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Alai, septiembre

2011.

 

         
    Las observaciones que siguen procuran entregar un esbozo de la realidad centroamericana tras los “acuerdos de paz” de la década de los noventa, el ingreso acelerado de la mundialización en la región, su concertación de un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2003-06), el auge del crimen organizado y la descomposición social y política en los últimos cinco años del siglo XXI. El texto, por razones de espacio, no se ocupa de la protesta y resistencia populares.

 

    Facundo Cabral y la realidad centroamericana


    Un buen referente para introducir la situación centroamericana actual es quizás el asesinato en Guatemala de Facundo Cabral a inicios del mes de julio recién pasado. Las autoridades manejan la hipótesis de que el homicidio fue ejecutado por el crimen organizado regionalmente y se dirigía contra el empresario que encaminaba al artista argentino al aeropuerto. Los referentes son aquí la violencia, el crimen sistémico (principal, aunque no exclusivamente el narcotráfico), la impropiedad de las instituciones para asegurar la vida y la propiedad de las poblaciones y su correlato, la impunidad de los criminales, y, en menor medida, pese a su gravedad, la debilidad interna de las economías para sostener una existencia digna para sus gentes, en particular sus poblaciones originarias y sectores rurales. Después de Haití, el PNUD ubica a Guatemala (2), Nicaragua (3), Honduras (4) y El Salvador (9), en ese orden, dentro de los diez países con peor índice de desarrollo humano del continente americano. El flujo de remesas familiares, provenientes de emigrantes, hacia el área alcanza al 33% del PIB regional (casi los 13 mil millones de dólares). La región sigue importando más que lo que exporta, no realiza reformas tributarias que alivianarían las penurias fiscales y el carácter de la mundialización en curso acentúa las diversas y conflictivas brechas internas y también la vulnerabilidad ante las variaciones de la economía global y el endeudamiento externo.

    Al país en que se dio el asesinato de Cabral, Guatemala, se le considera un Estado en acelerada descomposición o “frustrado”. En el período la moda en el área consiste en atribuir las descomposiciones internas al auge del “crimen organizado”, en particular el narcotráfico y su actividad complementaria, el lavado de dinero. La solución, para los gobiernos centroamericanos, es que Estados Unidos les de a sus países recursos para “ganar la guerra contra el narco”, tal como se supone lo ha hecho con Colombia y México. Se cierra los ojos ante la evidencia de que en esos países tampoco se ha ganado la guerra contra el narcotráfico y el lavado de dinero y que la respuesta a este tipo de crimen organizado no parece pasar por su militarización.

    En todo caso, y para el área, los gobiernos de Estados Unidos no muestran entusiasmo por girar dólares. La tendencia es más bien a imponer acuerdos de patrullajes y acciones “conjuntas”, acompañada de algunas donaciones de implementos policiales y castrenses, que facilitan geopolíticamente nuevas formas de militarización y control estadounidense en el área. Nada particularmente novedoso.

 

    El golpe de Estado en Honduras y la ‘normalización’ del régimen democrático


    Si el asesinato de Facundo Cabral permite introducir tanto al aumento de la dependencia del área con Estados Unidos, vía la amenaza del crimen organizado, como a la descomposición institucional interna de estos países, cuyo referente es el impacto de la mundialización actual en la región, el golpe de Estado en Honduras (junio 2009), imprevisto pero para nada novedoso, introduce a la comprensión del ‘nuevo orden’ existente en el área tras los ‘acuerdos de paz’ de la década de los noventa. Como es sabido, se firmó la paz pero no se implementaron al mismo tiempo las políticas que avanzaran en la resolución de los conflictos que estuvieron en la base de los conflictos armados.

    El golpe de Estado hondureño tuvo como actores a la oligarquía tradicional y a la neoligarquía hondureña, a sectores de su poder judicial y a la jerarquía católica. Colaboró la embajada estadounidense sin cuyo asentimiento nadie  se arriesgaría a un golpe de Estado en América Central. El instrumento fueron las Fuerzas Armadas. La excusa para la acción se centró en las iniciativas del presidente derrocado (José Manuel Zelaya) para “modernizar” el país y tornarlo más competitivo en relación con la acumulación global en curso. El apoyo estadounidense se siguió de sus vínculos con la oligarquía tradicional y de su recelo por la amistad que parecía mostrar el presidente Zelaya con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Lo ‘sorpresivo’ del golpe de Estado fue su proximidad con la Carta Democrática Interamericana (2001) que en su momento fue auspiciada principalmente por los nuevos y electos regímenes civiles sudamericanos para evitar ser colapsados por los aparatos armados. Desaparecido el “reto comunista”” y destruidos muchos movimientos sociales populares, los políticos civiles y los empresarios consideraron que las dictaduras militares estaban fuera de lugar y tiempo. Debían volver a los cuarteles y esta vez para siempre. Los “buenos negocios compartidos” eran asunto de políticos-empresarios y de empresarios-políticos.

    Esta visión fue enrarecida por los procesos electorales que dieron el triunfo a candidatos no deseados por el llamado Consenso de Washington. Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, el casi triunfo de Manuel López Obrador en México, por citar cinco referentes, llevaron primero a la administración Bush a proponer que ‘las democracias latinoamericanas’ fueran monitoreadas por sectores empresariales y tecnocráticos para decretar su legitimidad. Como la propuesta no fue aceptada, Estados Unidos inició una campaña unilateral para desacreditar a los regímenes que, aun siendo electos, consideraba hostiles. El ‘eje del mal’ se focalizó en el trío Venezuela/Cuba/Nicaragua al que se agregaría Bolivia. La infección letal provenía ahora del bolivarismo venezolano y de su insistencia en el carácter participativo del régimen democrático.

    El golpe de Estado hondureño vino a zanjar por el momento la cuestión del ‘desafío democrático’ en América Latina. Los aparatos armados volvieron a ser protagonistas de la política. Los cambios deben estar orientados al predominio de la acumulación global y no al empoderamiento social ni ciudadano. Los regímenes democráticos restrictivos de América Central son el modelo a seguir. La Carta Democrática Interamericana (en este momento inútil) debe ser reformulada de acuerdo a una nueva realidad que enfrenta a la acumulación global de capital contra los sectores populares de la población y contra los intereses ciudadanos de una ‘buena vida’.

    El mensaje, además de su claridad hemisférica, tuvo un destinatario preciso en América Central. En marzo del 2009 fue electo presidente de El Salvador, en una muy estrecha votación, el candidato propuesto por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional: Mauricio Funes. Muchos salvadoreños interpretaron esta victoria como el inicio de una definitiva derrota política de la oligarquía salvadoreña. Era el comienzo de una toda nueva etapa de existencia para los salvadoreños. La administración Funes no les ha dado la razón. En dos años de su mandato la situación de los salvadoreños no ha cambiado significativamente ni en seguridad (el desafío de las maras) ni en creación de empleo y ello le ha valido el alejamiento de muchos sectores sociales populares organizados. Un analista y dirigente del FMNL determina así el perfil del presidente Funes: “… estamos claros que se comprometió con el capital financiero transnacional, el capital de la burguesía oligárquica del país y con el imperialismo americano y le dio la espalda al pueblo…”. Probablemente Funes podría contestarle: “Es que en guerra avisada no muere presidente”.

 

    Nicaragua: en alianza espuria no pierde candidato


    Ya se indicó que, después de Haití y Guatemala, Nicaragua posee la economía más empobrecedora del área americana. La actual administración de Daniel Ortega, beneficiada por fondos libres de cooperación y reducción de la deuda pública, se ha ocupado de esta realidad de empobrecimiento más en términos de propaganda y clientelismo que con efectividad, en rubros como la salud, por ejemplo, en el que se da un decrecimiento en la inversión. El desempleo continúa estimulando la emigración de los nicaragüenses. Una encuesta reveló que el 54.6% de la población desea irse del país. El 70% de los nicaragüenses tiene algún familiar en el exterior. Las remesas de los emigrantes subieron de 320 millones de dólares el año 2000 a $ 823 millones en el 2010.

    La administración Ortega-Murillo no parece preocuparse demasiado de estas cifras y de las realidades que enseñan. Su interés más bien se centra en asegurarse una reelección presidencial, que sus opositores consideran espuria, reelección que debería asegurar a estos ‘sandinistas’ un lugar prominente en la conformación de una nueva oligarquía post-somocista que se haga cargo privado de los ‘buenos negocios’ que realiza el país. Así, el sandinismo oficial ha avanzado en el copamiento de instituciones como el poder legislativo y los circuitos judiciales al mismo tiempo que se ha acercado al aparato clerical católico y a sectores liberales encabezados por el muy polémico (por corrupto) político y expresidente José Arnoldo Alemán.
 
    Junto a estas iniciativas de concentración de poder la actual administración agita un discurso jingoísta cuyos frentes principales son el imperialismo estadounidense (con el cual coincide en la política de militarizar el desafío del narcotráfico) y las disputas con su vecina Costa Rica por territorios limítrofes por los que ninguno de los gobiernos se ha interesado históricamente, pero que sirven ahora a ambos contendientes para presentarse como enérgicos ‘defensores de la patria’. La situación politica e ideológica de Nicaragua, inmediatamente después de la de Guatemala, quizás sea la más debilitada, y eventualmente conflictiva, en un área que constata día con día que no está preparada para la mundialización que ha entrado en ella ya hace dos décadas.
   

    La centroamericanización de Costa Rica


    Uno de los rasgos de la sensibilidad dominante costarricense es la de repudiar cualquier parecido con sus vecinos centroamericanos. Con independencia de lo pintoresco del asunto, la cuestión tiene alcances políticos significativos puesto que Costa Rica boicotea los intentos de articulación política del área y, de cierta manera, impide que ella se constituya como una región económico-política. Dado el tamaño y la calidad de la producción de los diversos países de la región la cuestión acentúa la vulnerabilidad de cada país por separado y en su conjunto.

    El repudio costarricense por sus vecinos tiene que ver con su distinta historia político-social y también con prejuicios racistas. Dejando de lado los segundos, Costa Rica invirtió tempranamente en educación y posteriormente en salud y energía eléctrica y comunicaciones lo que permitió a su población entrar en contacto con su Estado por medio de los beneficios que recibía de él. Estos servicios sociales se vieron acompañados por una sensibilidad democrática que permite a algunos de sus dirigentes jactarse de una “democracia centenaria”. Por supuesto, es un mito, pero una parte importante de la población se lo cree. Y, fuera de los mitos, algunos de los servicios sociales han permitido que el país posea indicadores en salud que, si no existiese la experiencia cubana, resultarían propios de los países capitalistas líderes en este campo y sin comparación en el hemisferio americano.

    Peculiarmente con el auge del pensamiento único Costa Rica viene enfatizando la demolición de lo que la hizo si no superior, al menos distinta a los otros países de América Central. El minoritario estamento político, con cierta voluntad endogámica, ha descuidado, consciente o inconscientemente, desde hace al menos cuarenta años, la educación pública, la seguridad social, la infraestructura vial y otros servicios básicos para la población, la producción y el comercio, de modo que lo que fue un país ‘adelantado’ si se lo comparaba con sus vecinos, los viene igualando a través de un proceso de “centroamericanización” acelerada. El proceso incluye la concentración de la propiedad, la polarización social y una irritación que se manifiesta como clara erosión de los sentimientos ciudadanos, es decir de adscripción a un emprendimiento colectivo.

    El proceso de centroamericanización se vio acentuado por la irrupción de la mundialización en el área. Entre políticos-empresarios, tecnócratas y burócratas se hizo de la saga del Consenso de Washington un pensamiento único que hoy lleva a elogiar el Tea Party de EUA y a hacer suya la imagen pragmática de que ‘no importa el color del gato sino el que cace ratones’. La mundialización, que genera puntos de inversión privilegiada que descomponen a los antiguos países, abre la posibilidad de menos buenos negocios pero más cuantiosos. En la pugna por alcanzar los mejores lugares en esos buenos negocios la minoría dirigente de Costa Rica inició un proceso de desmantelamiento de sus servicios públicos (banca, energía, comunicaciones, educación) para acelerar su privatización. En la actualidad, su Caja de Seguro Social, única en América Latina, parece destinada a naufragar. Si a ello se agrega la desidia e ineptitud de su burocracia pública y la nula o escasa organización ciudadana, huele a desastre inevitable.

    Costa Rica parece haber elegido de esta manera el camino más largo para centroamericanizarse. Educó a su población, le dio salud, de alguna manera socializó el crédito, bloqueó buenos negocios privados estatizándolos, celebró regularmente elecciones (con alguna excepción) y ahora, entre políticos, tecnócratas y empresarios locales e internacionales, destruye aceleradamente todo lo conquistado en aras de los “buenos negocios” compartidos o dependientes. Uno de los grandes faltantes políticos de Costa Rica es que en su fase de injerencia estatal sus dirigentes no se interesaron en promover una cultura ciudadana. Ahora en su fase de rapiña ‘a lo centroamericano’, carece prácticamente de protesta y movilización ciudadana. Igualmente carece de partidos que pudieran detener y revertir la destrucción.

    Esto, curiosamente, diferencia la centroamericanización reciente de Costa Rica de la historia social de América Central. En América Central las oligarquías locales siempre encontraron movilizaciones populares que se resistieron a malmorir bajo su dominación. En Costa Rica el malmorir se gestiona casi sin protesta ciudadana y social. Como si no estuviera ocurriendo. Más protestan los empresarios porque a algún funcionario se le ocurre elevarles mínimamente la tasa impositiva, que es baja como en toda América Central.

    En síntesis, a la región centroamericana le ha entrado de lleno una mundialización ante la que carece de voluntad política y sensibilidad ciudadana que le permitieran sobrevivir superando las descomposiciones y el malmorir. Presionados por la crisis global y el crimen organizado comienzan, en el límite, a transformarse en Estados frustrados en los que se acentúan las prácticas de gobierno corruptas y venales que buscan estabilidad mediante políticas represivas sin contenido ciudadano. Endeudándose, tienden a tornarse todavía más frágiles y vulnerables ante la prolongación de la crisis global actual o ante el advenimiento de una próxima crisis. De esta manera convocan a una salida popular para los desafíos, salida que todavía, aunque se presiente, no logra dibujarse.


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 En este artículo se utilizó información de Otto Morán, Félix Maradiaga, Enteraterd.com, M&R Consultores y Observatorio de medios de comunicación sobre población migrante y refugiada.