. Resulta quizás decisivo para muchos frentes, el subjetivo, el local, el nacional, el regional y el global, que esta vez sea su hora.
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    Referentes:

    Ackerman, Bruce: “¿Hacia una síntesis latinoamericana?”, en La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. El debate conceptual sobre la democracia, PNUD, Alfaguara, Buenos Aires, Argentina, 2004.

     Dahl, Robert A.: La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, España, 1993.

    Gallardo, Helio: Abisa a los compañeros pronto, 2ª edic.ampliada, Perro Azul, San José de Costa Rica, 2000.
    Resnick, Philip: La democracia del siglo XXI, Anthropos, Barcelona, España, 2007.
    Salazar, Gabriel: Ser niño “huacho” en la historia de Chile (siglo XIX), LOM, Santiago de Chile, 2006.


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