Universidad, noviembre
2015.

  

   A mitad del pasado octubre el Presidente Solís, transmitió a la prensa su alarma ante el auge de homicidios provocado por el crimen organizado. Había tomado la decisión de citar a personeros de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Organismo de Investigación Judicial y Policía de Control de Drogas para avanzar una estrategia conjunta. La Presidencia entendía el reto exigía una política integral que lo atendiera y neutralizara. Fue significativo que su llamado no  incluyera a una DIS que depende del Ministerio de la Presidencia.

   No había terminado de hablar Solís cuando La Nación S.A. editó una entrevista extensa a la expresidenta Laura Chinchilla en la que ella mostró inquietud por la ola de asesinatos atribuidos al crimen organizado. Urgió a “una mayor acción desde las cúpulas de los poderes de la República” ya que últimamente resentía debilidad en la coordinación al más alto nivel. Chinchilla valoró, asimismo que durante su mandato se marchó “por buen camino no solo en materia de contención de la delincuencia común, sino también de la delincuencia organizada” (LN: 18/10/2015). La expresidenta sí nombró a la DIS entre los actores que aportaron a este “buen camino”.

   La principal prensa comercial dio a conocer también al menos otras dos opiniones sobre el punto. F. Dall’Anese, notorio ex Fiscal General, tras argumento extenso, concluye que “La verdad es la inseguridad ciudadana y el avance de las organizaciones criminales” (LN: 19/10/2015). Por ello se debe “… exigir a las instituciones enfrentar con la mayor brevedad la inseguridad ciudadana y la penetración del crimen organizado con la verdad, sin desviaciones y sin falacias”. Se lo demanda al Presidente, al Fiscal General y al OIJ.

   La otra opinión, sorpresa, llega de un centro neoliberal, el CATO Institute, sito en Washington, con firma de un comentarista estable de La Nación S.A., Juan Carlos Hidalgo. Sobre el fondo del asunto, Hidalgo opina que, aun aceptando la letra oficial, que glosa el aumento de asesinatos por sus éxitos en incautar droga y apresar cabecillas, lo que desata luchas entre bandas, aun así, se pregunta Hidalgo, “¿Cuál es el objetivo final? La capacidad comprobada del crimen organizado de reemplazar a sus tropas augura una espiral de violencia que podría dejar cicatrices profundas en la sociedad costarricense” (LN: 19/10/2015). Hidalgo lleva razón. Una sociedad desagregada, y en la que no resulta factible ponerse de acuerdo en ningún plan de reforma fiscal, no puede ganar guerras contra el crimen organizado, en particular contra su frente narco. No existen recursos para una guerra no ganada ni en México, Colombia o Estados Unidos, económicamente más sólidos y que comprometen (aunque sean engañosos) recursos militares en la tarea. Además, la guerra contra el narco está perdida porque los pandilleros son actores de un negocio regio. Si cae un grupo, surge otro. Si se cierra un lavadero, brotan cuatro. Si se mata la planta de coca o de amapola, brotan exponenciales drogas artificiales. No hay modo de ganar la guerra.

   Un regio negocio ilegal funciona sobornando y corrompiendo. Se paga a policías, jueces, prensa, políticos, banqueros, fiscales, o sea a autoridades. Se compra a gente humilde. Como los capos tienen vedados los circuitos judiciales para zanjar diferencias, entre socios juega la palabra empeñada. Contra enemigos (se disputan territorios, rutas, mercados, liderazgos) es la guerra. Se mata a ex socios y empleados por incumplir su palabra. A enemigos porque el mercado alimenta el monopolio. A los sobornados que fallan. Esta sopa excremental salpica o empapa a los labriegos sencillos.

   Las ‘santas’ propuestas (o realidades) de Chinchilla, Solís  y Dall’Anese olvidan un punto fundamental del frente narco en el crimen organizado. Como no se puede ganar la guerra, hay que tornar transparente la adicción y librarla de violencia. Es decir legalizarla mundialmente y distribuir droga gratis y de excelente calidad a quienes la requieran.  No se resuelve el consumo, pero se ahoga la narco-delincuencia. Crimen organizado y violencias subsistirán en otros frentes.

   Aquí la traba principal es que EUA desea la guerra. Por lo tanto a una acción centroamericana y antillana articulada debe añadirse una presión sobre EUA, para que cambie criterio. Difícil tarea. Pero cualquier otro camino conduce a las interminables cruces, cicatrices y lápidas que intuye Hidalgo.

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