Universidad Omega,
N° 5, febrero del 2016.

 

   Como se señaló en un artículo anterior, la presencia de altos funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Costa Rica  no respaldó la posición política que encabeza publicitariamente La Nación S.A. ni en lo que respecta a la información sobre un registro de accionistas de Sociedades Anónimas que facilitaría que quienes se invisibilizan en ellas evadan los impuestos de ley sobre la renta vigentes (no los que podrían eventualmente aprobarse) ni tampoco en que la principal o única causa del déficit fiscal sean los salarios del sector público. Acerca de esto último, los informes de OCDE enfatizan que la inversión del Estado en educación, por ejemplo, no parece reflejarse en su calidad y que la planilla salarial del Estado es un factor (no el factor) que presiona sobre el déficit fiscal.

   Los funcionarios que La Nación S.A. designó como “periodistas” para cubrir las presentaciones de las personalidades de OCDE pasaron en puntillas sobre el tema de las Sociedades Anónimas (importante para disminuir la evasión de impuestos y el lavado de dinero, por hacer dos referencias) y acercaron el punto de las disparidades salariales en el sector público al tema del déficit fiscal de modo que pareciera ser “la” causa del déficit fiscal. La manipulación de la información se inscribe en la propuesta ideológica más básica de los sectores empresariales que La Nación S.A. defiende: ningún impuesto (nuevo ni viejo) si no se resuelve (en el sentido de recortar o eliminar previamente) los “privilegios” de la planilla salarial del sector público. Se recordará que estos “privilegios” son legales en el país. En cambio la evasión de impuestos, vía las Sociedades Anónimas y otros dispositivos, es delito. En todo caso, para La Nación S.A. ni siquiera en sueños debe imaginarse una puesta al día tributaria ni una reforma fiscal si la planilla fiscal (legal) se mantiene. Para el lector no-costarricense se recordará que la última “bola de nieve legal” de la planilla fiscal se siguió de la administración Arias (2006-2010) y que así lo ha reconocido el entonces Ministro de la Presidencia y hermano del Presidente, Rodrigo Arias.

   Ya acomodada la información a sus intereses sectoriales por sus “periodistas”, La Nación S.A. titula sus editoriales del 19 y 20 de febrero (2016) “Empleo público y desigualdad” y “El rezago de nuestra educación”. El primero es particularmente mañoso. El segundo, abiertamente desinformado. O sea, ‘normales’ tratándose del periódico. En el primero utiliza una categoría “aristocracia burocrática” para atribuirle haber “…secuestrado el discurso de la equidad y la justicia social para defender sus ventajas”. Por ello, La Nación S.A. es la campeona de la justicia y la equidad social y la ‘aristocracia burocrática’ uno de sus enemigos. Así, “El informe de la OCDE puede ser leído, sin que esa sea la intención del organismo, como una denuncia de la hipocresía de quienes abogan por la justicia social sin reconocerse entre los causantes”. Por supuesto que ésta no era ni la intención ni el sentido del informe de la OCDE. Se trata de la lectura que de él realiza La Nación S.A.

   Obviamente La Nación S.A. no determina quienes hacen parte de su “aristocracia burocrática”. ¿Se trata de los dirigentes sindicales que negocian, porque la ley nacional e internacional los faculta, Convenciones Colectivas? ¿Imponen esos sindicalistas aristócratas con la violencia (tendrían el monopolio de las armas) sus puntos de vista en las negociaciones? ¿Incluye la aristocracia a las ‘argollas y clientelas internas’ configuradas en el seno, por ejemplo, del MOPT o de la CCSS? ¿Forman parte de ella los salarios de los puestos de confianza en la Banca Estatal o en las jefaturas de Sutel y Aresep? ¿O son aristócratas todos los empleados públicos que devengan salarios promedios superiores a los que paga el sector privado (resultado fácilmente explicable)? ¿O su aristocracia les proviene no solo del monto de sus salarios sino de su ineficiencia o carácter parasitario? De todos estos (y otros) enemigos de la justicia social, ¿a cuáles hay que matar primero para que reinen la igualdad y la justicia que desea La Nación S.A.?

   La Nación S.A. lleva razón en un punto: los salarios públicos deben medirse, en parte, por su eficiencia y eficacia. Éstas suelen ser muy flojas en Costa Rica. Y su flojera queda impune. Esta impunidad la paga, con todos sus alcances, la ciudadanía de a pie (incluye a los empresarios que pagan los impuestos de ley). ¿Pero saben qué? Producir eficiencia y eficacia y medirla y mejorarla torna más caros los servicios. O sea, requiere más ingresos fiscales. Crear y sostener una cultura del desempeño no es exactamente comida de trompudos ni barato. Lo que La Nación S.A., campeona de la justicia social, no quiere decir es que su angustia no se sigue de eventuales "privilegios de aristocracias burocráticas" sino del deseo transferir servicios hoy públicos al sector privado. Gran negocio, en parte por los malos salarios que paga este sector. Aquí sí tragan fácil los trompudos
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