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Revista Pasos, N° 151,

mayo del 2011.

 

    

 

     
   

    Recreando el cinismo: la intervención de la ONU y de la OTAN en Libia


    Apelando al Capítulo VII, artículo 42, de la Carta de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad de ese organismo resolvió intervenir a favor de los insurrectos que precipitaron una guerra civil en Libia, país del norte de África y rico en petróleo y gas, con una población de siete millones de habitantes. La intervención, que debería haber impedido que el gobierno libio castigara y asesinara a civiles, escaló rápidamente a la abierta toma de partido de Naciones Unidas para apresurar el derrocamiento del régimen de Gobierno que encabeza Muamar el Gadafi y es, militarmente, en este momento (última semana de abril), ejecutada por la OTAN. Por supuesto los bombardeos de la OTAN y de los gobiernos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra principalmente, matan a los mismos civiles que se supone están protegiendo. La prensa internacional oculta estos crímenes e informa solamente de las bajas que provocarían las fuerzas armadas leales al régimen gubernamental (que existen, al igual que el apoyo de un sector significativo de la población civil) sin especificar si se trata de insurrectos o efectivamente de población no combatiente. La represión del régimen contra civiles tampoco ha sido documentada hasta este momento. Lo que no puede ocultarse es que hay una guerra civil que el gobierno libio no podría sostener sin apoyo interno y que la ONU/OTAN ha tomado partido en esta guerra por la insurrección contra un gobierno quizás tiránico, situación para nada excepcional en el área, pero oficial.

    Conviene agregar que el armamento que utiliza el gobierno libio para su defensa/ataque le ha sido vendido en buena parte por los Estados/gobiernos occidentales que hoy intentan derrocarlo y que, si se trata de prevenir y castigar a un régimen árabe o del área por violación de derechos humanos de su población, Libia no estaría ni cerca del primer lugar. Tampoco es que Muamar Gadafi sea un santo civil. Pero Arabia Saudita, en la misma región, cruzando Egipto, vecino de Libia, y nadando un poco, es famoso entre quienes se interesan por derechos humanos. Para comenzar se trata de una monarquía absoluta de la dinastía Al-Saud (de aquí su nombre, saudita) que dice regirse por el Corán y donde es legal (sin que exista guerra civil ninguna) torturar a la ciudadanía amputándole brazos o pies o propinándole hasta miles de azotes. La homosexualidad es un delito y su castigo puede ir desde latigazos hasta la pena de muerte. La discriminación contra las mujeres incluye la obligación de taparse el rostro, permanecer en casa y salir solo con autorización del hombre respectivo. Las mujeres no pueden conducir automóviles ni subir solas al transporte público (sí se les concede viajar solas en avión). Una situación especial es la violencia contra las empleadas domésticas que acuden a Arabia Saudí en busca de empleo. Un cable reseña un informe de la organización Human Rights Watch: “En Arabia Saudí, las embajadas de Indonesia, Sri Lanka y Filipinas reciben miles de quejas cada año. En enero de 2004, por ejemplo, la embajada ceilandesa estimó que cada mes estaba recibiendo unas 150 trabajadoras domésticas, que habían huido del abuso de sus empleadores. Según la información facilitada por embajadas en Singapur, desde 1998, al menos 147 trabajadoras domésticas han muerto por caídas desde edificios elevados como resultado de las peligrosas condiciones de trabajo o el suicidio”. Además de este detalle trágico que ilustra la situación de los más vulnerables en ese país, la población de Arabia Saudí, Estado teocrático, solo puede consumir alimentos oficiales y la hora de los rezos diarios interrumpe obligatoriamente cualquier actividad. Menos de 1/3 de la población tiene acceso a Internet y se exige una licencia gubernamental para operar en ella. Los residentes (31% de la población), al no ser ciudadanos, tienen prohibido hacerlo. Por supuesto no hay elecciones ni partidos políticos (se trata de un régimen feudal) y se supone que la dinastía Al-Saud gobernará hasta el final de los tiempos, amén. En Arabia Saudí la violación de derechos humanos es permanente, no se sigue de una guerra civil, pero al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni a la OTAN se les ha ocurrido enviar tropas para “salvar a su población” (casi 30 millones, de modo que hay más gente que en Libia para violarle derechos).

    Si por algún motivo se simpatiza con la dinastía Al-Saud y el espíritu ‘religioso’ con que tratan a su población, en su área próxima está el Estado de Israel el que no solo aterroriza y masacre a la población palestina y extiende impunemente sus fronteras, además de reservarse el ‘derecho’ de secuestrar o asesinar a quienquiera estime como enemigo en cualquier parte del mundo, sino que pone una semana si y otra también en peligro la paz de la región y del planeta. Se recordará que, a diferencia de Libia, Israel posee armamento atómico y sin duda sus dirigentes lo utilizarían hasta contra sus protectores si lo consideraran necesario. Contra este Estado (no contra su población, puesto que debe haber ciudadanos israelíes decentes, menos decentes y también de otro tipo) el Consejo de Seguridad no toma acción ninguna porque se interpone el veto de Estados Unidos y porque Occidente no castiga las violaciones de derechos humanos si las realizan sus socios o compañeros de ruta. Parte cultural y jurídica de la crisis civilizatorio actual consiste en la utilización mezquina de derechos humanos para beneficio de algunos poderosos (Estados, Gobiernos, Corporaciones, Mercado Global) y sus gulas y neurosis. La intervención militar en Libia, donde puede  haber insurrectos de buena fe, peleando junto a codiciosos y conspiradores, pero no existe bando democrático ninguno, y tampoco lo habrá si la OTAN gana la guerra devastando y fragmentando al país, es una buena prueba de ello.

   

    La intervención de Naciones Unidas en Libia y América Latina


    El artículo que invoca Naciones Unidas para agredir a Libia es el 42 del Capítulo VI de su Carta constitutiva. Dice: “Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas”. El artículo 41 al que se hace referencia señala acciones de agresión que no contemplan la fuerza armada (básicamente aislamiento económico y de comunicaciones, sabotaje electrónico y ruptura de relaciones diplomáticas).

    Antes de realizar una reflexión sobre este punto, conviene recordar que institucionalmente Naciones Unidas fue destruida por la invasión a Irak de Estados Unidos y otros Estados el año 2003 pasando por encima del Consejo de Seguridad y quedando el agresor o agresores sin castigo por su acción violatoria. En realidad Naciones Unidas ya no existe, tal como no existía a inicios del siglo XX. En ese momento imperaba internacionalmente la ley del garrote. Hoy es igual, con la única diferencia que los garrotes actuales podrían ser atómicos por lado y lado. Y no es que aquí se esté elogiando el papel geopolítico que jugó o no jugó Naciones Unidas durante el siglo XX. Pero era, quizás, mejor que nada. Hoy su colapso se inscribe en un marco todavía más sombrío: la Doctrina de Guerra Global Preventiva contra el Terrorismo de la administración Bush Jr., a la que han adherido otros Estados, hace también retroceder la geopolítica a inicios del siglo XX. Y hay que añadirle, para América Latina, la tendencia estadounidense a hacer de los desafíos sociales (tráfico de drogas, migraciones no deseadas, población sobrante, destrucción ambiental, acceso a recursos naturales escasos y comercializables, etc.) cuestiones policial-militares, para introducirnos a la noción de crisis de civilización. Pero en América Latina las señales de esta crisis son muy anteriores y tiene que ver con su sociohistoria.

    Recordemos asimismo que Naciones Unidas y la OTAN agreden a una parte significativa de la población de Libia y a su gobierno porque en su argumento se debe resguardar derechos humanos de la población de ese país, comenzando por el de la vida, y que su acción armada tiene como finalidad “restablecer la paz y la seguridad internacionales”. Por supuesto se trata de una lectura forzada de su propia Carta, pero supongamos que la intención y finalidad de su intervención sea efectivamente ésa. Proteger derechos humanos de población no combatiente y restablecer la paz y la seguridad del planeta. Regalado el punto, y desde América Latina, ¿por qué no se invocó por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este apartado de su Carta para intervenir, por ejemplo, en Guatemala durante la década de los ochenta del siglo pasado? Wikipedia narra de esta manera lo que ocurrió en ese período en el país centroamericano: “Durante los gobiernos de 1978-1982, Fernando Romeo Lucas García, a quien podríamos llamar Gadafi I, 1982-1983, Efraín Ríos Montt, Gadafi 2, 1983-1986, Óscar Humberto Mejía Víctores, Gadafi III, perpetraron un genocidio con más de de 250.000 víctimas mortales, de las cuales 45.000 continúan desaparecidas”. Es decir que todavía podría la ONU/OTAN invadir Guatemala en nombre de los “derechos de los desaparecidos” Sigue la crónica: “El genocidio maya hizo que un millón quinientos mil ciudadanos forzosamente fueran desplazados. La guerra provocó el desplazamiento de 450,000 campesinos, que se vieron obligados a refugiarse en México”. Por cierto fueron perseguidos y bombardeados por el ejército guatemalteco en los montes fronterizos. Uno de los  saldos de estos seis años guatemaltecos: 667 masacres y 443 aldeas completas desaparecidas. El ejército guatemalteco practicaba la política de tierra arrasada. Lo hacía además en nombre de la fe cristiana. O sea que acumulaba violaciones y exabruptos.

    La matanza feroz afectó incluso a un país europeo: “El 31 de enero de 1980 la situación en Guatemala pasó a ser objeto de atención mundial por la Matanza en la Embajada Española de Guatemala con saldo de 37 personas entre indígenas y no indígenas exterminados; el único superviviente testigo de lo ocurrido fue asesinado al día siguiente”. Agreguemos que en la matanza fue también liquidado (asado vivo) el cónsul de España y que el embajador se salvó de milagro al escapar del inmueble antes que se quemara a los ocupantes con lanzallamas o alguna bomba química. El indígena guatemalteco sobreviviente, quien estaba internado en un hospital, “…fue secuestrado el día después del hospital donde convalecía de sus heridas, torturado y asesinado. Su cuerpo, arrojado frente a la Universidad de San Carlos”.

    250.000 víctimas, un millón y medio de desplazados, 667 acciones de masacre, 443 aldeas desaparecidas por la política de “tierra arrasada”, la embajada de un “país civilizado” destruida, un cónsul extranjero asesinado, fronteras ignoradas… ¿no ameritaron una intervención si no de la OTAN (en ese tiempo carecía de jurisdicción planetaria) al menos de Naciones Unidas contra los cobardes asesinos de este pueblo centroamericano? Ni siquiera CNN o el New York Times ha atribuido esta magnitud de crímenes a Gadafi. Y el crimen no se reduce a esta década de los ochenta que aquí solo sirve de ejemplo. Y conste que Guatemala tiene algo de petróleo y también algo más de uranio. ¿No ameritaba detener el crimen para apoderarse de esas riquezas? ¿O las transnacionales se las tienen ya por seguras sin necesidad de “salvar” a la población civil guatemalteca inerme?

    Alguien podría decir: “Bueno, eran comunistas en tiempos de la Guerra Fría, además indios rurales inservibles y sediciosos, borrachos”. ¿No merecían vivir? Su masacre, y la impunidad de sus asesinos, ¿no alteran la paz y la seguridad internacionales? Quizás no, porque tampoco la OEA, el organismo regional, se pronunció ni actuó para detener, o al menos desenmascarar, a los criminales. Siguen impunes, los que todavía no han fallecido en su cama. Y Guatemala es visto hoy, con miedo y compasión, como “Estado frustrado”. Conste que esta última etapa de violencia comenzó con la acción de un aparato de gobierno estadounidense que, en 1954, derrocó al presidente Jacobo Arbenz. ¿Razones? Arbenz intentó realizar una reforma agraria y revisar la contabilidad de la United Fruit Company.

    Otro podría opinar: ¿Y quién tiene a los guatemaltecos viviendo en Guatemala? ¿Por qué no se van? Pues eso hacen muchos. En este momento la cifra de exiliados de ese país, por razones políticas y económicas, puede llegar a unos dos millones de personas (Guatemala cuenta con unos 15 millones de habitantes) quienes radican principalmente en Estados Unidos, un buen número ilegales. Pero contra estos emigrantes/inmigrantes no deseados se levantan muros en Estados Unidos y Europa, se crean leyes discriminatorias, se les expulsa o asesina. En el último tiempo son capturados por bandas de narcotraficantes que operan en México, lugar de tránsito, y obligados a servir de sicarios, “mulas” o prostitutas. Si no lo hacen, son asesinados y asesinadas. ¿No alteran todos estos hechos tampoco la paz y la seguridad internacional? ¿No constituyen todos estos hechos delitos de lesa humanidad? Pues pareciera que para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no.

    Y si se quiere invisibilizar la realidad centroamericana, se puede viajar al Cono Sur. En Chile existió a finales del siglo pasado una dictadura empresarial-militar durante 17 años. Durante ese período (1973-1990) se acosó, encarceló, vejó, torturó, aterrorizó y asesinó cualquier disidencia y a todo disidente. Uno de los Estados que colaboró con estos crímenes fue Estados Unidos. Promovió y financió la destrucción económica y política que permitió el golpe militar y abrió paso a la dictadura. El régimen de terror de Estado chileno liquidó ciudadanos chilenos y una estadounidense incluso en Buenos Aires y Washington. ¿No alteraban estos sucesos la paz y la seguridad internacionales? El presidente-dictador no salía de las fronteras de Chile porque algún circuito judicial europeo lo tenía citado para que declarase su participación en crímenes contra ciudadanos de la Unión Europea. Era un criminal confeso. Aterró a millares. Obligó al exilio a otros tantos. Destrozó familias. Liquidó o quiso liquidar la cultura, el arte, la belleza, la alegría. Mató el espíritu de un pueblo entero. Además, robó. ¿No ameritaba intervenirlo? ¿Por qué ese bizqueo? ¿Por qué Gadafi sí y Pinochet no? ¿Por qué no castigar o censurar al menos la intervención de Estados Unidos en el golpe militar y su posterior respaldo a la dictadura criminal?

    Enloquezcamos: ¿por qué no se congelan y expropian todas las cuentas en el exterior del gobierno de Estados Unidos por promover crímenes de lesa humanidad, digamos, en Afganistán, Irak y Chile? Se puede agregar países latinoamericanos a la lista. Uruguay, Brasil, República Dominicana, Cuba. ¿Por qué la OTAN no bombardea la Casa Blanca para impedir más crímenes contra la humanidad, lugares de tortura, violación de fronteras, legislación discriminatoria contra los más vulnerables? Sin duda los estadounidenses decentes, que deben ser mayoría, como en todas partes, se sentirían satisfechos y orgullosos de tener gobiernos honorables. Hace mucho que no los tienen. Si no se los dicen en la cara es porque el poderío legal e ilegal de Estados Unidos es aterrador.

    Es curioso, el alguna vez prometedor candidato y actual presidente de Estados Unidos, Barak Obama, pasó un día de este marzo reciente por Santiago de Chile. Se ofreció como “socio igual” de los chilenos y de América Latina, “…vecinos que saben que juntos pueden alcanzar cualquier meta”. En sus pocas horas de residencia, y aunque se le ofreció la oportunidad, no ofreció una disculpa a los chilenos por la incitación y colaboración, más que probada, de Estados Unidos en el golpe militar que destruyó un Chile ni tampoco dijo palabra sobre el apoyo que su país ofreció a la dictadura empresarial-militar. Calló asimismo sobre el soporte que le brindaron a esa dictadura las agencias de Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial, tributarias del gobierno estadounidense. No visitó la tumba de Salvador Allende aunque le quedaba cerca. Habría bastado con mostrar respeto. Las personas decentes del mundo se lo habrían agradecido. Obama tuvo en cambio en Santiago palabras largas y altisonantes contra Cuba. Prometió (¿en Chile?) seguir “…buscando los medios para aumentar la independencia del pueblo de Cuba, que merece la misma libertad que cualquier otro del continente”. Aseveró que “Las autoridades cubanas tienen que tomar acciones creíbles para respetar los derechos humanos del pueblo de Cuba, no porque nosotros se lo pedimos, sino porque el pueblo de Cuba se lo merece”.

    Y estas palabras las pronunció un presidente cuyo gobierno mantiene el presidio de Campo Delta en Guantánamo, territorio cubano, cárcel  donde se tortura y viola derechos humanos a un número indeterminado de prisioneros (han oscilado entre 500 y 800, entre adultos y menores, actualmente parecen ser menos de 200), previamente secuestrados en sus países de origen, a los que no se les concede defensa legal y a quienes se trata física, psicológica y jurídicamente como no-personas. Un buen número de ellos está en incomunicación total. Pueden estar presos indefinidamente sin que se presente ningún cargo contra ellos. Muchos provienen de otras cárceles clandestinas, donde también se violan derechos humanos, cárceles que Estados Unidos ha plantado en diversos lugares del mundo (Afganistán, Irak, por ejemplo). Lleva razón el presidente Obama cuando insinúa que carece de autoridad para pedir a los gobernantes cubanos lo que los gobiernos de su país no han respetado nunca contra quienes consideran sus opositores y adversarios: derechos humanos. Aquí tampoco, ni siquiera CNN se atreve a comparar la situación cubana con los delitos de lesa humanidad cuya factura no resulta posible cobrar a los gobiernos de Estados Unidos.

    Más grotesca todavía resultó la visita de Obama a El Salvador, donde permaneció dos días con su familia. El grupo Obama comió pupusas y elogió la pintoresca artesanía del país. El gobierno salvadoreño aisló y reprimió las protestas de grupos que intentaron protestar contra la visita del presidente de un Estado que financió una guerra contra su pueblo (1980-1992), conflicto que causó la muerte o desaparición de al menos 75.000 salvadoreños. En esta guerra civil el gobierno de Estados Unidos tomó el ‘partido de Gadafi’ (Gobierno y Ejército oficial, oligarquía) contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que, casualmente, levantaba banderas democráticas y de derechos humanos pero en América Central. El Salvador es uno de los países latinoamericanos que peor reparte la riqueza que produce: el 20% más rico del país se apropia el 45% de la riqueza. El 20% más empobrecido de la población, el 5.6%. El presidente Obama, sin decir una palabra sobre el papel de EUA en la guerra salvadoreña, prometió 200 millones de dólares para “la guerra contra el narcotráfico”, cuestión con la que actualmente Estados Unidos remilitariza a América Central y con la que quiere reiterar hecatombes en la zona.

    Pero el clímax grotesco se dio cuando Obama visitó la tumba del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado por los socios locales de Estados Unidos en la guerra de los ochenta. El arzobispo Romero, ante la barbarie de las tropas oficiales (asesoradas por Estados Unidos) y conmovido por la justicia de la guerra insurgente (como las protestas y rebeliones que se han dado en Túnez y Egipto) llevada a cabo por el FMLN, llamó a los soldados salvadoreños/oligárquicos/estadounidenses a entregar las armas y dejar de matar a su pueblo. Dijo Romero el 23 de marzo de 1980:

     “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles... Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: "No matar". Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”.

    Después de este emplazamiento, al día siguiente, fue asesinado de un balazo mientras oficiaba misa. Tras ese crimen estuvo también la sensibilidad de los gobiernos estadounidenses alentando la ceguera, rapacidad y brutalidad de la oligarquía salvadoreña. Obama visitó la tumba del arzobispo asesinado. No dijo una palabra. Teatralmente, puso fuego a una vela. Lo observaban, arrobados, el presidente salvadoreño y el arzobispo actual, José Luis Escobar Alas. Una niña de trece años, Esperanza Jiménez, que veía la escena por televisión, exclamó cerca de su madre: “¡Pero mamá, si él fue uno de los que lo mató!”. Quizás Obama fue a cerciorarse de que estaba bien muerto.

    Las rebeliones árabes del 2011 y la crisis de Occidente


    La primera revuelta publicitada en el mundo árabe se desató en la República Tunecina en la tercera semana de diciembre del 2010. Tras casi un mes de disturbios, el presidente con 23 años en el cargo, Zine El Abidine Ben Ali, emplazado por las Fuerzas Armadas, huyó del país. La situación interna desde entonces ha sido confusa, con los militares tomando el control material de la situación, gobiernos provisionales fugaces, la pérdida de protagonismo de los jóvenes y otros sectores sociales que fueron los principales actores del estallido tunecino, y con los políticos tradicionales no ligados al régimen caído intentando ganar posiciones. En este momento se ha anunciado una elección para elegir una Asamblea Constituyente (24 de julio próximo), tras la cual se procederá a realizar otras elecciones, no se sabe si presidenciales o legislativas. Conceptualmente no se trata de una revolución porque, si bien el dictador y parte de su camarilla ya no determinan la escena política, no existe en Túnez una fuerza social o una coalición de ellas que pueda avanzar en un nuevo-proyecto-de-país, ni menos en un nuevo tipo de coordinación de los procesos sociales.

    Sin embargo, como en Occidente la prensa quiere ver y publicitar lo que no existe, se habló de los sucesos tunecinos como la Revolución de los jazmines o como la Intifada de Sidi Bouzid (localidad en que se autoinmoló prendiéndose fuego el vendedor informal de 27 años Tariq Tayyib Mohammed Bouaziz, desesperado porque la policía le requisó la mercancía; el suceso dio parte de su ira a la rebelión tunecina) y comenzó a privilegiarse el papel de La Red (Internet) y de YouTube, Facebook y Twitter como espacios ‘revolucionarios’. El último señalamiento, hasta cierto punto cómico, descansa en la idea de que la comunicación libre ‘estilo occidental’, hecha posible por la tecnología, demuele los sistemas tradicionales como los regímenes autoritarios árabes y abre paso a ‘la’ democracia. Lo único efectivo de esta fábula es que Internet sirvió de refugio a algunos de los sectores opositores, los que pueden acceder a la red, ante la lasitud que por este medio mostraron los servicios de espionaje y seguridad de los regímenes, por ejemplo, de Túnez y Egipto. Pero las razones para los alzamientos ciudadanos o populares varían de país en país árabe y de situación en situación, aunque haya un marco regional común para ellos, como se verá más adelante. En el caso de Túnez se trató de la alta concentración de poder y riqueza en un círculo reducido cuyo núcleo estaba en la mafiosa familia Ben Ali (concentración semejante al de algunas oligarquías en América Latina), al sopor provocado por las fraudulentas convocatorias electorales (el régimen obtuvo entre 1989 y 1999 más del 99% de los votos, para “bajar”, en este siglo XXI, al 94,49% en el 2004 y al 89,62% en el 2009) que dejaban sin oxígeno a la oposición parlamentaria, a la separación entre Ejército (mal pagado, además) y otras instancias represivas, a la intensidad de la imagen de corrupción proyectada por los Ben Ali, a la falta de expectativas de existencia/empleo de los jóvenes y a la fuerte disparidad de crecimiento entre las diversas regiones del país. La revuelta comienza precisamente en la gobernación del interior del país, Sidi Bouzid, relativamente distante, para las distancias en Túnez, de la capital.

    También es efectivo que la rebelión de Túnez fue casi la primera de una serie de explosiones cuyo segundo momento ocurrió en Egipto. Los sucesos de Egipto fueron asimismo bautizados como “revolución”, esta vez la de Los jóvenes o la Revolución Blanca. El principal motivo para la movilización de la población fue, sin embargo, la salida del presidente Hosni Mubarak quien gobernaba desde hacía tres décadas. Las movilizaciones lo forzaron a dejar el gobierno en menos de tres semanas en un esfuerzo por salvar la fortuna que había acumulado durante esos treinta años. Aunque puede ser una cifra fantasiosa, la fortuna personal de Mubarak se calcula en 70.000 millones de dólares. En su Egipto, unos 35 millones de personas (de un total de 80 millones) sobrevive o malmuere con dos dólares o menos al día. Mubarak era bien aceptado por Occidente, y en particular por Estados Unidos, debido principalmente al afecto que mostraba el sátrapa por el Estado de Israel.

    En este momento Mubarak, quien no salió de Egipto, aunque sí lo hizo parte de su familia y entorno, fue detenido por orden de la fiscalía egipcia para ser investigado por delitos de corrupción y haber ordenado la ejecución de al menos 864 personas durante las protestas que lo hicieron renunciar. Mubarak es un anciano de más de 80 años y su detención lo mantiene en el hospital de Sharm el-Sheik donde fue internado por lo que se ha informado como “grave depresión”.

    En Egipto, tras la ‘revolución’, al igual que en Túnez, los militares, que disolvieron el parlamento y suspendieron la Constitución, controlan el país y lo “limpian” del recuerdo de Mubarak. Bajo su supervisión han constituido un “comité institucional apolítico e independiente” que “propondría reformas”. Los altos mandos militares estiman que Egipto podría ir a elecciones en unos seis meses. Los dos hechos seguros de Egipto en este momento son que la familia Mubarak no retornará al poder y que los militares seguirán siendo un factor decisivo del poder de Estado. La amistad con Estados Unidos e Israel se da por descontada.

    Túnez y Egipto son dos de los países más publicitados por la prensa. Libia es el tercero. Sin embargo las protestas se han producido también en Sahara Occidental (de hecho allí aparecieron por vez primera, en noviembre del 2010, pero no se consignaron como ‘revolución’) e involucraron al gobierno de Marruecos que está a cargo, aunque ilegalmente desde el punto de vista del derecho internacional, de esa zona. Quizás no se le entrega importancia a los sucesos en Sahara Occidental porque en ellos está involucrado el Frente Polisario un aparato político-militar anticolonial que luchó primero contra España y ahora lo hace contra Marruecos que desea hacerse con ese territorio. El Frente Polisario, expresión del pueblo saharaui y de la República Árabe Saharaui Democrática, es quien reclama derechos humanos en el conflicto. El agresor y violador principal es Marruecos. Pero, casualmente, Estados Unidos, Francia e Inglaterra apoyan a Marruecos. Y los conflictos son serios. La lucha del pueblo saharaui se inició en 1975. Sin tomar en cuenta a estos sarahuianos, se han producido diversos tipos de acciones en los siguientes países (en itálica se signan aquellos donde los reclamos parecen haber sido más poderosos): Argelia, Jordania, Mauritania, Sudán, Omán, Yemen, Albania, Arabia Saudí, Siria, Líbano, Marruecos, Yibuti, Irak, Somalia, Baréin, Irán, Kuwait. La prensa ha querido involucrar a China también en esta ola. Un reclamo se considera aquí ‘más poderoso’ por su incidencia en la institucionalidad política: cambios constitucionales, defenestración de ministros o mandatarios, liberación de presos políticos, fin de un estado de emergencia prolongado. Es probable que la información sobre Irán esté periodísticamente muy sesgada, tal como ha ocurrido con la situación en Libia. En cualquier caso, cada país tiene motivaciones locales para sus reclamos y sus efectos o despliegues no pueden universalizarse. Pero lo que se ha proclamado, que existiría una revuelta ‘democrática’ en el área, al estilo de las “olas” de Samuel Huntington, linda con el mito.

    Sin embargo, y en opinión de Ignacio Ramonet, hay condiciones básicas que afectan al área y que con alta probabilidad pesan en las diversas expresiones de revuelta en el mundo árabe. Desde la primera parte del siglo XX, Occidente (EUA, Inglaterra, Francia) se ha interesado en esta región por dos motivos centrales: controlar los hidrocarburos y crear y sostener al Estado de Israel. A estos dos focos agregó, al inicio de este siglo, la guerra global preventiva contra el terrorismo islámico que derivó, inicialmente, en las invasiones de Afganistán e Irak, pero que tiene también en la mira a Siria e Irán y a los grupos islamitas (a los que se designa como ‘fundamentalistas’) del área. El interés en sostener al Estado de Israel (y las derrotas árabes en tres guerras contra los israelitas) condujeron a países como Egipto y Jordania a firmar tratados de paz con el vencedor y a alinearse con Estados Unidos en la región. El control del petróleo ligaba ya además a las potencias occidentales con las petromonarquías de la Península Arábiga. A cambio de su toma de posición occidental (EUA, Francia, Italia, Inglaterra) en muchos países árabes, Occidente consintió y apoyó a gobiernos dictatoriales y corruptos. Un extraordinario aliado de Estados Unidos, por ejemplo, fue el Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlevi, puesto en el poder (1941) por los intereses petroleros de EUA e Inglaterra y expulsado por la revolución que lideró espiritual y políticamente el Imán Jomeini en 1979. Curiosamente las potencias occidentales consideraban a Jomeini un dirigente peligroso cuyas iniciativas políticas “ponían en peligro la estabilidad internacional”. Hoy podrían haber movilizado a Naciones Unidas y a la OTAN contra él y su pueblo.

    Relativamente paralelo a este sector de países árabes pro-occidentales, y en el marco de los procesos de descolonización y de sentimientos anti Estado de Israel, propios del siglo XX, se constituyeron también en el área regímenes militar-nacionalistas (Egipto, Yemen) y otros  que se quisieron representantes de un “socialismo árabe” (Irak, Siria, Libia y Argelia). Este grupo fue conmovido por las derrotas sufridas por los árabes en tres guerras contra Israel. Sin embargo en ellos y bajo el manto de la lucha antiimperialista o socialista y el panarabismo se establecieron asimismo dictaduras de partido único o personales que garantizaban el abastecimiento de petróleo a las potencias occidentales y que tampoco presentaban mayor riesgo para Israel. Ante la conjunción de regímenes autoritarios de diverso signo y durante la segunda mitad del siglo veinte las sociedades civiles árabes del área prácticamente no existieron y sus gobiernos de diversa composición no sintieron tampoco presión ninguna por democratizarse.

    Las debilidades de la sociedad civil y del debate político tuvieron como uno de sus efectos que lo político se trasladase a los únicos espacios colectivos (vinculantes, por lo demás) el templo/mezquita y el Corán. Se fueron de esta manera fortaleciendo los islamismos, ya en su versión fundamentalista de “sometimiento” (en realidad ‘Islam’ quiere decir "entregarse a un condición de paz y seguridad con Dios a través de la lealtad y el sometimiento”, y no solo ‘sometimiento’), nucleado por Arabia Saudí con apoyo de Estados Unidos, o como un islamismo de acción política, irradiado por la Revolución Iraní de 1979, islamismo que buscó en la palabra sagrada argumentos para reclamar justicia social, denunciar la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y la tiranía y también al ‘enemigo’ occidental. De esta compleja mezcla surgió Al Qaeda. Tras el 11 de septiembre del 2001, este último islamismo potenció la formulación y aplicación de la Doctrina de Guerra Global Preventiva contra el Terrorismo con el corolario de la necesidad de un control policial y militar férreo sobre las sociedades árabes. La cuestión democrática pasaba entonces, una vez más, a un segundo plano, no solo entre los regímenes árabes sino también en el mundo Occidental, especialmente en Estados Unidos. Y con la posposición de los valores democráticos, también se puso entre paréntesis derechos humanos. La tortura se reclama en estos momentos, en países como Estados Unidos, como una necesidad. La crisis civilizatoria, o crisis de humanidad, ligada al modelo económico de universalización de la forma mercancía con predominio del capital financiero/especulativo, enseñaba de esta manera su alcance para una nueva y peor sensibilidad política mundial.

    Retornando al mundo árabe en conflicto, la crisis financiera y productiva del 2008 repercutió en las remesas que enviaban los trabajadores inmigrantes en Europa a sus países de origen. El impacto de la crisis en la producción hizo caer el precio de los hidrocarburos. La industria turística decayó. Acompañando este proceso el FMI impulsó en Túnez, Egipto y Libia programas de reducción del presupuesto del Estado, privatización de los servicios públicos y movilidad laboral. La receta del FMI puso en situación desesperada a los más pobres e hizo temer por su suerte a las capas medias urbanas, algunas de reciente formación. En sociedades de debilitada y fragmentada sociedad civil, pero con acceso a Internet, la red sirvió para compartir malestares e irritaciones precisamente a estos grupos medios y en especial a los jóvenes. Sobre el anterior empobrecimiento, malestar, irritación e inicio de movilización, cayó el abrupto descenso de la producción rusa de cereales debido a una ola de calor e incendios sin precedentes. Rusia suspendió la exportación de granos afectando la alimentación humana y de animales cuyos precios se elevaron, como resultado de un 45% de aumento en los cereales, desde finales del 2010. En el mundo árabe, uno de los principales importadores de carne, leche, pan y pollo, el costo de la existencia se encareció significativamente. Y con ello, las protestas contra ese costo magnificadas por las diferencias sociales y locales entre zonas y por el sentimiento de que la opulencia y privilegios de algunos se ligaba con el fraude y la venalidad. Las semejanzas con países latinoamericanos no parecen ser mera coincidencia.

    Agréguese a lo anterior, escribe Ramonet, ‘una población muy joven y monumentales niveles de cesantía y la imposibilidad de emigrar a Europa’, esto último porque en períodos depresivos esta población ‘sobrante’ no se requiere, por el blindaje europeo contra los inmigrantes no deseados y por el control represivo que sobre ellos ejercen los gobiernos árabes.

    En el caso de Túnez se producen además las revelaciones de WikiLeaks que describen el escándalo del saqueo del país por la pareja presidencial, bautizada como clan Ben Ali Trabelsi. Un botón: “Túnez no era un país. Era una empresa. Zin el Abidin Ben Alí no era un jefe de Estado. Era el consejero delegado de esta empresa. El problema era que todos los beneficios, absolutamente todos, iban a parar directamente a su bolsillo. Y a los de su esposa, Leila Trabelsi, ahora exiliada en un palacio de Arabia Saudí y ya ex capo di tutti capi de una mafia familiar que expolió a los tunecinos. Resulta difícil cifrar la fortuna personal de la pareja dictatorial. La revista Forbes habla de 5.000 millones de dólares, porque la mano de los Ben Alí-Trabelsi alcanzaba todos los sectores de una economía saqueada”.

    El artículo condensa el drama: “Todos los grandes sectores (construcción y transportes, turismo y hostelería, banca, centros comerciales, telefonía) estaban bajo dominio de los Ben Alí-Trabelsi. Expertos tunecinos consideran que controlaban al menos un 40% de la economía nacional. Sin embargo, desde que el presidente Ben Alí se casó, en 1992, con la peluquera Leila Trabelsi, los que realmente controlaban el país eran los familiares de ella (…) La fortuna del conjunto del clan Trabelsi asciende a casi 12.000 millones de euros”.

    Resumiendo: la geopolítica y la economía mundiales y su aplicación en un área repleta de petróleo e intereses de imperio mundial crearon las condiciones para las actuales explosiones y rebeliones de los pueblos y ciudadanías árabes. Ni la estructura e intereses del mundo global, determinado por las potencias occidentales y sus transnacionales, cambiarán debido a estas explosiones y rebeliones, porque, en realidad, Gadafi, los Ben Ali-Trabelsi, Mubarak, y sus institucionalidades, no son árabes sino mezquinos actores políticos específicos asociados con la acumulación, la guerra y el derroche mundial. Son equivalentes en la zona al mago de las inversiones Bernard Lawrence "Bernie" Madoff o a las quiebras de Enron o de WorldCom. Pertenecen al ‘mundo libre’ y a su irracionalidad que se hace pasar por ‘orden mundial’. Obama ni siquiera se ha enterado de que su país, y su ‘orden’ cometieron crímenes en Chile, El Salvador o Guatemala y que ahora los sigue cometiendo en Afganistán, por ejemplo.  Después de los gigantescos escándalos y fraudes Madoff, Enron o WorldCom, nada ha cambiado. O si se quiere, para la gente común, todo ha empeorado. La crisis de una civilización centrada en una acumulación que exige el desprecio por los seres humanos y la vida en el planeta y sus necesidades continúa. Se fortalece. Un ciclo particular de crisis se abre a otras crisis. Como la de los países árabes.

    Por eso las movilizaciones populares y ciudadanas árabes tendrán que encontrar las raíces liberadoras de sus cambios en sí mismas y por sí mismas. Nada les aportará ‘la’ democracia de un ‘orden’ que agoniza, pero que en su agonía pervierte, destruye/mata. Ninguna dignidad obtendrán tampoco de sus oportunistas y falseados ‘derechos humanos’. Occidente, el colonialismo y el capitalismo inventaron los Abdalá bin Abdelaziz, los Gadafi, los Ben Ali-Trabelsi, los Mubarak, los dirigentes israelíes, y les concedieron territorios, riquezas y poblaciones, y también armamentos, para asegurarse su amistad. No es conveniente para los pueblos árabes permitir que Occidente maneje e interpreta sus rebeliones y sus legítimos deseos de cambio. Los pueblos árabes deben darse la oportunidad para crecer desde sí mismos. Desde una historia que hoy contiene rebeliones locales y liberadoras y también guerras civiles. Tal vez en sus esfuerzos, con sus aciertos y errores, se encuentre parte de la respuesta que exige un mundo en crisis de civilización pero que proclama desde su miseria e intolerancia humanas “¡Hemos triunfado!”.

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    Referencias:

 

    Fourmont, Guillaume: La ‘familia’ que saqueó las riquezas de Túnez, http://www.publico.es/internacional/357743/la-familia-que-saqueo-las-riquezas-de-tunez/version-imprimible
    Lucor: http://www.lukor.com/not-soc/ongs/portada/06072709.htm
    Naciones Unidas: Carta, http://www.un.org/es/documents/charter/
    Ramonet, Ignacio: “Cinco causas de la insurrección árabe”, en Le Monde Diplomatique (español), año XV, Nº 85, marzo 2011.
    Wikipedia: Guatemala, http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
    Wikipedia: Óscar Romero, http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Romero
    Wikipedia: Revoluciones y protestas en el mundo árabe, http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_y_protestas_en_el_mundo_%C3%A1rabe_de_2010-2011
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