Costa Rica, 5 de

diciembre 2009.

 

     
    La candidata continuista y designada por el círculo Arias para ganar las elecciones nacionales costarricenses de este febrero del 2010 es Laura Chinchilla. A inicios de diciembre la encuesta más seria la ubica con poco más de un 40% de intención de voto. Muy atrás la sigue O. Guevara, del Movimiento Libertario, con un 12.5%. Ningún otro postulante llega al 10%. En estas condiciones, es probable que el esfuerzo, más que para triunfar, se centre en que Chinchilla no logre la mayoría que requiere (40%) para obligar a una segunda vuelta entre las dos primeras votaciones.

    El lema con el que su equipo de campaña caracterizó a Laura Chinchilla, para vender su imagen, es el de Firme y Honesta. En Costa Rica, si la candidata reuniera efectivamente ambos atributos, sería una personalidad revolucionaria. Y, desde luego, solo por mayúsculo error habría sido delegada por la Corporación Arias para “continuar” su mandato. El punto es aquí que Costa Rica, como la mayor parte de los países latinoamericanos, sostiene su régimen de gobierno democrático en un Estado patrimonial (está al servicio del enriquecimiento de unos pocos, por ejemplo banqueros) y clientelar (corporaciones extranjeras y locales y también sectores sociales a los que favorece puntualmente si le ceden el voto). En los últimos tiempos, este Estado ha creado Aparatos Tecnocráticos (para regular comunicaciones y energía o para fijar el valor del dinero, etc.) y otras figuras, como Fundaciones, etc., para impedir la participación ciudadana en la maquinaria gubernamental y reservarse el monopolio de su control. Se trata, por tanto, de un Estado/Gobierno patrimonial y clientelar independizado de la ciudadanía y que opera principalmente en beneficio de las minorías que lo dominan y sus clientelas. Para el resto, a regañadientes, puede haber migajas.  Pero el sueño de quienes se han hecho más poderosos en estas condiciones es que mañana no existan ni migajas. Si lo consiguieran, y van en camino de hacerlo, Costa Rica habría transitado el camino más largo para llegar a ser una perfecta “república bananera”.

    Obviamente un Estado patrimonialista y clientelar no puede ser un Estado de derecho. Y en ausencia de Estado de derecho, parafraseando un proverbio español, “hasta el más justo peca”. O sea, El Estado convoca la corrupción política y también la venalidad de los políticos. Dicho con otro proverbio: “Ladrones roban millones y son grandes señorones”. Así, está dentro del repertorio de probabilidades que Chinchilla sea honesta porque personalmente no ha incurrido ni en patrimonialismo ni en venalidad. Pero, tras quince años de vida pública no es factible que le haya pasado inadvertido que otros, que hoy la postulan como su candidata, hicieron de la política un medio de enriquecimiento y control. Debe entenderse que el Partido Liberación Nacional, del que Chinchilla es militante, hace mucho (al menos 20 años) dejó de ser un partido ideológico para transformarse en una maquinaria electoralista (gamonales incluidos) y en aparato de administración clientelar del Estado. De modo que en sus filas se puede ser corrupto por acción y por omisión. Se hace como que no se ve, se finge no aspirar el hedor, se escudan las fechorías aduciendo que se trata de situaciones puntuales, personales. E incluso puede uno rasgarse las vestiduras.

    ¿Existe gente decente en el que dice ser el Partido Liberación Nacional? Sin duda, y Chinchilla puede estar dentro de ella, pero estas personalidades o sectores no tienen capacidad de decisión. El aparato liberacionista es como un mexicano PRI de bolsillo, pero sin sindicatos.

    De modo que la honestidad de Chinchilla es un rasgo puesto a prueba sin duda durante la campaña, pero todavía con más fuerza si resulta electa. Desde la presidencia la honesta Chinchilla tendría que encabezar, acompañando las múltiples tareas de administración rezagadas o no realizadas del todo, una enérgica depuración del corrupto aparato clientelar que históricamente ha consolidado su ‘partido’. “Honesto” en Costa Rica se traduce como poner fin a la impunidad. Pero los que negocian los bienes públicos y manipulan las instituciones para beneficio privado están principal, aunque no exclusivamente, en el bando que sostiene a Chinchilla. La honestidad requerida es entonces prueba de su anunciada firmeza. Exigente tarea que solo puede iniciarse (y con el apoyo de muchos) en cuatro años.


    El reto para Chinchilla lo determina un sentimiento muy extendido entre la ciudadanía costarricense en el sentido de que nadie puede ser electo en un alto cargo público, sostenerse en él y seguir siendo un ciudadano decente.

    Una de las pruebas de este sentimiento es que la abstención ciudadana en los últimos quince años se ha elevado a un 40%. El principal argumento de quienes se abstienen es “No vale la pena. Todos son iguales”. Se traduce, con justicia o injusticia, todos son corruptos y/o venales. Y si no lo son, van en camino de serlo.

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