Julio del 2006. 

 

     Estas notas, escritas desde el exterior, no aspiran sino a colaborar en una discusión entre sectores de ciudadanos mexicanos y favorecer así su inserción e incidencia en sus procesos sociopolíticos en curso. Fueron realizadas por solicitud de algunas compañeras y compañeros. Básicamente se han ordenado de cierta manera cosas que todos. Las notas se refieren exclusivamente a la elección presidencial.


    1.- Procesos en que se inserta y en los que incide la coyuntura electoral


    Dicho esquemáticamente, la coyuntura abierta por la denuncia de fraude electoral y la exigencia de un nuevo conteo de los sufragios, respaldada por la mayor movilización ciudadana de México (15/07/06) y una eventual impugnación del resultado de las elecciones, se inscribe y a la vez tiene efectos sobre los siguientes procesos:

    a) la actual fase de mundialización capitalista, que se puede ejemplificar con el TLC de América del Norte, mundialización en la que México, su Estado y su administración (gobierno) confirma ser un área del Tercer Mundo (es decir no mundializa, mundializa subordinadamente o lo mundializan).


    b) un proceso de democratización ciudadana, más que social, de raíces internas y que puede ejemplificarse con la derrota en la campaña presidencial del PRI ante el PAN en la transición entre siglos y su actual tercer lugar en esta contienda. Este proceso de democratización ciudadana es todavía débil y no ha alcanzado a debilitar significativamente el carácter del Estado mexicano (ni el de sus Estados) ni a generar una nueva cultura (sensibilidad) política. Por ello, a diferencia del anterior, es un proceso que podría revertirse.


    c) el proceso electoral propiamente tal, caracterizado por la coacción, la ilegalidad y el fraude, y que culminó con el fraude en las urnas y en el conteo de los sufragios y su rechazo por la agrupación Por el Bien de Todos. El proceso resulta funcional al carácter no democrático ni de derecho del Estado mexicano lo que no quiere decir que todos y cada uno de los funcionarios públicos sea corrupto o venal. Pueden existir ciudadanos idóneos y decentes dentro del sistema aunque éste no lo sea.


    La nueva coyuntura se abre con la denuncia de fraude y la primera masiva movilización ciudadana que llenó El Zócalo. Llevan la iniciativa en esta coyuntura la agrupación Por el Bien de Todos, su candidato, Manuel López Obrador, y la organización (denuncia, control, presencia en la calle) ciudadana y social. En la fase inicial de la coyuntura la presencia en la calle, la calidad del alegato jurídico y el vigor y coherencia del liderazgo constituyen las herramientas principales del movimiento ciudadano democrático. Lo que se juega es no solo el resultado electoral sino sobre todo la continuidad y profundización del proceso de democratización mexicano y con ello la democratización de su Estado y cultura política (sensibilidad generalizada hacia partidos, gobierno, líderes, instituciones, etc.). Si ello fracasa, se está en peligro de retornar a la fase político-cultural en que dominó el PRI (esta vez con nuevos acuerdos y otros actores probablemente) y a reconfigurar un Estado no democrático ni de derecho, clasista, patriarcal, ahora incluso clerical, antipopular y dependiente (o sea falsamente nacional y tercermundista). Desde un punto de vista ciudadano-popular la coyuntura sería exitosa no solo si se consigue, tras el conteo de votos u otra resolución legal, cambiar el resultado de la elección o impedir la concesión de la presidencia a Felipe Calderón, si no si el eventual gobierno de López Obrador profundiza el proceso de democratización y avanza algo en la recaracterización del Estado mexicano. Esto último tendría efectos sociales. Lo que se juega son procesos o de continuidad (antidemocrática, oligárquica, etc.) o de posibilidad de cambio. En México esto suele entenderse como “derecha” (la continuidad, que puede tener rostros regresivos y ‘progresivos’) e “izquierda” (el cambio necesario puede tener también muchos rostros, no necesariamente compatibles). En este sentido López Obrador representa objetivamente en la coyuntura el cambio y a la ‘izquierda’ y, con ello, a los movimientos sociales incluyendo a aquellos que lo adversan. No es el mejor momento para equivocarse. López Obrador, aunque importante, no es la víctima ni el héroe. Representa a la izquierda (con sus deficiencias) y a los movimientos sociales que, con o sin elección, desean cambios. Corresponde a los mexicanos organizados determinar el carácter de esos cambios y avanzar en ellos.


    2.- Presencia y estructura del fraude. Significación cívica de la protesta


    El reciente proceso electoral mexicano estuvo caracterizado por el fraude y la coacción y es ilegítimo por ilegal. Bastaría la intervención abierta del gobierno de Fox en ella (con la anuencia o negligencia de las autoridades encargadas del control del proceso) para tornarlo ilegal y con ello ilegítimo. Esto con independencia del fraude con los sufragios. La denuncia de la agrupación Por el Bien de Todos está sujeta a derecho y tiene legitimidad en el marco de la legislación mexicana. Sus adversarios y enemigos, por supuesto, se las niegan. Califican de “llamado a la violencia” y a la “ruptura de las instituciones” esta recurrencia a la legalidad. Pero los mexicanos deberían saber que la denuncia por fraude y el llamado a la resistencia civil que realiza Por el Bien de Todos tiene buena acogida en el extranjero. El New York Times (7/07/06), por ejemplo, dice: “Los funcionarios electorales deben apegarse a las leyes electorales, pero interpretándolas de manera tan amplia como sea posible cuando se trate de un recuento de votos para buscar error o fraude... El señor Calderón, por su parte, no debe oponerse a un recuento. Si el resultado lo favorece podrá gobernar con mayor efectividad". El Financial Times (10/07/06) señala que López bradorObrador "exige un recuento completo de los votos. Eso es exactamente lo que las autoridades electorales mexicanas deben hacer". Ninguno de estos periódicos apoyaría la violencia o puede ser considerado radical. Hablan en el espíritu de la democracia liberal (o sea una que no es lo que la gente humilde o vulnerable intuye como democracia efectiva) de respeto y transparencia a los procedimientos legales. Lo que hace violencia jurídica y política es el fraude. Apelar al derecho existente y a las autoridades competentes para que resuelvan las apelaciones es un deber ciudadano y una muestra de respeto (tal vez no enteramente debido en el caso mexicano, por no ganado) a la institucionalidad y, sobre todo, al pueblo mexicano y a las fuerzas que impulsan la democratización del país.

    En otro ángulo, este respeto institucional, incluyendo la desobediencia civil, es el único camino que puede seguir Por el Bien de Todos que es una agrupación político-electoral, o sea institucional. Por el Bien de Todos no puede llamar a otra cosa más que al respeto de las instituciones aunque éstas hayan funcionado mal. Si algunos sectores desean otra cosa no pueden cobijarse bajo el nombre de Por el Bien de Todos. Esto no quiere decir que no puedan darse actos de violencia. Pueden ocurrir (por provocaciones o exaltaciones) por desgracia para quienes resulten víctimas de ellos. Pero una política insurreccional no es el camino de Por el Bien de Todos. Y en México la ‘ruptura de la institucionalidad’ (que sería declarada por sus protagonistas como ‘conservación o defensa de ella’) tiene que contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la venia del gobierno de Estados Unidos. Para los sectores populares este camino no está en el orden del día y lo menciono solo porque seguramente existen agrupaciones minoritarias (y sin mayor presencia organizada en las grandes ciudades) que estiman es el momento de otro tipo de acciones. No lo es. La coyuntura, en su forma más radical factible, apunta a desembocar en una crisis electoral e institucional focalizada (en los aparatos electorales): ella se daría por la anulación legal de las elecciones, una presidencia transitoria y el llamado a nuevas elecciones.


    2.1- Sobre el fraude

    Sin conocer lo que iba a ocurrir en esta ocasión en México y en una discusión sobre los procesos de democratización en América Latina y su relación con los procesos de corrupción y recomposición degrada del ámbito político, redacté la siguiente observación:

    “Un último punto: la frecuente acusación o sospecha de “fraude” en las elecciones, y con ello de dolo antidemocrático, suelen referirla los ‘perdedores’ a la manipulación escamoteadora, multiplicante e inducida del padrón electoral y del sufragio, a sondeos a la salida de las urnas dados con sospechosa celeridad como ‘información’ cierta por televisión y radio, al mañoso conteo posterior de los votos por los oficiales correspondientes. Pero éste, el fraude en las urnas, es solo la muestra más grosera del engaño antidemocrático que suponen los procesos electorales en América Latina. Si dejamos de lado la degradación estatal que incluye trabas para inscripción de organizaciones no deseadas y ponderaciones del sufragio que favorecen a ciertos grupos, el escamoteo estructural comienza con la designación de los candidatos en el seno de partidos que no son democráticos (usualmente organizaciones de asamblea nacional o comités ad hoc). Se trata de una autoproclamación que proviene de un tortuoso proceso de trampas o arreglos previos en el seno altamente familiar de lo que politólogos italianos de inicios del siglo XX llamaron la ‘clase política’, una minoría orgánica que en América Latina tiende a ser autárquica y a la que suelen intentar adherirse personalistas vanidades individuales que constituyen los candidatos “minoritarios’. En Costa Rica, un país pequeño y con cultura política extremadamente carencial, las últimas elecciones (2006) presentaron, derivadas de las vertientes ‘oficial’ y ‘espontánea’ o minoritaria, 14 candidaturas presidenciales, ninguna de ellas derivada de una escogencia o lógica democrática. Resueltas las autoproclamaciones, los candidatos quedan a disposición de sus ‘partidos’ o coaliciones que funcionan estrictamente como aparatos de mercadeo de imagen. En el límite, es el llamado “recurso Menem” que consiste en ofrecer demagógicamente de todo en campaña para olvidar cada promesa y todas una vez conseguidos los votos. Los mayores exponentes del ‘recurso Menem’ en el pasado reciente han sido Fujimori en Perú (1990, 1995, 2000) y Bucharam en Ecuador (1996), pero el deprimente fenómeno de explotar las carencias sociales y los deseos de la población está presente en todas las elecciones. Como el mercadeo de imagen se concentra en excitar imaginarios y sensibilidades y en la reiteración masiva, solo los candidatos que poseen financiamientos cuantiosos (muchas veces con un alto porcentaje de oscuridad) pueden realizar ‘campaña’ efectiva. Aquí las ideas e ideologías carecen prácticamente de peso. Los ‘debates’ suelen estar manejados por intereses empresariales “periodísticos” que insertan sus necesidades de “rating” en el proceso más amplio de venta de imagen. En todo caso, lo que manda en esta fase es el dinero. Más recientemente, el dinero financia ‘sondeos de opinión’ que colaboran en generar sensibilidad hacia la ‘competencia electoral’ y de los que los ‘periodistas’ suelen informarse sesgadamente, según los intereses pertinentes, para que la ciudadanía, tratada como masa consumidora, vote “a ganar”, o por “el orden” o contra “el intruso” (izquierdista, populista, neófito, idealista, utópico, etc.). Los medios masivos, en manos de grandes empresarios, colaboran poniendo la información al servicio de las candidaturas preferidas y buscando o inventando asociaciones irritantes para los candidatos que “no deben” ser elegidos. Si un candidato es particularmente inquietante se recurre a una “campaña del miedo”.1 La ciudadanía, desinformada, manipulada, engañada, coaccionada, llega a sufragar (aunque en muchos países cada vez en menor número) por “el que va a ganar” o “por el menos malo” o por “el conocido”. El Departamento de Estado durante la administración Bush ha agregado a estos factores un decidido injerencismo para calificar y descalificar candidatos y también procesos. Una vez recorrida esta tragicomedia, solo entonces, y si es necesario para el realismo político y geopolítico, se procede al fraude en las urnas el día de las elecciones (como en México en 1988). Pero el fraude estructural proviene de la penuria del Estado, de la ausencia de partidos ideológicos, de la legislación e institucionalidad electoral, del carácter autárquico y mezquino de la ‘clase política, del poder sin fiscalización posible del dinero privado (que cobra cada factura) en las campañas de mercadeo, de la ausencia de ética profesional en los medios masivos y de una cultura política que desplaza, mediante la promoción de la riña y la competencia personalizada, al debate, al diálogo, a la negociación pública y a los acuerdos en lo que debería ser asumido como un emprendimiento común: la producción, reproducción o transformación de la nación mediante el ejercicio del poder político, libre sufragio ciudadano responsable incluido”.(Democracia y democratización en América Latina (p. 146).


    Pareciera que todo lo que se menciona en ese párrafo (más la abierta intervención del Gobierno y trucos informáticos) ha ocurrido en la campaña mexicana recién pasada. No es la acción perversa de individuos (aunque esto también está presente), sino la estructuración del aparato político y funcionario y la insensibilidad cultural de la población y de la ciudadanía hacia su corrupción (que convoca la venalidad) y su recomposición degradada. En el caso mexicano esto cuestiona directamente lo que se llamó en el inicio de estas líneas ‘proceso de democratización ciudadana’. De esta manera, consentir el fraude o legitimarlo va mucho más allá de quitarle la presidencia a López Obrador y su gente.


    3.- Sobre la relación entre Estado y régimen democrático (instituciones y lógicas democráticas)


    Las elecciones, que corresponden o se efectúan según cierta institucionalidad, democrática, suponen un Estado sólido de derecho. En un Estado de derecho nadie (en particular los altos funcionarios) están por encima de la ley. Basta observar el comportamiento del presidente Fox en la campaña electoral, y la impunidad que acompaña este comportamiento, para introducirse a la comprensión de por qué no existe Estado de derecho en México. Sin Estado de derecho nadie puede garantizar la corrección de los procedimientos electorales que determinan el ganador. La legalidad de los procedimientos se torna azarosa o aleatoria. Si la legalidad es aleatoria, los resultados serán inciertos. Un Estado de derecho es entonces matriz necesaria para asegurar la legalidad y legitimidad del proceso.

    Lo anterior, que pareciera obvio, no es entendido así por todo el mundo. La Carta Democrática Interamericana, adoptada por la OEA (2001) dice en su artículo 2:

    “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.


    Como se advierte en este texto los Estados latinoamericanos mayoritariamente invierten el orden: la democracia representativa es base del Estado de derecho. En realidad moverse por la democratización de las instituciones del Estado y por el Estado es condición (lo que no quiere decir que tenga que acometerse primero siempre) del régimen democrático, participativo o representativo (su relación está hoy en debate en América Latina).

    En la práctica esto quiere decir: en ausencia de Estado de derecho, o en su carácter aleatorio, las elecciones “convocan el fraude”. Al mismo tiempo las instancias, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargadas de resolver los reclamos y demandas de quienes sufrieron el fraude (todos los ciudadanos, en realidad, pero en particular quienes ‘perdieron’) padecen del carácter de aleatorias y son vulnerables (porque sus victimizadores quedarían impunes). Para los movimientos sociales esto significa: luchar por la democratización incluye necesariamente levantar las banderas de un Estado de derecho. Como se trata de movimientos sociales populares (es decir de sectores producidos como vulnerables y discriminados: obreros, mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, desplazados, informales, por citar siete), el Estado de derecho debería ser democrático y social. Que una de las economías significativas y un país grande como México avanzase en esta dirección sería extraordinario. Esto también está en juego en la presente coyuntura aunque no sea una cuestión a resolver en ella.


    4.- Sobre los procesos y llamados electorales

    Con independencia del carácter de la campaña y de la inexistencia de seguridad en los procedimientos y reglas electorales, las elecciones se pierden por: a) insuficiente capacidad de convocatoria (no es el caso de Por el Bien de Todos ni de su candidato); b) insuficiente capacidad de control y movilización nacionales el día de las elecciones (aquí Por el Bien de Todos parece haber fallado); c) debilidad del trabajo casa por casa, persona por persona y de organización celular o de pequeños comités; d) debilidad estratégica de la convocatoria (publicidad inadecuada, debilidad del mensaje social plural, incerteza del perfil de alternativa o cambio, incomprensión de los caracteres de la cultura política, etc.); d) Si hubo errores o debilidades en este último punto (recuérdese que estamos concediendo que exista Estado de derecho) conviene reconocer el grado de responsabilidad que se tuvo en ello. Si se estima que estos errores fueron significativos, habrá que asumir, por el volumen de votación lograda y el casi empate (pese al fraude), la esperanza de muchos mexicanos y sus sentimientos fueron superiores a la campaña (esto querría decir que Por el Bien de Todos resultó con más votos que los estrictamente merecidos).

    En otra discusión, también hecha para compañeras y compañeros mexicanos, se había insistido en que los tiempos de los movimientos sociales y el ritmo y calendario electoral y de los partidos no son idénticos ni intercambiables. Hoy es claro el error que, como esfuerzo de incidencia en el proceso electoral, significó la ‘otra campaña’, con entera independencia de su voluntad estratégica. Ello porque la ciudadanía mexicana mostró en esta elección una tendencia a la polarización social ‘normal’ en las condiciones determinadas por la mundialización y acentuadas por el TLC de América del Norte. Esta tendencia a la polarización (que obligará al PRI a redefinirse para sobrevivir) se expresó electoralmente como un voto o por la continuidad y la opulencia de unos pocos o como voto por paliar (o resolver) las necesidades de las mayorías empobrecidas y excluidas (ideológicamente se habló de ‘derecha’ e ‘izquierda’, lo que para México puede ser correcto pero es conceptualmente polemizable). Ahora, el polo de los opulentos mostró capacidad de convocatoria electoral y ganó en las zonas donde debería ganar (el norte). Alí está el 18% del electorado pero también el 25% del Producto Interno Bruto. El polo de los empobrecidos ganó en el sur, donde está un 15% del electorado pero solo se genera el 10% del PIB. El Distrito Federal mostró la capacidad de Por el Bien de Todos para obtener votación significativa entre diversos sectores de la población. Lo que se quiere señalar con estas referencias es que la polarización social resulta inevitable, debido al modelo económico, la incidencia estatal y el carácter tercermundista de México, pero se debe intentar evitar (si se quieren ganar elecciones en un país desigual, complejo y fragmentado como México) que esa polarización social adquiera el carácter de un enfrentamiento electoral entre ricos/poderosos y pobres/vulnerables. En las áreas opulentas existen sectores que pueden votar por cambiar México. La confrontación electoral debe darse entre continuidad y cambio. De lo contrario, se perderá electoralmente a los sectores medios (que sospechan de los pobres ,y sus candidatos o les tienen miedo) y, si se ganan elecciones, se habrán creado condiciones para desafíos de gobernabilidad y crisis de ingobernabilidad. La polarización electoral entre continuidad y cambio es buena. Una disputa entre ‘ricos’ y ‘pobres’ es negativa. Aunque no se crea, muchos ‘pobres’ y capas medias votarán por los ricos y se sentirán convocados por sus acciones y planteamientos.


    5.- El PRD como alternativa

    La elección reciente ha mostrado que el PRD bajo el liderazgo de López Obrador ha conseguido en un tiempo corto emerger como alternativa de gobierno nacional aún sin haber determinado si es o no alternativa de poder y de su ejercicio. Sobre esto conviene recordar al menos: a) ningún político muere por perder una elección. En este ámbito las resurrecciones son casi obligatorias, especialmente cuando se tiene el respaldo de la calle y de las urnas. El PRD dependerá de su trabajo social y ciudadano para sostener la posición que se le ha conferido; b) el PRD será (sabia) alternativa de poder si los movimientos sociales se hacen sentir dentro de él y lo despojan de su condición de PRI ‘de izquierda’. Finalizada esta coyuntura electoral (si es declarado ganador Calderón es difícil que consiga legitimarse y resulta previsible una administración mediocre, corrupta y conflictiva), a los movimientos sociales mexicanos les queda la tarea de democratizar el Estado (poder local), exigir cuentas a los poderosos, aprobar la remoción por voto de los funcionarios corruptos o ineptos, y de avanzar en el control ciudadano de las instituciones para que el fraude no pueda repetirse. Y también está la tarea de democratizar al PRD. Luego, es tiempo de los movimientos sociales. Pero en este instante es la coyuntura electoral lo primero que hay que comprender y atender.

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julio, 19, 2006.

    1 En la reciente elección mexicana, por ejemplo, López Obrador fue anatematizado como “un peligro para México”. Dicho sea de paso esto implica que el PRD, la segunda fuerza electoral del país, también es un peligro porque presenta a ese candidato.