Universidad,
enero 2016.

 

  La primera declaración del Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, sobre la recaptura del conocido como “Chapo Guzmán” tuvo al menos un mérito. Llamó al criminal por su nombre ciudadano: Joaquín Guzmán Loera. En Costa Rica, en cambio, La Nación S.A. titula con frecuencia lances de un “Macho Coca” cuyo nombre civil es, al parecer, Gilbert Bell Fernández. Joaquín Guzmán es delincuente sentenciado por tribunales mexicanos. Bell Fernández sufre prisión preventiva por sospechársele delitos. Por ahora sigue siendo un ciudadano con derecho a ser designado por su nombre y no por “alias” que él declara, además, falsos. Pero ya quedó como “Macho Coca” y el mote influirá en los fallos judiciales que se tomen acerca de sus acciones. Excepto que la fiscalía (con apoyo policial) imite a la que presentó las causas contra el ex presidente Rodríguez o los asesinos de Jairo Mora. Si es así, el empresario Bell Fernández será declarado inocente al no haber prueba jurídica contra él.

   La parte turbia de la declaración del Presidente mexicano fue la más extensa: habló de un Estado mexicano competente y sin mácula. No es ni uno ni otro. Corrupción y venalidad lo saturan. Como muestra, digamos que Guzmán Loera creció como faraón del narco y otros crímenes dirigiendo su organización ¡desde la cárcel! Añadamos que en su nueva captura cooperó la DEA estadounidense (agencia que el político mexicano no mencionó) interesada en la extradición del delincuente. EUA suele presionar de diversas maneras a los Gobiernos latinoamericanos y éstos muestran casi siempre su capacidad ¡para soportar y agradecer estas presiones!

   Costa Rica, al menos durante la administración Solís, es excepción en el anterior panorama triste. No solo acepta y agradece presiones, sino que es proactiva respecto de ellas. Inicia su acción antes de recibir el guiño o el ladrido. Como en Venezuela grupos y personalidades de oposición (que ganaron limpiamente una elección parlamentaria en el marco de las leyes venezolanas) estiman que la de ellos es una guerra, o sea que el Presidente y quienquiera que huela a Chávez, es un enemigo, el gobierno de Costa Rica, vía su Ministro de Relaciones Exteriores, llama a autoridades electorales y partidarias de Venezuela, y a su Gobierno, por el momento constitucional, abstenerse de comprometer el voto popular. Lo que hace la autoridad electoral venezolana es examinar si tres candidatos opositores que resultaron electos estaban a derecho. Atiende la presentación de un recurso legal. A la fecha, no ha resuelto. Abogados discuten la admisión del recurso. No está comprometida la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional.

   La Nación S.A. elogia en editorial del 8 de enero el llamado del Gobierno costarricense. Le parece ser “fiel expresión de los más caros valores nacionales”. Puede ser, aunque es disputable. Pero el planteamiento del Canciller no tiene como interlocutor a estos caros valores, sino al Estado y Gobierno constitucionales de Venezuela. Con razón Venezuela lo valora un irrespeto y una injerencia que “desconoce los Poderes Públicos de un Estado soberano”. El Gobierno de Costa Rica puede, si lo desea, llevar su posición a la Asamblea General de la OEA. Allí se votará, en sesión ordinaria o extraordinaria. Pero no es propio arrimar carbón al incendio que podría producirse en Venezuela. Allí ganó la oposición y es mayoría en su poder legislativo. Pero ni el Gobierno Central (constitucionalmente reemplazable) ni las instituciones han desaparecido. Mantienen jurisdicciones y ejercen las acciones que les competen. Es legítimo contribuir a animar un debate o diálogo entre los sin duda enfrentados. La Cancillería costarricense no hace esto. Por lo demás, Venezuela carece de tradición democrática. Es tiempo de que sus fuerzas internas la vayan construyendo.

   La administración Solís ha sido escogida por los sinvergüenzas de siempre para que depure efectos de la tosquedad política de las “familias gobernantes tradicionales” de los al menos últimos 30 años. Pero nadie, excepto La Nación S.A. le exige asumir los estereotipos de “gallinero” de la geopolítica de Estados Unidos en el área. De hecho, alejarse de la obsecuencia hizo que una de sus figuras políticas ganase un Premio Nobel. Conviene recordarlo. En especial al Canciller. Su toma de partido en Venezuela no favorece al país. Y es dudoso que lo beneficie a él si se ve como candidato en las ya inminentes elecciones.
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   Conversación

    Mirna (Costa Rica).- ¿Cree usted que puede darse un golpe de Estado en Venezuela?

   HG.- Los medios que, fuera de Venezuela, publicitan a la oposición al gobierno de inspiración chavista, El País de España o La Nación S.A. de Costa Rica, o CNN, enfatizan el discurso y liderazgo de quienes ven en los gobiernos de Chávez y Maduro una dictadura corrupta y venal ligada al narcotráfico y al terrorismo, que mantiene presos políticos y castiga derechos fundamentales como la libertad de expresión en el mismo proceso que arruina con su demagogia e ineficacia al país y beneficia, por ejemplo, a Cuba. Este tipo de discurso establece un “o ellos o nosotros”. Equivale a un “ellos no merecen existir”. En el plano pintoresco este discurso es el que sostiene la eliminación de los retratos “no tradicionales” de Simón Bolívar, y de todo signo de Chávez y de Maduro de la Asamblea Nacional, por orden de su actual Presidente. En el plano no-pintoresco el sentimiento que anima a estos dirigentes es el de una refundación de Venezuela que deje absolutamente atrás los quince años de gobierno de inspiración chavista. Es lo que traduce el “o ellos o nosotros”. El ‘nosotros’ se traduce, como es obvio, como todos los verdaderamente venezolanos. No se trata de un discurso parlamentario sino de guerra. Contiene la polarización del país. Esta polarización no la causa la Cancillería costarricense, pero contribuye con ella. Por ello no estimo adecuado su proceder.

   Ahora, este discurso polarizante, que no es monopolio de la oposición venezolana ni mucho menos, choca, por el momento, con factores de la realidad venezolana. El gobierno obtuvo votos en la elección. Casi un 33% lo apoyó. Recibieron una paliza esos electores y el gobierno, pero no fueron aplastados. Una ruptura institucional contiene su aplastamiento. No es que haya que matarlos a todos. Pero se debe destruir su capacidad organizativa, si la tienen. Esta represión debe impresionar de tal manera a la población (ciudadanía), que asegure que el chavismo no resulta factible y no retornará.

   Para lo anterior se requiere un ejercicio militar que, en este momento, no se tiene. Sin embargo el aparato militar debe estar recibiendo presiones y ofertas internas e internacionales. Un golpe requiere de la unidad de los militares con el fin de evitar una guerra civil en que ambos bandos posean poder de fuego. La unidad de los militares (con poder de fuego) requiere de un trabajo político cauteloso. La decisión de los militares no se obtiene de un día para otro. Requiere además la creación de un “clima” que justifique su intervención incluso internacionalmente.

   El tercer factor que debe considerarse es que la economía venezolana depende del petróleo. Algo similar ocurre en Ecuador. Con precios internacionales a la baja ninguna dirección política conseguirá reflotar una economía como la venezolana aunque ya no se la boicotee para que fracase. La economía probablemente requiera asistencia, no inevitablemente directa, internacional. Esta asistencia difícilmente se conseguirá con un golpe que “apague” o “castigue” a un 1/3 o más de la población. Habría que focalizar la represión en personalidades y liderazgos a los que se determine como “terroristas”, “corruptos”, “comunistas” o “narcos”, etcétera. Para este tipo de represión se requiere una orquestación de medios, poder judicial (suspendido) y el apoyo de aparatos clericales. Y, desde luego, servicios de militares. Probablemente la OEA lo rechazaría. Pero quizás su rechazo no tendría peso en las acciones.

   Entonces, factores para un golpe de Estado en Venezuela existen. Pero no se ha trabajado por parte de la oposición todo el camino político que lo justifique como “inevitable”. Y como el camino elegido por el chavismo es el parlamentario e institucional, la mera tentación de recurrir a la violencia militar equivaldría a un suicidio.

 

   Mirna.- ¿Un suicidio político?

   HG.- De eso hablamos. No existen condiciones internas ni internacionales para que se dé un golpe de Estado "gubernamental" en Venezuela. La política chavista apostó por una vía parlamentaria y es en ella que ha tenido triunfos, los más, y también un par de derrotas. La actual derrota es seria, pero ha de entenderse como un momento para trabajar políticamente mejor y más. Una política popular no se hace solamente cuando se es gobierno. Estar en el gobierno es favorable para los sectores populares y debería potenciarlos, pero el eje de una transformación popular que se quiso revolucionaria es la gente, o sea la base social organizada y su expresión ciudadana. Pero reitero, Venezuela no posee tradición ciudadana ni democrática. En este sentido su "polarización" actual le resulta "normal". Pero esta 'normalidad' no favorece a los sectores populares. De hecho, la posibilidad de una polarización debió atenderse políticamente desde el inicio del siglo. El fenómeno termina, o comienza, por afectar incluso la 'lealtad' de los militares. Pero quien habla es un observador externo. Las mejores opiniones, y por ello las más eficaces, son las que se dan en el marco de la lucha política venezolana. La oposición logró un triunfo, pero no la victoria. Y la inexistente tradición democrática también la afectará en el corto plazo bajo la forma de personalismos (mesianismos) y ausencia de propuestas estratégicas que incidan en el bienestar inmediato de sus votantes. O sea, el trabajo y la lucha, y el debate, no están cerrados.

 

  

      


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