Universidad Omega,
N° 7, marzo 2016.

   Como era obvio, desde el punto de la jerarquía de la legislación (los acuerdos internacionales consentidos por los Estados son superiores a la normativa interna), la fecundación in vitro ha de existir en Costa Rica porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo resuelve. Lo decidió desde hace años, pero localmente los grupos de poder (en este caso religiosos adinerados y no adinerados, clericales y seculares, manipuladores y manipulados) la sitiaban, diferían o deformaban porque a su juicio ofendía la voluntad de Dios al atentar contra la vida humana (“sagrada” en su decir). Para estos grupos, la fecundación humana solo procede en bruto (es decir bajo determinación patriarcal [autoritaria] y por cópula directa o ‘natural’, violatoria o no) y no in vitro, o sea resuelta por los sentimientos, discernimiento e imaginación (todos ellos componentes de una libertad factible a la experiencia humana) de los eventuales futuros padres que, por diversos factores, no logran un embarazo “natural” (en la experiencia humana nada es 100% natural). Curiosamente un sector de estos amantes de la Naturaleza tal como Dios la escribió de una vez y para siempre celebran el transporte Uber por utilizar tecnología que favorece a los usuarios (clientelas) aunque castre y liquide el emprendedurismo de taxistas “a lo bruto” que insisten en su “maría” tradicional y muchas veces tramposa. Como si ganar dinerillo no fuese “sagrado” para todo tipo de taxistas, decentes o pillos, ya que determina el carácter de la existencia (vida) de sus familias.

   En su columna regular en La Nación S.A., Jorge Vargas Cullel se pregunta si la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en tiempos de sequía, se inclinó a favor de un decreto de la administración Solís para regular la fecundación in vitro, normativa que Vargas estima “…tiene serias limitaciones para el ejercicio de la sentencia” (LN: 3/03/2016), no pudo ser resuelta por los costarricenses de otra manera. La respuesta, desde los hechos, es no. No podía. Las razones deberían ser palmarias hasta para un columnista del periódico.

   Previamente Vargas incluso dibuja estas razones en su columna. Escribió: “… la ley es la ley y uno no escoge cuáles va a cumplir y cuáles no”. Si no se acata la ley, añade “… se jodió la convivencia social”. Y cierra el párrafo: “¿O ahora la nueva moda es que cada uno escoja lo que le gusta?”.

   Vargas está hablando de un Estado de derecho moderno. Y, por ello, de su correlato humano: la ciudadanía. En Costa Rica el ethos ciudadano, cuando existe, es flojo. Contra él conspiran intereses oligárquicos y neoligárquicos (transferidos de cierta manera a grupos medios de la población) y su capacidad para permear la opinión pública vía un ‘periodismo’ permanentemente al borde de la imbecilidad (desde el punto de vista ciudadano), los políticos oficiales (que son los “consentidos” hasta cierto punto por esos medios) y un cristianismo católico que, más iglesia, hace parte de una sensibilidad acrítica, supersticiosa y milagrera que nutre de distinta manera a casi toda la población. En este caso tanto el antiguo “¡porta a mí mae!” como el más comercial y reciente “¡pura vida!” expresan la ausencia de ciudadanía efectiva.

   El asunto conmueve y asusta cuando se sale a la calle y se advierte el comportamiento de conductores de vehículos y peatones, el destrozo de las señales públicas, el abandono de aceras y carreteras (de repente iluminadas por un propietario modesto que pinta, año con año, su casa de habitación. Porque es “suya”. Por eso también coloca piedras para que los automóviles de ‘otros’ no “invadan” su vereda).

   La ausencia de cultura ciudadana hace que cada costarricense (no todos ni todo el tiempo) se sienta “libre” porque hace “lo que le viene en gana”. Los poderosos hacen lo que les viene en gana y quedan impunes. Los “medio pelo” hacen lo que les viene en gana y quedan comprometidos legal o ilegalmente. Se adscriben al sistema vía sobornos. Y los débiles, dramáticamente desunidos, hacen lo que les viene en gana o lo que pueden… y con mala suerte resultan descubiertos y castigados. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es gran ejemplo de este modo de existencia. En un país así, la resolución sobre o FIV o FIB solo podía provenir de Marte. O sea de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya se busca la figura para torcer el rabo a su mandato. ¡Pura Vida!
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