Imprimir
Alai, julio 2009.

 

     1.1. Excursus sobre el aparato clerical

    La base de este texto (preparado para una discusión universitaria) fue terminada en la madrugada del sábado 4 de julio. Después se le introducirían correcciones puntuales, principalmente de estilo. Sin embargo, durante el mismo día sábado, aunque posterior a la conversación, se hizo pública una Declaración de La Conferencia Episcopal de Honduras fechada el día anterior. La declaración fue leída por el Cardenal de origen hondureño Óscar Andrés Rodríguez quien, tras la lectura, realizó su aporte personal al texto. Casualmente durante la discusión había surgido la pregunta acerca de si la jerarquía católica se había pronunciado específicamente sobre el golpe de Estado. La respuesta había sido negativa. El excursus que sigue se escribió entonces inmediatamente después de la discusión y se añadió en la mañana del 5 de julio al documento base.

    El documento de los dirigentes del aparato católico en Honduras titulan su declaración “Edificar desde la crisis”. No existe, por tanto, golpe de Estado sino una crisis.

    La primera parte del breve documento no se refiere, sin embargo, a esta ‘crisis’, sino que se ocupa de “probar” que la destitución de Zelaya se dio de acuerdo a derecho y, por tanto, no existe golpe de Estado. Lo sustancial del asunto está redactado en cuatro apretados párrafos gramaticales que concluyen que, de lo sucedido, se sigue que se debe “aprender de los errores para enmendarlos en el futuro”.

    La información mediante la que los dirigentes del aparato católico se pronuncian sobre el carácter legal del corte del mandato de Zelaya fue provista enteramente por las mismas instancias que cortaron ese mandato: “(…) nos remitimos a la información que hemos buscado en las instancias competentes del Estado (la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral)”. Por ello su plena convicción de que “Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras”. Hasta aquí la declaración de los obispos puede entenderse como un reconocimiento del carácter legal de las acciones golpistas, reconocimiento que se funda en la información que les entregaron las mismas instancias golpistas. Nada especialmente extraño ni nuevo.

    Sin embargo ni golpistas ni obispos pueden disimular (por el momento) que el secuestro de Zelaya y su expulsión de Honduras (si tenía cargos legales debió ser detenido por autoridad competente para iniciársele el proceso pertinente) no coincide con su afirmación de la perfecta continuidad institucional reinante en Honduras.

    Aquí sí aparece un elemento novedoso: afirmándose en la Constitución hondureña, los jerarcas católicos reconocen que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero”. Lo del rapto y extraditación de Zelaya, entonces, no fue ni constitucional ni apegado a derecho. Pero los obispos abren una puerta a quienes actuaron inconstitucionalmente: “Creemos que todos merecemos una explicación de lo acaecido el 28 de junio”. La “explicación”, no la acción legal, como se ha visto ya y se verá más adelante, procederá también de los golpistas. Sus escenarios posibles son: se trató de un autorrapto montado por Zelaya y sus cómplices. Fue un acto impulsivo de un grupo de militares que no compromete a las fuerzas armadas como institución. Se les juzgará por ello. Se hizo para “evitar un mal mayor”. La dirigencia católica podrá ver en la acción una elección ética y salvífica que honra a quienes, desde opiniones ignorantes y soberbias, son descalificados como “golpistas”, pero llevan, como Jesús, con dignidad, su cruz. Como se advierte, el apoyo de la dirigencia católica a los golpistas no es solo jurídico-política, sino también escatológica. Dios está con ellos. El Espíritu Santo los anima. Prolongan el camino de Jesús.

    Los restantes trece párrafos de la declaración de los obispos no traen un exceso de no-vedad para quienes conocen el discurso católico: todos somos responsables por la injusticia social. Pese a esta injusticia Honduras es un pueblo de hermanos que vive unido en la justicia y la paz. Para confirmarlo hay que entablar un verdadero diálogo para llegar a soluciones cons-tructivas. Este diálogo no puede darse sin respeto a la autoridad. Es necesario globalizar la solidaridad (sic).

    Más interesante es que los obispos tienen su propia versión de la carta ‘nacional’: la comunidad internacional (Naciones Unidas, OEA, etc.) está desinformada y no entiende la verdadera realidad de Honduras. La OEA en particular no ha prestado atención “… a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio recién pasado”. También la OEA ha sido omisa al no condenar las amenazas bélicas contra Honduras. Por último, si la OEA “se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas”. ¡Los obispos proponen la reforma de la OEA porque no coincide con ellos! Primero, la OEA, después tendrá que ser El Mundo.

    Como los obispos practican lo que predican le hacen una oferta de ‘diálogo’ a Zelaya: “A quienes tienen o han tenido en sus manos la conducción del país les  invitamos a no dejarse llevar por los egoísmos, la venganza, la persecución, la violencia y la corrupción.”. Considerar al ‘otro’ movido por la venganza, el egoísmo, la violencia y la corrupción tal vez no es la mejor manera de invitar a un diálogo. En cuanto a la persecución, es un lapsus freudiano. Ya sabemos, por los mismos obispos, que Zelaya no es una víctima, un perseguido, sino un delincuente acusado por la justicia. Bueno, hasta el Espíritu Santo se permite de vez en cuando alguna incoherencia.

    La jerarquía clerical no pierde la ocasión para sermonear a la gente sencilla y a los trabajadores: “… los invitamos a continuar en un espacio de participación respetuosa y responsable, entendiendo que todos podemos construir una Honduras más justa y solidaria, con el trabajo honesto” (énfasis nuestro). Para quien no entiende este lenguaje, indiquemos que ‘participación respetuosa y responsable’ significa de acuerdo y sujeta a la autoridad legal y metafísica (ley natural de Dios). Como en última instancia, a Dios lo representan los obispos, se participa respetuosa y responsablemente cuando se les hace caso a ellos y a sus reglas del juego. ‘Trabajo honesto’ quiere decir respetando moralmente la lógica de acumulación de capital. Si en Honduras existiese la esclavitud (tal vez la hay), ‘trabajo honesto’ querría decir, que se subordine moralmente al mejor beneficio del amo. Una traducción más laica diría: obrero, sé feliz con tu salario y ganarás el cielo. Y a la esclava: sé feliz con tu esclavitud. Tu amo, pese a tu indignidad, hasta te alimenta. Dios los recompensará a ambos.

    Ya que varios miles de ciudadanos, campesinos y trabajadores, se manifiestan en las calles contra el golpe y los golpistas desafiando el acoso el acoso y la violencia armada de los militares, los obispos sienten la urgencia de aclarar: “Rechazamos amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que solamente hacen sufrir a los más pobres”. Los maestros y profesores, los campesinos, los ciudadanos de a pie… son quienes, con sus protestas pacíficas, aunque irritadas y gritonas, son ‘culpables’ de hacer sufrir a los más pobres. Como ni Micheletti ni los obispos están entre quienes sufren, se entiende que la preocupación de los jefes católicos es por solidaridad generosa. Por supuesto, los obispos no se inquietan por el ‘bloqueo’ social que produce, desde siempre, un 60% y más de pobres en Honduras. No perciben en ello ni amenaza ni violencia. Solo hacen violencia quienes ahora salen a la calle. Ah, y también la OEA.

    El pronunciamiento finaliza con una excitativa pastoral, no faltaba más: “Exhortamos al pueblo fiel a intensificar la oración y el ayuno solidario para que reine la justicia y la paz”. No precisan a quien se debe orar y cómo harán para “ayunar” aquellos que no tienen dinero para comprar comida. Cualquiera tiene un descuido.

    Esto es básicamente lo que leyó por cadena nacional (y oficial, por aquello de la  estricta censura) el cardenal Rodríguez. Los golpistas proveyeron y financiaron el espacio.

    Conviene decir algo sobre este cardenal. En América Central (y en América Latina) un cardenal católico es alguien con mucho prestigio por solo serlo. Una personalidad a quien se respeta. Por eso los golpistas deciden que sea él quien lea el posicionamiento de apoyo de los obispos. El cardenal Rodríguez, además del cargo, adquirió, hace algunos años, prestigio de intelectual y artista, un hombre sensible, alguien que entendía los sufrimientos que acarreaba el esquema neoliberal y que se pronunciaba a favor de los humildes.

    Bueno este cardenal católico, casi casi intelectual, para que no quedara duda ninguna acerca de su posicionamiento, agregó a la declaración de los obispos, que desde luego suscribió, algo de su propia cosecha. La prensa transcribió así este aporte:
“El alto jerarca de la Iglesia Católica hondureña le recordó a Zelaya que cuando asumió el poder el 27 de enero de 2006, juró “No robar, no mentir, no matar”.“Pensemos si una acción precipitada, un regreso al país en este momento podría desatar un baño de sangre, sé que usted ama la vida, sé que usted respeta la vida, hasta el día de hoy no a (sic) muerto ni un solo hondureño, por favor medite porque después sería demasiado tarde”. Según la prensa, el cardenal pronuncia con algunos problemas ortográficos.

    Aun así, se trata de un aporte especial a la situación. El cardenal, habla a Zelaya quien por supuesto no puede contestar: “Juraste no robar y has robado. Juraste no mentir y has mentido. Juraste no matar… y ahora con tu regreso desatarás un baño de sangre”. Dejemos de lado la perfidia con Rodríguez organiza el mensaje. ¿Será Zelaya el culpa-ble de que los militares hondureños masacren a los opositores desarmados? ¿Será Zelaya culpable por su propia muerte? ¿No afirman acaso los golpistas, que los obispos res-paldan en todo, que los hondureños respaldan el golpe y que nadie o casi nadie apoya el presidente constitucional? ¿Por qué entonces un “baño de sangre”?  ¿Serían culpables los primeros seguidores de Jesús de que los soldados romanos los crucificaran? Al mis-mo Jesús de Nazaret, ¿no le ofreció la autoridad religiosa judía y más fuertemente todavía la administrativa romana la posibilidad de no ser sacrificado? ¿Buscó Jesús su muerte y la de sus seguidores? ¿Él fue el ‘responsable’?

    Las últimas preguntas no intentan equiparar a Zelaya con Jesús. Zelaya es un liberal que quiso, sin hacer el trabajo político previo, transformar el statu quo, y, probablemente sacar ventaja para sí de ello. Lo que buscan enfatizar las preguntas es que el cardenal advierte y amenaza desde el poder oligárquico. Habla desde los poderes que, en su época, asesinaron a Jesús y a sus seguidores. Si el cardenal Rodríguez fuese cristiano acudiría al aeropuerto y se ofrecería como salvoconducto de Zelaya, aunque éste fuese culpable de crímenes, y pediría a todos los hondureños reunirse en paz y reconciliación. Lo haría incluso a costa de humillaciones, ultrajes y hasta de su vida.  No haría un discurso mezquino y pérfido, hipócrita. No lo haría ni aunque los militares lo obligasen.
Pero los militares y los empresarios y políticos golpistas no necesitan obligarlo. Él hace el discurso porque lo considera parte de sus funciones como sostenedor del statu quo. Infundir miedo, chantajear, fingir que no se tienen, desde hace más de quinientos años, las ‘cristianas’ manos llenas de sangre a veces enteramente inocente. En otras organizada y luchadora. Bueno, puesto que él no manifiesta piedad por su gente, ojalá su Dios le tenga a él piedad. Y Rodríguez, quizá convertido, se avergüence.

    (Este excursus se terminó de escribir a las 10 horas del domingo 5 de julio. Insisto en que lo que antes se redactó en este texto sobre el carácter clerical del golpe hondureño (y de otros golpes en América Latina) fue escrito también antes de conocer las declaraciones del cardenal y de los otros jefes católicos). Lamento el excursus. Y en especial lamento tener razón en este punto sobre los aparatos clericales.    

    2.- El posicionamiento de la Organización de Estados Americanos

    A diferencia de lo ocurrido en relación con el golpe de Estado en Venezuela (2002), en el cual la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo dudas iniciales, esta vez la movi-lización de la organización y sus pronunciamientos fueron rápidos y tajantes. A la inmediata condena del golpe hecha por su Secretario General (28/06/09), condena acompañada de un llamamiento al pueblo de Honduras y a las fuerzas a internacionales para exigir la restitu-ción del presidente constitucional en su cargo, lo siguió una resolución de su Consejo Per-manente (29/06/09) que en términos parecidos rechazó el golpe militar y exigió el retorno segu-ro, inmediato e incondicional del Presidente Zelaya a su cargo. Enfatizó que la organización no aceptaría otro gobierno en Honduras que no fuese el constitucionalmente instalado. Un día des-pués su Asamblea General resolvió exigir la restitución de Zelaya a su cargo en un plazo de 72 horas (sábado, 4 de julio), vencido el cual la OEA, si no se ha efectuado la restitución, expulsa-rá a Honduras de su seno “por violar sus principios”.

    Los ‘principios’ a que se hace referencia la OEA están plasmados principalmente en su Carta Democrática Interamericana del 2001. En ella, y en un marco de fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, se señala que ‘la ruptura del orden democráti-co o su alteración (…) constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de un Go-bierno en las distintas instancias de la OEA’ (artículo 19). El apoyo a Zelaya contiene, enton-ces, además de la exigencia de su restitución el reconocimiento de que su mandato no había ni alterado ni roto el ‘orden democrático’ de Honduras, o al menos no de un modo que exigiera a la OEA pronunciarse. Visto así, se trata de un respaldo tanto a la gestión presidencial de Ze-laya (en lo que respecta a su forma o procedimientos) como de un rechazo al golpe que lo se-cuestró y expulsó del país. En la tradición de ‘democracia formal’ la acción gubernamental se valora como democrática si se apega a la ley, con independencia de su contenido. Del mismo modo, la oposición y rechazo de estas acciones debe ceñirse a los procedimientos fijados por las mismas leyes. Los hechos muestran que los golpistas hondureños no observaron este crite-rio. De aquí que su alegato de que ahora se prepara una acusación ‘voluminosa’ contra Zelaya resulte extemporánea para legitimar el golpe, con entera independencia de su valor legal. Por ello mismo la línea de propaganda y agitación golpista se orienta principalmente por la senda de denunciar la injerencia chavista en el gobierno de Zelaya. Se trata de la carta ‘nacional’ con guiño a Estados Unidos a la que se agrega la asociación del “chavismo” con la violencia, la ruina y el caos. Desde este ángulo, estiman los golpistas, la acción político-militar sería un me-dio para ‘evitar’ la violencia y traer ‘la’ paz y devolver ‘la’ democracia a los hondureños. Los medios alineados con Micheletti exaltan el lema “No al chavismo, fuera Mel, queremos paz” que ‘espontáneamente’ corean y llevan en sus pancartas los manifestante que respaldan al ‘go-bierno de facto’.

    Lo central aquí es, sin embargo, preguntarse por qué el tajante y negativo posiciona-miento de la OEA ante el golpe en Honduras. La respuesta, en principio obvia, ‘porque su Carta Democrática la obliga’, no sirve en América Latina. En la región, la letra jurídica vinculante se ha redactado para poder violarse. En términos de poder efectivo significa poco y, muchas veces, nada. En condiciones determinadas, esto vale para todo: Constituciones, Derechos Humanos, Derecho penal, etc. Son las situaciones de poder las que dan un determinado con-tenido a la letra. En términos analíticos, este no es un rasgo pintoresco de los latinoamericanos, sino que es una lectura asaz precisa de lo que significan los códigos legales en las formaciones sociales modernas y de su valor. Estos códigos no pueden sustituir ni constituir (como un encie-rro) las relaciones de fuerza que determinan y protagonizan la ‘existencia real’. Maquiavelo dixit.
 
    Adjudicando entonces a la Carta Democrática un valor circunstancial, se debe retroce-der al período que antecede a esta Carta del 2001 para entender lo que quiso significar. El factor más significativo es que América del Sur venía saliendo en la década de los noventa de las dic-taduras antipopulares de Seguridad Nacional (Brasil, Argentina, Chile, etc.) que expresaron unilateralmente el dominio de grupos empresariales y militares, estos últimos a la cabeza de los gobiernos y practicando sistemáticamente el terror de Estado. El componente militar daba asimismo a las dictaduras un carácter anticivil que podía o no focalizarse contra los sectores populares, especialmente los organizados, o extenderse a la mayor parte de la población, excep-tuando a los grupos opulentos y prestigiosos.

    La Carta expresa básicamente la voluntad de los civiles organizados en partidos de no permitir que los militares prolongaran su incidencia como fuerza política tras bastidores o direc-tamente. La intención fue subordinarlos al mando político civil, impedir su chantaje y blo-quear sus golpes militares. La pretensión civil no podía resolverse nacionalmente. Tenía que ser una declaratoria de la OEA porque ello, además de expresar un sentimiento hemisférico, comprometía a Estados Unidos o al menos lo llevaba a dar una señal (que, por supuesto, no tiene por qué cumplir como lo mostró el intento de golpe de Estado en Venezuela (2002)). Esta voluntad civil solo fue adversada por los sectores más conservadores de América Latina que siempre han visto a los aparatos militares como el ‘brazo armado’ que defiende ‘su’ orden. Pero, en el período, carecieron de fuerza para paralizar la Carta Democrática Interamericana. Ésta debe ser vista como una mezcla de temor y revancha. Como una especie de seguro incier-to. Por supuesto la Carta no contiene ningún aspecto que favorezca directamente a los sectores populares.

    Es bueno recordar aquí que el actual Secretario General de la OEA, José Miguel In-sulza, debió permanecer 15 años en el exilio por su participación en el gobierno de Unidad Popular en Chile. No requiere de ningún estímulo ideológico particular, aunque puede tenerlos, para rechazar las acciones empresarial-militares que él debió padecer, y levantar con fuerza la bandera de la legitimidad perenne de los gobiernos encabezados por civiles y que son resultado del sufragio universal y periódico.

    Pero la sensibilidad anterior inmediata a la proclamación de la Carta Democrática no solo se nutría de esta revancha civil contra las acciones militares, sino también del Consenso de Washington. Aunque se trata de una invención periodística, el denominado consenso era el enunciado de un programa de consolidación del esquema neoliberal al que adhirieron, durante los dos primeros tercios de la década de los noventa la mayor parte de los gobiernos civiles lati-noamericanos. Básicamente los regímenes democráticos que acompañan este esquema servían para mejorar la imagen en Derechos Humanos (principalmente por el cese del terror de Esta-do) y para administrar internamente los desafíos de la globalización con esquema neoliberal. Los países que se señalaba como particularmente “éxitosos” dentro de esta fórmula eran los de Argentina (Menem), México (Salinas de Gortari) y Chile (Aylwin/Frei)). De estos “éxitos” solo ha sobrevivido el último. El Consenso de Washington centralmente contiene medidas de sa-neamiento de las finanzas públicas, combate a la inflación, desregulación, privatización y capta-ción de inversión directa extranjera, todo ello para conseguir crecimiento económico. El gasto social queda supeditado al comportamiento de la economía, que, a su vez, es función de la acumulación global de capital. La lógica del modelo produce ganadores y perdedores tanto entre clases sociales como al interior de estas clases o sectores.

    Este último factor hace que el régimen democrático (entendido restrictivamente como “ganar las elecciones”) pueda ser asumido subhemisféricamente como posicionarse ventajo-samente en el Gobierno y en el Estado para obtener ventajas especiales en el sistema mun-dial de acumulación (“buenos negocios compartidos” y “alianzas estratégicas”). La lucha por estos posicionamientos que entregan ventajas especiales puede llegar hasta el gansterismo, co-mo lo enseña la experiencia de Menem en Argentina. El Consenso de Washington no crea el patrimonialismo y clientelismo del Estado latinoamericano, pero los refuerza y les entrega nuevos caracteres: debido a la apetencia por los “buenos negocios”, ahora globales, se lucha por las reelecciones o continuidades con fiereza “democrática”. Desde luego se trata de un esque-ma corrupto y para nada democrático. Pero es la forma de régimen democrático que se ha dado, con las variantes propias de cada situación específica, América Latina.

    Este segundo factor también exige la profesionalidad de los aparatos militares, o sea su subordinación a los “buenos negocios” pactados por los civiles. Su salida de los escenarios políticos es asimismo su expulsión de los espacios económicos. No es para nada extravagante que la declinación del prestigio del senador vitalicio chileno Augusto Pinochet se haya seguido no de sus violaciones brutales de derechos humanos (defendidas por muchos hasta hoy), sino del enriquecimiento personal y familiar ilícito por haber sido conseguido desde su posicio-namiento como gobernante siendo militar (es decir un servidor, no alguien que se sirve. Esto último queda reservado en el modelo para los civiles).

    El punto es particularmente intenso y conflictivo en la situación centroamericana. En la zona, en efecto, los militares de Guatemala, El Salvador y Honduras (y en menor medida en Nicaragua) transitaron desde su función de brazo armado de la oligarquía a constituirse como un sector relativamente autónomo de esta oligarquía. Esto quiere decir que competía y con éxito en los “buenos negocios” con la ventaja de poseer, además, el monopolio de los procedimien-tos e instrumentos de guerra. En la década de los noventa este posicionamiento militar fue erosionado y permanece fuerte solamente en Guatemala. Cuando Micheletti llama a los milita-res hondureños a “salvar a la patria” recuerda inmediatamente a los “políticos civiles” la historia del aprendiz de brujo que reabre el escenario político a fuerzas que podrían resultar incontrola-bles. El repudio es, entonces, fulminante. Y, como se ve, tiene poco de “democrático”. La OEA tiene perfectamente claro que en Honduras ningún bando disputa ‘la’ democracia. Lo que se juega son los “buenos negocios”. Y esto quiere decir, se juega en serio.

    Digamos, todavía, que la Carta Democrática Interamericana no contempla, además de la expulsión, ninguna otra sanción para una administración golpista. Cualquier otro castigo tendría que ser una acción unilateral de uno o varios Estados o seguirse de un pronunciamiento generalizado de la Asamblea General (lo que es poco probable). Este pronunciamiento crearía escisiones al interior de la OEA y enrarecería las relaciones internacionales hemisféricas y glo-bales. Por supuesto, si Estados Unidos se opusiera (o incluso se abstuviese) el pronunciamiento resultaría no factible de cumplir.

    Los golpistas hondureños tienen claro esta inanidad de la OEA y por esto insisten en denunciar la injerencia chavista en Honduras y, en las últimas horas (2 de julio) en señalar que podrían “adelantar” las elecciones. En el contexto descrito, acceder a las diversas posibili-dades de esta propuesta sería para ellos un triunfo. Y ese triunfo está dentro de lo factible.